El garante de la sarasa

Un encuentro secreto entre Lorenzetti, Nosiglia y Macri en el reflejo de los fallos de la semana

 

La sarasa judicial que tuvo como eje la prisión de Cristina Fernández entraba en crisis a comienzos del otoño de 2019. El 24 de abril, Mauricio Macri recibía a un dúo compuesto por Ricardo Lorenzetti y Enrique “Coti” Nosiglia para una reunión agendada a las ocho y media de la mañana en el teléfono de su secretario privado, Darío Nieto. Uno llegó en un Volvo negro y el otro en un Mondeo gris. “Coti” repetía una rutina de encuentros mensuales con el mandatario, pero esta vez en compañía de uno de los supremos. Según un participante, Lorenzetti le pidió al Presidente una colaboración para sosegar a los dos colegas del máximo tribunal que habían llegado con el nuevo gobierno. Buscaba, afirma este visitante, contrabalancear lo que ya para entonces describía como el bloque de Clarín de la Corte. Y de paso, deslustrar a sus archienemigos, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Macri respondió como solía hacerlo en cada reunión: dijo todo que sí, pero los invitados siguen convencidos de que nunca los escuchó.

 

8:30-9:30.

 

 

Los antecedentes de la cumbre clandestina –porque no constan registros en libros oficiales– comienzan a aparecer de a poco voceados por jueces federales en distintos ámbitos. Rodolfo Canicoba Corral dijo semanas atrás que Lorenzetti le pidió la renuncia en nombre del Presidente. El periodista Pablo Duggan describió en su libro sobre el caso Indalo la escena de un diálogo entre Lorenzetti y Jorge Ballestero por el fallo en la causa Oil Combustibles. Horacio Verbitsky reveló que Lorenzetti garantizó el respaldo de la Corte a los jueces federales que avanzaran contra CFK. Y también el camarista Eduardo Farah mencionó el rol de la Corte de manera más elíptica en su presentación ante la Comisión de Acuerdos del Senado cuando pedía la restitución de su cargo el año pasado. Las efectos de esa relación, en cambio, impactaron en primer lugar en las elecciones de 2019, pero también pueden vislumbrarse en los fallos y resoluciones de esta semana.

Con una integración distinta, la Corte falló a favor de la salud como un derecho en la causa presentada por Farmacity S.A. contra la provincia de Buenos Aires. La empresa cuestionaba una ley que impide a sociedades anónimas ser propietarias de ese tipo de locales en territorio bonaerense. El alto tribunal consideró que es una legislación razonable basada en principios de salud pública y que amplía la protección de los pacientes. El fallo no contó con el voto ni de Rosenkrantz ni Rosatti, ambos excusados. Uno porque fue abogado de la empresa y el otro por su vínculo laboral con una abogada. Votaron a favor Lorenzetti, Elena Highton y Martín Irurzun. Maqueda se abstuvo, según dicen quienes siguieron el expediente, cuando entendió que la mayoría estaba garantizada y que no necesitaba contradecirse respecto de un voto de 2010.

El fallo contra la ex compañía de Mario Quintana es importante no sólo por las lógicas comerciales en juego sino también por la relación de la Corte y la política. Los votos y el momento sorprendieron en la provincia de Buenos Aires. No lo esperaban. Convencidos de que ya nada bueno podían esperar de la Corte, los legisladores del Frente de Todos apuraban dos proyectos de reforma de la ley 10.606, cuestionada por Farmacity, como una respuesta política a una resolución judicial. Los proyectos buscaban ratificar las condiciones de servicio público de los locales farmacéuticos, ratificar la prohibición para el establecimiento de sociedades anónimas y flexibilizar, en cambio, el sistema de distribución territorial. También proyectaban un diálogo con el Presidente Alberto Fernández para pedirle que derogue un aspecto del decreto de “desregulación económica” de Domingo Cavallo (2.284/91, ratificado por ley 24.307), eje de la presentación de Farmacity. En la cuestión que aquí interesa, el mismo dispuso que “cualquier persona física o jurídica de cualquier naturaleza podrá ser propietaria de farmacias, sin ningún tipo de restricción de localización”.

El fallo fue celebrado.

 

 

La respuesta de la Corte llegó cuando esa rebelión estaba en marcha. Esperaban el voto de Maqueda y de Lorenzetti, pero no esperaban el de Highton ni el de Irurzun. Lorenzetti, finalmente, logró conducirlos, tal vez en un gesto de autopreservación.

