Hay épocas en las que la política deja de ser una discusión sobre decisiones administrativas o sobre la eficacia de determinadas medidas económicas. En esos momentos, lo que entra en disputa son las formas mismas de organizar la vida colectiva. No se trata simplemente de programas de gobierno diferentes, sino de proyectos de país que expresan visiones contrapuestas sobre la economía, la sociedad, la cultura política y el lugar que una nación ocupa en el mundo. Esos momentos suelen aparecer cuando confluyen transformaciones profundas en la economía global, mutaciones en las formas del trabajo, crisis en las instituciones que mediaban los conflictos sociales y cambios en el orden internacional que condicionan el margen de acción de los Estados.
La Argentina atraviesa uno de esos momentos. Lo que hoy se desarrolla no puede comprenderse como una discusión técnica sobre cómo administrar la economía ni como una alternancia ordinaria de políticas públicas. Lo que está en juego es una disputa entre proyectos de organización social. De un lado, una tradición política que, con avances, límites y contradicciones, ha buscado articular desarrollo productivo, ampliación de derechos, movilidad social y presencia activa del Estado en la regulación de la economía. Del otro, un proyecto que propone reorganizar la sociedad a partir de la primacía del mercado, reduciendo las responsabilidades públicas y desplazando hacia el ámbito privado funciones que durante décadas formaron parte de la vida colectiva.
Las políticas impulsadas por el actual gobierno recuperan buena parte de las recetas que estructuraron las reformas neoliberales durante la década del ‘90: disciplina fiscal como principio rector, desregulación de mercados, privatización de empresas públicas, debilitamiento de las capacidades estatales y transferencia de recursos hacia los sectores más concentrados de la economía.
Esa orientación no se expresa únicamente en discursos o en definiciones ideológicas. Desde el inicio mismo del actual gobierno se ha traducido en decisiones políticas concretas: el uso intensivo de decretos de necesidad y urgencia para avanzar en procesos de desregulación económica, los vetos presidenciales a leyes aprobadas por el Congreso destinadas a proteger derechos sociales —como el financiamiento universitario o políticas vinculadas a la discapacidad—, así como iniciativas orientadas a flexibilizar el mercado de trabajo o a redefinir acuerdos comerciales en condiciones que reducen los márgenes de regulación económica nacional. Más allá de cada medida particular, lo que aparece es una orientación coherente: reconfigurar el papel del Estado, alterar el equilibrio histórico entre mercado y derechos sociales y redefinir las reglas de distribución del poder económico dentro de la sociedad.
Sin embargo, esas mismas recetas se despliegan hoy en un contexto histórico profundamente distinto. El mundo en el que aquellas reformas se aplicaron ya no existe.
Durante los años ‘90 el neoliberalismo se presentaba como una promesa de modernización en un escenario internacional relativamente estable, dominado por la expansión de la globalización financiera y por la hegemonía política de los Estados Unidos tras el final de la Guerra Fría. Hoy ese orden atraviesa tensiones evidentes. Las disputas entre grandes potencias, la reorganización del comercio mundial, la competencia por recursos estratégicos y el debilitamiento de los mecanismos multilaterales configuran un escenario mucho más inestable. En ese marco, las decisiones que adoptan los países periféricos respecto de su inserción internacional adquieren un peso estratégico decisivo, porque condicionan su capacidad futura de desarrollo, su autonomía política y el control sobre recursos económicos, financieros y tecnológicos.
Las transformaciones del capitalismo global también han modificado profundamente la estructura social. La financiarización de la economía y la revolución tecnológica reorganizaron las formas de acumulación, concentrando poder en grandes conglomerados financieros y en plataformas tecnológicas capaces de influir simultáneamente sobre la producción económica, la circulación de la información y las dinámicas políticas. Este proceso no sólo alteró el modo en que se genera valor, sino también las condiciones en que se distribuye el poder dentro de las sociedades.
