El impacto del despacto

Tres jefes del Ejército uruguayo en un mes, hasta que aprendan que la verdad no se negocia

 

Desde Montevideo – “Se descabeza una política militar dentro del Frente Amplio”, afirma el historiador Carlos Demasi. Madres y familiares de detenidos desaparecidos exigen que el nuevo comandante en jefe del Ejército condene expresamente el terrorismo de Estado y asuma el compromiso de buscar verdad y justicia. El general Claudio Feola no lo hace con la precisión debida en la conferencia de prensa que convocó al asumir la jefatura del Ejército, el tercer comandante en un mes de crisis sin precedentes. “No voy a repudiar hechos del pasado porque no sé si es real o no es real”, dice, en su primer batalla perdida con la sintaxis castellana.

El flamante ministro de Defensa José Bayardi (la purga llegó hasta allí; ver El Cohete de la semana pasada) le dice a Feola que haga más y hable menos, y le da el libreto de su segunda declaración:

—No ha quedado claro su posición respecto a la existencia o no de detenidos desaparecidos. Entonces hablamos también de que usted rechaza todo lo que sean las prácticas que dieron lugar a violación de los derechos humanos, apremios, muertes.

–Sí, señor. Yo las rechazo.

–Muy bien. Ahora, si estas cosas son las que piensa, debería dejarlas expresadas con claridad, porque si algo no se entendió y no tuvo contenido, fue lo que usted me está contestando ahora.

–Yo no tengo problemas en expresar estas cosas con claridad porque efectivamente las pienso.

–Entonces aclárelo.

El Presidente Tabaré Vázquez le reclamó “lealtad y obediencia” a su ex edecán Feola, le reiteró el pedido de “respeto institucional” y le adelantó además que “una vez que se expida la Justicia vamos a verificar si hay lealtad o no hay lealtad”. Y destacó que ya “no hay un pacto de silencio” en el Ejército sobre el destino de los desaparecidos. “Toda información que le llegue al Ejército va a ser transmitida por el conducto del mando. No hay pacto de silencio. Si se puso lo que se puso en las actas, es porque no hay pacto de silencio”.

Y más. La bancada del Frente Amplio alcanzó un acuerdo para eliminar los tribunales de honor de la ley orgánica de las Fuerzas Armadas, que es de 1974, cuya modificación a su vez está planteada en un proyecto de ley para desterrar la todavía imperante doctrina de la seguridad nacional. Aprobarla es la batalla en puerta.

La voluntad de desterrar esa doctrina y la denuncia consecuente del terrorismo de Estado que pervive en el “silencio austero” de los militares, resurgieron en la sociedad uruguaya como un amanecer. Fue tras la publicación el 30 de marzo de la relación de hechos que expresó el represor José Nino Gavazzo ante un tribunal de honor militar sobre cómo dispuso del cuerpo de Roberto Gomensoro en marzo de 1973, el primer detenido desaparecido. Provocó la enérgica reacción del Presidente Tabaré Vázquez y su decisión de pasar a retiro a dos comandantes en jefe sucesivos de Ejército y a otros cinco generales en tres semanas. El que asumió, Feola, es el más joven de los 16; otros ocho deberían pasar a retiro si mantuvieran su código de respeto a la derecha. Que no lo hagan sugiere que perciben la posibilidad de dar pelea desde el mando en procura de un amanecer desde el oeste. La postulación política del ex comandante en jefe Guido Manini Ríos diez días atrás, con la conformación de un partido militar puesto a su servicio, es la punta de lanza de esa intención.

En el análisis hecho en el programa de la televisión estatal Cambiando el aire, se profundizó sobre la situación al menos en dos ediciones. En diálogo con Ana María Mizrahi, el historiador y politólogo Gerardo Caetano repasó lo que llamó “graves errores de una política militar continuada” durante los 34 años transcurridos desde que se fueron los militares. Julio María Sanguinetti asumió la presidencia en marzo de 1985 tras elecciones con tres candidatos vetados (Líber Seregni por el Frente Amplio, Wilson Ferreira Aldunate por el Partido Nacional y Jorge Batlle por el Partido Colorado), verdad disimulada para afirmar que la democracia era ya plena. La Ley de amnistía de diciembre de 1986 contemplaba la investigación y esclarecimiento de las denuncias de personas detenidas desaparecidas, pero pobre resultado produjo aquella concesión del momento.