Mientras tanto, esta semana Macri abandonó el barco de la campaña acorralado por la decisión de Horacio Rodríguez Larreta y de María Eugenia Vidal, a quienes en aquel abril de 2019 había logrado comandar. Y acechado por el sistema de justicia que desde abajo comienza a espabilarse contra todo lo que huele a sarasa.

Graciana Peñafort publicó varios hilos en Twitter. Y dijo: me parece que estos días no le deben caer muy bien a Macri.

Tampoco habrá digerido que el martes 29 de junio la fiscala Gabriela Baigún haya dictaminado que no hubo sobreprecios ni direccionamiento en la licitación del Plan Qunita de 2015. Baigún solicitó a los jueces del Tribunal Oral Federal 1 el sobreseimiento de los acusados antes del comienzo del debate oral, sobre la base de un peritaje realizado en la etapa de instrucción suplementaria, negado por el juez de primera instancia Claudio Bonadío. La fiscala tomó como antecedente del pedido el fallo de Casación en la causa dólar futuro. A raíz de la denuncia contra el Plan Qunita impulsada por Graciela Ocaña, en quince días y sin peritajes, Bonadío y el fiscal Eduardo Taiano allanaron el Ministerio de Salud y todas las empresas participantes de la licitación, con una celeridad que obedeció sólo a la necesidad de llenar el vacío en torno a las pruebas. Baigún sostuvo en el escrito que Bonadío tomó como parámetros indubitables de la imputación de sobreprecios a las facturas del paseo de compras de Ocaña por el barrio del Once. “Ergo, suplieron un peritaje a través de sus propias conclusiones, sin advertir que los elementos no guardaban relación ni a nivel cuantitativo ni cualitativo con los componentes del kit Qunita”.

Expertos ingenieros y diseñadores industriales indicaron ahora que esos componentes no cubrían los ítems del pliego: Ocaña omitió precios de moisés de madera encastrable, bolsillos estructurales, mochila portabebé, saco de dormir, instructivos, tarjetas, diario, libro de cuentos, guía para la madre, bolsas individuales, bolsa portakit, caja de embalaje, crema hidratante y hasta preservativos. Los jueces Adrián Grünberg, José Michilini y Ricardo Basílico reenviaron el dictamen a las defensas antes de tomar una decisión. El proyecto creado por Tiago Ares y pensado para reducir la muerte por colecho, sobre todo en hogares humildes, fue eje del homenaje de CFK, el mismo día que habló de la sarasa.

 

 

Además, esta semana hubo otros datos:

  • El martes 29, el procurador interino Eduardo Casal dictaminó contra la intervención del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Ciudad de Buenos Aires en causas de la Justicia Nacional en lo Civil. Lo hizo en el caso del mercader de arte Gabriel Levinas, que acudió a la justicia porteña tras una condena de la Justicia nacional que lo obliga a pagar 88.000 dólares a la familia de León Ferrari por la venta de sus obras de arte. Lo mismo hicieron los accionistas de Socma S.A. en la causa por la deuda del Correo Argentino, que una semana antes también obtuvo la admisión del Superior Tribunal de CABA. El dictamen de Casal ingresa ahora a discusión en la Corte, pero ya tuvo impacto en la causa del Correo S.A.
  • Sobre la base de ese dictamen, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial de la Nación le negó al STJ porteño el derecho a intervenir como tribunal de alzada en el caso del Correo S.A. En su rebelión, las camaristas sostuvieron que “sólo la ley y no la interpretación judicial es la que puede alterar la actual organización judicial argentina”. Recordaron que “no existe norma alguna que habilite un recurso de queja ante el Tribunal Superior local frente a las decisiones de las Cámaras Nacionales de Apelaciones”. Y dijeron que “resulta evidente que la decisión crea pretorianamente un procedimiento –invadiendo el ámbito propio del Poder Legislativo–, soslayando –al mismo tiempo– la ley vigente, que ni siquiera ha sido declarada inconstitucional por la sentencia del mencionado tribunal”.
  • También hubo una importante decisión de la Cámara Nacional Electoral que solicitó al Consejo de la Magistratura un informe sobre el mecanismo de selección de los jueces electorales, como respuesta a las declaraciones de lógicas trumpianas de Mauricio Macri sobre el juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, destinadas a horadar la confianza en el sistema democrático.

 

El vuelo de los fantasmas trumpianos.

