La campaña electoral ha comenzado sin tomar suficientemente en cuenta la conmoción de dos hechos de femicidio recientes que se destacan por su carácter colectivo. El miércoles 24 de septiembre encontraron muertas en una vivienda de Florencio Varela a Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, las tres desaparecidas desde el último viernes. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso, declaró que las mujeres “fueron asesinadas por una banda de narcotraficantes”. Según el funcionario, el triple asesinato respondió a una estrategia minuciosamente planificada “para engañarlas y para llevarlas a un lugar donde las mataron”. La periodista Delfina Corti aporta información sobre el incremento de los femicidios: en 2024 hubo un femicidio cada 39 horas en la Argentina y en lo que va 2025 ya se contabilizan 164 víctimas. También el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ informa que en el primer semestre de 2025 se registraron 17 muertes producto de la hostilidad hacia la diversidad sexual y otras 85 personas sufrieron lesiones a su integridad física, cifra que supone un fuerte aumento en comparación con 2024. Nada de hechos aislados entonces. Como sabemos, se trata de una tendencia creciente.
María Paz Tibiletti y Miranda Carrete hicieron notar en un artículo publicado en Latfem respecto del triple asesinato que “la brutalidad y el exhibicionismo del crimen, transmitido en vivo por redes sociales y atravesado por la violencia narco, puso en el centro de la escena la precariedad, la pobreza estructural y el abandono estatal que marca las vidas pobres en nuestro país”. José Luis Calegari, abogado y referente del Centro Angelelli de Florencio Varela, cree que el triple crimen debe ser leído a la luz de los antecedentes que permiten captar la mutación en los usos de la violencia por parte de bandas de narco menudeo que se disputan los territorios. Por su parte, Carlos Burgueño ofrece un perfil de un joven que participó del triple crimen en los siguientes términos: nacido en un barrio popular y buen estudiante, consigue trabajo registrado en el Hospital Italiano, de donde se hace echar para cobrar una indemnización que le permite formarse como “trader” e invertir su dinero en el mileísimo “Evento $Libra”. Estafado, sin un peso y endeudado, se aproxima a algún tranza del barrio y acaba sosteniendo el teléfono que transmitía en vivo las escenas del horror. Imposible no pensar en la correlación de los términos de la secuencia: bajos salarios, endeudamiento masivo, mecanismos sumergidos de la especulación financiera y ferocidad.
Pablo Laurta, uruguayo, está acusado de haber asesinado a su ex pareja, Luna Giardina, de 26 años, y a su ex suegra, Mariel Zamudio, de 54, el último sábado 11 de octubre en el barrio Villa Serrana, Córdoba, y de secuestrar a su hijo, Pedro, de 5 años. Laurta, que fue arrestado, manejaba la cuenta @VaronesUni2. Según el diario La Capital de Córdoba, Varones Unidos es una organización con base en Uruguay e influencia regional que promueve una “masculinidad positiva” y la “perspectiva masculina” contra el feminismo. En la web del grupo, Laurta llegó a difundir una publicación donde denunciaba a la madre de su hijo por “secuestrar” al niño y por “abusos judiciales”. Su discurso forma parte de una ofensiva “profamilia” o “antifeminista” que actúa apropiándose del lenguaje de los derechos humanos y promoviendo un “victimismo” masculino en línea con la campaña negacionista que considera “falsas” las denuncias de violencia machista y que organiza aquí la senadora de la UCR, Carolina Lozada.