Caetano tuvo a bien recordar que, en 1987, Sanguinetti le entregó estas investigaciones al fiscal militar coronel (R) José Sambucetti, que, por supuesto, nada encontró. Hoy, señaló Caetano, a sus 83 años y en nueva campaña electoral, Sanguinetti habla de “la sagrada causa de los detenidos desaparecidos” y dice que el problema existente es “la muerte de Eleuterio Fernández Huidobro”. Se lo precisaría al frente del Ministerio de Defensa, propone Sanguinetti. Eso mantendría la doctrina de la seguridad nacional y la cultura corporativa de las FFAA, cuya visión antidemocrática es transmitida entre generaciones: los militares hoy descabezados entraron entre 1977 y 1979 al Ejército, así que poca participación pudieron haber tenido en la represión dictatorial.

Señaló Caetano que, como ministro de Defensa, Fernández Huidobro no solo no colaboró, sino que bloqueó investigaciones: “Lo hizo en connivencia con los mandos militares y con el ex presidente José Mujica”. En la transición del primer gobierno de Vázquez al de Mujica, Fernández Huidobro conservó el puesto a pedido del propio Mujica y de los militares, que encontraban un par en él.

Para la ex jueza penal Mariana Mota, que supo juzgar al dictador Juan María Bordaberry entre otros casos de derechos humanos (el desplazamiento de jueces incómodos no es exclusividad de Comodoro Py) y hoy en el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el cambio planteado ofrece resistencias. “Los militares hablan de lo que quieren y ante quienes quieren, y dan la información que quieren dar, manipulándola de acuerdo con las circunstancias y a la información de circulación pública”. Lo ejemplificó con el hecho de que, enterado del contenido de las declaraciones de Gavazzo y Silveira al tribunal de honor, el entonces comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, no interrumpió las actuaciones ante la presunción de delito, sino que ordenó seguirlas. “Hay que pensar por qué se siguió esa actuación. Yo no desestimo la inteligencia militar, porque todas las actuaciones militares están muy medidas, y sabidas sus consecuencias. Entonces hay que pensar por qué se dejaron esas actuaciones en estas actas”.

Una tesis posible es que Manini Ríos venía encabezando un plan a mediano plazo para salir a la palestra política y desde allí no sólo oponerse con libertad de movimiento a la reforma de la Caja Militar de pensiones y jubilaciones (con pérdidas del 1% del PIB cuando el déficit fiscal es de 4,5%) y a la reforma a la Ley Orgánica Militar de 1974, sino proponer una alternativa que actualice el status quo, le dé mayor marco institucional a las Misiones de Paz de la ONU en las que el Ejército participa desde 1992, la creación de unidades de lucha antiterrorista y a “mejorar la capacidad operativa, credibilidad y dignidad”, según el coronel (R) Arquímedes Cabrera. Él es de la Logia Tenientes de Artigas y su vocero tal vez más a la derecha del espectro derechista de esa logia. En dictadura fue dos veces custodio de tres de los rehenes tupamaros (Eleuterio Fernández Huidobro, José Mujica y Mauricio Rosencof), supo tener su agrupación nacionalista que adhirió en 2009 al presidente Luis Alberto Lacalle; Fernández Huidobro lo trató de “nazi”, lo que no impidió que en 2011 lo contratara como asesor del Ministerio de Defensa, en una demostración de coherencia del ministro, como afirmó Cabrera en una entrevista .

El camino para esos retoques conservadores a la Ley Orgánica sería obtener el mandato del Presidente en consejo de ministros o con solo el ministro de Defensa, para que los comandos de las tres armas propongan reformas a su reglamento interno en los términos expresados por Cabrera. Se daría así continuidad a la situación enmarcada por la Ley Orgánica de 1974, hecha en plena dictadura militar.

Para llevar este proyecto adelante con mayor potencia en defensa del actual Ejército adicto al terrorismo de Estado, Guido Manini Ríos se proyectó como el principal interlocutor de quienes salieran a la liza. Ejerciendo la comandancia del Ejército, hizo sondear la opinión pública, y obtuvo en la fotografía del instante un sorprendente 38% de simpatías a su figura — 37% más de lo que en ese momento tenía como intención de voto el Partido Nacional. También observó que se recolectaban 380.000 firmas (que en votos darían cuatro a cinco senadores en una cámara de 30) para que se vote un proyecto propuesto por el senador Jorge Larrañaga (segunda agrupación en simpatía de votantes del Partido Nacional): modificación de la Constitución para darle participación a los militares en la represión interna, penas más duras, cárcel obligatoria y anular la inviolabilidad del hogar allanando en horas de la noche. Si Manini Ríos no adhirió a este proyecto fue porque propone una Guardia Nacional, a la que el Ejército uruguayo se opone desde siempre.

