El Estado y las cloacas

Las maniobras de inteligencia ilegal del gobierno de Macri fueron tan amplias que los salpicados son legión

 

Hace apenas unas horas la doctora María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 5, se excusó de tener intervención en las causas “FLP 14.149/2.020 caratulada “Melo, Facundo y Otros s/ Asociación Ilícita.” y en la causa FLP 5.056/2.020 caratulada “Ruíz, Alan Flavio y Otros s/ Incumpl. de Autor. y Viol. Deb. Func. Publ. (art. 249) y Falsedad Ideológica”. Los nombres de las causas no dicen nada a quienes no son abogados. Paso a explicar: son las causas en las que se investigan las maniobras de espionaje ilegal llevadas adelante durante el gobierno de Mauricio Macri.

Las causas se iniciaron y tramitaron en los juzgados federales de Lomas de Zamora. Casi desde el inicio de las mismas los involucrados se dividieron en dos grandes grupos. Los que querían que se sigan tramitando en Lomas de Zamora y los que pretendían llevarlas a Comodoro Py. No deja de ser llamativo que los acusados, muchos de los hoy procesados por haber realizado el espionaje ilegal y algunas de sus víctimas –los adherentes a Juntos por el Cambio— hayan insistido en que la causa tramite en Comodoro Py. Mientras que el resto de las víctimas y el propio Colegio de Abogados de Capital Federal consideran que deberían continuar tramitando en Lomas de Zamora.

También resulta llamativa la conducta de los tribunales. Sobre todo, la de Comodoro Py, que no ha cesado en hacer papelones para conseguir que la causa tramite allí. El primer fiscal que intervino, Carlos Stornelli, consideró que debía tramitar en Comodoro Py… hasta que debió excusarse cuando se encontró con el hecho incontrastable de que él no podía intervenir, porque en una causa en la que Stornelli es parte, no como fiscal sino a título personal, el objeto de la causa eran las intervenciones telefónicas ilegales cuya investigación tramitaba en Lomas de Zamora.

Carlos Stornelli está procesado en otra causa –FMP 88/2019, que tramita en el Juzgado Federal N° 1 de Dolores, provincia de Buenos Aires— donde se investigan maniobras de inteligencia ilegal, pero además de eso, investiga maniobras extorsivas realizadas en base a la inteligencia ilegal. Una de las estrategias defensivas de Stornelli son unas desgrabaciones de escuchas telefónicas que le llegaron de forma “anónima” y que, sostiene, demostrarían que la acusación en su contra no es cierta, sino que es fruto de un presunto complot de “los presos K”, alojados en aquel entonces en los pabellones IRIC del complejo penitenciario de Ezeiza

En la causa de Lomas de Zamora se ha demostrado que desgrabaciones de las escuchas telefónicas que se obtuvieron como consecuencia de una investigación realizada por el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, habrían excedido el objeto procesal de dicha causa. En pocas palabras, las desgrabaciones de las escuchas que pretende utilizar Stornelli para defenderse, se hicieron sin una orden judicial. Pero más aun, los responsables de haberlas realizado por fuera de la ley, que son los responsables de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia), fueron procesados, ya que se demostró que desde el área de Jurídicos de la AFI, a cargo de Sebastián De Stéfano, Mariano Ruda Bart y Bernardo Miguens, se escuchó ilegalmente a las personas alojadas en el sistema IRIC y se desgrabaron esas escuchas telefónicas también en modo ilegal. Y no suficiente con eso, las desgrabaciones obtenidas ilegalmente por la AFI se filtraron también de modo ilegal a Stornelli y a Elisa Carrió.

Stornelli no puede intervenir en esa causa por una sencilla razón: está utilizando para su defensa desgrabaciones cuya producción ilegal se investiga en Lomas de Zamora.

Como Stornelli, tampoco podía intervenir como juez el doctor Mariano Llorens, juez de la Cámara Federal Criminal y Correccional. Por una razón bastante simple. Su primo, Rafael Llorens, es querellante en Lomas de Zamora. A favor del doctor Llorens, debo señalar que intentó excusarse de intervenir por esa razón, pero su excusación fue rechazada.

