El manual para la buena gestión de la economía argentina tiene una obsesión de cabecera. No es un modelo de desarrollo. No es una ruta terminada. No es una universidad llena. No es un hospital con insumos. Es una planilla. Un número. Una estampita fiscal.
El Presidente muestra el superávit como la prueba de virtud. Dice que ahí está el orden. Que ahí está el ancla granítica. Que ahí está la piedra filosofal del programa. Pero una piedra, en una economía endeudada, no siempre ancla. A veces hunde.
En mayo, el Sector Público Nacional registró un superávit primario de $1.924.367 millones y un superávit financiero de $478.613 millones. El dato apareció después de pagar intereses por $1.445.754 millones. En los primeros cinco meses del año, el gobierno acumuló un superávit primario de 0,7% del PBI y un financiero de 0,2%. Es la mitad de la meta fiscal renegociada con el FMI para 2026, que bajó de 2,2 a 1,4% del PBI.
El número es prolijo. La historia no tanto. Porque una parte de los intereses de la deuda no se paga en efectivo. Se capitaliza. No sale hoy de la caja, pero queda cargada para mañana. Si esos intereses se computan como corresponde, el resultado financiero no canta victoria. Muestra un déficit cercano al 2,2% del PBI. Ahí aparece el carozo del asunto: el ajuste del gasto no alcanza para domar la deuda. La deuda se come el ajuste y se queda con hambre.
La recaudación de mayo también ayuda a leer la película completa. ARCA informó ingresos tributarios por $21,5 billones, con una suba interanual de 35,6%. A primera vista, el número parece darle aire al gobierno. Pero la letra chica vuelve a pinchar el globo.
El IVA neto recaudó $5,38 billones y creció 22,6% contra mayo del año pasado. Como la inflación interanual fue de 33,2%, eso implica una caída real cercana al 8%. El IVA impositivo subió 29,3%, pero también perdió contra los precios: cayó casi 3% real. El IVA aduanero fue peor: aumentó apenas 8,5% nominal y se hundió alrededor de 18,5% real. Ahí habla el consumo. Ahí habla la actividad. Ahí habla la importación más floja.
La Seguridad Social tampoco acompaña el relato de una economía vigorosa. Los ingresos por aportes y contribuciones subieron 27,3%, unos 4,5 puntos por debajo de la inflación. En términos reales, cayeron cerca de 4,5%. El impuesto al cheque aumentó 28,5% y también perdió: cayó alrededor de 3,5% real. Son tributos que siguen de cerca el movimiento de la economía. Si no corren, algo se está enfriando abajo.
La mejora de mayo estuvo explicada, sobre todo, por Ganancias. Ese impuesto recaudó $8,02 billones y saltó 67,9% interanual. En términos reales, creció cerca de 26%. Pero no fue la foto de una economía florecida. Fue el vencimiento del saldo de declaración jurada de sociedades con cierre diciembre. También jugó una base de comparación baja y cambios normativos que empujaron presentaciones y pagos. Es decir: más calendario que milagro.
El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que dirige Nadín Argañaraz, puso el dedo en esa herida. Calculó que, aun con el alivio de mayo, la recaudación de los primeros cinco meses cayó 4,9% real interanual. Y si se mira sólo el IVA, la baja acumulada fue de 8,5% real.
El problema es que el superávit también se achica. Según ese mismo cálculo, el superávit primario de mayo de 2025, medido a pesos de mayo de 2026, equivalía a $2,26 billones. En mayo de este año fue de $1,92 billones. La baja real fue de 14,9%. El financiero cayó más: pasó de $881.925 millones, a valores de hoy, a $478.613 millones. Un derrumbe real de 45,7%.
La cuenta es seca. Si los ingresos pierden contra la inflación y el gobierno quiere sostener el ancla fiscal, sólo le queda ajustar más el gasto. Pero cada vuelta de torniquete enfría la economía, y una economía más fría recauda menos. Es la rueda del hámster fiscal: correr mucho para estar cada vez más cerca del mismo lugar.
Por eso el dato de mayo no desmiente la fragilidad. La muestra con mejores modales. El superávit sigue ahí, prolijo, peinado, listo para la foto. Pero debajo de la camisa planchada se ve la costura: el consumo no empuja, los salarios formales no alcanzan, el comercio exterior aporta menos y la mejora depende de Ganancias de empresas. El número respira. La economía, no tanto.
