“No hay nada como El Infierno en Argentina ni en otro país de América Latina”, se enorgullece Lucía Masneri en una entrevista con la televisión chilena. La secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe se refiere a la cárcel de máxima seguridad que construye el gobierno de la provincia, donde los presos considerados de alto perfil permanecerán encerrados 23 horas al día, aislados entre sí y sin contacto físico con sus familiares. La obra choca de frente con el pronunciamiento del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, que entre las observaciones sobre la situación argentina aprobadas el 26 de noviembre recomendó “revisar los regímenes penitenciarios especiales para presos calificados de alto riesgo y ajustarlos plenamente a los estándares internacionales de derechos humanos”.
El Comité contra la Tortura revisó el séptimo informe periódico de la Argentina, el 12 y 13 de noviembre en la ciudad de Ginebra, con la presencia de representantes del Estado. El organismo también recomendó “la mejora de las condiciones de reclusión y la reducción de las tasas de ocupación en los establecimientos penitenciarios, incluso mediante el recurso a medidas alternativas a la privación de libertad” y expresó su preocupación ante el proyecto de ley para reducir la edad mínima de responsabilidad penal de 16 a 14 años.
El gobierno de Maximiliano Pullaro fue destinatario de otro apartado específico: “Preocupan especialmente los casos documentados en el penal de Piñero, en Santa Fe, el 2 de marzo de 2024, que incluyeron simulacros de ahogamiento en tanques de agua o con bolsas de plástico, descargas eléctricas y abusos sexuales, así como la falta de información sobre las investigaciones realizadas al respecto”, declaró el Comité contra la Tortura.
El organismo pidió en consecuencia “que se lleven a cabo investigaciones sobre las denuncias relativas al penal de Piñero, y que se juzgue y sancione adecuadamente a los responsables”. Se trata de torturas colectivas desatadas como represalia luego de un ataque a un micro que trasladaba efectivos del Servicio Penitenciario en las afueras de Rosario. El Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia publicó entonces fotos de detenidos a lo Bukele rubricadas con una bravata del ministro Pablo Cococcioni: “Cada vez la van a pasar peor”.
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“A más de un año del hecho, no hubo hasta el momento una respuesta judicial suficiente para este gravísimo hecho de tortura, dejándolo impune y legitimando el uso de este despliegue de la violencia en futuros hechos”, advirtieron un conjunto de organismos de derechos humanos encabezados por el Centro de Estudios Legales y Sociales en el documento “La situación de las personas privadas de la libertad en Argentina”, presentado ante el Comité.
Veinte agentes penitenciarios de Piñero fueron imputados por apremios ilegales, aunque los testimonios y constancias médicas expusieron torturas, apaleamientos, fracturas, fisuras y vejámenes sexuales. Tampoco fueron imputados altos mandos del servicio penitenciario y el secreto de sumario impuesto por la fiscalía “hace que no sea posible conocer cómo avanza esta investigación ni saber si se están realizando las medidas necesarias para que se sancione el hecho”, afirmaron los organismos.
Apenas un mes después de los sucesos, el juez Rafael Hernán Coria rechazó un hábeas corpus por los detenidos en Piñero y dijo que los guardias cumplieron con la ley. En septiembre de 2024, el mismo juez desestimó la inconstitucionalidad de un artículo de la ley orgánica de la policía que habilita a detener a quienes circulen sin documentos, y el 5 de diciembre integró con Florentino Malaponte y Trinidad Chiabrera el tribunal que absolvió a cinco policías por la muerte de la docente María de los Ángeles Paris en la comisaría 10ª de Rosario.
Sin control judicial
El Estado argentino informó que existen 130 presos bajo el régimen de “alto riesgo” en el Servicio Penitenciario Federal. “Sin embargo, no se han proporcionado datos públicos desagregados sobre el número total de personas encarceladas en regímenes de alto riesgo en todo el país”, indicó el Comité de la Tortura. En la provincia de Santa Fe hay 601 internos en esa condición, incluyendo a 20 mujeres, y no hay datos del Complejo Penitenciario N° 3, Almafuerte (Mendoza) ni de las cárceles de Benjamín Paz (para el alojamiento de hombres) y Delfín Gallo (para mujeres), inauguradas en diciembre de 2024 en Tucumán.
