El golpe, desde la embajada argentina

Últimas noticias de Bolivia o de cuándo el odio se apodera de la gente

 

Quizá una frase sirva para entender el presente de Bolivia. Durante esta semana estuvo Paulo Abrao, el brasileño secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. «El ambiente de odio instalado en el país —dijo— incluye un clima de violencia verbal y física muy preocupante». El viernes circuló una imagen viva de ese aliento que no cede hace semanas. Esta vez fueron las palabras del ministro de gobierno dirigidas a un grupo de argentinos que acababa de aterrizar en La Paz.

«Anden con cuidado», dijo Arturo Murillo. «Estos extranjeros que están llegando hechos unas mansas palomitas a tratar de incendiar el país, que anden con cuidado. Los estamos mirando, los estamos siguiendo, estamos viendo lo que están haciendo. En el primer paso en falso que den, tratando de hacer terrorismo o sedición, se van a ver con la Policía. La Policía está atenta y tiene orden de no permitir que se haga daño en nuestro país». No es de extrañar esta desmesura: Murillo también anunció que denunciará a Evo Morales ante la Corte Internacional de La Haya por presuntos «crímenes contra la humanidad». Y su canciller, Karen Longaric, exigió a México que entregue a una veintena de ex funcionarios que se refugiaron en su embajada en La Paz.

 

 

Paulo Abrao, con familiares de las víctimas.

 

En la delegación estaban, entre otros, el Tanito Daniel Catalano, secretario general de ATE Capital, Iván Wrobel, de la Comisión de derechos humanos del gremio, y Juan Grabois. Cuando bajaron en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, en escala hacia La Paz, los increparon al grito de gauchos de mierda, váyanse a su patria. La policía quiso saber sus nombres. Y a qué iban. Y cuando el viernes a la tarde, ya en La Paz, bajaron desde El Alto hasta el centro cívico para ver a una senadora en huelga de hambre, no los dejaron entrar. En la calle aparecieron para empujarlos las nuevas milicias cívicas que se mueven en la ciudad. Luego, un grupo de periodistas. Y como durante la dictadura argentina, también ellos los corrieron a preguntas en modo campaña anti-Bolivia. Se salvaron tomando un teleférico para escapar nuevamente al Alto.

Ese mismo día, una delegación de ATE pidió una entrevista en la Cancillería argentina para exigir que las autoridades de la embajada garanticen la seguridad de los que estaban en Bolivia. En la entrevista estuvo el vicecanciller, Gustavo Zlauvinen, y dos funcionarios del gabinete.

—No podemos garantizar la seguridad— les dijeron. Y ante la cara de los asistentes, agregaron que no podían hacerlo porque finalmente Bolivia es otro Estado. Y que como la Argentina no reconoció al gobierno de Bolivia, la capacidad de actuación de la embajada es limitada. También ellos confesaron que la situación de Bolivia es preocupante.

Pero eso no es todo. La situación es alarmante. El comisionado de la CIDH para Bolivia, Francisco Eguiguren, acaba de anunciar que el organismo instalará en Bolivia un Grupo de Trabajo Internacional compuesto por expertos para investigar los sucesos ocurridos luego de la renuncia del Presidente Evo Morales. Esos hechos han causado, por lo menos y hasta hoy, dos masacres claramente verificadas: una en El Alto y otra en Cochabamba, con más de una veintena de personas muertas con bala en operativos conjuntos de las Fuerzas Armadas y de la Policía a pesar de que la información oficial habla de muertes producidas en enfrentamientos entre civiles.

 

Francisco Eguiguren.

 

«Creemos que eso requiere una investigación internacional —dijo Eguiguren— porque no encontramos internamente espacio para una investigación imparcial y firme». También dijo que la CIDH debe realizar urgente una visita in loco para dialogar con autoridades, organizaciones de la sociedad civil, prensa, víctimas y sus familiares.

