El Frente Patriótico y la corrupción

La oficina anticorrupción debería crearse por ley y sin dependencia del Poder Ejecutivo

 

La corrupción es un gran problema para los gobiernos democráticos de cualquier latitud. Por los costos que implica para la sociedad y porque las usinas ideológicas del imperio, desde el fracaso del Consenso de Washington, instalaron la idea fuerza, sentido común, o subjetividad colectiva, de que todos los males de sus políticas provenían de la corrupción de los funcionarios públicos provenientes de la política; que por ende había que reducirlos a su mínima expresión o lo que es igual, reducir el Estado a tareas represivas y dejar que el mercado gobernase. Múltiples muestras de ello pudimos recoger en la primera Oficina Anticorrupción (La corrupción en la Argentina y el mundo, 2011, Editorial Del Puerto).

La experiencia documentada de aquella Oficina demuestra que el gran problema no es la corrupción de delincuenciales bolsillos de traidores a su función pública, sino la de los grandes jugadores en el mundo de las empresas transnacionales (abundantes datos en Manual para argentinos, 2011, Editorial Dunken).

Por comenzar, el capitalismo financiarizado ha llegado al máximo de inmoralidad destructiva en el mundo entero. Ya ni siquiera –mediante explotación inicua— produce primordialmente bienes, sólo hace papeles (o asientos contables) las 24 horas de los 365 días al año, a la velocidad de la luz, usando una trama de cuevas fiscales de opacidad total, donde esconden lo que por segunda vez roban a los trabajadores de todas las categorías en todo el mundo. No es ocioso saber que de la cantidad no concebible de dinero escamoteado a los pueblos en esos reductos, el 3% corresponde a sobornos, el 27% a narcotráfico y compraventa ilegal de armas y el 70% a elusiones y maniobras de las grandes corporaciones internacionales (Las Islas del Tesoro, Nicholas Saxson, Editorial FCE). Ahí se ve la construcción mediática mencionada antes: son los capitalistas, no los funcionarios, el problema mayúsculo.

Pero la realidad política de hoy impone al Frente Patriótico ocuparse de la corrupción en nuestros funcionarios, porque se instaló profundamente en la ciudadanía que ese es el punto que desprestigia a la política. Ha sido otro de los tantos éxitos del bombardeo mediático y la coautoría de un Poder Judicial corporativo, pro establishment en general y también delincuente en los casos que interesan directamente a la banda de cuello blanco que tenemos en el gobierno.

Por ello postulamos –en líneas generales— que se formule una decisión política fuerte, sin transigencias, creíble para la ciudadanía, de que habrá amplia prevención de la corrupción y que no existirá contemplación alguna para nadie, del gobierno actual ni del nacional y popular que se instale a partir de diciembre. La confianza debe ser generada por un compromiso político solemne, público, de que se creará un sustituto de la Oficina Anticorrupción actual que funcionará autónomamente, sin dependencia alguna del Poder Ejecutivo, con poder federal efectivo de actuación en lo preventivo y lo punitivo, sobre los tres poderes clásicos y el ministerio público, con legitimación para actuar como parte en los procesos penales que deberá promover. Su creación debe ser por ley y su rendición de cuentas anuales deberá hacerla al Congreso. Como es obvio, deberá haber cambios en el Poder Judicial, que ya desde el 2000 se dedicó a frustrar todas las investigaciones contra el poder real y desde 2015, recargado, se lanzó al ataque de todo cuanto tuviera color democrático, popular, estatal, nacional. Cuanto menos el Consejo de la Magistratura debería ser elegido por voto popular. Ello es posible resolverlo por ley y así lo sancionó el Congreso por iniciativa –mejorable— de CFK; y si bien la CSJN la declaró inconstitucional en una impúdica demostración de corporativismo, Zaffaroni en su voto minoritario dio una clase de derecho constitucional demostrando que a sus colegas podría no gustarles la ley, pero que no era inconstitucional (caso Rizzo).

Como es obvio, estas son preocupaciones, vertidas como proposiciones muy generales, en el marco político concreto que se ha abierto con el Frente Patriótico y sus peculiaridades coyunturales. A mediano plazo es imprescindible dictar una nueva Constitución Nacional. La actual atrasa, y mucho. Si se compaginara con la de hace 70 años, volteada por un bando militar, con los logros de la Convención de 1994 en materia de derechos humanos, resultaría insoportable para quienes dominan el escenario ideológico y a quienes todavía les creen.