Uno de los ámbitos donde ese cambio se vuelve más visible es el mundo del trabajo. Durante buena parte del siglo XX las relaciones laborales estuvieron estructuradas alrededor del empleo asalariado relativamente estable, con derechos colectivos, negociación sindical y sistemas de protección social que vinculaban trabajo, ciudadanía y movilidad social. Ese modelo fue la base de instituciones que permitieron reducir desigualdades y ampliar derechos. Hoy ese universo se encuentra profundamente fragmentado. Las trayectorias laborales se volvieron más inestables, crecieron las formas de trabajo independiente o informal, se expandieron las economías de plataforma y la producción de conocimiento adquirió un peso creciente en la generación de valor.
Esta transformación no elimina la centralidad del trabajo en la vida social, pero sí modifica la manera en que se organizan las experiencias laborales y los sujetos que emergen de ellas. El desafío político no consiste en negar esos cambios ni en idealizar formas del pasado, sino en comprender cómo garantizar derechos, integración social y dignidad en un escenario donde las condiciones materiales de la producción se están reorganizando.
Al mismo tiempo, el terreno donde se disputan estos procesos ya no es solamente económico o institucional. En las últimas décadas se consolidó una dimensión cultural del poder que interviene directamente sobre el sentido común. Las tecnologías digitales, los sistemas algorítmicos de circulación de información y las redes sociales transformaron la manera en que se producen y difunden las narrativas públicas. En ese ecosistema, la política también se libra como una disputa por la interpretación de la realidad, por la construcción de identidades colectivas y por la definición de qué conflictos aparecen como legítimos.
Las derechas contemporáneas han comprendido con eficacia esa dimensión. En distintos países han articulado programas económicos de radicalización neoliberal con estrategias culturales orientadas a reorganizar el sentido común social. En ese proceso se resignifican palabras, se invierten valores históricos y se construyen enemigos simbólicos que permiten canalizar frustraciones sociales hacia determinados sectores de la sociedad. La política se convierte así en una disputa por el lenguaje, por las emociones colectivas y por la forma en que se interpreta la experiencia cotidiana.
En la Argentina actual ese fenómeno adopta rasgos particularmente intensos. Conceptos que durante décadas estuvieron asociados a la ampliación de derechos y a la idea de comunidad política son presentados como obstáculos para el desarrollo o como distorsiones morales que habrían impedido el progreso económico del país. Al mismo tiempo, el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores sociales se naturaliza como un sacrificio inevitable en nombre de una supuesta normalización económica.
Este desplazamiento cultural no ocurre en el vacío. Se apoya en transformaciones reales que atravesaron a la sociedad argentina durante décadas: crisis económicas recurrentes, deterioro de expectativas de progreso, fragmentación social y desconfianza hacia las instituciones políticas. En ese terreno fértil, los discursos que prometen soluciones drásticas y rápidas pueden adquirir una apariencia de audacia política, incluso cuando implican la desarticulación de los mecanismos que históricamente protegieron a las mayorías.
Sin embargo, la historia social muestra que los procesos políticos no avanzan en línea recta. Las conquistas sociales que hoy aparecen bajo ataque no fueron el resultado de concesiones espontáneas del poder económico. Fueron producto de luchas colectivas, de organizaciones sociales, de movimientos sindicales y de proyectos políticos que buscaron traducir demandas sociales en instituciones duraderas. Del mismo modo, las regresiones que hoy se despliegan tampoco constituyen destinos inevitables.
Comprender el presente exige asumir, al mismo tiempo, dos dimensiones que suelen aparecer separadas. Por un lado, la persistencia de una contradicción histórica que atraviesa la política argentina: la disputa entre las grandes mayorías sociales y los intereses del poder económico concentrado. Por otro lado, la transformación de las condiciones sociales en las que esa disputa se desarrolla. Las mayorías a las que se busca representar ya no viven, trabajan ni se organizan exactamente del mismo modo que en otras etapas históricas. Cambiaron las formas del trabajo, las territorialidades de la vida cotidiana, los canales de participación política y las mediaciones culturales que estructuran la experiencia social.
