Aunque el país ya discute sobre las reformas estructurales que Milei aseguró que impulsaría, ganara o perdiera las recientes elecciones, todavía no hay más que borradores, trascendidos y versiones antecedentes de una nueva reforma laboral. Sin embargo, los objetivos de esta reforma son repetidos y ratificados por el Presidente de la Nación, el ministro de Economía, el secretario de Trabajo y el ministro de Desregulación:
- Crear empleo a través de la flexibilización de condiciones de trabajo, contratación y despido.
- Formalizar el trabajo no registrado y detener el aumento del trabajo independiente a través de la legalización o convalidación de la contratación irregular.
- Subir salarios, bajándolos.
Se trata de una renovada expectativa que anticipa una nueva frustración. Renovada porque el gobierno ya logró aprobar una reforma laboral en la ley Bases, que no produjo los efectos esperados. La extensión del período de prueba no permitió aumentar la contratación formal en el sector de servicios, sino solamente acelerar la rotación de trabajadores jóvenes. La eliminación de las multas por trabajo no registrado no permitió formalizar puestos ni otorgar previsibilidad a las empresas que contratan, pero no registran a sus trabajadores. Por el contrario, ya existen sentencias del Poder Judicial que, ante la falta de parámetros para indemnizar a estos trabajadores, utilizan criterios que a las empresas les resultan aún más impredecibles y gravosos que antes.
El cambio del modelo indemnizatorio a través del fondo de cese, la introducción del sistema horario de banco de horas o los pagos por productividad como regla para el aumento de salarios son parte del menú que aún depende de la negociación colectiva para ser adoptado. Las estadísticas sobre la evolución de la tasa de ocupación del trabajo asalariado registrado demuestran que la reforma laboral de la ley Bases no pudo dar con sus objetivos declarados. Los mismos objetivos en los que se quiere insistir ahora. Sin embargo, la creación de empleo depende aquí y en todo lugar, en este momento y siempre, del fenómeno económico, del crecimiento y del desarrollo.
Las reformas laborales que sobreexigen a las regulaciones del trabajo con la expectativa de generar empleo provocaron y provocarán frustración social y política entre los actores sociales. Las regulaciones y las políticas del trabajo sirven para orientar la calidad de los puestos que crea la economía. Otro ejemplo que demuestra esto es el fracaso del último blanqueo laboral implementado en la ley Bases. Aunque todas las deudas sean perdonadas, si el contexto económico no acompaña, la contratación y la formalización laboral se mantienen como última opción. Por el contrario, los blanqueos implementados en etapas de expansión demostraron ser útiles para que se inicien ciclos de formalización laboral. Otra vez, la sobreexigencia sobre las regulaciones laborales parece esconder soluciones mágicas a problemas y malestares reales en el mundo del trabajo.
A diferencia de otras épocas, existen coincidencias sobre el diagnóstico de la creciente heterogeneidad y fragmentación del mundo del trabajo entre especialistas, actores sociales y decisores políticos. No existen tales grados de coincidencia sobre el peso que la inestabilidad económica, los cambios generados por la incorporación de tecnología en la organización de la producción y del trabajo y el deterioro de la infraestructura estatal para administrar la conflictividad y la puja salarial tienen en el malestar y la fragmentación.
Las reformas laborales de falsas expectativas y efectos inocuos en la creación de empleo buscan fragilizar un sistema de protección laboral y social que ya está debilitado. Solo a modo de ejemplo, la descentralización de la negociación colectiva, hasta ahora solo propuesta “a viva voz”, podría institucionalizar el ancla salarial como herramienta de la política de ingresos para la introducción desarticulada de los sistemas horarios e indemnizatorios que la negociación colectiva no adoptó hasta ahora y para dispersar aún más los salarios, que están en el punto más bajo de la historia democrática argentina. En resumen, la fragmentación y la informalidad como soluciones al problema de la fragmentación y la informalidad.