La versión oficial dice que la deuda aparece porque el Estado gasta más de lo que recauda. La mirada crítica da vuelta la pregunta. En la Argentina, muchas veces el límite no aparece primero en el presupuesto. Aparece en los dólares. Cuando faltan dólares, manda la deuda. Y cuando manda la deuda, el presupuesto se convierte en una oficina tercerizada de los acreedores.
Entonces el superávit fiscal de Milei también puede leerse como una captura de recursos. Impuestos que pagan trabajadores, consumidores y empresas. Plata que no vuelve en rutas, hospitales, escuelas, universidades o infraestructura. Ni siquiera en la versión clásica del Estado liberal capitalista, que recauda para garantizar bienes públicos básicos y condiciones generales para que la economía funcione.
Nibor Dooh
Esta semana el gobierno movió otra pieza sensible del tablero fiscal. Mediante el Decreto 475, eliminó el impuesto al cheque para el ecosistema cripto, billeteras digitales, administradoras de tarjetas y transportadoras de caudales. No fue una baja general para pymes, comercios o productores. Una llave para algunos. Una puerta cerrada para otros.
La norma amplió exenciones del impuesto a los débitos y créditos bancarios. Incluyó cuentas usadas por empresas de pagos y cobranzas por cuenta de terceros, movimientos vinculados al depósito o entrega de efectivo, agencias complementarias de servicios financieros, tarjetas y transportadoras de caudales. El corazón político estuvo en los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales inscriptos ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), como Mercado Pago. Las cuentas exclusivas de esas empresas quedan dispensadas para sus operaciones específicas.
En limpio: el mundo cripto deja de pagar un peaje que para las pymes sigue siendo parte del paisaje. El impuesto al cheque pesa. La alícuota general es 0,6% para débitos y 0,6% para créditos. En una operación comercial bancarizada, el costo puede llegar al 1,2%. Para una empresa de margen chico, eso no es teoría tributaria. Es caja diaria. Es la moneda que se va cada vez que entra y sale.
La doble vara se ve mejor con el antecedente inmediato. En mayo, la CNV había flexibilizado la operatoria con cheques físicos y electrónicos dentro de sociedades de bolsa. La Resolución General 1139 abrió una ventana para mover cheques con más aire. Pero una semana después, la RG 1141 repuso el límite de dos pagos diarios por cliente y lo justificó por trazabilidad y transparencia.
Para las pymes, la puerta se entornó. Para las cripto, fintech, tarjetas y caudales, el decreto abrió el portón. El discurso dice libertad. La letra chica dice lobby.
Cepo
En paralelo, la Comisión Nacional de Valores metió un freno inesperado en plena temporada de desregulación. Suspendió transitoriamente la autorización de nuevos Fondos Comunes de Inversión Abiertos para inversores calificados que tengan más del 25% de su patrimonio en activos emitidos y negociados en el exterior.
La medida alcanza además a fondos ya existentes. No podrán recibir nuevas suscripciones mientras dure la revisión oficial. La Resolución General 1153 fue publicada en el Boletín Oficial y la CNV dijo que está reconsiderando el costo fiscal de esos vehículos.
El contraste fue brutal. En las semanas previas, el organismo vendía su Big Bang normativo como una flexibilización fuerte para obligaciones negociables, acciones, fideicomisos y fondos comunes. El mercado escuchó desregulación. Después recibió una tranquera.
El argumento formal es fiscal. La lectura de la City es cambiaria. Si inversores sofisticados usan fondos regulados para dolarizar carteras afuera, el gobierno ve una posible salida masiva. El mercado de capitales es bienvenido mientras financia al Tesoro o a empresas locales. Cuando el mercado elige salir, aparece el miedo.
Ese clima se cruza con la calificación de deuda MSCI (Morgan Stanley Capital International). La Argentina sigue en la categoría standalone, una estación de aislamiento financiero. En la revisión de accesibilidad 2026, MSCI ubicó al país dentro del grupo de mercados standalone y marcó problemas en salida y entrada de capitales, liberalización cambiaria, clearing, ventas en descubierto, préstamo de acciones, instrumentos disponibles y estabilidad institucional.
En el informe que presentó Morgan hay una curiosidad casi de sainete. Entre los problemas que marca para el ingreso de fondos globales aparece la falta de información financiera en inglés. No alcanza con ordenar la macro, levantar cepos o jurar amor eterno al mercado. También hay que hablarle en su idioma. El capital no sólo pide rentabilidad, seguridad jurídica y salida fácil. Parece incómodo si la invitación llega en castellano.
