El Estado de Neuquén promueve una acción penal contra diecisiete personas por presunta usurpación de espacio público y amenaza coactiva contra el gobierno, argumentación jurídica que revela cómo concibe el poder local la protesta que realizaron en julio cuatro comunidades mapuche, en una de las veredas junto a la Casa de Gobierno.
Raúl Gaitán, fiscal de Estado desde hace 26 años, y José Geréz, titular del Ministerio Público Fiscal desde hace 12, iniciaron la cacería judicial contra un grupo que incluye a lonkos (autoridad comunitaria mapuche), dirigentes de gremios y hasta a un integrante del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles.
A la vez, muy lentamente parece avanzar la instancia de diálogo que coordina Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue. Ella prevé reunirse con todas las partes el lunes 11 por el reclamo de las personerías jurídicas de las comunidades Newen Kura (Rincón de los Sauces), Fvta Xayen (Añelo), Ragilew Cárdenas (Picún Leufú) y Kelv Kura (Cutral Có). Después de varias medidas de reclamo, el 15 de julio esas comunidades montaron la protesta en las afueras de la Casa de Gobierno en la capital provincial, de donde fueron desalojados con violencia desproporcionada el domingo 20.
La mesa de diálogo está prevista para el mediodía. Horas después, se realizará una concentración y un acto a 31 años de la incorporación de los derechos de los pueblos originarios a la Constitución argentina, con la reforma que reconoció su preexistencia al Estado nación.
La línea dura de la administración de Rolando Figueroa quedó demarcada por la denuncia de Gaitán, que pidió constituirse como querellante en el legajo que inició Geréz un sábado a la tarde.
Al cierre de esta nota, los acusados no habían sido notificados formalmente de la causa. Se trata de las mismas personas que sufrieron golpes y unas horas de detención en la comisaría, de acuerdo con la copia extraoficial a la que accedimos.
Política criminal estatal
La Fiscalía de Estado se presentó a través de Gaitán y Gustavo Kohon, integrante de una familia tradicional del poder local con estudio jurídico y escribanía. “Las vías de hecho empleadas por los ocupantes tienen como objetivo forzar al Poder Ejecutivo provincial a emitir actos administrativos de acuerdo con sus pretensiones, es decir, que se les otorguen las personerías jurídicas a las citadas comunidades, lo cual configura una acción directa sobre autoridades institucionales mediante una acción que excede el legítimo derecho a peticionar, y se convierte en un acto de perturbación grave del orden público”, sostuvieron en el escrito por el que promovieron el desalojo de la protesta. Aseguraron, además, que la protesta “por su carácter invasivo, coactivo y prolongado, configura una alteración del orden institucional”.
La copia electrónica de la denuncia dice que fue firmada por Gaitán y Kohon pasadas las 19 del sábado 19 de julio. Al otro día, el titular de la Jefatura fue en persona a informar la decisión del desalojo a las 9 y, dos horas después, la concretó.
Los únicos casos en que era previsible que estuvieran al momento del desalojo eran las autoridades de las cuatro comunidades en conflicto, que permanecieron cinco días encadenadas. El resto del grupo era cambiante, ya que familiares, otras comunidades mapuche y organizaciones que acompañaban no siempre pernoctaban en el lugar de la protesta.
Gaitán fue designado por el entonces gobernador Jorge Sobisch. Una hermana es legisladora provincial. Por su parte, José Ignacio Geréz es el jefe del equipo de fiscales desde 2012, otra pieza clave del poder local encaramado en las estructuras del Estado.
En 2023, cuando finalizaban el gobierno de Alberto Fernández en la Nación y de Omar Gutiérrez en la provincia, las comunidades mapuche apuraban el cierre y formalización de las carpetas técnicas del relevamiento previsto por la ley de emergencia de los territorios. En una reunión, Gaitán les dijo: “Yo no voy a elecciones, yo no me voy”. Hablaba por él y por Geréz, entre otros actores del elenco estable.
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