El FMI y sus condicionamientos

 

En su discurso en el 16º encuentro de jefes de Estado de los países miembros del G20, el Presidente Alberto Fernández se refirió al préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional en los siguientes términos: “El actual sistema, que prioriza a la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar. La deuda externa que mi gobierno heredó con el FMI y que hoy estamos afrontando es un claro ejemplo de lo que está mal: única en la historia por su monto y por sus condiciones de repago, aprobada para favorecer a un gobierno en la coyuntura, acaba condenando a generaciones que miran impávidas el destino que les ha sido impuesto”.

A su vez, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había señalado hace tiempo que el FMI ha violado sus propias normas al efectuar el préstamo y permitir que gran parte de los fondos salieran del país a través de una fuga de capitales.

Nuestro país persigue a través de las negociaciones con el organismo lograr un programa de facilidades extendidas a diez años. Dichos programas siempre han implicado la imposición de condicionamientos económicos y políticos.

La historia de los acuerdos de nuestro país con el FMI revela que el organismo persigue los mismos objetivos que las potencias mundiales que lo hegemonizan y que poco importan los intereses de los países capitalistas dependientes.

El FMI nació como organismo internacional de crédito como resultado de los acuerdos de Bretton Woods. Al establecerse sus reglas, se fijaron pautas que garantizaran que Estados Unidos y Gran Bretaña dispusiesen conjuntamente de una mayoría de votos en las decisiones de la institución, concentrando el control del capital financiero del mundo en dos potencias, y finalmente en los hechos sólo una: los Estados Unidos de América. Nunca fue un organismo de participación igualitaria sino que el poder de votación está determinado por el tamaño y potencialidad de las economías de sus miembros. Las cuotas asignadas no fueron ni son determinadas voluntariamente sino en base a fórmulas que contienen –entre otros elementos– el valor del ingreso nacional, las exportaciones e importaciones de cada país.

Tanto el FMI como el Banco Mundial fueron creados con la finalidad explícita de generar liquidez y evitar los inconvenientes en los movimientos financieros entre los países, pero el verdadero objetivo fue siempre el de regular esos movimientos en beneficio de las principales potencias mundiales y del capital financiero internacional.

En sus orígenes se estableció el dólar como moneda mundial, con respaldo oro. En 1971 el Presidente norteamericano Richard Nixon estableció la no convertibilidad del dólar, lo que significó en los hechos que Estados Unidos no pagara su deuda externa, puesto que los acreedores extranjeros no pudieron exigir el pago de sus créditos en oro.

El ingreso posterior de los países capitalistas dependientes del Tercer Mundo, cada uno de ellos con una cuota mínima asignada por la dirección del Fondo, no significó que el organismo se democratizara, ni siquiera parcialmente.

La Argentina se incorporó al FMI en 1956 por decisión de la dictadura de la autodenominada “Revolución Libertadora”, con la firma del general Pedro Aramburu, iniciando una etapa de endeudamiento externo con 100 millones de dólares. En 1958, durante el gobierno de Arturo Frondizi, se realiza el primer acuerdo stand-by. Durante la última dictadura cívico-militar –que quintuplicó la deuda externa sin que se redujera la inflación, uno de los objetivos planteados– se celebraron dos acuerdos con el Fondo, en los que se estableció un plan antiinflacionario y se aludió a la necesidad de disminuir salarios.

Los vínculos con el FMI se estrecharon aún más durante la década del '90 y hasta la crisis del 2001/02.

 

 

 

El crédito otorgado al macrismo

El volumen del crédito y la forma de pago convenida demuestra que –más allá de los objetivos políticos inmediatos: contribuir a la reelección de Mauricio Macri– hubo una clara finalidad concertada entre dicho gobierno y el FMI: someter al país al control permanente de su economía, liquidando hasta los últimos vestigios de la soberanía nacional.

En su discurso ante el G20, Alberto Fernández afirmó: “No hay inocentes en esa historia. Son tan responsables los que se endeudaron sin atender las ruinosas consecuencias sobrevinientes como los que dieron esos recursos para financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada”.

Desde el punto de vista de la validez jurídica del endeudamiento, podemos afirmar que no se han cumplido los requisitos formales y de razonabilidad. Si bien es indiscutible que el Ejecutivo que la contrajo era formalmente legítimo, no es menos cierto que no hubo intervención alguna del Congreso de la Nación, sistemáticamente apartado del procedimiento de negociación y aprobación del acuerdo. El artículo 75 de la Constitución Nacional establece que son atribuciones del Congreso: “4. Contraer empréstitos sobre el crédito de la Nación. 7. Arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. 22. Aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede”.