Mientras tanto, el dólar manda señales. En lo que va de junio, el oficial del Banco Nación subió 35 pesos, desde 1.445 hasta 1.480 para la venta. Una suba de 2,4% por encima de la inflación de mayo, que fue 2,1%. No es una corrida. Pero el precio se mueve. Y cuando el dólar le gana a la inflación, la City huele otra cosa.
La curva de futuros también habla. Junio quedó en torno a 1.469,5 pesos. Julio en 1.494,5. Agosto en 1.520,5. Diciembre en 1.635 pesos. Los precios implícitos no escriben un manifiesto. Susurran. Y ese susurro dice devaluación.
Con el dólar en alza, cada ajuste del tipo de cambio agranda la deuda en pesos vinculada al oficial. El dólar linked parece una cobertura para el acreedor, pero para el Tesoro es una sombra que crece con cada movimiento de la divisa. Por eso el canje que ofreció el Tesoro esta semana no fue un trámite más. Fue un canje anticipado sobre un vencimiento de casi 20,3 billones de pesos que caía a fin de junio, en medio de una presión creciente sobre la deuda.
El gobierno consiguió una adhesión del 57,8% sobre el título elegible. Ese stock representaba unos 6 billones de pesos al tipo de cambio del día. Recibió ofertas por el equivalente a 3.456 millones de dólares y convalidó 2.879 millones. De ese total, 2.561 millones fueron al instrumento corto, la letra que vence el 31 de julio. Otros 318 millones fueron al bono más largo, el tramo donde apareció el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
El dato ordena la escena. De los casi 20,3 billones que vencían a fin de mes, el canje redujo la carga en unos 4,15 billones. El resto quedó todavía cerca de los 16,2 billones. Y aun dentro de lo canjeado, el 89% sólo pasó de junio a julio. Se ganó un mes, no un horizonte.
Amortiguador
El 9 de julio es el próximo altar de la deuda en dólares. Entre Bonares y Globales, el pago ronda los 4.300 millones de dólares. Es el vencimiento más importante del año. De ese total, casi 4.000 millones corresponden al sector privado. El resto está en manos del propio sector público, entre el Banco Central y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Por eso se dice que el FGS ayuda. No porque aporte dólares frescos como un pozo mágico. Ayuda porque una parte de los bonos está dentro del circuito estatal. Si el Tesoro le debe al FGS, esa plata puede pagarse y volver a colocarse en deuda del Tesoro, rolearse o computarse como una obligación menos exigente que el pago a privados. Sin jerga gaseosa: el Fondo que debe respaldar la seguridad social termina funcionando como amortiguador del programa financiero. No es sólo “la plata de los jubilados”. Es un fondo público con activos previsionales, bonos, acciones y recursos que pertenecen al sistema de seguridad social en sentido amplio. Pero en este esquema queda debajo del calendario de deuda. No reduce el vencimiento bruto. Reduce la presión sobre los dólares que deben irse hacia bonistas privados.
La lectura política es fuerte. El FGS fue creado como reserva para preservar recursos y atenuar problemas de financiamiento del sistema. En este programa aparece como una pieza más de la ingeniería del Tesoro. La sustentabilidad previsional queda enganchada al almanaque de los acreedores.
El gobierno busca completar el pago con varias fuentes. Esta semana consiguió una garantía estructural del Banco Mundial por 2.000 millones de dólares y los avales solicitados al BID y la CAF por otros 1.500. Con eso busca conseguir un préstamo de bancos privados internacionales, tipo repo, por más de 5.000 millones de dólares a seis años. Pero hasta que los bancos den el sí definitivo, no hay un solo dólar nuevo en la mesa. Hay ingeniería, garantías, promesas y llamadas. El reloj corre. La botella sigue en manos de otro.
El dogma fiscal mira esa discusión de reojo. Prefiere el número limpio. El superávit, entonces, no es una mentira. Es una verdad incompleta. Y las verdades incompletas, cuando se vuelven propaganda, terminan pareciéndose a una coartada.
La caja puede mostrar un saldo positivo, la deuda puede seguir creciendo y el Estado puede seguir juntando pesos que no vuelven a la sociedad, mientras busca cambiarlos por dólares para obedecer a los acreedores.
El ancla fiscal existe. Pero no está clavada en el fondo para estabilizar el barco. Está soldada al grillete de la deuda.
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