El crimen privatizado

Otro joven mapuche asesinado en Río Negro

 

El asesinato de un joven mapuche y el intento de homicidio de otro por parte de dos sicarios en un área rural de la zona andina de Río Negro recreó, en pocas horas, el escenario del conflicto territorial con nuevos elementos respecto a la desaparición forzada y crimen de Santiago Maldonado y la ejecución de Rafael Nahuel en 2017. La Justicia local imputó a dos hombres de Chubut la coautoría del crimen de Pedro Elías Garay Cayicol (29 años) y el intento de homicidio de Gonzalo Cabrera (25), perpetrados con arma de fuego el domingo 21 de noviembre, en horas de la tarde, en el territorio reivindicado por la comunidad Quemquemtreu, cerca de El Bolsón. Diego Ravasio y Martín Cruz Feilberg, con sus respectivas defensas, argumentaron haber sido víctimas de una emboscada por parte de un grupo de encapuchados, al punto de que no reconocieron haber disparado contra ninguna de las dos víctimas. En su versión mantuvieron totalmente fuera del crimen al forestador Rolando Rocco, titular del permiso provincial para explotar las tierras fiscales fuertemente custodiadas por la policía provincial.

 

Afafan, despedida mapuche a Elías Garay.

 

 

Ceremonia de despedida a Elías Garay.

 

La declaración de Cabrera, sobreviviente a dos disparos con una carabina calibre 22, permitió la identificación de los autores materiales de los disparos, cuyos movimientos centrales están documentados por la policía apostada en el lugar. El último viernes se hizo la audiencia de formulación de cargos ante un juez de garantías de Bariloche, cuando se confirmó que una mujer fue testigo directa de los hechos (la pareja de Elías), así como también la intervención rápida de otro mapuche de la zona. El joven herido se constituyó como querellante en la causa, que en esta etapa respaldó la intervención de la Fiscalía.

 

Víctor Gangarrossa, juez de Garantías de Bariloche.

 

A la vez, la derecha electoral desató en Bahía Blanca la campaña de reivindicación del genocidio contra los pueblos originarios en la Argentina. En nombre de la libertad, José Luis Espert (Avanza Libertad) reivindicó a Julio Argentino Roca en un acto público. Días después, un presunto comando nacionalista atacó con una bomba incendiaria el domicilio particular de una referente del pueblo mapuche-tehuelche. Tanto en Bahía Blanca como en Viedma se acumularon ataques y panfleteadas nazis en los últimos meses, en tensión con el conflicto territorial en la zona andina y el reclamo en todo el país por la prórroga de la ley nacional 26.160 de emergencia territorial de las comunidades indígenas originarias del país.

 

 

El 2 de noviembre, frente al mar en Ushuaia, Tierra del Fuego, durante la ceremonia del Aya Markay Quilla (Día de los Muertos), una familia quechua aymara sufrió violencia, maltrato y discriminación por parte de 19 policías provinciales. Los efectivos quedaron imputados en primera instancia por lesiones leves, apremios ilegales y abuso de autoridad.

Ese clima es parte del combustible que movilizó a los autores materiales del crimen de Garay, que habrá que probar si fue circunstancial o planificado, así como también si contaron con la participación de terceros.

 

La jauría y el miedo

Ravasio planteó la historia oficial, la que ajustó y corrigió Feilberg después, al declarar en la audiencia de formulación de cargos a la que pudo asistir la prensa vía Zoom. “Trabajo para Feilberg en el raleo y poda de la plantación de pinos de Rocco. Pasamos por el cordón policial, dimos los datos de la patente del auto. Subimos al campo a trabajar como de costumbre. Decidimos ir a recorrer el lugar. Dejamos el auto en la tranquera. Bajé la carabina por si cruzábamos una liebre. En el retén, la policía nos dijo que no había nadie, que habían levantado el acampe. Encontramos palos, ramas, obstáculos en un sendero y una bandera. Sentimos un dron arriba nuestro; titilaba la luz verde y roja. ‘Vámonos, por las dudas’ (dije). Martín no llevaba arma. Apareció un grupo de siete u ocho encapuchados, amenazante, creo que tenían armas. Se abrieron en abanico como una jauría de perros. Tuve muchísimo miedo. Nos repetían: ‘De acá no sale nadie’”. Aseguró que en ese momento tiró el arma “hacia arriba y salió un disparo. Alguien me agarró la carabina y salieron dos tiros. Todos se frenaron y una mujer gritó de atrás. No recuerdo qué decía. Martín me agarró de atrás, de un hombro. Empezamos a correr. Cuando busqué las llaves del auto, me di cuenta que no tenía la carabina en la mano. Salimos para el lado de El Maitén (sureste). Me enteré por los medios” que una persona perdió la vida y otra sufrió heridas muy graves.

Como imputado, Ravasio no está obligado a decir la verdad. Lo asisten Estanislao Cazaux y Pablo Calello, abogados de Bariloche. Cazaux integra el Tribunal de Contralor de Bariloche y es uno de los apoderados del peronismo en el Frente de Todos (FdT). Fue subdirector de Asuntos Legales de la Secretaría General de la gobernación durante el brevísimo mandato de Carlos Soria, padre del actual ministro de Seguridad de la Nación, Martín Soria.

 

Dolor en Cuesta del Ternero.