Los partidarios del endeudamiento han argumentado que la ley de administración financiera le otorga al Poder Ejecutivo la potestad de tomar deuda con organismos multilaterales de crédito sin acuerdo del Congreso de la Nación. Pero las obligaciones contraídas en virtud del acuerdo tienen una dimensión equivalente a casi 50% del presupuesto oportunamente aprobado por el Congreso para 2018. En segundo lugar, independientemente de su monto, toda toma de deuda modifica el presupuesto aprobado por el Congreso, excediendo la flexibilidad que usualmente se otorga al Poder Ejecutivo en la administración presupuestaria.

En cuanto al requisito de la razonabilidad del acto, es relevante destacar que tanto el endeudamiento con los acreedores privados como el contraído con el FMI no respondieron a necesidades o exigencias de planes de desarrollo y/o mejoramiento de la infraestructura o explotación de los recursos del país, ni para paliar el déficit fiscal. Por el contrario, la deuda fue destinada a la especulación, a la fuga de divisas en beneficio de los representantes del capital financiero y sectores económicos concentrados que controlaban el gobierno.

“Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital", dice el artículo 6 del Convenio Constitutivo del Fondo.

El propio FMI ha iniciado una auditoría interna sobre el crédito otorgado en un momento de grave crisis generada por las medidas económicas de sobreendeudamiento adoptadas por el gobierno macrista. El crédito acordado a la Argentina fue un tipo especial de acuerdo stand-by de “acceso excepcional” equivalente a alrededor de un 1.110% de la cuota de nuestro país en el Fondo. Uno de los criterios que exige el organismo es que la deuda externa del país miembro tenga una alta probabilidad de ser sustentable. Caso contrario, el organismo debería exigir al país una “reestructuración” como condición previa al otorgamiento del crédito. [1]

Por todo lo expuesto creemos que desde el punto de vista de la validez de los actos jurídicos, existen serias razones para concluir que la contratación de la deuda con el FMI constituye un acto ilegal y viciado de nulidad.

 

 

 

El poder económico local, aliado del FMI

El gobierno macrista no contó para la obtención del crédito con el aval del Congreso de la Nación pero sí de la clase dominante local, que de esta forma veía garantizado un futuro sin ninguna posibilidad de un rebrote “populista” que enturbiara la maximización de sus ganancias y su alineamiento económico y político con el capital financiero internacional y el imperialismo.

El ministro Martín Guzmán ha dicho respecto a la deuda con el FMI: “Es un problema que se creó de una forma irresponsable por el gobierno anterior, que hizo un acuerdo de espaldas a la sociedad y sin involucrar al Congreso. Tomamos 45.000 millones de dólares de deuda. Se podría haber reconstruido toda la infraestructura del país. Sin embargo, no quedó nada”.

Cabe preguntarse: ¿Es justo que un país deba condicionar su soberanía y la vida de sus habitantes al pago de un monto que ni siquiera ingresó al país?

¿Es justo que lo haga cuando está comprobado que el crédito fue contraído sin que tuviere intervención el Congreso de la Nación?

¿Es justo que lo haga cuando el organismo internacional que lo otorgó ha violado su propio estatuto interno?

¿Es justo que lo haga cuando el monto del crédito es superior a todos los otorgados por el organismo en toda su historia?

¿Es justo, cuando el organismo no podía ignorar al otorgarlo que nuestro país se hallaba en default técnico y que por lo tanto no estaba en condiciones de pagarlo en los términos establecidos?

¿Es justo, cuando su otorgamiento obedeció al objetivo de favorecer los intereses políticos de un gobierno que perseguía su reelección?

No sólo se trata de una deuda odiosa sino de una deuda originada en un crédito ilegal, violatorio de nuestra Constitución y del propio estatuto del organismo.

La deuda externa no es –ni lo fue nunca– sólo un instrumento de dominación económica sino un mecanismo permanente de dominación política sobre los pueblos. El FMI no es más que el organismo de última instancia que legitima dicho orden internacional.

La gran burguesía local, hoy representada por la Asamblea Empresaria Argentina, la Cámara de Comercio y otras entidades empresarias, no está interesada en un “acuerdo justo” con el Fondo. Desean que el mismo incluya expresamente las medidas que vienen reclamando: reforma laboral y previsional, con eliminación de las indemnizaciones por despido y la privatización del sistema previsional; reducción del gasto público y por ende de los beneficios sociales; rebajas de impuestos sobre la renta y el capital; eliminación del control de cambios y de toda medida de carácter intervencionista en la economía. En realidad, pretenden que el acuerdo con el Fondo pavimente el camino hacia un país con más dependencia, con una economía fundada en los agronegocios y la especulación financiera.