 

  • El juez Walter Lara Correa, del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 10, rechazó un amparo de inconstitucionalidad presentado por un empresario con más de 200 millones de pesos contra el aporte solidario y extraordinario a las grandes fortunas. Es uno de los casi 300 amparos, pero el primero que toma la cuestión de fondo.
  • Finalmente, la defensa de Milagro Sala pidió ante la Cámara Federal de Casación Penal la prescripción y subsidiariamente la nulidad de la causa del escrache con huevos a Gerardo Morales de 2009. Milagro, que lleva casi 2.000 días detenida, fue condenada a tres años y medio de prisión en suspenso por daños y no por amenazas, los dos delitos en juego. “Es la primera vez en cuatro años que podemos ser escuchados”,  expresó el defensor Marcos Aldazábal. Antes de arrancar, señaló que la contraparte privada del caso, Gerardo Morales, constituyó domicilio legal en el despacho de la diputada radical jujeña Silvia del Rosario Giacoppo. “A mi humilde entendimiento, el público despacho es para que los representantes ejerzan la tarea que les encomendamos los ciudadanos y no para que lo pongan al servicio de amigos o intereses privados como lo es una querella como esta, que no es una querella del Estado”.

También en esa línea hubo movimientos en la causa de la Mesa Judicial, donde la Policía Federal Argentina (PFA) envió un informe que confirma el espionaje ilegal sobre el camarista Eduardo Farah en enero de 2018. Cuatro días antes había ordenado la libertad de Amado Boudou, lo cual puso en crisis el paradigma del poder residual para justificar las prisiones preventivas. El capítulo Farah abre el tema todavía pendiente del rol de la Corte en esa trama.

 

 

La Mesa Judicial

El fiscal Franco Picardi detectó pedidos de datos sobre Farah y su esposa a una base de datos llamada SudamericaData desde la División Anticorrupción de la PFA en enero y noviembre de 2018. El informe de la PFA confirmó que el seguimiento de noviembre se hizo en el contexto de una causa judicial, pero que la consulta del día 16 de enero de 2018 no tenía motivos ni sumarios.

“Compulsados los registros de causas en trámite para la época en esta unidad, no hallaron constancia alguna respecto del ciudadano Eduardo Guillermo Farah, como así tampoco investigaciones relacionadas con el mismo”, señala la respuesta de la Policía. También explica que las consultas se hicieron desde afuera de las terminales de esa división, que el servicio estaba costeado con fondos de esa dependencia a los fines exclusivamente judiciales y que se usaba como fuente de consulta para causas sumariales en trámite. Cosa que en este caso no sucedió.

Sobre la búsqueda del mes de noviembre de 2018, la Policía señaló que existía una causa de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). Lo curioso es que la denuncia había comenzado con un anónimo dirigido a Patricia Bullrich con pistas de una supuesta La Rosadita del Sur donde existía un tal Farah, pero mencionado como presidente del Banco Patagonia de Comodoro Rivadavia. El anónimo remataba, además, con el tono de época: anunciaba envío de copias al canal de noticias TN y al periodista Luis Majul:

 

TN y Majul

 

 

El caso Farah llegó a la causa de la Mesa Judicial en noviembre del año pasado, después de la presentación que hizo el camarista ante la Comisión de Acuerdos del Senado para pedir su restitución. Hasta ahora es la única víctima de la causa que perteneció a la vieja composición de la Cámara Federal de Apelaciones. Presentó un escrito en sintonía con su declaración ante los senadores, y ancló su salida del cargo al fallo en el caso Oil Combustibles de marzo de 2018 en el que ordenó junto a Jorge Ballestero la libertad para Cristóbal López y Fabián de Sousa. También, como en el Congreso, mencionó a la Corte.

  • “Sobre las circunstancias en que se produjo mi traslado (…), señalo que en el mes de marzo de 2018, con motivo de la resolución que suscribí integrando la Sala I de la Cámara de esta Ciudad en la causa conocida públicamente como Oil Combustibles (…) fui denunciado penalmente por pretendidos delitos de abuso de autoridad (por haber intervenido en la causa sin supuestamente haberse realizado el correspondiente sorteo para la integración de la Sala I), prevaricato (por haber dictado supuestamente una resolución contraria a la ley) y cohecho (ante la hipótesis del cobro de una dádiva para el dictado del fallo)”.
  • Recordó que él confirmó “el procesamiento de los imputados, modificando la calificación legal del delito por una más adecuada a la naturaleza eminentemente tributaria de las defraudaciones previstas en la ley 24.769 que habían sido denunciadas por la AFIP y disponiendo la libertad de aquellos por no encontrarse el hecho de entorpecimiento a la investigación que había invocado el juez instructor para decretar sus prisiones preventivas”.
  • Asimismo, sostuvo, “ante la amplia y negativa repercusión pública que esa decisión tuvo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación promovió ante el Consejo de la Magistratura que se investigue de qué modo se integró con el suscripto la Sala I de la Cámara Federal para la decisión del caso”.
  • Durante unos dos meses, agregó, “los medios de comunicación de todo el país (periódicos, programas de radio y televisión y sitios de Internet) prácticamente durante las 24 horas del día abordaron el asunto poniendo en tela de juicio no sólo los fundamentos jurídicos de la resolución, sino también mi honestidad. La ignorancia, las opiniones preconcebidas, sumado al partido que tomaron algunos de los medios de comunicación más importantes, hicieron del caso un instrumento para denostarme públicamente”.

