No es pertinente perder tiempo en dar un panorama de la Argentina actual. Sabemos, en mente y cuerpo, que el gobierno nacional y casi todas las provincias nos han destrozado el Estado, los organismos públicos de educación, ciencia, control de calidad de los productos y sus precios, la industria, el empleo registrado, el poder adquisitivo de las masas y así seguir enumerando para abarcar todo. Casi, porque ha resguardado a la oligarquía latifundista terrateniente, a los monopolios internacionales y al sector financiero. En política exterior, seguimos al instante lo que decidan los gobiernos de Estados Unidos e Israel, de quienes nos declaramos sumisos aliados. Apoyamos el genocidio palestino y la guerra con Irán. Una declaración de las Naciones Unidas manifestando la esclavitud como delito de lesa humanidad recibió solo tres votos en contra. Es obvio cuáles fueron.
Nuestra situación es angustiante, dolorosa. Más aún porque es resultado del fracaso de las fuerzas nacionales y populares, que produjeron un vacío que la mayoría de los argentinos llenó con este monstruo hipercapitalista y cipayo. Peor: tampoco esas fuerzas hacen nada conducente para llenarlo. Enredadas en una queja estéril y una pelea interna chata, de egocentrismos obtusos que olvidan que un político genuino, además de militar con sus ideas por el pueblo, la democracia y la patria, jamás debe dudar en poner esos valores por encima de cualquier interés personal. Así sea este inmaterial, de orgullo o prestigio. Una vida feliz para el otro, para los otros, es su único objetivo y satisfacción.
Si ese escenario no cambia, no es imposible que la máquina de destruir que tenemos en el poder logre ser reelegida. Cuentan con el enorme poder de casi la totalidad de los medios de comunicación que los apoyan y continúan con su postura inmodificable de sostener el poder real, que también integran.
No hay indicios de un estallido popular. Un cambio drástico debe encuadrarse dentro del sistema que, esencialmente, tenemos desde hace más de un siglo y medio, cuando empezábamos a arañar la entrada en el capitalismo clásico, en un contexto a una enorme distancia del actual.
Así las cosas, lo primero que hay que conseguir son votos. Para lograrlo, es imprescindible que uno o un grupo de líderes elabore un programa que, con claridad, con sintética sencillez, se comprometa a cambios fáciles de apreciar como remedios a los problemas que acucian a la gran mayoría, con lo que incluiría como destinatarios a integrantes de quienes eligieron este gobierno, además de los sectores populares, progresistas y democráticos que se aglutinan bajo banderas diversas.
En primer lugar, la promesa creíble de que el salario y la jubilación mínimos serán de un millón de pesos, abastecidos por emisión de pesos. Con el mismo origen, créditos muy blandos a todas las pymes, con un período de gracia de al menos un año. El consumo de las masas y la producción industrial subirán rápidamente. ¿Y la inflación? Deberá haber claros mecanismos de control. Las paritarias deberán tener techos inviolables (relacionados, claro está, con que el salario mínimo será de un millón). El incumplimiento las anulará. Habrá un estricto control por el Estado de precios y mercaderías, basados en costos y una ganancia moderada. Las infracciones serán penadas con multas o prisión (recordar las normas contra el agio y la especulación del primer gobierno peronista).
Luego de un primer momento virtuoso, aparecerán inexorablemente problemas más complejos vinculados, en primer lugar, a la deuda externa. Deberá adoptarse una actitud muy firme contra sus ilegalidades y sus autores argentinos y extranjeros. Para ello, simultáneamente deberá llamar a una Convención Constituyente que reemplace la vetusta norma máxima actual. También se necesitarán muchos votos. Su pilar fundamental será la justicia social. La educación pública será obligatoria en los niveles primario y secundario. La educación terciaria será optativa y todas serán gratuitas. Impuestos progresivos en ganancias y riquezas, eliminados los establecidos para el consumo. Política exterior, independiente a rajatabla. Malvinas argentinas. El Poder Judicial será independiente realmente. El actual, íntegro, quedará en comisión. Los nuevos miembros de la Corte Suprema serán doce miembros en cuatro cámaras —o los que se determine— (una por cada especialidad del derecho). Serían elegidos por voto popular, en comicios distintos a los presidenciales. Las postulaciones deberán ser aprobadas por mayoría por los diputados, que serán cámara única. Los restantes jueces serán producto de ternas elaboradas mediante concurso por el Consejo de la Magistratura, que estará integrado con gran representatividad de académicos forenses, de científicos de ciencias duras y sociales, de organizaciones de trabajadores y sociales. También se vigilará el comportamiento de los jueces y, ante falencias notorias, se promoverán sus juicios políticos. Los actuales magistrados podrán concursar por sus puestos actuales. Un sistema análogo se instrumentará para el Ministerio Público Fiscal.
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