El dilema del gobierno

La brecha que puede hacer ingobernable a la Argentina

 

El año económico arranca con una profunda puja por la distribución de la riqueza en la Argentina. Como en otras oportunidades, el detonante es el movimiento alcista de los precios internacionales de algunos alimentos que nuestro país exporta: maíz, trigo, carne vacuna.

La favorable coyuntura internacional se traduce en un alza incesante de los precios internos, que no afecta sólo a los consumidores finales de estos productos, sino a todos los demandantes de la cadena agroindustrial, que utilizan trigo o maíz como insumo para la producción de otros productos y alimentos con mayor valor agregado.

El gobierno ha intentado frenar el deslizamiento que se empezó a registrar en los últimos meses del año pasado —45,5% aumentaron los alimentos en todo el año—, pero se ha encontrado con la resistencia y el boicot de los sectores cuya rentabilidad se ha visto incrementada por las condiciones internacionales.

Como viene ocurriendo desde hace tiempo en la Argentina, las minorías que se benefician con la exportación de esos productos se organizan y hacen sentir su peso en la escena pública, mediante declaraciones altisonantes y alarmistas, acciones directas ilegales y generación de climas agresivos a través de los medios.

Mientras tanto los millones de consumidores, y miles de productores que necesitan que esos precios guarden alguna relación con los precios internos, no se hacen presentes en la discusión pública, sea porque no comprenden de qué se trata, porque la única explicación que les llega del conflicto es la de los ganadores, o por una profunda despolitización o desmovilización.

El gobierno queda tironeado entre fuerzas sumamente desparejas: las minorías ricas y organizadas y las mayorías ausentes, que ni siquiera aparecen para defender cuestiones mínimas como son los precios de los alimentos que devoran sus ya reducidos ingresos.

El vacío político, organizacional y programático del campo mayoritario, que ya era un problema durante el macrismo, se disimuló por la aparición de la alternativa electoral victoriosa del Frente de Todos. Pero ese vacío se nota cuando pujas distributivas tan claras como la del maíz muestran las falencias de la construcción política popular.

Uno de los elementos centrales que caracterizó la irrupción del neoliberalismo a escala global ha sido la ofensiva permanente del capital sobre el mundo del trabajo. Esta situación de continuo retroceso de conquistas y derechos ha sido consagrada como una lógica social ineluctable por los sectores dominantes, que desatan su furia cuando aparece algún obstáculo en el mundo de la política –o de la salud— que perturba o contradice esa dinámica.

A pesar de que se van acumulando indicios sobre la creciente obsolescencia de la forma de organización neoliberal de la vida social, los hábitos mentales y los mantras aprendidos continúan trabando las posibilidades de cambio.

 

 

Unidos para el subdesarrollo

El Foro de Convergencia Empresarial (FCE), una entidad creada en 2013 que agrupa a importantes fracciones del empresariado local y cámaras de empresas extranjeras, emitió un comunicado en el que se solidariza con “el campo” en su lucha por exportar todo el maíz que pueda, aunque eso desabastezca al mercado interno.

Dice el comunicado: “La repetida intervención del Estado en las actividades del sector privado de la economía, a través de medidas similares a las tomadas en el pasado que tuvieron efectos adversos, afecta el crecimiento económico y el proceso de inversión privada, que ya está en mínimos históricos”.

Posteriormente, la entidad enumera los diversos sectores que sufrirían la intromisión del Estado: telecomunicaciones, exportadores de maíz, productores de alimentos, empresas de electricidad y gas, servicios de medicina prepaga, entre otros.

El Foro de Convergencia señala que “la gravedad de la situación económica requiere adoptar políticas que permitan rápidamente revertir las expectativas, contribuir al crecimiento y generar oportunidades de progreso para todos los argentinos, consensuando medidas económicas que promuevan el crecimiento y la inversión en los distintos sectores de la economía, con el objetivo de recuperar el nivel de actividad, generar empleo registrado y promover las exportaciones al igual que el abastecimiento del mercado local”.

Por supuesto que el argumento de “revertir las expectativas” de los empresarios está directamente relacionado con concederles sus demandas, que es la particular interpretación que tienen del consenso. Su propia visión de la sociedad, expresada en documentos de fondo, los lleva a la intransigencia y la negación de la complejidad.

Por ejemplo, el FCE formuló en mayo de 2015 un documento titulado “El rol del Estado y el buen gobierno republicano”, en el que explicitó su visión ultra-conservadora sobre el lugar del Estado en la sociedad. Vale la pena su lectura íntegra, y tener en cuenta que fue difundido en el contexto de un momento de fuerte movilización y militancia anti kirchnerista del gran empresariado.