 

En suma, Ravasio asumió toda la responsabilidad por la portación de una sola arma de fuego que, tal vez, esté registrada a nombre de su padre. Según su relato, sin apuntar y sin intención, tal vez mató de un único disparo en el tórax a Garay y otros dos de sus balazos perdidos dieron al tórax y boca del estómago de Cabrera.

 

El caso PPP

El abogado Ernesto Saavedra presentó el pedido de desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu de un predio propiedad del Obispado de San Isidro en Villa Mascardi con un escrito en el que hizo la apología de la campaña militar encabezada por Roca. El escándalo racista llegó hasta el Vaticano y fue apartado del caso. A partir de entonces es uno de los más firmes activistas de la mano dura contra el pueblo mapuche, participando del lanzamiento del movimiento “anti-tomas” lanzado en abril y de la coalición de derechas Consenso Bariloche en agosto.

 

Forestación de Rolando Rocco, fondo del crimen de Elías Garay.

 

Desde setiembre acompaña a Rocco en la denuncia contra la lof Quemquemtreu por presunta usurpación de tierras fiscales sobre los que la provincia le otorgó autorización para forestar con especies exóticas y subsidios nacionales. Ahora, en esta causa, Saavedra representa a Feilberg junto con Luciano Magaldi. En ambos expedientes actúa Betiana Cendón, jefa de fiscales de la Circunscripción Andina que, a diferencia del legajo por presunta usurpación, en este caso no es su aliada.

 

De izquierda a derecha: Ernesto Saavedra, Martín Feilberg, Luciano Magaldi (atrás), Pablo Calello (atrás), Diego Ravasio y Estanislao Cazaux.

 

 

Feilberg integró algunas sociedades anónimas, una metalúrgica en 2013 (Forjar S.A.) y una financiera y exportadora en 2018 (TECMET ASISA S.A.). Aunque su presencia en el escenario del crimen la explicó como forestador asociado en un 50% con Rocco para explotar las plantaciones en pie y la quemada por los últimos incendios a través de San Simón S.R.L., inscripta hace dos años en Esquel. En su versión de los hechos aseguró que no llevó ni usó ningún arma de fuego. A la vez, aseguró que al menos dos del presunto grupo de encapuchados portaban armas cortas. A principios de marzo finalizaron los incendios en la zona, que comenzaron a frecuentar en abril o mayo “para aprovechamiento de leña dura y ciprés. Empezaron las tomas y estuvimos dos meses sin poder subir. Como esta gente se había ido a lo de ese tal (Néstor) Anticura, para evitar conflicto ingresábamos por el lado de El Maitén primero y por la ruta 40 después del levantamiento del acampe. Si nuestra intención hubiera sido lastimar a alguien no me registro en la policía. Fuimos a hacer un reconocimiento del lugar para montar un obrador y evitar una futura toma. Si él (por Ravasia) no reacciona… me salvó la vida. Hubo un cruce de disparos entre el cabecilla y Diego. Una mujer gritó. En ningún momento nos imaginábamos que (nos) íbamos a encontrar a nadie”.

Las dos defensas acordaron y anticiparon algunas de sus líneas: el cuerpo sin vida de Garay estuvo al menos siete horas sin custodia policial ni judicial, no se secuestró ningún arma que se corresponda con los plomos de las víctimas y “cómo va a perderse un dron”. Cazaux fue más lejos: puso en duda la validez del informe forense de la muerte de Garay.

 

Allanamiento en Esquel, el jueves 25.

Sólo el comienzo

Tanto los gobiernos como sectores y organizaciones sociales y propias del pueblo mapuche-tehuelche están revisando la experiencia acumulada respecto a los tortuosos y perversos derroteros judiciales con los homicidios de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel Salvo. La violencia directa se privatizó para este conflicto, al menos en la autoría material inmediata.

 

Retén policial en paraje Cuesta del Ternero.

 

La hipótesis del caso que planteó Francisco Arrien, de la unidad fiscal de El Bolsón, sugiere planificación y premeditación. Pidió y secuestró documentación del último mes de los retenes policiales que acordonaban el territorio en conflicto con la lof Quemquemtreu. El papel de Cendón en esta investigación exigirá seguirla sin anteojeras por su oposición cerrada a la asistencia humanitaria a la lof aislada en la montaña, decisión que se mantiene hasta ahora a pesar de los numerosos reclamos y de una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Saavedra recibió un duro revés por parte de Cendón al menos en dos oportunidades, cuando insistió en colar “el contexto de las tomas”.

 

Francisco Arrien, fiscal de El Bolsón.

 

Feilberg “no es autor ni cómplice. Son agredidos y se defienden. No son sicarios. No es México ni Colombia, son trabajadores. Los que estaban allí están cometiendo un delito”, sostuvo Saavedra. Cendón le replicó, indicando la contradicción de que en el expediente de presunta usurpación reclame desalojar a Quemquemtreu y que, al defender a Feilberg, asegure que no había nadie en el campo forestado.

 

Betiana Cendón, fiscal jefa de la Circunscripción Andina.

 

Cendón insistió en proteger la vida y seguridad del herido sobreviviente y de Nadia Silvera, quien vio caer herido de muerte a su pareja. Además, de la argumentación de las defensas surgió que intentarán socavar la credibilidad de la lof Anticura, familia con cien años de ocupación efectiva del lugar, arrinconada en unas pocas hectáreas. Algunas peleas se darán en el legajo, otras en el terreno, en los medios de comunicación y en las usinas de rumor del proyecto Propiedad Privada Patagonia (PPP).

 

 

 

 

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