Quiero ser justa en este caso también. No poder intervenir no lo convierte en un mal juez. Es solo una precaución expresamente prevista en la ley procesal para custodiar el principio de “juez imparcial”, que como supo decir la Corte Suprema, “la garantía de imparcialidad del juez es uno de los pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento, ya que es una manifestación directa del principio acusatorio y de las garantías de defensa en juicio y debido proceso, en su vinculación con las pautas de organización judicial del Estado».

«10) Que en este contexto, la imparcialidad del juzgador puede ser definida como la ausencia de prejuicios o intereses de éste frente al caso que debe decidir, tanto en relación a las partes como a la materia. Así por ejemplo lo expresa Ferrajoli: ‘Es indispensable para que se garantice la ajenidad del juez a los dos intereses contrapuestos… Esta imparcialidad del juez respecto de los fines perseguidos por las partes debe ser tanto personal como institucional’ (del Fallo Llerena)».

Siguiendo con el fallo Llerena: “La imparcialidad desde dos puntos distintos, uno objetivo y uno subjetivo. El primer enfoque ampara al justiciable cuando éste pueda temer la parcialidad del juez por hechos objetivos del procedimiento, sin cuestionar la personalidad, la honorabilidad, ni la labor particular del magistrado que se trate; mientras que el segundo involucra directamente actitudes o intereses particulares del juzgador con el resultado del pleito”.

Cabría preguntarse entonces si los funcionarios que han intervenido hasta acá tienen o no algún interés en el resultado del pleito. En particular me lo pregunto respecto al incidente en el que se ordena que los expediente de Lomas de Zamora se continúen investigando en Comodoro Py, porque ese incidente trata ni más ni menos que sobre la validez o no de la prueba obtenida del celular de Nieto, que —aviso— compromete a muchos ex funcionarios.

Pero volvamos a inicio de esta nota. Luego de la última decisión de la cámara de Casación, la causa de Lomas de Zamora fue girada a Comodoro Py. Y entonces María Eugenia Capuchetti se excusó. ¿Por qué lo hizo, se preguntarán ustedes? Lo hizo porque es tan escandalosa la magnitud de las maniobras de inteligencia ilegal que se llevaron adelante por el gobierno de Mauricio Macri, que incluso la magistrada fue espiada también.

Así consigna la jueza: “Luego de designada la suscripta como magistrada subrogante a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 6, tomé conocimiento de la causa nro. 4.262/2.017; la cual tuvo su inicio a partir de diferentes denuncias originadas por una columna publicada por el periodista Carlos Pagni en el diario La Nación con fecha 2 de abril de 2017, en cuyo marco relató que un sector de la Agencia Federal de Inteligencia se dedicaría a realizar operaciones clandestinas, mencionando numeroso blancos de dicho accionar, así como también a los agentes que presuntamente llevarían a cabo el mismo, encontrándose entre ellos Silvia Cristina Majdalani y Gustavo Héctor Arribas».

«En su marco se llevaron a cabo una gran cantidad de medidas de prueba, entre las cuales se solicitó a la Dirección Nacional de Migraciones un informe sobre las consultas de movimientos migratorios que se habían hecho respecto de jueces, fiscales, legisladores, etc».

«Con su resultado se formaron diferentes legajos de investigación. Particularmente, en el identificado con el n° 5, se investigan las consultas efectuadas en el Sistema General de Migraciones sobre los movimientos migratorios registrados respecto de quien suscribe. Dichas consultas habrían sido realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia, en el período de tiempo en el cual se circunscriben los hechos aquí investigados».

«Concretamente, en aquella causa se pudo probar el ingreso por parte del personal de la AFI (Sede Central) al Sistema de la Dirección Nacional de Migraciones el día 20 de marzo de 2018, ocasión en la que se consultó en tres oportunidades los movimientos migratorios correspondientes a mi persona (una vez a tránsito de pasajeros coincidentes y dos veces a tránsito de sistemas de búsqueda)”.