Entre otros párrafos imperdibles, señala textualmente que “la ciudadanía no debe permitir que los gobiernos –nacional, provinciales y municipales—, se apropien del Estado”. Es importante recordar que buena parte del Estado ya había sido apropiada directa o indirectamente por fracciones privadas para su propio beneficio. El gobierno de Cambiemos, apoyado por el FCE, es la aclaración práctica de esa frase: los gobiernos no pueden ni deben tomar control sobre el Estado, porque ya estamos nosotros.

La actuación del gobierno “debe circunscribirse al respeto irrestricto del orden jurídico y de las instituciones en detrimento de la arbitrariedad”, es decir no tocar nada, ni el florero de la Casa de Gobierno. En términos más concretos: prohibido tocar el entramado de negocios y privilegios acumulados desde la dictadura cívico-militar hasta el presente. Llaman arbitrariedad a la propia acción política no autorizada por ellos. Las múltiples arbitrariedades a favor de sus intereses no entran en la cuenta, porque sirven al “progreso”.

“El Estado tiene el rol fundamental de respetar la forma representativa republicana federal de gobierno. También debe resguardar la seguridad de los habitantes, su libertad y sus bienes”, dice el documento del FCE, que pretende transformar a la Constitución en la garantía del inmovilismo social y de la consolidación del subdesarrollo, colocando al Estado en un rol extremadamente pasivo. Un entramado jurídico dedicado a la represión del cambio en la sociedad.

“La actuación estatal debe afectar en el menor grado posible la libertad y la responsabilidad personal. Esto, sin perjuicio de que el Estado tiene un papel fundamental en la solución de aquellos problemas sociales complejos que exceden a las capacidades del sector privado”, dice otro de los párrafos del documento. Queda establecida así una curiosa división del trabajo: con el sector privado nadie debe meterse. Pero si del descontrol y la falta de regulación económica inteligente surge el caos y el desastre social, como ocurrió con cada uno de los experimentos auto denominados de “libertad económica”, bajo Martínez de Hoz, con la convertibilidad y con Macri, el Estado “tiene un papel fundamental en la solución”. Luego de nuestros desmanes, aceptamos bomberos, pero transitorios.

La injerencia del Estado “en el ámbito privado, interviniendo arbitrariamente en la toma de decisiones empresarias, lesiona gravemente la economía y obstaculiza el desarrollo económico y social”. Como toda la literatura proveniente de este sector, jamás habla del capitalismo realmente existente, sino sobre una fantasía completamente desconectada no sólo de la realidad argentina, sino de la realidad de los capitalismos que pueden exhibir mejores logros. Nuestra realidad muestra que los peores resultados en materia de políticas públicas ocurrieron cuando el aparato estatal se puso al servicio de satisfacer las necesidades de mayor rentabilidad de grandes grupos económicos, monopolios y actores concentrados, sin ningún criterio organizador.

Lamentablemente, toda esta mirada conservadora y arcaica de cómo deben funcionar las instituciones en un país con unos problemas de subdesarrollo enormes, con un potencial extraordinario y con trabas políticas y sociales severas para movilizarlo, es la que continúa primando en la mayoría del empresariado que hoy presiona sobre el gobierno nacional.

Las ideas que provienen de ese sector son tan antisociales, que el propio gobierno nacional le tiene que pedir ayuda –al menos discursiva— al FMI para limitar el ajuste que le pide el capital concentrado local. Ya lo vimos durante 2020, con el intento de golpe devaluatorio.

Así, la directora ejecutiva del FMI, Kristalina Georgieva tiene que declarar públicamente que continúa sosteniendo el apoyo a “un crecimiento fuerte e inclusivo” de la Argentina. Traducido a política económica, esa expresión nunca podría implicar un ajuste fiscal violento, ni excluir la utilización de políticas de ingresos para impedir que millones de personas queden estacionadas en la miseria.

En un país menos deteriorado moral y políticamente, estas serían incluso banderas de una derecha lúcida. Crecer e incluir no debería ser objeto de debate. Pero sí lo es en Argentina, donde las políticas económicas favoritas de les sectores concentrados llevan inexorablemente al estancamiento económico con redistribución regresiva del ingreso.

¿Queda alguna duda luego de la experiencia macrista, reclamada y avalada por el FCE?

 

 

Macroeconomía y política económica

Si está bastante claro que el establishment se opone a cualquier cambio regulatorio que mejore la distribución del ingreso y fortalezca el poder del Estado, el gobierno –que no comparte los raquíticos objetivos económicos del poder real— parece apostar a un buen funcionamiento macroeconómico, evitando que se produzca una confrontación significativa con los factores de poder.