«Muy alarmante que una de las masacres se produjo al día siguiente de este decreto muy cuestionable», explicó sobre el decreto que liberó a las FFAA para usar las armas y quedar exentas de investigaciones, que el gobierno de facto derogó esta semana. Eguiguren mencionó entre las formas que asume la violencia en el país la formación de grupos armados de civiles, represión contra las anteriores autoridades, polarización extrema y discursos de odio.

Uno de los exponentes de ese mundo de odio es el cívico Luis Camacho, el empresario fanático religioso que emergió con las movilizaciones contra las elecciones y acaba de renunciar a su puesto en el Comité Pro-Santa Cruz para constituirse en candidato.

Esta semana la embajada argentina envió al país su reporte anual sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia. El informe comenzó a elaborarse en octubre del año pasado, y según su nomenclatura se trata de un procedimiento de rutina. Lo peculiar es el tema y el momento. Incorporó una descripción de la situación del país que llega hasta los primeros días de noviembre. Desliza críticas sobre las disposiciones del gobierno de Jeanine Áñez, pero destiñe todo lo que dice porque no sólo no define lo que ocurrió en términos de golpe de Estado o situación de Estado de excepción, sino porque afirma que en Bolivia «la democracia pluralista se encuentra plenamente vigente».

Así lo dice en el apartado destinado a la evaluación de la discriminación y persecución política: «A pesar de que la democracia pluralista se encuentra plenamente vigente en el país —señala—, y que este a su vez se trata de un modelo de gobierno que postula, fundamentalmente que los discrepantes deben respetarse mutuamente para organizar la coexistencia pacífica y solucionar las diferencias sin recurrir a la violencia, lo cierto es que existe mucha discriminación política».

En las 24 páginas hay de todas maneras algunos datos importantes que cautelosamente comienzan a mostrar una crítica del Estado argentino.

  • Decreto
    El informe reseña la visita de la CIDH. Dice que el organismo condenó “el grave Decreto de Bolivia que desconoce los estándares internacionales de derechos humanos que por su estilo estimula la represión violenta». También citó señalamientos de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que «el pasado 16 de noviembre advirtió que la situación en Bolivia estaba recrudeciendo» y «que si bien las primeras muertes se produjeron como resultado de enfrentamientos violentos entre grupos de manifestantes rivales, las más recientes parecen derivar de un uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de personal policial o militar”.
  • La nueva Ministra de Comunicaciones
    Sobre el rol de la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, que acusó a comunicadores argentinos y a la prensa internacional de «sedición», señala: «La preocupación de la Comunidad Internacional se hizo sentir en todos los medios locales e internacionales de comunicación donde replicó estas amenazas a la libertad de expresión con mucha preocupación. El hecho de que una funcionaria del Gabinete nacional se expresara de esa forma contribuye a intensificar el clima de hostilidad hacia todos los medios internacionales de prensa».
  • Periodistas argentinos en La Paz
    «Durante el mes de noviembre periodistas argentinos fueron agredidos por un grupo de personas mientras realizaban la cobertura de las manifestaciones ocurridas en las inmediaciones de la Plaza Murillo. Al grito de: Váyanse a su país y Fuera mentirosos, los siguieron hasta el Hotel Presidente donde los periodistas se alojaban. Eran de Todo Noticias (TN), Crónica TV, Telefé Noticias y América 24 (A24)». «Algunos manifestantes amenazaron con prenderles fuego y comenzaron a arrojarles piedras mientras los persiguieron hasta el Hotel. Con el correr de las horas las hostilidades se fueron incrementando, hasta que el Embajador dispuso de las fuerzas de seguridad con las que cuenta la Residencia y diseñó un operativo para llevarlos al Aeropuerto de El Alto».
  • El caso de Rolando Andrade
    Sobre el fotógrafo Rolando Andrade, ahora en Clarín, el informe señala que en el transcurso de los trabajos realizados por la CIDH en el Hotel Casa Grande, el periodista argentino se acercó para tomar nota. Sorpresivamente, periodistas bolivianos se acercaron y comenzaron a gritar: ¡Este periodista es argentino!, y a increparlo e insultarlo. Le reclamaron que el espacio era sólo para periodistas bolivianos y no para argentinos. La situación llegó a un extremo tal que debió ser evacuado por personal de seguridad. Luego tomó contacto con miembros de la Embajada que hicieron seguimiento y apoyo hasta que salió del país.