 

 

 

  • Primer director de la oficina Anticorrupción
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10 Comentarios
  1. Jorge Molinero dice

    Es importante el tema que plantea José Massoni, y también lo dicho por Luis Juán, además del interés expresado de otros lectores, superior a la media de comentarios de artículos.
    Quisiéramos enfatizar ciertos condimentos que tiene la «ofuscación anticorrupción» en la Argentina actual, que no es más que otra de las expresiones del cinismo total de una fracción importante de la clase gobernante y sus chinchorros, la prensa y el poder judicial, que causa estragos en amplios sectores de las clases medias y hasta de las populares. Son temas que tratamos recientemente en nuestro artículo «Mentiras Verdaderas» (http://eppa.com.ar/7416-2/, Marzo 2019)
    Lo que hay que repetir hasta el cansancio – dado que el relato oficial lo oculta – es que para que haya un funcionario corrupto es necesario que haya un empresario corruptor. Siempre «se necesitan dos para el tango». En la versión oficial de las fotocopias de los cuadernos, los «pobres empresarios» dicen que fueron obligados a pagar coimas a los funcionarios para poder trabajar en la obra pública. Pareciera que esos empresarios casi están haciendo un sacrificio para poder subsistir frente a la avaricia sin límites de los funcionarios K, ya que parece que antes de ellos estábamos en el Edén. No sólo esa explicación absurda y mentirosa ha sido esgrimida por los arrepentidos que pudieron volver a sus casas, sino que fue utilizada por el mismo presidente Mauricio Macri en los comentarios que hizo sobre su padre cuando la sangre del patriarca aun no se había terminado de enfriar.
    En efecto, el domingo 17 de marzo se transmitió por televisión el reportaje que el periodista Luis Majul hizo al presidente Mauricio Macri. En la misma el presidente dijo que su padre, Franco Macri “formaba parte de un sistema extorsivo del kirchnerismo, en el que para trabajar había que pagar” y que “lo que hizo mi padre era un delito”, tema que “hay que evaluarlo mucho” y sobre el que “se encargará la Justicia”.
    Es hora de aclarar este tema con pocas palabras: los empresarios de la obra pública pagan coimas a los funcionarios obligados a verificar la corrección técnica y el precio cotizado, solamente porque aplican elevados sobreprecios.
    Si una obra está presupuestada por el organismo licitante en 100, incluyendo una ganancia normal para el empresario, éste cotiza 150 (o el número que el lector quiera) y paga al funcionario 15 (vuelva a poner usted la cifra). Gana 50 extra y paga 15 por ello, negocio redondo. La coima es una «inversión» sin riesgos, que asegura un beneficio extraordinario por sobre el porcentaje de beneficio considerado normal en el pliego de licitación. Nada que ver las expresiones lacrimosas de los arrepentidos que parece que hubiesen tenido que sacar un plato de comida a sus hijos para dárselas al corrupto funcionario K, para que éste corra a dárselos a Cristina, previo avisarle al remisero Centeno cuanto dinero lleva, que porcentaje de la obra cubre y cuanto le toca a la «jefa de la asociación ilícita».
    Si toda esta secuencia de mentiras y falsos arrepentimientos fuera poco esta semana el juez Claudio Bonadío procesó otra vez más a Cristina, pero ahora como la jefa de la asociación ilícita…….. «por la cartelización de la obra pública».
    La obra pública está cartelizada, pero mucho antes de 2003. El sistema de cartelización se fue perfeccionando desde hace muchos años y alcanzó un grado superior a partir de la última dictadura militar. En 1976 se crea Socma, el holding de empresas de obra pública de Franco Macri, que en pocos años se había convertido en uno de los grupos más importantes en este campo. No pretendemos que no hubo actos de corrupción sobre funcionarios en los 15 años de los gobiernos K, tema del que lamentablemente no se ocupa la Justicia sino el Poder Judicial adicto al gobierno de Macri.

    LOS SOBREPRECIOS PAGADOS POR LOS EMPRESARIOS CORRUPTORES SON EL TEMA OCULTO EN TODA ESTA HISTORIA. ESOS SOBREPRECIOS SON LA ÚNICA CAUSA DE LA CORRUPCIÓN. LOS FUNCIONARIOS CORROMPIDOS SON LA CONSECUENCIA, MIENTRAS QUE LOS PERJUDICADOS SOMOS TODOS LOS ARGENTINOS.

  2. alberto dice

    «Los gobiernos populares son débiles ante el escándalo.

    No tienen, ni cuentan con la recíproca solidaridad encubridora de las oligarquías y son sus propios partidarios quienes señalan sus defectos que después magnifica la prensa.

    El pequeño delito doméstico se agiganta para ocultar el delito nacional que las oligarquías preparan en la sombra, y el vende patria se horroriza ante las “sisas de la cocinera”.
    Lo escribió hace bastante tiempo Aturo Jauretche y debiera ser comprendido por quienes de nuestro lado creen que orinan agua bendita.

  3. Cococho dice

    Paenza al INDEC y Zaffaroni a la dirección de la Escuela.