Sin embargo, el listado de situaciones enojosas del comunicado del FCE muestra varios puntos de malestar empresarial, en los que el gobierno debió actuar básicamente en salvaguarda de los niveles mínimos de vida tolerables en contexto de pandemia y paralización económica. No fue dogmatismo ideológico ni cristinismo. Fue pragmatismo y conexión con lo que ocurre en la calle.

Las novedades en materia de pandemia nos sugieren un 2021 aún afectado parcialmente por el virus. Parece razonable, sin embargo, que pueda haber un crecimiento económico del 5% o más. Por lo exigido en materia de política económica por las cámaras empresarias –si alguna discrepa, sería bueno que lo dijese— la expectativa es que todo ese crecimiento sea embolsado por las grandes empresas. Que la única mejora social es que haya un poco más de empleo.

Eso significaría que en 2021 el nivel de vida de 3/4 de la población se mantenga exactamente como el actual. Que no empeore, pero que tampoco reciba ninguna mejoría palpable. Efectivamente si el gobierno escuchara al establishment, y actuara en consecuencia, no tendría nada para exhibir en materia económica y social en las elecciones de octubre, salvo el importante avance en la vacunación. Las mejoras macroeconómicas no tendrían valor para el hombre y la mujer de la calle, porque no las disfrutarían. Serían una entelequia útil para economistas y analistas políticos.

Es decir que no alcanza con una buena performance macroeconómica –reducción del déficit fiscal, saneamiento externo, inflación bajo control, mejora de la recaudación, baja progresiva de la tasa de interés— para cumplir con las promesas electorales y obtener el reconocimiento político de una parte considerable de la ciudadanía.

Se hacen necesarias políticas de intervención eficaces para dar cuenta, por ejemplo, del complejo tema de los precios. Son precisamente los precios, las tarifas, los costos del transporte y de la salud, las que están en juego en este momento, y donde parece repetirse el episodio del maíz: sólo chillan los que quieren ganar más. Los que pierden –trabajadores, jubilados, consumidores, usuarios— están ausentes, favoreciendo lecturas conservadoras de la coyuntura en el propio seno del oficialismo.

 

La revolución

“Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución; no es mi idea”, dice el periodista Eduardo van der Kooy que dijo el Presidente de la Nación en una especie de reportaje que le realizó recientemente el medio opositor, Clarín.

Si alguien votó al gobierno del Frente de Todos pensando en que protagonizaría una “revolución”, debería reflexionar sobre su capacidad de lectura de la realidad argentina. Si esos sectores revolucionarios existen, hoy no se expresan ni tienen relevancia. Si la referencia es al kirchnerismo, es repetir un equívoco absurdo fomentado por la derecha retrógrada argentina, que ve a cualquier reformismo como comunismo.

Pero, ¿qué sería hoy una revolución en Argentina? Si el comentario fue efectivamente proferido por Alberto Fernández, es una forma bastante cómoda de congraciarse con los conservadores argentinos, que en realidad tampoco están preocupados por ninguna revolución.

La verdadera discusión política en la Argentina actual se parece bastante a la observación que en su momento hizo el senador norteamericano Bernie Sanders sobre su país. Se preguntó si el Congreso norteamericano era capaz de regular a Wall Street, o si no era Wall Street el poder que terminaba controlando al Parlamento.

El primer año del gobierno de Alberto Fernández fue atravesado por la pandemia. El gobierno cuidó y protegió, pero también mostró temor a la voz de los factores de poder. No encontró en ese año su propia voz firme, una voz capaz de convocar y reflejar los sentimientos de millones en temas económico-sociales. En 2021 la pandemia comenzará a ceder, y la mirada de la sociedad se posará sobre las mejoras que puedan ocurrir. Y no es que el gobierno carezca de una agenda progresista en materia impositiva, de recuperación de ingresos de sectores populares o de promoción de numerosas actividades productivas.

El desafío estará en su capacidad para hacer prevalecer los intereses colectivos sobre las fracciones que se unen para defender las hiper-rentabilidades sectoriales, a costa de las mayorías.

El miedo a la voz del poder no es bueno en un gobierno popular. La inhibición para actuar frente a poderosos vociferantes tampoco. La parálisis política de los partidos y organizaciones populares es aún peor.

Los funcionarios saben que, o se desacoplan los precios de ciertos bienes y servicios de las ganancias exorbitantes que reclaman ciertos sectores, para que la sociedad comience un sendero claro de recuperación y la brecha social se reduzca, o el gobierno se acopla al “no plan” económico de los poderosos, y se profundiza un desgarro social que puede hacer ingobernable a la Argentina.

 

 

 

 

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