El derecho a la identidad avanzó un paso

Una concreta victoria contra los laberinos de la burocracia judicial

 

La conmemoración del día nacional del derecho a la identidad fue motivo del anuncio de una política pública inédita y específica por parte del gobierno nacional: la creación del Certificado de Pre-identificación (CPI), un instrumento para garantizar el derecho a la identidad de personas no inscriptas en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y facilitar la identificación y emisión del Documento Nacional de Identidad (DNI).

El anuncio estableció que el objetivo de este CPI será el de iniciar y facilitar el proceso hacia el reconocimiento de la personalidad jurídica de quienes aún no han sido identificados por el Estado, hasta la formalización de su efectivo acceso a la identidad. Asimismo, le permitirá al Estado nacional contar por primera vez con un registro de personas no inscriptas, que incluya datos biométricos.

Para ello se realizarán una serie de verificaciones para garantizar que la persona nació en la Argentina y no se encuentra registrada con otros datos. Por ejemplo, se tomarán datos biométricos (foto y huellas) y biográficos (declarados) de la persona, los cuales se cruzan con las bases de datos del Renaper, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) y el Registro Nacional de Reincidencia.

El certificado no acredita identidad y los datos consignados en el mismo tienen carácter de declaración jurada. Además, tiene una validez de seis meses y luego de dicho período, en caso de que el solicitante aún no contare con su DNI, deberá exponer los motivos de la demora, a fin de que el Renaper evalúe la prórroga del mismo, por única vez, y por el mismo lapso.

 

 

Un caso testigo 

Ver a Wado de Pedro y Fernanda Raverta, compañerxs de Hijos, reparando los procesos de identidad es, simbólicamente, muy fuerte. Recordemos que la Argentina ha sido vanguardia a la hora de incorporar a la Convención de los Derechos del Niño, el derecho a la identidad en los artículos 7, 8, recogiendo la inmensa lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo. Qué mejor homenaje a aquella lucha por la identidad de los niños, niñas y adolescentes, que sacar del limbo identitario a miles de personas que todavía son NN. Es decir, hacerlos personas, dignificarlos a través del Certificado de Pre-identificación para que puedan acceder a sus derechos más básicos.

Cuando a principio de año, un simple vecino de la localidad de San Miguel, Julián López, se decidió a grabarle un video por Twitter al Presidente Alberto Fernández, contándole su situación, ni se imaginaba que meses después, su caso iba a ser el “caso testigo” de miles de personas que en nuestro país no pueden acceder a una asignación por carecer de DNI.

El caso de Julián es en realidad el caso de Olga Elizabeth Argañaraz, su pareja, una joven ama de casa que nunca tuvo documentos en sus 26 años de vida y, por lo tanto, ni siquiera podía hacer el trámite para que sus cuatro chicos recibieran la Asignación Universal por Hijo.

Cuenta Olga: «Nunca tuve DNI, mi mamá falleció cuando tenía 9 meses y mi papá cuando tenía 7 años», explica ella. Julián sintetiza el periplo de esta familia: «Como no tiene documentos, tampoco puede buscar trabajo. Lo tramitamos hace 7 años. ¿Cómo puede ser que una argentina o argentino tarde muchos años para acceder a una identidad? Es inexplicable».

Lo inexplicable, hasta ahora, era que un papá o una mamá NN, como en este caso Olga, que tuviera varios hijos que sí cuentan con DNI, no podían acceder a la Asignación para ellos, en tanto el Estado, a través de ANSES, debía corroborar las identidades (solo a través del DNI) de los progenitores para asegurarse que se trataba de sus hijos o personas legalmente a cargo.

 

 

Cuando el problema es el acceso a la Justicia 

El problema es que para un/a NN mayor de edad, que nunca tuvo DNI, lidiar con el sistema de justicia y registros civiles, es una cuestión kafkiana; y hasta que el trámite de inscripción tardía ante los estrados llega a su fin, existe un limbo en el que el Estado no hace nada, y la persona puede estar años hasta que un juez se digne a dictar sentencia y un registro civil la inscriba otorgando el bendito DNI.

Más allá de los motivos que hicieron que Olga nunca fuese inscripta, lo cierto es que ella sí había iniciado el trámite ante la Justicia. Pero ese trámite quedó en la nada.

