El atentado que causó la muerte del obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, el 4 de agosto de 1976, fue ocultado por las autoridades militares, informando que un “accidente” vial se produjo por el reventón de un neumático. A mediados de julio habían nombrado juez de instrucción para intervenir en el hecho a Nicolás Vigo, un policía federal con título de abogado, venido de Santa Fe, que se instaló en el hotel Emperador de La Rioja. Archivó el sumario, pese a que el perito mecánico de la policía provincial informó que el vuelco fatal no fue por esa causa. La versión oficial fue informada por el coronel Osvaldo Pérez Battaglia, máximo jefe militar en La Rioja, a la cúpula episcopal presidida por el cardenal Raúl Primatesta y el nuncio Pío Laghi, cuando concurrieron a las exequias el 6 de agosto. A la sospecha de asesinato que los sacerdotes riojanos transmitieron a la jerarquía eclesiástica, el arzobispo Primatesta respondió: “Nos quedamos con la versión del accidente, para poder investigar tranquilos”. Así lo declaró en el juicio el entonces secretario de curia diocesana, presbítero Aurelio Ortiz.
El expediente judicial se reabrió a fines de 1983 por iniciativas que encabezó el obispo Jaime De Nevares. En 1986 el juez Aldo Morales, de La Rioja, resolvió que la muerte del obispo Angelelli había sido un homicidio. Ante la citación a militares se planteó la incompetencia jurisdiccional para que fuera derivada al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. El rechazo provocó la apelación, que pasó la causa a la Suprema Corte, y en 1988 la derivó a la Cámara Federal de Córdoba. Esta, al presumir participación del aparato estatal en manos de los militares, aplicó la ley de punto final en 1990.
Ante el interés demostrado por el obispo Bernardo Witte, sucesor de Angelelli, los servicios de inteligencia del Ejército, encabezados por el coronel Eduardo de Casas –que había sido jefe de policía en La Rioja en 1980– realizaron maniobras que terminaron de convencer del “accidente” al obispo alemán. En 1988, doce años después de los hechos, hicieron aparecer un falso testigo que ni la policía vio aquel fatídico día y nunca declaró en la justicia. En esa misma época apareció un “peritaje mecánico extrajudicial” que, según declaró su autor, el coronel Maximiano Payba, fue ordenado por el Estado Mayor del Ejército y no a pedido del obispo Witte, como figuró en la documentación que aportó el general Jorge R. Videla en 2011, cuando declaró como imputado.
Anuladas las leyes de impunidad, en 2006 se reabrió la investigación en La Rioja. Para esa fecha, el episcopado argentino, que durante 30 años adhirió al relato militar del “accidente” vial, inició bajo la conducción del cardenal Jorge Bergoglio un proceso de reparación. Creó una Comisión ad hoc “Monseñor Angelelli”, a cargo del arzobispo emérito Carmelo Giaquinta, quien durante dos años indagó en archivos eclesiásticos y solicitó testimonios a los obispos que tuviesen información sobre las circunstancias de la muerte del obispo riojano. En 419 fojas, lo recopilado por la Comisión Giaquinta fue incorporado a la causa judicial que tramitó en La Rioja.
Así se conoció el nuevo embate de los servicios de inteligencia del Ejército, esta vez a cargo del general Jorge Norberto Apa, del Batallón 601, que el 2 de agosto de 2006 escribió alertando al cardenal Bergoglio en relación “a la muerte de monseñor Enrique Angelelli, que se está instrumentando como martirio”, y adjuntó documentación “que demuestra que la muerte fue claramente un accidente”. Era la misma papelería del coronel De Casas, ahora miembro de la Comisión de Asuntos Institucionales (C.A.I.) encargada en tal carácter de las relaciones con la Iglesia. Para evitar cualquier cajoneo, la misma documentación fue enviada a dos opositores internos de Bergoglio: el arzobispo Héctor Aguer y al ex vicario castrense Antonio Baseotto (el mismo que quiso colgarle piedras al cuello al ministro Ginés González García para arrojarlo al mar). Tanto el general Apa como el coronel De Casas lograron reunirse en 2008 con Giaquinta y varios obispos más, en ocasión de la sesión anual del episcopado. Sin embargo, tanta preocupación militar por “colaborar” con la Comisión Giaquinta generó recaudos en el experimentado arzobispo emérito, que terminaron por frustrar las maniobras para ocultar el crimen. Y despertaron mayor disposición para colaborar con la investigación judicial.
En 2006 Giaquinta le informó a Bergoglio que “la C.E.A. (Comisión Episcopal Argentina) nunca pidió formalmente la investigación de los hechos, ni siquiera cuando el Juez de Instrucción, en 1986, declaró que se trató de un homicidio”. En 2007 le hizo saber que “como cuerpo episcopal llegamos tarde”. Y en el Informe final del 2008 agregó que “hay certeza de que no existió un trabajo de investigación sobre la muerte de monseñor Angelelli encomendado por la CEA a Zazpe”. Con ello desmentía lo afirmado por Primatesta en Roma. En efecto, el obispo Eduardo Taussig escribió que en 1982 escuchó al cardenal decir que la CEA le había encomendado a “monseñor Vicente Zazpe investigar lo sucedido, quien nos ha informado que no se podía probar o establecer que haya sido un crimen”. Pero la verdad triunfó sobre la mentira.
La reparación episcopal sobre el crimen del obispo Angelelli, iniciada 30 años después bajo la conducción del cardenal Bergoglio, institucionalizó la certeza que sostuvo desde el mismo 4 de agosto de 1976 buena parte de la ciudadanía y sectores creyentes. Aunque no tuvo difusión, Virginio Bresanelli, obispo de Comodoro Rivadavia, alentó este cambio de actitud. En julio del 2006 le escribió al presidente del episcopado: “Hoy se conoce del contexto martirial de la Iglesia Riojana, de la oposición y persecución sufrida por el mismo Angelelli, de su coherencia como Pastor y de la ‘fama común de mártir’ que ya tiene en el pueblo. Un discurso reticente al respecto seguirá pesando en contra de la Iglesia misma, considerada cómplice de un silencio que no se hace eco de la voz y de la conciencia del pueblo que desde el inicio no tuvo la menor duda que fue asesinado… No veo prudente callar”. Esa “voz y conciencia del pueblo” fue ratificada por la sentencia judicial del 2014, en La Rioja, que declaró que los hechos “fueron consecuencia de una acción premeditada, provocada y ejecutada en el marco del terrorismo de Estado”.
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