Farah criticó el silencio de la Asociación de Magistrados y el acoso a través de las redes sociales: “Mi nombre circuló por todas ellas con referencias irreproducibles, llegando a recibir en mi teléfono celular, a través de Messenger y WhatsApp, mensajes ofensivos e insultos provenientes de personas desconocidas referidas a lo que decían los medios”.

Aseguró que por todas estas razones, “decidí dar un paso al costado” para que se investigue lo que debía investigarse y proteger a su familia. Explicó que con el paso del tiempo cada denuncia cayó. Y aclaró que no recibió presiones ni injerencias para sus fallos y que él mismo pidió el traslado de juzgado porque le pareció lo más conveniente. En la presentación del Congreso, agregó algo más sobre el rol de la Corte:

“Que a uno lo denuncie la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación era un hecho de una gravedad importante”, aseveró, mientras los senadores lo escuchaban atónitos. Oscar Parrilli manifestó: “No creo que exista una declaración así en la historia de la democracia. ¿Hizo una denuncia?”, preguntó. E inquirió: “¿Qué abogados o quiénes lo denunciaron? ¿Usted escuchó a Macri cuando dijo: ‘Esto no es lo que habíamos acordado’? ¿Esa frase se refería a usted? ¿Usted había acordado eso con Macri?” Farah respondió que no. No había acordado nada.

 

¿Denunció?

 

 

El mensajero

Pablo Duggan describió una escena previa al fallo Oil Combustibles en su libro sobre el caso Indalo. Poco antes de la sentencia, Lorenzetti convocó al camarista Jorge Ballestero a su despacho. Un gesto que al camarista le llamó la atención. No eran amigos personales.

—Tengo entendido que vas a liberar a Cristóbal López —dijo Lorenzetti.

—Aún no lo tengo decidido —respondió Ballestero.

—Quiero decirte que no es una buena decisión —presionó el presidente de la Corte.

—Ya lo voy a resolver, doctor —reiteró Ballestero—, no tomé aún la decisión.

—Fijate. Pensalo bien, no es una buena decisión. Te va a traer problemas. Ya se rumorea que Cristóbal López les pagó por el fallo. Eso no es bueno —lanzó el supremo.

 

La Corte.

 

Según otros testigos, el diálogo escaló hasta los gritos. Para mayo de 2018, cuando Farah pedía el traslado, la vieja Cámara Federal estaba desintegrada. Eduardo Freiler se había ido expulsado por un jury en diciembre de 2017, en el que también tuvo un rol clave Ricardo Lorenzetti. Y después del fallo de Oil Combustible, Ballestero tomó una licencia médica de la que no regresó. En ese sentido, Farah no necesitaba presiones ni mensajes. Los espejos sobraban.

Hoy la causa de la Mesa Judicial tiene entre los imputados a las primeras líneas del gobierno de Mauricio Macri. El proceso expuso, además, la actuación de diversos mensajeros. Fabián Rodríguez Simón anunció la cárcel para Alejandra Gils Carbó y sus dos hijas si ella no renunciaba al cargo. El litigante de las cámaras patronales José Luis Etala pululó en los despachos del fuero laboral. Con este escenario no es extraño entender a Lorenzetti como mensajero en el fuero federal.

El teléfono de Nieto también tiene agendado un encuentro de junio de 2017 entre Macri y Lorenzetti, esa vez con las iniciales de Cristóbal López. El empresario todavía estaba en libertad. Detenido en diciembre de ese año, fue liberado en marzo de 2018. Hoy se sabe que el fallo provocó la ira del Presidente.

 

 

Cuatro días después, una sobreactuada Corte Suprema presentó la denuncia en el Consejo de la Magistratura por el sorteo de los camaristas.

 

 

Probablemente las palabras de Macri no estaban dirigidas a Farah, sino a Lorenzetti. Después de ese episodio, en mayo, comenzó la lenta operación para desplazarlo de la presidencia de la Corte.

 

 

 

 

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