“Es lícito temer que las empresas concesionarias de servicios públicos traten de condicionar al gobierno para obtener incrementos de tarifas y que esto limite la expansión económica. Del mismo modo, las maniobras de desabastecimiento de algunos productores agrícolas que provocan incrementos en los precios, la acción especulativa del sector financiero sobre el dólar a fin de provocar la devaluación, muestran que hay claras tentativas para bloquear la reactivación económica”. [2]

No es casual que los grupos monopólicos que concentran la producción de alimentos se opongan al control de precios, apuesten a su fracaso y amenacen con el desabastecimiento. La estrategia –común a la derecha latinoamericana– no se agota en reiterar un resultado favorable en las elecciones del 14 de noviembre; se orienta a la desestabilización, el debilitamiento y la caída del gobierno.

 

 

 

Las recetas de Alemania y Francia

Refiriéndose a la situación de una parte de los países europeos que están sufriendo las consecuencias de deudas como las que padecemos, Thomas Piketty recuerda que “en el pasado hubo deudas públicas que en importancia superaban (en mucho) las actuales, y siempre se salió adelante apelando a una gran diversidad de métodos”.

“Un caso de particular interés es el de Alemania y Francia, que en 1945 tenían deudas públicas del orden de dos años de producto bruto interno (un 200% del PBI), es decir niveles todavía más altos que Grecia o Italia hoy. A comienzos de la década de 1950, esta deuda había descendido a menos del 30% del PBI. Una reducción tan rápida no hubiese sido posible, claro está, con la acumulación de excedentes presupuestarios”. “Luego de la liberación, Francia instaura un impuesto excepcional sobre el capital privado, que alcanza el 25% de los patrimonios altos y hasta el 100% de las fortunas más importantes que surgieron entre 1940 y 1945. Los dos países utilizan también diversas formas de ‘reestructuración de deudas’, nombre técnico dado por los financistas para designar el hecho de anular lisa y llanamente todo o parte de las obligaciones. Por ejemplo, luego de los famosos acuerdos de Londres de 1953, se anuló la mayor parte de la deuda externa alemana”.

“Estos son los métodos rápidos de reducción de la deuda –en especial la inflación– que permitieron que Francia y Alemania se lanzaran a la reconstrucción y el crecimiento de posguerra sin el agobio de esas obligaciones. Así, en las décadas de 1950 y 1960, estos dos países pudieron invertir en obras públicas, educación y desarrollo. Y son estos dos mismos países que le explican ahora al sur europeo que las deudas públicas deben ser reembolsadas hasta el último centavo, sin inflación ni medida excepcional”. [3]

Pero eso ocurre en el “Primer Mundo”. Para la Argentina y otros países de América Latina el capital financiero internacional y sus aliados locales impone recetas muy diferentes: nada que altere el concepto de Estado-gendarme debe existir. No se admite un Estado social, intervencionista, ni siquiera regulador. Ni la actividad científica y espacial, ni el desarrollo ferroviario y la fabricación de vagones, ni los astilleros y las centrales hidroeléctricas son aceptadas como funciones propias del Estado. En nombre de la “propiedad privada”, la derecha local –una de las más retrógradas del mundo– sostiene que el comercio exterior y los puertos deben seguir en manos de los oligopolios exportadores de commodities, sin control alguno de parte del Estado nacional. Con el discurso encubridor de “la defensa de la república”, estos enemigos de la libertad –que declaman– sostienen una república formal sin democracia real, en realidad un fascismo de mercado, con falsas alternancias entre variantes conservadoras y social-liberales del neoliberalismo. Por eso la persecución política, mediática y judicial contra Cristina Fernández de Kirchner, Milagro Sala y demás dirigentes y funcionarios del gobierno kirchnerista; la impunidad del espionaje macrista y la continuidad de los fiscales y jueces militantes del lawfare.

Es por todo ello que no puede haber acuerdo de facilidades extendidas –aun cuando implique la eliminación de las sobretasas, una refinanciación y el alargamiento de los pagos– si afecta las posibilidades de reconstrucción del país, su reindustrialización e independencia económica, si incluye la exigencia de producir reformas económicas, fiscales, laborales y previsionales que signifiquen resignar soberanía y empeorar las condiciones de trabajo y de vida de nuestro pueblo, vulnerando los derechos de los trabajadores activos y pasivos y sectores del pueblo amparados por la Seguridad Social.

 

 

 

[1] “El FMI investiga, pero su pasado lo condena”, Página12, 13/02/2021.

[2] “Opositores de la reactivación”, Bruno Susani, Página12, Suplemento Cash, 25/07/2021.

[3] Piketty, Thomas, “¡Ciudadanos, a las urnas! Crónicas del mundo actual”. Siglo XXI Editores, Argentina, 2017, p. 39/40.

 

 

 

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