Además, debe de haber notado Manini que los civiles de derecha muestran anémicos intentos de hacerse presentes en las elecciones nacionales de octubre. En este marco es que el 3 de abril lanzó su candidatura presidencial por el partido Cabildo Abierto, que fue creado por quien fuera el escribano de Gobierno de Vázquez, Guillermo Domenech —presencia que es síntoma de la dejadez en materia ideológica de la que el Presidente Vázquez está saliendo—, a la espera de Manini.

El general Manini Ríos hizo lo posible para pasar a retiro como un martirizado héroe en defensa de la institución militar, en beneficio de su carrera política a la cabeza de lo que a todas luces es un partido militar. No lo logró en septiembre, cuando su insolencia fue castigada con un arresto de 30 días pero no el retiro; tampoco logró ser arrestado luego de su pase a retiro cuando insultó la institucionalidad democrática en un mensaje a manera de despedida, en traje de fajina y por la red del Ejército, ni lo logra ahora, cuando tras la publicación de parte de las actas del tribunal de honor, con la morbosa confesión de Gavazzo, trata a Vázquez de “canalla, débil, irresponsable”. Cosa que los actos presidenciales refutan.

La conjetura posible es que Manini hizo mantener el acta de Gavazzo dentro del expediente del tribunal de honor sin frenar sus actuaciones, como mandaba el reglamento ante presunción de delito, para demostrar las pobres cualidades de mando de Vázquez ante las firmes propias, que trascenderían en la interna militar sin necesidad de difusión pública. Su aparición en la prensa no estaba en los planes de Manini, pues su objetivo no podía incluir soliviantar a la opinión pública contra la continuidad del “austero silencio” militar sobre el terrorismo de estado, como se está soliviantando, ni poner a Vázquez en la situación en que es necesario y coherente que declare con el vigor y la determinación con que lo está haciendo a favor de la democracia y de militares claramente subordinados al poder civil.

Es notable que el partido político Cabildo Abierto no tenga programa, que en su presentación no haya habido sino retórica (“somos viento nuevo agitando viejas banderas”, etc.), y que se propongan editar un diario ya este mes. Relanzarán el que fundara el abuelo de Manini en 1916, La Mañana, que supo expresar a los colorados riveristas, o antibatllistas; la derecha católica, conservadora y rural colorada.  La única noticia que dio titulares del lanzamiento de la candidatura de Manini (que pertenece a la Logia Tenientes de Artigas) es que dos periodistas (de EFE y de El País local) le preguntaron al candidato sobre derechos humanos y fueron abucheados por los presentes; las autoridades partidarias se negaron a pedirles disculpas. Así las cosas, hay un militar inteligente y formado en lo suyo –pues lo es— que tiene por delante un temario estrictamente militar, de puesta al día de la Ley Orgánica Militar. O sea, Manini se candidateó para tener una tribuna, diario incluido, desde la que polemizar e incidir en cambios que hagan a la institución militar. Así las cosas, le importaría más la potencia de su argumentación que el tamaño de su bancada parlamentaria.

Cualesquiera sean las perspectivas del novel partido político, hay en el Uruguay dos trenes, uno democrático y otro regresivo, que corren hacia serias discrepancias, pero lo hacen en el marco de las urnas. Así, la purga militar no produjo más que insolencias; ningún hecho antidemocrático.

Mientras tanto, el nuevo espíritu abierto en la civilidad trajo buenas noticias. Al día siguiente de asumir como ministro de Defensa, José Bayardi informó que remitirá a la Fiscalía otros cinco casos de apariencia delictiva que surgen de declaraciones ante el Tribunal de Honor de Ejército de militares retirados condenados por violación a los derechos humanos en dictadura. “La única fuerza política que hizo algo con respecto a Gavazzo fue el Frente Amplio, lo aclaro por las dudas; si no, cualquiera se viste con estos atributos”, dijo Bayardi.

 

 

 

2 Comentarios
  1. Julio Enrique López dice

    No existen FFAA en Latinoamérica. Son fuerzas de seguridad represivas que persiguen con fines políticos. Hay que quitarles el status de militares. Les queda grande.

  2. Ricardo Scagliola Martínez dice

    ¿Andrés Alsina no corrige su nota anterior donde afirma que José Bayardi es integrante de la Logia de los Tenientes de Artigas? ¡Vaya periodismo “de investigación” como les gusta llamarle ahora porque hicieron una consulta por teléfono!

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