Consultado por El Cohete, Rolando señala: «A mí me decían que yo era un infiltrado terrorista y comunista. Se tiraron contra mí. Una de ellas era Nancy Vacaflor, otra Yolanda Mamani, luego el presidente o ex presidente de la Federación de Trabajadores de prensa de La Paz, Edgardo Vázquez. Cuando entré al recinto donde estaba la CIDH, me dijeron que yo no tenía nada que ver ahí, que los problemas de los bolivianos eran de los bolivianos. ¡Adelante de la CIDH! En el Hotel Casa Grande. Eso me pasó a mí, y había otros periodistas, pero todos los que estaban ahí lo único que contaban (a los integrantes de la organización) es sobre los 14 años de la dictadura de Evo Morales. Entonces no dejaban a mí, ni a nadie, decir la realidad actual, lo que estaba pasando. Y cuando me vieron me hicieron esa locura. Y automáticamente, los de la CIDH se habían dado cuenta de que estaba vulnerada mi seguridad. Que la cosas estaban de otra manera».

  • Desobediencia Civil
    A partir de un análisis de la Defensoría del Pueblo, el Informe de la embajada señala que el planteo de «Desobediencia Civil» de los comités cívicos de Luis Camacho y el dirigente Carlos Mesa no tiene estatuto jurídico. Y señala que el supuesto fraude que dio lugar a las movilizaciones del 20 de octubre fue una denuncia que se propaló a través de los medios pero que no tuvo correlato en la Justicia. «La Defensoría destaca que las manifestaciones desarrolladas en Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Tarija por distintas organizaciones cívicas, en especial los Comités Cívicos de esas ciudades, así como la agrupación Comunidad Ciudadana, han justificado convocar a una desobediencia civil por la existencia de un ‘fraude’. Sin embargo, las denuncias sobre este punto sólo han sido realizadas en medios de comunicación o redes sociales, generando también una suerte de incertidumbre, sin que exista una vía formal y legal para su consideración y, en su caso, sanción».
  • Verdad
    Luego existen otros contenidos. Los avances del gobierno de Evo Morales durante el año 2018 para desclasificar los documentos sobre las dictaduras de 1964 a 1982 con apertura de archivos, entrega de 136 cajas con al menos 6.177 testimonios de víctimas, un proyecto de un informe sobre la dimensión económica de los crímenes y efectos sobre la estructura productiva y la entrega de 415 documentos desclasificados de la Cancillería. Ese proceso que incluyó una campaña para la recolección de testimonios y el impulso para volver a investigar la causa caratulado 16/1986 del juicio de responsabilidades contra el régimen dictatorial de Luis García Meza y otras ex autoridades de Estado, tal vez fueron parte de los temas que sacudieron lealtades en el campo de las Fuerzas Armadas.

El embajador argentino Normando Alvarez García firmó la presentación del informe. Pero con esa misma mano el viernes a la tarde abrió la embajada para recibir a integrantes de la nueva conducción de las Fuerzas Armadas y del ministerio de Defensa. La nueva conducción de las Fuerzas Armadas es la que estuvo en las calles protagonizando lo que la CIDH definió como masacres. La embajada las invitó por un acto protocolar: la despedida del agregado militar. Alvarez García no tenía ninguna necesidad de hacer la ceremonia. Como explica el ex embajador en Bolivia Ariel Basteiro —y no sólo él—, el Chiqui Alvarez García peca de algo más que de exceso de amiguismo. La celebración, con esos invitados, resulta una reconocimiento de las nuevas autoridades.

 

Embajador Chiqui Álvarez: reconocimiento tácito a los golpistas.

 

 

 

 

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