En abril de 2018 Laurta fue co-organizador en el Palacio Legislativo de Montevideo de una charla de los mileístas Nicolás Márquez y Agustín Laje (director de la oficialista Fundación Faro), para presentar su panfleto, El libro negro de la nueva izquierda, ideología de género o subversión cultural (Grupo Unión, 2016), en cuyo prólogo se argumenta contra la “revolución moderna” que se instaló en Occidente “en sustitución del orden social cristiano” y que en su desarrollo identifica como amenazas comunistas a dicho orden al Foro de San Pablo (que reúne a partidos progresistas de América Latina), al chavismo, a los movimientos indígenas, feministas y homosexuales. Apenas enterados del crimen de su compañero de “batalla cultural”, Márquez, biógrafo y amigo de Javier Milei, intentó despegarse aclarando que su vínculo con Laurta no fue más allá de su visita a Montevideo, y se lamentó de que “el ‘periodismo’ ponga el foco en un par de fotos de 8 años atrás” a fin de “procurar algún ‘descrédito’ sobre nuestra honra”. También Laje, principal ideólogo del mileísmo, se desvinculó de Laurta enfatizando en mayúsculas: “NO TENGO NINGÚN TIPO DE RELACIÓN CON ESTA PERSONA”. ¿Ningún tipo de relación? Un reciente artículo, Femicidios, odio digital y varones unidos: ningún asunto separado, escrito por Ni Una Menos junto al Instituto de Masculinidades, pone en evidencia la conexión sistemática entre política de ultraderecha, narración antifeminista y pase al acto criminal. La naturalización que hace pasar al discurso misógino por un hecho de libre expresión en los medios de comunicación tanto como en los parlamentos forma parte del guionado político y permite reconocer hasta qué punto “todo femicidio es político”. Tal y como sucedió hace tres años con Fernando Sabag Montiel, quienes preparan los nexos argumentales y se ocupan de adaptar las articulaciones discursivas al contexto político en el que se perpetra el crimen son quienes más se preocupan por desmarcarse de las esquirlas despedidas por quien lo ejecuta. Esta des-responsabilización ilumina el proceder canallesco de la versión fascistoide de la “batalla cultural”. Como analizó en su momento León Rozitchner: “La verdad del grupo está en el asesino”.
Durante la semana, Mariana Carabajal se preguntó: ¿Hasta cuándo vamos a seguir contando mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres de parte de varones que las creen de su propiedad? Según la periodista, el triple femicidio de Florencio Varela “puso el foco, de la peor manera, en el tema, y la sucesión de noticias similares suelen generar más ruido, como cuando ocurre con otro tipo de hechos”. Y vinculó la “batalla cultural” contra los derechos “de mujeres, de niñeces trans y de personas LGBT” –liderada por Milei, Laje, Márquez– con la lógica interna de estos crímenes. Lo cierto es que, como concluye el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, la violencia política contra la diversidad sexual es una práctica sistemática que se prepara mediante “un clima de hostilidad que se construye” al amparo de “sectores del poder político” y de un Estado que, como el actual, estigmatiza y persigue “a los feminismos y a los movimientos de diversidad sexual”. De lo que concluyen: las palabras que empujan al femicidio no son opiniones sino que forman parte de una estrategia de disciplinamiento.
Las mutaciones de los diversos grupos sociales y los discursos antifeministas permiten dar cuenta del problema sin agotarlo por completo. La transmisión en vivo de triple crimen, y el carácter de agitador mediático del acusado de perpetrar el doble crimen de Córdoba, constituyen brutales mensajes que, provenientes de una trama grupal inquietante, resultan dirigidos a alguien más, que no aparece en la escena: otras personas, espectadoras y/o lectoras, que se sabrán destinatarias de esas imágenes y esos argumentos que buscan comprometerlas en diversos grados de complicidad con el hecho criminal, si no son capaces de reaccionar críticamente ante ellas. La ferocidad transmitida –lo vemos a gran escala con el genocidio en Palestina– tiene quizá por objetivo último desactivar la capacidad acción de un público horrorizado. Ambos femicidios son colectivos, no sólo por el número de sus víctimas, sino también por la trama grupal en la que actúan sus perpetradores. Esa trama inquietante revela la naturaleza social profunda de una violencia machista que precede al acto criminal, que lo acompaña en los medios y en los fines de su ejecución y lo despolitiza luego en su significado, aislando quirúrgicamente el asesinato de la estructura narrativa que lo promueve y explica. Es por eso que toda estrategia política (y micropolítica) es en la actualidad susceptible de ser valorada según reproduzca o bien cuestione la formación discursiva que articulan prácticas neoliberales y racistas con un inconsciente patriarcal estructurante –presente en grupos de todas las clases e ideologías– que guía de modo directo o indirecto no pocos de nuestros actos. El crimen político ya ha impactado sobre una sociedad que busca reaccionar. Falta que la política que compite en elecciones en nombre de lo popular tome buena nota de una vez.
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