El general tiene quien le crea

La justicia de La Rioja absolvió a Milani en el juicio por secuestros y tormentos durante la dictadura

 

El ex jefe del Ejército César Milani resultó absuelto en el juicio que se le siguió por el secuestro y los tormentos contra Pedro Adán y Ramón Alfredo Olivera, ocurridos en La Rioja en 1977. Con la absolución, el militar quedó inmediatamente libre, pero se prepara para afrontar otro juicio por delitos de lesa humanidad en Tucumán y otro por enriquecimiento ilícito. Los querellantes y los fiscales anticiparon que recurrirán el fallo.

La causa contra Milani se inició en La Rioja en 2013. Pero, desde 1979, Milani figuraba en las denuncias que hizo Alfredo Olivera sobre su detención ilegal.

 

 

Los casos

El 12 de marzo de 1977, una patota militar y policial entró a la casa de los Olivera a la madrugada. Se llevaron a Pedro Adán, el padre. Era un hombre de 51 años, que trabajaba como empleado municipal y hacía changas como peluquero en la casa. Lo devolvieron a los dos días. No podía ponerse en pie de las golpizas. Un médico acreditó que había sufrido una trombosis cerebral. Al tiempo, lo jubilaron de la municipalidad por invalidez.

A su hijo Alfredo se lo llevaron el mismo día que devolvieron a Pedro a su casa. Freddy estaba trabajando en la municipalidad cuando se presentaron dos uniformados para detenerlo. Lo llevaron al Instituto de Rehabilitación Social (IRS), la cárcel de La Rioja.

 

 

La denuncia

El derrotero de Alfredo Olivera lo llevó hasta la Unidad 9 de La Plata. Todavía preso ahí, en 1979, denunció ante el juez Roberto Catalán – también juzgado y absuelto por el mismo caso– que Milani había sido quien lo había trasladado a él el 24 de marzo de 1977 desde el IRS hasta el juzgado federal, mientras lo hostigaba para que no declarara los tormentos que había sufrido durante la detención.

¿Cómo sabía que se llamaba Milani? Porque el joven militar hablaba con el secretario del juzgado sobre su ascendencia. En otra declaración, Olivera (hijo) también lo reconoció como el oficial que había comandado el operativo en su casa. Sus cuatro hermanos lo confirmaron ante el tribunal durante el juicio.

La denuncia de Olivera mientras estaba preso llevó a que el propio Catalán citara a Milani a declarar. Al tiempo, el magistrado se declaró incompetente y pasó el expediente a la justicia militar – donde Milani también declaró por la acusación de Olivera en plena dictadura. Todo había sucedido casi 33 años antes de que Milani escalara hasta la jefatura del Ejército.

 

 

El fallo

En el juicio, Milani afrontó tres acusaciones: ser parte de la asociación ilícita que secuestraba y torturaba en La Rioja, la privación ilegal de la libertad de Pedro Olivera y los tormentos a su hijo Alfredo.

Dos de los jueces, Jaime Díaz Gavier y Julián Falcucci, consideraron que el ex jefe militar debía ser absuelto por todos los cargos. El tercer juez, Enrique Lilljedahl, sostuvo que debía ser condenado por el secuestro de Pedro Olivera.

Estas fueron las discusiones entre los magistrados, según pudo reconstruir El Cohete y que se conocerán el 9 de septiembre con los fundamentos:

  • Los hechos existieron, pero la prueba no arroja certezas para una condena. Por ejemplo, no hay dudas de que Pedro Olivera fue detenido y trasladado al IRS porque figura en los registros del establecimiento carcelario.
  • Hay prueba, pero es contradictoria. Por ejemplo, en el legajo aparece que Milani estaba castigado cuando fue el allanamiento y la detención de Pedro Olivera.
  • Milani pudo haber participado de la detención de Pedro Olivera, pero eso estaría dentro de la “legalidad” que imperaba en la dictadura. Es curiosa la interpretación porque el allanamiento fue hecho de madrugada, con armas y toda la familia llevada al porche.
  • Milani pudo haberlo llevado a Alfredo Olivera desde la cárcel al juzgado federal sin que eso implique un delito, sin que haya dolo – apuntan los jueces.
  • Un subteniente de 21 años no podía ser parte de una asociación ilícita que en La Rioja tenía como cabeza máxima al comandante del III Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez. Éste fue un punto fuerte de la defensa de Milani, que incluso llegó a decir que no había otro caso de subtenientes condenados. Las estadísticas muestran que al menos hay siete.