Los regímenes de “alto perfil” o de “alto riesgo” impiden el acceso al trabajo y restringen a una mínima expresión el alcance de la educación, el ocio y las visitas. “Los detenidos que cursan la primaria o la secundaria reciben una fotocopia con ejercicios para completar; el Servicio Penitenciario llama a eso educación a distancia”, dice María Chiponi, a cargo de la Dirección Socioeducativa en contextos de encierro de la Universidad Nacional de Rosario. Complementariamente, “la lógica del régimen de excepción se extiende sobre el resto de la población carcelaria: la ley de ejecución penal de Santa Fe suprimió por completo el capítulo dedicado a la educación” y “los efectos del encierro se extienden sobre las familias, generalmente mujeres que sostienen el acompañamiento y padecen excesos en las requisas y restricciones para el ingreso”.
En el discurso del Ministerio de Seguridad de la Nación, “Alto riesgo” alude al vínculo de los presos con organizaciones criminales y sus posibilidades para fugarse, dirigir actividades delictivas desde las cárceles y entorpecer investigaciones judiciales. Santa Fe tiene el triste mérito de ser pionera en la vulneración de derechos y garantías con el régimen de “Alto perfil” que fijó la ley de ejecución penal aprobada en diciembre de 2023.
“La condición de interno de alto perfil es determinada por el Poder Ejecutivo bajo ciertos criterios. Sin embargo, estos criterios son muy laxos y/o quedan a discrecionalidad del servicio penitenciario. Lo que hace que en la práctica, la categoría de “alto perfil” no afecta únicamente a aquellas personas vinculadas al crimen organizado o sobre las que existía un riesgo real de fuga”, señaló el informe elaborado por la Asociación Civil de Familiares de Detenidxs, ANDHES (Tucumán y Jujuy), Abrir la Prisión (Santa Fe), Red por los Derechos Humanos en Contextos de encierro (Córdoba), la Asociación de Penalistas Litigantes Independientes, la Asociación contra la Violencia Institucional y Xumek (Mendoza) junto al Cels.
En el Servicio Penitenciario Federal el régimen se aplica incluso a personas procesadas, sin sentencia condenatoria, al mismo tiempo que “existe una prohibición de ingreso a los módulos de alto riesgo a las organizaciones de derechos humanos encargadas del monitoreo de las condiciones de detención”.
La subsecretaría de Asuntos Penitenciarios de Tucumán se negó a informar a ANDHES el régimen que regula los complejos penitenciarios de Benjamín Paz y Delfín Gallo. La inauguración de ambas prisiones fue celebrada como “un hito histórico” por el gobernador Osvaldo Jaldo. Sin embargo, apenas una semana después familiares de los presos denunciaron las condiciones de detención: el encierro se extiende 23 horas al día; las visitas duran diez minutos y se hacen a través de un alambrado, “no nos permitían ni que nos toquen los dedos”; no hay medios de comunicación entre presos y familiares; el agua, la alimentación y los elementos de higiene están limitados.
En Mendoza tampoco se conoce normativa específica que determine por qué un detenido es catalogado como de “alto perfil”. Según el informe de los organismos de derechos humanos, en el Complejo Penitenciario 3 “las personas han sido trasladadas a este sector sin notificación previa a ellos o a sus defensores y sin control judicial sobre dicha medida”; solo se permite a los internos un llamado por teléfono de diez minutos con personal penitenciario presente, las visitas transcurren con un vidrio de por medio y no hay acceso a la educación ni al trabajo.
El gobierno nacional y los provinciales justifican el régimen de excepción con el argumento de que las bandas criminales operan desde las cárceles y por ese motivo deben ser aisladas del exterior. La referencia al supuesto garantismo del pasado es infaltable en la retórica punitivista y el anuncio de la presunta bondad presente, como lo expresó el ministro Cococcioni: “Se terminó el tiempo de home office liberado, sin control y con empleados penitenciarios que eran apercibidos si molestaban a los presos”.