  4. Cococho dice

    Lo mismo vale para el INDEC y quizás para muchos otros temas.
    Pero además hay que crear una Escuela Nacional de Abogacía con filiales en todos los rincones del país que comience a producir abogados con otra cabeza, es la salida por arriba del laberinto de la Justicia de Clase.

  5. Luis Juan dice

    Estimado José:

    Una digresión.

    Martín Astarita escribió “Los usos políticos de la corrupción en la Argentina en los años noventa: Una perspectiva histórica”. Transcribo algunos párrafos:
    “En los últimos años, la corrupción se ha instalado en forma permanente en la agenda pública en la Argentina. El tema concita un marcado interés no solo en los medios de comunicación y en la ciudadanía, sino también en el propio ámbito científico. El flagelo que representa para la legitimidad de las instituciones democráticas, su nocivo impacto en el desarrollo económico y en la erradicación de la pobreza y de toda forma de exclusión social, son, a primera vista, poderosos argumentos capaces de justificar tal relevancia.”

    “Sin embargo, la construcción de la agenda pública no es el resultado de un proceso natural (signado por el peso propio de los acontecimientos) ni neutral (es decir, libre de condicionamientos económicos, ideológicos, culturales). Esta premisa invita entonces a reflexionar críticamente sobre el ya referido protagonismo del que goza el tema de la corrupción en la Argentina.”
    “Un rasgo en común en el tratamiento que recibe esta temática se vincula con su abordaje en tanto fenómeno circunscripto principalmente al Estado, en desmedro de la corrupción acaecida en el sector privado. Este sesgo, como intentaremos demostrar, no posee justificación empírica sino que obedece, en rigor, a una intencionalidad ideológica y política.”
    “En tal sentido, el presente trabajo analiza la vinculación entre neoliberalismo y corrupción. La hipótesis central es que la instalación de la corrupción en la agenda pública, así como la concepción particular que predomina sobre ella, se encuentran motorizadas principalmente por el neoliberalismo. En efecto, existen razones teóricas y prácticas que justifican la centralidad que confiere este paradigma a la corrupción, razones que, cabe anticipar, confluyen en un único y último objetivo, no siempre explicitado, que es la oposición irrestricta a toda forma de intervencionismo estatal.”
    “Señala Gorrochategui (2001) que en la Argentina, los medios masivos de comunicación, concretamente la prensa escrita, no se ocuparon de la corrupción en forma sistemática hasta 1988, año que comienzan a formularse denuncias sobre funcionarios que recibieron comisiones para favorecer determinadas empresas en las compras del Estado y las maniobras fraudulentas por parte de sectores de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Y agrega que el tema se generaliza a partir de 1990, involucrando a toda la administración nacional. De manera similar, Acosta (1997) considera que a partir de 1991 comienza el tratamiento de la corrupción en las editoriales, entrevistas, comentarios y encuestas.”
    “Por la misma época, la corrupción comenzó a formar parte también de la agenda de la administración presidencial de Carlos Menem (1989-1999). Cabe señalar que durante la campaña para las elecciones presidenciales de 1989 el tema despertó escaso interés, pero esa situación cambió un año después, cuando fue asumido como propio por el flamante gobierno (Gorrochategui, 2001). Varios hechos así lo demuestran.”
    “Al respecto, en su discurso de asunción ante la Asamblea Legislativa, y en un contexto signado por la hiperinflación, la crisis económica y la conflictividad social, Menem identificará a la corrupción como uno de los grandes problemas a resolver: “Vamos a sentar las bases de un Estado para la defensa nacional, y no para la defensa del delito o de la coima. (…) vengo a anunciar ante los representantes del pueblo, que a partir de este momento el delito de corrupción en la función pública, será considerado como una traición a la patria. Así como vamos a investigar los ilícitos cometidos en los últimos tiempos, también vamos a ser inflexibles con nuestros propios funcionarios (…) Aspiro a que mi gobierno sea un ejemplo de austeridad, de limpieza, de patriotismo. Porque la corrupción administrativa es un acto verdaderamente criminal, que como tal hay que señalar ante la conciencia y la opinión de nuestra ciudadanía. La Argentina tiene que dejar de ser el país de los grandes negociados, y tiene que pasar a ser el país de los grandes negocios (…) Si la democracia no sirve para ofrendar nuestra honestidad, capacidad y lealtad, no sirve para nada. Esta será la línea central de nuestra gestión (Menem, 1989)”.”
    “En definitiva, tanto discursivamente como en los hechos el menemismo incorporó en su agenda de gobierno la lucha contra la corrupción, si bien, visto en perspectiva, resulta paradójico que así haya sucedido, en virtud de la cantidad de denuncias y hechos ilícitos en los que estuvieron involucrados muchos de sus funcionarios y hasta el propio ex Presidente. Tal paradoja evidencia en alguna medida un doble discurso: “El planteo que hace el menemismo acerca de que son ellos mismos los que van a luchar contra la corrupción (‘porque son los que más han hablado’) suena como el canto del tero, que canta lejos de donde ha puesto el huevo. Y canta el tero, como canta fuerte para atraer la atención. Esta maniobra de hablar sobre lo prohibido es un intento por aparecer combatiendo aquello que, en realidad, se está protegiendo” (Barcia e Ivancich, 1991). En el mismo sentido, Pereyra (2013) señala que muchas de las medidas para combatir la corrupción anunciadas por el gobierno de Menem nunca llegaron a implementarse. Sin negar esta visión, la prédica anti-corrupción del menemismo, tal como se intentará probar más adelante, obedeció en lo fundamental a una acción tendiente a deslegitimar al Estado y generar consenso social en torno a la necesidad de emprender el programa neoliberal.”
    “Aunque la manifestación de este interés por la corrupción se da en niveles y ámbitos diferentes, en ellos se pueden observar una concepción predominante. Al respecto, en general, el sector público es el protagonista estelar de la corrupción. Mucho menos difusión y atención merece, en todos los niveles analizados, su contraparte, el sector privado.”
    “Esta centralidad en lo público en desmedro de los ilícitos privados va a ser modificada por Transparency International recién en 2005, a partir del caso Enron.
    “Este sesgo suele justificarse por la naturaleza distinta que implica una y otra esfera. Se deriva de ello un supuesto contraste entre el dinero de “todos” (lo público) y los ilícitos privados (que no tendrían efecto sobre el patrimonio público) Al respecto, Gianfranco Pasquino (2000:377) sostiene que “la corrupción es vista en términos de legalidad e ilegalidad y no de moralidad e inmoralidad y debe tomar en cuenta la diferencia que se establece entre prácticas sociales y normas legales y la diferencia de evaluación de los comportamientos en el sector privado y en el sector público”. Esta definición, según creemos, puede ser útil y valedera para analizar y juzgar algunos casos específicos de corrupción, como el nepotismo. Dice Pasquino: “(…) el director de una empresa privada que llame a su hijo para un puesto de responsabilidad no comete un acto de nepotismo, aunque este hijo no posea los requisitos necesarios, acto de nepotismo que es cometido en cambio por el director de una empresa pública” (Pasquino, 2000:377-378). Sin embargo, cabe preguntarse por la forma en que deben conceptualizarse otro tipo de prácticas ilícitas ocurridas en el sector privado. Gaggero, Kupelian y Zelada (2010) por ejemplo, describen para el caso argentino distintos ilícitos entre privados que suelen quedar relegados en la agenda pública: subfacturación y sobrefacturación de exportaciones e importaciones; el mercado único y libre de cambios y el mercado de valores (“contado con liqui”); operaciones con plazas “off shore”. Estos casos, difícilmente puedan considerarse meras prácticas inmorales. Son ilegales, y además, tienen repercusión directa e inmediata en el erario público. Así, se pone en duda entonces la estrecha delimitación de los espacios público y privado que con frecuencia se toman en cuenta en el momento de ponderar los distintos tipos de corrupción.”