Es posible que, en los fundamentos, los jueces se despachen con algunas críticas al juez que instruyó la causa, Daniel Herrera Piedrabuena, a quien Milani también tiene denunciado en el Consejo de la Magistratura.

 

 

Las reacciones

La fiscalía y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos habían pedido 18 años, mientras que la querella que representa a Olivera había reclamado 20 años. Se fueron con las manos vacías y llenos de incertidumbre hasta que se conozcan los fundamentos.

“Como ministerio público no esperábamos este fallo”, dijo la fiscal Virginia Miguel Carmona. “Seguimos sosteniendo que las pruebas son contundentes, por lo que no entendemos la decisión”.

Para Claudio Orosz, querellante por las Secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de La Rioja, el tribunal se separó de los criterios que venía aplicando. “Había muchísima prueba y no la valoró”.

Las abogadas de Olivera, por su parte, le encuentran olor político al fallo. La decisión del tribunal de dictar sentencia a menos de 48 horas de las primarias del domingo ya había generado suspicacias para un lado y para el otro.

“Consideramos que es un fallo arbitrario, que se dicta en un momento político clave y que, por supuesto, vamos a recurrir en Casación”, sostuvo Viviana Reinoso. “Era responsabilidad de los jueces despegar el dictado de la sentencia de los tiempos electorales máxime si a quien se juzgó es al ex jefe del Ejército. Dejaron atrapadas a las víctimas en la grieta político-electoral”.

 

 

La justicia

En la sala del juicio se entremezclaron los gritos de alivio de los familiares de Milani con las protestas de los familiares de las víctimas.

Milani estaba preso desde febrero de 2017, después de ser indagado por los casos de los Olivera. Tras haber alternado entre cárceles de La Rioja, Marcos Paz, Ezeiza y Campo de Mayo, quedó en libertad este viernes porque sólo tenía dictada la prisión preventiva en la causa de La Rioja.

Está procesado también por haber falsificado el acta de deserción del conscripto Alberto Agapito Ledo, otro riojano desaparecido desde 1976. El juez federal Daniel Rafecas también lo procesó por enriquecimiento ilícito, y espera ser juzgado por un tribunal.

En sus últimas palabras antes de la sentencia, el ex jefe del Ejército –de impecable uniforme– se presentó como una víctima de una campaña judicial y mediática y dijo que la “persecución” en su contra había privado al ejército de la “reconciliación con el pueblo”.

Alfredo Olivera escuchó el fallo en la sala. Lo define como una canallada y dice que estaba claro que detrás de este juicio no estaba ni el gobierno nacional ni los grandes medios. Cerca de él estaban la hermana y la madre del conscripto Ledo, que esperan obtener justicia en el juicio que se inicia el próximo 12 de septiembre en Tucumán. Aunque sea un poco de justicia después de 43 años.

 

 

 

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11 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimada Luciana:
    Una digresión.
    Aunque políticamente incorrecto para los tiempos que corren, cabe referir que este poder judicial corrompido, hace que la garantía de última instancia con la que cuenta el ciudadano, resulte una mala parodia de lo que debería ser y, reformularse totalmente será un camino necesario si alguna vez se quiere ser un país serio.
    Desde siempre -aunque con dignos eufemismos- dieron la impresión que sólo eran la garantía de última instancia del statu quo. En estos últimos cuatro años, la evidencia resulta de una obscenidad indisimulable y escandalosa.
    También, ya que es tiempo de aprendizaje de la clase política, el caso en particular amerita que este tipo de “errores” en nombramientos de funcionarios públicos, no pueda volver a suceder, máxime cuando desde el Cels se cuestionara el nombramiento. Ningún nombramiento debería contener un manto de sospechas en las previas.
    Es cierto que resulta complicado en este país después de todo lo sucedido desde larga data, pero hay que hacer el esfuerzo para que no existan dudas respecto de la honorabilidad de cualquier potencial funcionario.
    Y, sobre esto último, también tiene relación lo que se dijo más arriba, porque si los jueces fuesen honorables, imparciales, apegados a derecho y sus fallos resultaren incuestionables por sus fundamentos y elementos probatorios, la sociedad podría confiar -al margen de los intereses mediáticos- en culpabilidades o absoluciones, sin tener las sospechas que sobre ellas se vienen sosteniendo, desde hace demasiado tiempo.

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