“El despliegue de la violencia (penitenciaria) se utiliza como forma de amedrentamiento y como propaganda estatal de la lucha contra el crimen organizado”, señalaron los organismos de derechos humanos. El Infierno, la cárcel exclusiva para internos de Alto Perfil, que el gobierno de Santa Fe quiere inaugurar a fines de 2026, es un icono en la publicidad de la mano dura.
➡️ La Cárcel El Infierno avanza rápido
Recorrimos las obras de El Infierno, la cárcel de máxima seguridad que va a alojar a 1.150 presos de alto perfil.
En solo cuatro años la Provincia Invencible de Santa Fe tendrá la misma cantidad de celdas que se construyeron en 100 años.
Publicado por Gobierno de Santa Fe en Martes, 23 de septiembre de 2025
Santa Fe distingue tres categorías en la condición de “Alto perfil”, según una peligrosidad que el Ministerio de Justicia y Seguridad y el Servicio Penitenciario determinan sin injerencia de ningún juez: actualmente, hay 87 de nivel 1, 328 de nivel 2 y 186 de nivel 3, alojados en las cárceles de Piñero y Coronda y en la cárcel de mujeres de Rosario. “Puede ser entendido como mano dura, pero es aplicar la ley estrictamente”, declara la secretaría Lucía Masneri ante el programa chileno Cárceles del poder, una propaganda desembozada de la mano dura.
“Las visitas para varones son de media hora semanal, a través de un blíndex –detalla María Chiponi-. Para las mujeres, de una hora, dos familiares directos por visita. Si la mujer tiene un hijo menor de 7 años puede abrazarlo, tener un contacto físico con su hijo; si es mayor de 7 años, no. Entonces hay visitas donde una mamá está de un lado con un hijo y detrás del blindex está otro hijo. Son situaciones cada vez más extremas las que conocemos”.
Pese a la intensa propaganda oficial, las estadísticas sobre delitos y la actividad criminal relativizan la eficacia de los regímenes de alto perfil en Santa Fe y demuestran que no interrumpen, como pretende el gobierno, el circuito entre la cárcel y la calle. Entre enero y noviembre de este año hubo 185 crímenes en la provincia, lo que representa un incremento respecto de los 164 ocurridos en 2024.
Uno de los problemas consiste en que el control se focaliza en la población carcelaria y deja en segundo plano al otro actor que media en las comunicaciones con el exterior: el Servicio Penitenciario. Investigaciones recientes acreditan crímenes y venta de drogas en Rosario organizadas desde Piñero, como el caso de Brian Andrés Acuña, condenado por un homicidio e imputado a principios de diciembre por dirigir una red de microtráfico en la zona norte de Rosario sin más instrumento que el teléfono fijo de su pabellón.
El abogado Leonel Iesari, defensor de Ariel “Guille” Cantero, sostiene que hay “un cambio de enemigo público” en la definición de las políticas de seguridad. El líder de Los Monos, preso en la cárcel federal de Marcos Paz, está incomunicado con el exterior desde mayo de 2023 “por una cautelar de la Justicia Federal referida a una causa (una balacera contra el frente del penal) que terminó archivada –dice Iesari-; no tiene llamados telefónicos, ni recreación ni trabajo, y solo recibe una visita cada quince días; mientras tanto le siguen imputando causas que no son reales y sirven para propaganda de los gobiernos de turno”.
El régimen en Marcos Paz también comprende a Uriel Luciano Cantero, sobrino de “Guille”. “Hay elementos políticos que buscan favorecer a unos por encima de otros, regular situaciones con otra gente”, afirma Iesari. Las reiteradas evidencias de complicidad de policías de Rosario con Los Menores, la banda enfrentada a Los Monos, y la fuga de su líder Matías Gazzani sostienen las especulaciones del abogado.
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