Hay que volver a escribir la otra historia, la de las reformas laborales pensadas para acompañar ciclos de crecimiento y desarrollo con políticas y regulaciones de inclusión laboral. La historia de las reformas laborales que orientan positivamente la calidad del trabajo creado por economías en desarrollo. Es el ejemplo de la reforma laboral del año 2004 que diseñó el sistema actual de negociación colectiva y acompañó la etapa de creación neta de empleo más exitosa de la Argentina con programas y políticas de trabajo registrado. La ley 25.877 no fue solamente la derogación de la llamada Ley Banelco, que había extendido el período de prueba (despidos sin indemnización) y limitado la ultraactividad de los convenios colectivos para introducir aumentos salariales solamente por productividad o rendimiento. Conllevó el rediseño de varias regulaciones colectivas, la adopción de nuevas políticas y la reposición de otras. No prometió crear empleo, tuvo éxito en sus objetivos. Se trata del sistema de negociación colectiva que, respetando el diálogo entre actores, sirvió a seis gobiernos democráticos para implementar políticas de ingresos.
Matizar los efectos que podría tener una reforma laboral sobre los problemas actuales del mundo del trabajo no implica negar lo que sí puede hacer: mejorar la calidad del trabajo del presente y el que vendrá.
En la propuesta de una Reforma Laboral para la Inclusión y el Crecimiento se plantean diez políticas para enfrentar problemas estructurales con soluciones dirigidas a orientar la calidad del empleo. La propuesta incluye la reducción de los costos no salariales de las micro y pequeñas empresas, para acompañarlas en momentos de crisis y otorgarles mayor previsibilidad al momento de la contratación. Además, se busca la ampliación de la protección laboral plena para las economías digitalizadas, nuevos derechos laborales adecuados a las transformaciones en la organización del tiempo de trabajo, la reducción de la jornada de trabajo y el fortalecimiento de las instituciones que determinan ingresos.
No es anacrónico. El sentido de las políticas laborales es resolver situaciones concretas de injusticia social al mismo tiempo que acompañan el desarrollo de la producción.
Si bien la tasa de trabajo no registrado depende primordialmente de la economía y del patrón de crecimiento, una política destinada a dicho sector (el 63% se concentra en microempresas) podría acelerar la registración. Es el sentido instrumental: bajar la informalidad. El intrínseco es de justicia fiscal: hoy una microempresa paga las mismas contribuciones que una gran empresa y más que grandes empresas tecnológicas y de software, exentas por regímenes de promoción. Reducir las contribuciones patronales de manera generalizada a la totalidad de las empresas sólo tendría como efecto el desfinanciamiento de la seguridad social. Pero reducir las contribuciones de las microempresas tiene un costo fiscal nulo si se quitan las reducciones que hoy existen sobre sectores que no necesitan de este incentivo para formalizar. Se trataría de una medida eficiente y justa.
La reducción del límite de la jornada de trabajo, la ampliación de licencias por nacimiento e introducción de políticas para una mayor soberanía del tiempo de trabajo es el rumbo de ampliación y creación de derechos marcado por las reformas laborales inclusivas desplegadas en el mundo. La ley de jornada de trabajo en la Argentina es de 1929. No existe legislación laboral más obsoleta y vetusta que esta. Mientras que el resto de los países del mundo y de la región han reducido su jornada en el último siglo, la Argentina ha quedado rezagada en materia de avances sobre nuevos derechos laborales.
La reducción de la jornada de las 48 horas actuales a 42 horas es posible y deseable si se hace de manera paulatina, planificada y negociada sectorialmente entre empresas y sindicatos. La extensión de la licencia por paternidad y la ampliación de la licencia por maternidad son medidas indispensables para amortiguar la creciente segregación de género en el trabajo y los cuidados. La flexibilidad horaria no puede ser una prerrogativa exclusiva de las empresas. Existen técnicas adoptadas en el mundo y propuestas por la Organización Internacional del Trabajo para que la flexibilidad horaria pueda ser decidida y aprovechada por las personas que trabajan. La desconexión digital, la ampliación de las vacaciones y los nuevos descansos decididos por los trabajadores y las trabajadoras son formas de mejorar las condiciones de trabajo según la reconfiguración del tiempo y los ambientes laborales transformados por la tecnología.
Se trata de agendas que son parte de la conversación en los lugares de trabajo pero también del diálogo entre sindicatos y empresas. Es una agenda que ya es parte de la negociación colectiva que se busca desarticular. Las reformas laborales inclusivas se asientan en el diálogo social. Esta es la característica que permite distinguirlas de las soluciones mágicas que solo saben imponerse además de fracasar.
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