Como sucedió en la causa de Dolores y como sucede ahora con la causa de Lomas de Zamora, las maniobras de inteligencia ilegal del gobierno de Mauricio Macri fueron tan amplias y tan sistemáticas, que muchos son parte de las mismas. Sea como víctimas, sea como victimarios o sea como meros cómplices silenciosos que conocieron lo que estaba pasando y pese a ello, no lo denunciaron.

El sistema de manipulación judicial que se llevó adelante durante el gobierno de Macri se conformó como un operativo de pinzas. Por arriba había una serie de operadores judiciales que presionaban o bien influenciaban con promesas a miembros del Poder Judicial para obtener los resultados pretendidos por ese gobierno. El cruce de llamadas telefónicas de “Pepín” Rodríguez Simón, da cuenta de la habitualidad de las conversaciones de uno de los operadores judiciales de Juntos por el Cambio con funcionarios judiciales de altas instancias. También entra en el capítulo de influencias indebidas en los registros de las visitas mantenidas en secreto, de jueces y fiscales tanto a la Casa Rosada como a la Quinta de Olivos. Si no fuera tan triste y tan nefasto, daría algo de risa la cantidad de veces que los operadores judiciales del macrismo prometieron cargos como el de Procurador Judicial o el de miembro de la Corte Suprema.

Por abajo, la pinza se completaba con inteligencia ilegal, hecha por sujetos marginales, oscuros funcionarios de inteligencia u sombríos operadores inorgánicos como Marcelo D’Alessio. Se ve con toda claridad al analizar las causas de Dolores y Lomas de Zamora. Esta inteligencia ilegal terminaba en manos de periodistas, dirigentes políticos y funcionarios judiciales.

La dimensión de la inteligencia ilegal queda someramente descripta en el informe escalofriante que presentó la Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia, que resume: “171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiados ilegalmente; al menos 354 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses del gobierno de Mauricio Macri. El objetivo de la extorsión política y económica era claro: quebrar emocional, económica y políticamente a las víctimas seleccionadas. Estos son sólo algunos de los datos que surgen de la descripción minuciosa de los delitos señalados en esta investigación, que resulta clave para que la sociedad argentina pueda separar del Estado a las cloacas por las que tiraron a nuestra democracia. Se impone así, un nuevo Nunca Más que dé cuenta del daño institucional, político y social provocado a la República Argentina”.

El informe conmina a investigar las relaciones entre el Poder Judicial y estos vectores de inteligencia ilegal.

El jueves 22 de abril de 2021, el Consejo de la Magistratura emitió un comunicado al respecto en el que señalaba: “El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en el marco de las facultades y funciones que le ha acordado el artículo 114 de la Constitución Nacional, expresa su enérgico rechazo a las acciones de espionaje e intrusión en ámbitos privados a diferentes magistrados y magistradas del Poder Judicial de la Nación, de las que se ha tenido noticia a partir de sendos comunicados de entidades que nuclean en el plano asociativo a jueces y juezas de este poder del Estado».

«El Cuerpo ha tomado conocimiento, en ejercicio de sus competencias, de la consistencia de tales conductas ilegales que se investigan en los tribunales federales de Lomas de Zamora, y ese ámbito se expresa la imperiosa  necesidad de que se provea a su cabal dilucidación y juzgamiento, puesto que se trata de acciones evidentemente enderezadas a anticipar con fines espurios el conocimiento de los posibles modos de resolver de los/as magistrados/as en causas de notable trascendencia política e institucional”.

Cuando se debatía este comunicado, la diputada Graciela Camaño, que fue víctima también de la inteligencia ilegal, señaló al cerrar su intervención y como respuesta a otro consejero que se oponía: “Yo lo entiendo al doctor Tonelli [diputado de Juntos por el Cambio], porque fue su gobierno el que hizo esto”.

Creer que las maniobras de inteligencia ilegal y las de persecución judicial son solo un tema que afecta a la política, es firmar la sentencia segura de que con el tiempo volverán a repetirse. Porque esas maniobras necesitaron de la colaboración, ineludible e inexcusable del Poder Judicial. Y eso no tenemos que olvidarlo.

 

 

 

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