El dúo dinámico

Macri solventó con dineros públicos los honorarios de los abogados de la querella del Memorándum

 

Juan José Antonio Ávila y Tomás Jorge Farini Duggan, letrados de una de las querellas de la causa del Memorándum, fueron contratados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para perseguir a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman y otros dirigentes y militantes populares. Desde 2017 a 2020 atesoraron alrededor de 7.000.000 pesos, que fueron abonados como estipendio profesional. El hostigamiento jurídico motorizado por ambos abogados fue financiado con dineros públicos gracias a las tratativas de quien se desempeñaba como coordinador de la mesa judicial macrista, Fabián Pepín Rodríguez Simón, hoy PRO-fugado. El relevamiento inicial de las irregularidades evidenciadas en las contrataciones a Ávila y Farini Duggan fue revelado por la Asociación Civil Bajo la Lupa y ampliado –durante la última semana– por los dirigentes de la AMIA disgustados con las declaraciones de Luis Czyzewski, padre de una de las víctimas del atentado.

El financiamiento irregular de la querella con dineros públicos se encuentra en pleno proceso de investigación administrativa interna dentro de la AFIP, con el agravante de que no se registran tareas cumplimentadas por ambos letrados luego de casi tres años de contratación. La relación entre el pago de la AFIP y las tareas de persecución desarrolladas a través de la querella de la causa del Memorándum fue filtrada la última semana, luego de que trascendiera un conflicto entre las autoridades de la AMIA y Czyzewski. El viernes 16 de julio, el presidente de la mutual, Ariel Eichbaum, afirmó –durante el homenaje virtual a las víctimas del atentado de 1994– que la AMIA no acompañará la propuesta de los querellantes del juicio en ausencia. La aprobación de dicha normativa había sido una propuesta conjunta de la DAIA junto a estos mismos familiares, mientras que era cuestionada por los grupos mayoritarios de los deudos del atentado: la Asociación Memoria Activa, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (APEMIA) y el colectivo conocido como 18 de Julio. Eichbaum tampoco hizo referencia alguna a la causa del Memorándum que, tres horas después, ofrecía su primera audiencia ante el Tribunal Oral Federal 8.

El discurso videograbado de Eichbaum se difundió el viernes 16, dos días después de que las autoridades de la mutual fueran recibidas por el Presidente Alberto Fernández en la Casa Rosada. En dicha reunión el titular de la AMIA había dejado en claro sus diferencias con la estrategia persecutoria implementada por la dirigencia de la DAIA, transformada en un local cambiemita, teledirigida por la fracción más bolsonarista del macrismo, la titular del PRO, Patricia Bullrich y uno de sus adláteres preferidos, Waldo Wolff.

Este posicionamiento de Eichbaum fue cuestionado de forma irónica en una carta pública difundida por Czyzewski, quien lo acusó de omitir mencionar a Natalio Alberto Nisman y de resignar la propuesta de juicio en ausencia como recurso para proseguir con la causa de 1994. Como respuesta, algunos dirigentes del Bloque Unido Religioso (BUR), fracción que gobierna la AMIA, se encargaron de propagar de forma inmediata algunos trapos sucios ligados a los letrados de la querella impulsada por el propio Czyzewski junto a Mario Averbuch. Los dirigentes de la mutual recordaron que Czyzewski fue echado de esa institución luego de ser uno de sus contadores durante dos décadas. Ese despido devino en un largo conflicto jurídico-laboral que se extendió durante un lustro. Las relaciones entre el ex contador y la AMIA “quedaron rotas”, señaló un integrante del actual Consejo Directivo de la AMIA.

El encargado de garantizar el cobro de honorarios de Ávila y Farini Duggan fue Pepín Rodríguez Simón. Según los integrantes de la mutual, el macrismo consideraba más convincente querellar a través de familiares de víctimas dado que la DAIA evidenciaba periódicos conflictos internos y había quedado muy devaluada por el juicio de encubrimiento a Rubén Beraja –uno de sus ex presidentes– y por la denuncia de Esmeralda Mitre a otro ex titular de la institución. Pepín Simón sabía que constituir al macrismo en querellante le permitía tener control sobre lo que sucediera en el proceso, ser parte en la solicitud de medidas de prueba, las apelaciones y el vínculo cotidiano con quien era uno de los jueces de la causa (melliza), Claudio Bonadío.

Pepín le garantizó suculentos honorarios a Ávila y Farini Duggan. Y cumplió. Acordó con quien se desempeñaba como titular de la AFIP, Alberto Abad, para que se les concediera dos contratos de 96.000 mensuales a cada uno. A Farini Duggan, a partir del 9 de junio de 2017, y a Ávila a partir del 19 de agosto de ese mismo año. Ambos fueron conchabados “para ejercer la defensa de los funcionarios de la AFIP” ante la imperiosa necesidad de “reforzar el plantel de abogados con especialidad en materia penal general, dado el incremento del número de causas”.