Este es el dato clave, que me parece debemos tener en cuenta: ella era NN, porque la Justicia por alguna razón burocrática del proceso, no modificaba su estado.

Según cálculos oficiales, son NN entre el 0,5 y el 2% de los más de 45 millones de habitantes, antes del censo que debía realizarse este año y se postergó por el coronavirus. Es decir, en la Argentina hay entre 225.000 y 900.000 personas indocumentadas. Pero esos datos están inevitablemente conectados  a los obstáculos de acceso a la Justicia que son una de las principales razones que impiden inscribir un estado y registrarlo debidamente, y hacen que la persona continúe siendo NN.

En efecto, se estima que los juzgados civiles y de familia de las provincias cuentan con muchísimas trabas en todo el país. Retardo excesivo, pero además se exige patrocinio jurídico, algo que personas en situación de vulnerabilidad no pueden acceder sin dejar de mendigar en Colegios de Abogados, defensorías oficiales abarrotadas o simplemente excluyentes.

La mayoría de las causas de “inscripción judicial tardía” quedan paralizadas y archivadas sin impulso. Y el resultado: personas NN que se cansan de trajinar por los pasillos judiciales (recordemos que el trámite judicial exige presentación de testigos, documentación, certificaciones médicas, etc).

 

 

El necesario cambio judicial  

De allí que este tipo de políticas que anuncia el gobierno debe, inevitablemente, venir de la mano del impulso por parte de los poderes judiciales locales (los Supremos Tribunales Provinciales) de un análisis (cuali y cuantitativo) bastante riguroso, de la cantidad de causas de “inscripción tardía” (en trámite, suspendidas y paralizadas), para determinar que esas personas puedan tener —en el mientras tanto—, su sistema de Pre-DNI. Pues el sistema que acaba de anunciar el gobierno fracasaría, si esas causas siguen durmiendo el sueño de los justos y las sentencias no recaen para inscribir de una vez  el definitivo DNI.

Para esto será necesario redoblar la apuesta, e impulsar una política nacional y provincial más fuerte en términos de acceso a la Justicia, que fortalezca —en el llan— los procesos de acceso a la jurisdicción, removiendo las trabas burocráticas y permitiendo que la administración de Justicia más conservadora (que suele ser la civil y de familia) se adapte a pautas más flexibles. No olvidemos que el Certificado de Pre-identificación dura un tiempo y queda supeditado a las resultas de la inscripción judicial final.

Cuando referimos a pautas más flexibles en los procesos de inscripción judicial tardía, nos referimos a: procesos simples, sumarísimos y sin necesidad de costosos patrocinios o engorrosas constataciones, etc. Pero también  a la inscripción sin demora en los registros civiles (pues hay veces que las sentencias que declaran un estado, y las mismas no se inscriben apiladas por años en los canastos de la administración).

Este tipo de políticas muestran que el cambio de gobierno en diciembre de 2019 implicó volver a políticas de ampliación de derechos interrumpidas en diciembre de 2015. Un paso que puede ir más allá, deberá tener en cuenta el rol de la Justicia en las inscripciones tardías, la necesidad de simplificar rutinas y de que ese poder facilite el acceso a personas que hoy ni cuentan con esa posibilidad.

Caso contrario, los Certificados de Pre-identificación se van a vencer, una dos o tres veces, y la persona volverá a ser un NN.

 

 

 

* Ex defensor oficial, actual Director de Acceso a la Justicia del MPF.

 

 

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1 comentario
  1. dora Bouyrie dice

    En tu nota agrego que instituciones del Estado como Policia Federal Registro de Capacidad de las Personas no contestan los oficios, estoy acompañando a una mujer de 23 años con dos hijes , que en 2013 iniciaron su expediente en el Juzgado de Lomas de Zamora Juzgado de familia 12, era menor cambio la ley, quedo en banda cuando llego a la mayoria de edad, ahora en plena pandemia no puede circular esta con discapacidad visual y no puede ser tratada en el Santa Lucia por no tener un numero de dni, para ingresar al sistema. Es en varios lugares que tomar mas personal o crear un sistema de control de los organismos publicos, no me parece que el pre-certificado sea una respuesta.

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