    Revista Estado y Políticas Públicas Nº 3. Año 2014. ISSN 2310-550X pp 171-190

  6. Pablo Grigera dice

    Muy buen articulo. Un tema clave, que sería muy importante que la opo ( F y F, mas que nadie) encararan como tema prioritario de campaña. Mas allá de rechazos en tropa propia.

  7. Ernesto Oscar dice

    Gracias José Massoni, además yo agregaría elección de los jueces de la corte también por el voto popular después de amplia difusión de sus antecedentes personales y capacitación. Y no requeriría título de abogado para formar parte de la corte sino honestidad y capacidad de juzgar y emitir un fallo justo, virtudes y capacidades que no se enseñan en ninguna facultad. Para eso las leyes deberán ser escritas en castellano simple, claro y preciso sin estar sujetas a interpretaciones de los diferentes jueces. Con respecto a la constitucionalidad de las leyes estas deberán sujetarse a lo que establezca una nueva Constitución Nacional que también tendrá que estar depurada de superfluos, ambiguedades y/o duplicaciones, además de expresarse en castellano simple, claro y preciso. Por lo tanto la cohorte no podrá anular una ley aprobada por los representantes del pueblo en el Congreso. Entre otras cositas más.

  8. Alicia dice

    Muy bueno. Gracias por ayudarnos a comprender

  9. Mario Toer dice

    Hay que quitarles las capuchas… Bien José

  10. Marta dice

    Muy interesante.
    Hace unos años leí su libro, que me aclaró contundentemente el origen de estas campañas y le agradezco por eso.

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