 

 

La bolsa y la vida

 

Pepín Simón, Lilita Carió y Mariana Zuvic. Tres republicanos.

 

En agradecimiento al pingüe monto pusieron manos a la obra: pocos meses después de empezar a cobrar sus honorarios mensuales coordinaron con Pepín y Bonadío el pedido de detención de CFK, Héctor Timerman y Carlos Zannini, entre otros. Dado que su trabajo fue muy valorado, les renovaron en dos oportunidades los contratos. Cobraron hasta 2020, cuando fueron detectados en los pliegues organizacionales por los funcionarios de la gestión de Mercedes Marcó del Pont, quien de inmediato discontinuó sus contratos e inició un sumario administrativo. Hasta que abandonaron los conchabos, habían embolsado 3,5 millones de pesos cada uno, un monto que en la actualidad es equivalente –en términos de poder adquisitivo– al doble de aquel valor.

Los distintos y sucesivos informes técnicos que evaluaron la tarea de ambos letrados ofrecen notables conclusiones:

  1. Las disposiciones vigentes estipulan que la tarea de “defensa de los funcionarios de la AFIP” debe ser realizada por “letrados integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado”. En 2017 los consultores jurídicos internos de la AFIP dejaron asentado su reparo respecto a la contratación, recalcando la alta capacidad instalada de los profesionales de planta, a quienes consideraba capaces de responder a los requerimientos existentes.
  2. Los relevamientos efectuados al momento de la contratación evidenciaban que no existía incremento del número de causas, que justificaran la incorporación de Ávila y Farini Duggan.
  3. El sumario advierte que las contrataciones debían efectuarse luego de una cotización comparativa de varios oferentes. Sin embargo, en el caso del dúo dinámico –así los nominaron los auditores de la AFIP–, la contratación fue directa.
  4. En la Declaración Jurada presentada para cobrar sus honorarios de 96.000 mensuales a partir de junio de 2017 Farini Duggan aseguró que no formaba parte de ningún estudio jurídico, mientras que en su currículum vitae afirmó lo contrario: que sí integraba el estudio con Ávila, situación que les imposibilitaba a ambos ser fichados siquiera temporariamente.
  5. Según el artículo 59 de la disposición 297/03 sólo se pueden prorrogar los contratos por una única vez pero, curiosamente, ambos fueron recontratados en dos oportunidades, sumando casi tres años de honorarios.
  6. No se detectaron registros de las tareas realizadas por Ávila ni por Farini Duggan.

El modus operandi de Pepín también se observó en la contratación por parte de la AFIP de Ricardo Gil Lavedra, quien embolsó 2.178.000 pesos para perseguir al Grupo INDALO, logrando que el juez federal Julián Ercolini detuviera a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa para censurar a C5N. En este marco aparece como previsible que Pepín Simón haya decidido PRO-fugarse: durante un cuatrienio se convirtió en el operador dilecto de Mauricio Macri para coordinar y conciliar querellas con jueces dispuestos a operativizar la persecución o habilitar las articulaciones entre la DAIA y el casador Mariano Borinsky. También para amenazar o amedrentar a magistrados dispuestos a obedecer a la Constitución, oponiéndose a la criminalización de la política.

Sólo la configuración de esos grupos de tareas judiciales explica que causas como la del Memorándum hayan podido ser resucitadas con el aval cómplice de una Corte Suprema vasalla de las corporaciones y los intereses concentrados. El derrotero de estos abusos y la saña que evidenciaron sobre la vida de ciudadanos inermes –que nunca dejaron de ajustarse a derecho– merece la reparación que sólo se obtiene mediante la verdad y sus más sórdidos detalles.

Quienes impulsaron y avalaron las persecuciones políticas destinadas a impedir la continuidad de un proyecto popular, que no dudaron en estigmatizar, encarcelar y falsear procedimientos judiciales, deberán brindar cuantiosas explicaciones a la sociedad y a sus víctimas. Los días y los meses de encierro inicuo de los detenidos, las humillaciones retransmitidas por las propaladoras comunicacionales –que se solazaban ante cada arresto transmitido en vivo y en directo– permanecen como un estigma de las instituciones judiciales argentinas.

Deberán suministrar muchas explicaciones. Sobre todo a lxs familiares, amigxs y compañerxs de una persona que consiguieron asesinar a través de envilecidos montajes judiciales: Héctor Timerman.

 

 

 

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