Esta doble dimensión obliga a repensar también el papel del Estado. Durante el siglo XX las políticas públicas que ampliaron derechos y promovieron movilidad social estuvieron estrechamente vinculadas a un modelo de desarrollo productivo que combinaba industria, mercado interno, organización sindical y expansión de la ciudadanía social. Hoy las bases materiales de la economía son distintas. El desafío consiste en construir una nueva arquitectura estatal capaz de garantizar soberanía económica, integración social y desarrollo científico y tecnológico en un escenario internacional mucho más competitivo y complejo.
Ese debate comenzó a formularse en los últimos años bajo la idea de una nueva estatalidad. No se trata simplemente de ampliar o reducir el tamaño del Estado, sino de redefinir sus capacidades estratégicas: orientar el desarrollo productivo, regular mercados globalizados, proteger derechos sociales en un mundo laboral transformado y preservar autonomía política en un sistema internacional atravesado por disputas de poder cada vez más intensas.
La dimensión internacional de este problema resulta ineludible. Ningún proyecto nacional puede pensarse al margen del contexto global en el que se inserta. Las decisiones que comprometen recursos estratégicos, redefinen acuerdos comerciales o subordinan la política económica a organismos financieros internacionales tienen consecuencias que trascienden a los gobiernos de turno. En ese sentido, la defensa de la soberanía no es una consigna abstracta, sino una condición concreta para que una sociedad pueda decidir su propio camino de desarrollo.
En América Latina esa búsqueda de autonomía estuvo históricamente vinculada a la integración regional. Los países de la región enfrentan desafíos estructurales similares: economías dependientes, inserciones internacionales subordinadas y presiones externas que limitan sus márgenes de decisión. La cooperación regional ha sido, en distintos momentos de la historia, uno de los instrumentos más importantes para ampliar la capacidad de negociación frente a esas asimetrías. Cuando esa dimensión se debilita, las posibilidades de construir proyectos nacionales autónomos se vuelven aún más frágiles.
Todo esto configura un escenario complejo que no admite respuestas simples. La magnitud de las transformaciones en curso puede generar la sensación de que el horizonte político se vuelve cada vez más incierto. Sin embargo, también abre la posibilidad de volver a pensar algunas preguntas fundamentales que atraviesan a toda comunidad política: cómo se produce la riqueza y de qué manera se distribuye, qué lugar ocupan el trabajo, el conocimiento y la innovación en el desarrollo de un país, qué instituciones pueden garantizar que el crecimiento económico se traduzca en bienestar colectivo y qué grado de autonomía puede sostener una nación en un mundo atravesado por disputas geopolíticas cada vez más intensas.
Responder esas preguntas implica asumir que ningún proyecto político surge en el vacío. Los proyectos de país se construyen en diálogo permanente entre sociedad, dirigencias e instituciones. Emergen de conflictos, de experiencias históricas compartidas y de la capacidad colectiva de imaginar futuros posibles.
En tiempos de incertidumbre, la política recupera su sentido más profundo cuando logra traducir esas aspiraciones en horizontes concretos. No como promesas abstractas, sino como proyectos capaces de organizar la producción, proteger la vida social y afirmar la soberanía de una comunidad sobre su propio destino.
La Argentina enfrenta hoy ese desafío. No se trata solamente de resistir un ciclo de regresión social, aunque esa resistencia sea necesaria y legítima. Se trata de volver a pensar, en un mundo radicalmente distinto, cómo reconstruir un proyecto nacional capaz de articular desarrollo productivo, integración social y soberanía política en las condiciones del siglo XXI. Un proyecto que no se limite a administrar crisis, sino que vuelva a proponer un horizonte colectivo capaz de reorganizar la vida económica, democrática y cultural del país.
* Lorena Pokoik es diputada de Unión por la Patria.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí