El Estado Acosado

 

El endeudamiento externo y la continua presión sobre la cantidad de dólares disponibles han provocado en la Argentina un efecto permanente sobre los más diversos aspectos de la vida económica.

La presión cambiaria es sistemáticamente alcista, porque a la demanda normal de divisas (para importaciones de bienes y servicios) se le agrega la demanda de dólares para pagar una deuda externa provocada artificialmente, y una demanda anormal de dólares para ahorrar por parte de empresas y particulares.

A su vez, por otro comportamiento anormal, muchas empresas de todo tipo tienden a hacer subir sus precios en la misma medida que sube el dólar paralelo, tenga o no tenga efectos sobre sus costos de producción.

Las oleadas inflacionarias vinculadas al movimiento del dólar ya son un clásico en nuestro país, aunque se las intente disimular bajo la doctrina religiosa de que la única causa de la inflación es la monetaria.

La inflación deteriora los ingresos de las mayorías, en un contexto de desempleo y de escasa actividad sindical en defensa de sus afiliados. Ni qué hablar de la situación de los desempleados, subempleados y millones arrojados a los márgenes del trabajo formal.

Como el gobierno quiere frenar esta reducción en el salario real provocada por los “mercados” a través de las constantes remarcaciones, trata de aquietar los diversos factores que convergen en ella, y en particular al tipo de cambio.

Para ello viene tomando medidas monetarias y cambiarias en forma incesante. Además, en el terreno fiscal tuvo un leve alivio mediante el Aporte Solidario a las grandes fortunas, pero no ha habido un vuelco significativo en la insuficiente recaudación tributaria.

El Estado Nacional está librando una verdadera batalla contra un conjunto de intereses privados convergentes sobre sus arcas, en el contexto del “muerto” dejado por la derecha endeudadora, que ahora reclama –desde los mercados y los medios– nuevos y urgentes negocios, desconociendo la grave situación estructural que ha creado.

 

 

Datos

Los precios mayoristas subieron 2,2% en julio. Estos precios, que de alguna forma anuncian lo que ocurrirá posteriormente –como tendencia– en los precios que encontrará el público consumidor, venían superando en lo que va del año a los minoristas. Es una señal de declinación de la inflación, que algunos explican porque los precios internacionales no están subiendo y el tipo de cambio no se ha movido. De alguna forma esa explicación desnuda la fragilidad de nuestro sistema de precios: totalmente pegado, sin ningún tipo de amortiguador, a los precios internacionales –especialmente cuando suben–, y muy dependiente de lo que ocurra con el tipo de cambio.

Insistimos aquí que lo que ocurre con el dólar en la realidad local es motivo para todo tipo de arbitrariedades y atropellos al consumidor: es sabido que cuando hay bajas en el dólar, estas jamás se reflejan en los precios, y también que lo precios internos sobre-reaccionan a los movimientos del dólar. El dólar es, en buena medida, una excusa para mejorar los ingresos de los que pueden remarcar.

Los costos industriales treparon casi 32% en la primera mitad del año, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (ADIMRA). En el sector lo atribuyen al impacto de las paritarias y al fuerte aumento en los insumos. En el primer caso, se trata de que los trabajadores están tratando de recuperar ingresos perdidos en el año anterior, no de obtener avances espectaculares en las remuneraciones. En cuanto al factor insumos, los industriales atribuyen los aumentos de costos a los incrementos de precios de las commodities a nivel internacional, hecho que efectivamente ocurrió, y a grandes empresas concentradas locales que aprovechan para ganar rentabilidad… Es decir que parte del aumento de costos tiene que ver con el comportamiento cartelizado o directamente monopólico de grandes firmas. Si las empresas industriales trasladaron estos mayores costos a sus precios, sería finalmente el consumidor argentino quien estaría poniendo plata de su bolsillo para mayor gloria de las empresas concentradas.

Según los teóricos de la inflación monetaria –doctrina oficial del alto empresariado argentino–, los precios suben en paralelo a la cantidad de moneda que circula. Sin embargo, en el último año el gobierno nacional contrajo la base monetaria en términos reales un 23% –o sea que los precios tendrían que haber bajado casi un cuarto de su valor si la teoría patronal fuera cierta–, lo que no impidió que la inflación acumulada en el mismo lapso subiera un 50%. Otro fracaso más de una teoría útil para echarle la culpa al Estado de los efectos de la estructura de mercados completamente defectuosa e ineficiente que tenemos que sufrir.

En el mes de julio, el monto de las exportaciones argentinas fue el más alto de similares períodos contados desde 2013. Es un dato positivo, que sin embargo surge en un contexto de gran contracción del mercado interno. Algunos creen que el camino de la recuperación económica pasa por un incremento incesante de las exportaciones, dejando a un lado la demanda interna. Esa salida exportadora luego redundaría, paulatinamente, en mejoras de la actividad y los ingresos internos.

Sin embargo, los sectores exportadores tradicionales tienen una limitada capacidad de tracción sobre la economía interna, bien porque utilizan muy poca mano de obra, bien porque no realizan un proceso interesante de agregado de valor sobre insumos producidos localmente. Pero es la economía interna de la cual se sustenta la inmensa mayoría del país.

Una forma de conectar concretamente el progreso del rubro exportaciones con una mejoría del mercado interno es el cobro de algún tipo de impuestos a las ventas externas. Si el Estado utilizara luego esos recursos tributarios para motorizar la actividad interna tendríamos una vía no metafísica para fortalecer el mercado interno.

Pero resulta que, en el mundo real, el Estado tiene fuertes limitaciones recaudatorias vinculadas a las prácticas de subfacturación y/o contrabando de exportaciones. Recientemente, el diputado Sergio Massa mencionó que sólo en el sector pesquero el Estado se pierde de recaudar 2.000 millones de dólares al año. Si se quiere convencer a la sociedad de que su futuro está ligado a la bonanza de los exportadores, debería poder observarse un significativo cambio en las políticas públicas en materia aduanera y tributaria, además de mejorar radicalmente las capacidades públicas de ejercer controles eficaces del movimiento de estos gigantescos recursos en tierra y en el mar.

 

 

Las pinzas sobre el Estado

El Estado tiene que mantener tasas de interés relativamente altas para evitar desplazamientos de recursos hacia el dólar, que empujarían como sabemos toda la cadena inflacionaria. Ha sido desplumado de reservas por el macrismo y no controla las fuentes de generación de divisas.

Para debilitar la presión compradora sobre divisas externas debe esterilizar, absorber, cantidades significativas de dinero a través de instrumentos como las LELIQs y los Pases del Banco Central, lo que está generando a su vez una sangría de recursos a las arcas del Estado por el pago de intereses. La deuda pública interna crece al compás de las necesidades de una economía muy golpeada y de un sistema impositivo perforado, que no termina de suministrar los recursos adecuados para cubrir las necesidades presupuestarias.

El economista Walter Graziano estimó recientemente que los intereses a devengar por la gran masa de LELIQs en circulación podría ser el equivalente a 17.000 millones de dólares, haciendo el cálculo en base a las altas tasas que se pagan actualmente al sistema bancario.

El Estado cubre así con deudas internas que se van acumulando el funcionamiento de sus actividades normales, tironeadas por todos lados, y fundamentalmente por el gasto social, que es imposible de bajar del actual nivel por la situación de pauperización de importantes sectores.

En el Ministerio de Desarrollo Social, a fines de julio, se habían consumido prácticamente todas las partidas presupuestarias dedicadas a alimentos y el 90% de las dedicadas a promover trabajo. Tiene que ver con la enorme masa de compatriotas que están recibiendo ayudas alimentarias del Estado, partidas que sufrieron el impacto de la inflación de precios que provocó el sector privado y que el gobierno no pudo controlar. Actualmente el Plan Potenciar Trabajo cubre la mitad de un salario mínimo a un millón de personas.

Vale la pena recordar que el monto del Salario Mínimo Vital y Móvil es actualmente de 27.000 pesos, que no cubre la Canasta Alimentaria Básica, estimada para una familia de cuatro personas en 29.000 pesos. La mitad de un salario mínimo es poquísimo, pero son muchos los que lo necesitan. En realidad necesitarían bastante más.

Son cifras enormes, que tensionan las arcas del Estado y lo ponen en una situación de fragilidad estructural, que debe ser resuelta a favor de la Nación. Los acreedores externos –FMI y Club de París– también están con el brazo extendido porque tienen que cobrar a la Argentina en los primeros meses del año próximo 7.900 millones de dólares. Recordemos, para ponerlo en contexto, que para todo 2021 se está esperando un saldo positivo de la balanza comercial de 12.500 millones de dólares. Casi dos tercios de lo que se logró como saldo del esfuerzo exportador –y la contracción de la demanda interna– se iría en esos primeros pagos, que actúan como una presión política tremenda de la cual la mayoría de la población está en ayunas.

Pero los bancos privados locales no se quedan atrás. ABA y ADEBA financiaron la elaboración de un informe de IERAL, instituto de investigaciones económicas de la Fundación Mediterránea, en el que se sostiene que a causa de la presión fiscal del Estado el 44% del costo financiero de los préstamos se debe a impuestos. Dicho de otra forma, que si no existieran esos impuestos el costo del crédito bajaría considerablemente y la actividad privada tendría un gran alivio e incentivo a producir más. El aporte del sector privado bancario en el contexto del delicado equilibrio argentino es la novedosa idea de que el Estado les reduzca impuestos. O sea, que se autodesfinancie aún más.

Ese mismo instituto ha propuesto que para evitar mayor emisión monetaria –y así evitar la inflación que vuelven a decir que es monetaria– el gobierno debería vender reservas del Banco Central por 3.500 millones de dólares durante lo que resta de 2021, para absorber pesos. También continuar emitiendo más LELIQs y Pases. Además, se debe llegar a un acuerdo con el FMI.

No se conocen con exactitud las reservas netas del BCRA pero es probable que si usaran 3.500 millones para teóricamente evitar la inflación monetaria, igual sufriríamos todas las otras formas de inflación (de costos externos, por traslado de aumentos salariales, por poder monopólico, por expectativas…) que es capaz de generar la estructura económica argentina, pero debilitaría al extremo las reservas netas y por lo tanto crearía espacio para más “expectativas negativas” y “volatilidad cambiaria”.

 

 

Romper el acoso

No cabe duda que si la actividad económica se continúa expandiendo habrá más recursos fiscales genuinos. Habrá más trabajo, y por lo tanto menos ayudas para dar, lo que también aliviará las arcas públicas. Pero parte fundamental de esa recuperación depende de lo que haga el Estado. Con un sector privado muy dependiente de lo que impulse el sector público, es éste el que debe accionar.

Accionar es colocar recursos eficientemente en actividades que expandan la actividad económica, generen empleo y contribuyan a ahorrar divisas, tanto exportando como sustituyendo importaciones.

El Estado debe salir rápido a la búsqueda de recursos genuinos para cubrir sus gastos, y también de moneda extranjera para fortalecer las reservas y salir de la zona de vulnerabilidad cambiaria, escenario favorito del sector más lumpen de la burguesía argentina.

El Estado recauda mucho menos de lo que se debería, producto de la evasión y elusión impositiva, que se han naturalizado.

Hay un sistema completo, que va desde leyes impositivas defectuosas que salen del Congreso hasta la inacción de los jueces del fuero tributario, pasando por la debilidad o corrupción de los organismos públicos de control, que no es capaz de garantizar la percepción de los tributos establecidos.

Evadir impuestos en la Argentina no tiene castigo (pero por favor, no empiecen con perejiles). Especialistas consideran que para mejorar la situación tributaria debería realizarse una reforma impositiva para recaudar recursos en una forma más progresiva. Ambas cosas son ciertas: revisar todo el sistema, erradicar las partes corruptas y volverlo más progresivo.

Especialmente en la exportación de granos, combustibles, minerales y pesca hay una gigantesca masa de recursos que correspondería captar según la ley vigente y no se hace. Nadie va a dejar de exportar si lo obligan a realizar una contribución al fisco que todo el resto del país ya realiza. No hay espacio para los “indignados impositivos” en un país que ha sido saqueado, empobrecido y endeudado.

Requisito clave para romper el círculo infernal de acoso al Estado, y evitar que el gobierno del Frente de Todos sea acusado de los males engendrados por los experimentos neoliberales, es que las autoridades políticas logren pararse en la posición política y discursiva que el momento dramático requiere.

Es el gobierno el que debe ser capaz de instalar con convicción estos temas, y tomar con valentía las acciones requeridas para dar vuelta un estado de agonía acumulado por sucesivos descalabros.

No se lograrán soluciones tecnocráticas, por arriba, en pasillos y conciliábulos. Allí están los lobbies de los que nos trajeron hasta aquí.

Sin la comprensión y el apoyo popular en la batalla por la sustentabilidad económica y social que se está librando, el gobierno no podrá sobreponerse a la patria especuladora.

 

 

 

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