El informe de Brodie

La DAIA presentó un relevamiento sobre antisemitismo lleno de artificios y groseros errores metodológicos

 

“En aquel tiempo, y sobre todo en aquel medio, era importante ser valiente”.

Jorge Luis Borges

 

El jueves último la Delegación de Asociaciones israelitas Argentinas (DAIA) presentó en la embajada de Grecia un trabajo exploratorio dedicado a cuantificar hechos discriminatorios de índole judeofóbica durante el bienio 2019 y 2020. Sus conclusiones fueron abordadas –de forma conjunta y coincidente– por el titular de la entidad, Jorge Knoblovits, y por un especialista en la temática, el gerente de Relaciones Institucionales y Comunicaciones del Grupo Clarín y presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), Martín Etchevers.

En la síntesis que prologó la presentación en la sede diplomática helena se afirma que “durante el periodo analizado se destaca el recrudecimiento de los niveles de violencia e intensidad de las manifestaciones denunciadas”. Sin embargo, una pormenorizada lectura del informe no permite constatar esa afirmación. El agregado de datos postula que “en 2019 se registraron 918 denuncias y en 2020, 507”, sin que pueda justificarse en ningún capítulo del texto el “recrudecimiento de los niveles de violencia e intensidad de las manifestaciones denunciadas”.

Los datos ofrecidos por la publicación, consolidados con la más absoluta carencia de rigurosidad metodológica, postulan que la pandemia concentró las agresiones en el territorio virtual, pese a que su número se redujo en un 100% respecto al año anterior, 2019. Según los gráficos publicados por la DAIA, los dos últimos años del macrismo fueron los más judeofóbicos en los 22 años de producción del material de marras: mientras que en el periodo de 2003 a 2015 exhibió un promedio de 250 casos anuales, durante el cuatrienio cambiemita ese guarismo se incrementó llamativamente.

Las denuncias recibidas por la DAIA entre 2018 y 2019 –último bienio del macrismo– duplican e incluso triplican las agresiones recabadas durante los doce años del kirchnerismo, sin que se insinúe ninguna interpretación justificatoria al respecto. Pese a la llamativa reducción de los denominados hechos antisemitas en 2020, Knoblovits no duda en advertir, en la página 11 del informe, que “hemos detectado hechos más graves, de mayor grado de virulencia en las expresiones antijudías y en un pasaje preocupante de la violencia discursiva a la física”. Lo sorprendente es que a lo largo del texto –sobre todo en el capítulo dedicado a la exposición y al análisis de los datos– no se consigna ningún ejemplo preciso –ni comparativo respecto a años anteriores– que avale dicha aseveración. Literalmente un artificio destinado a no conceder una disminución de la peligrosidad latente, que debe ser mantenida en aras de garantizar la continuidad de la misión institucional.

Cualquier estudiante de grado de estadística, demografía o sociología impugnaría el informe por los groseros errores ligados a la definición de las dimensiones de análisis, la inexistencia de variables y la rústica manera de agrupar los datos. En el propio título del texto se observa una falacia: se presenta como un relevamiento sobre hechos antisemitas cuando en realidad es un detalle de las denuncias recibidas por la DAIA respecto a lo que esta institución define a priori como antisemitismo.

Este último término es, de por sí, un territorio de disputas político-terminológicas de las que el informe no se hace cargo ni siquiera para problematizarlas. Los pueblos semitas son todos los que comparten un origen lingüístico ligado a las raíces arameas, hebreas y árabes, entre otras. En ese marco, el término más preciso para referirse a la discriminación a los hebreos debiera nominarse como judeofobia, pero su exclusión por parte de la DAIA busca evitar que el capital simbólico del antisemitismo se diluya luego de ser instaurado como apelativo de judeofobia desde el siglo XIX.

 

 

Números rotos

 

Cantidad de hechos antisemitas 1998/2020. Informe sobre Antisemitismo en la Argentina, página 17.

 

Otro elemento llamativo del informe es la duplicación de casos, situación que evidencia la total ausencia de rigurosidad para un documento que tuvo más de un año de edición. Se repiten los mismos hechos antisemitas (por ejemplo los citados con los órdenes 81 y 87, correspondientes al 2019, y los indicados como 248 y 250, pertenecientes al 2020) con el obvio objetivo de abultar las cifras. Además de ofrecer niveles paupérrimos de rigurosidad, consistencia y sistematicidad en el diseño de la investigación, se incluyen –de contrabando– acepciones de antisemitismo ligados a la problemática de Medio Oriente, sin contacto con aspectos ligados a la discriminación a los judíos.

En las definiciones propuestas por el informe sobre las formas en que se postulan los hechos judeofóbicos (página 23) se postula que existe un “antisemitismo contemporáneo” que cuestiona al sionismo. Dentro de ese razonamiento, por lo tanto, son caracterizados como agresiones judeofóbicos las siguientes sucesos/casos:

  • Un juego de mesa distribuido en la Provincia de Mendoza por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, titulado En la punta de la lengua, asocia Estado Palestino a la existencia de “asentamientos judíos” y “territorios robados” (número de orden 6, de enero de 2019, página 99);
  • Se denunció un tweet de un legislador que afirmó: “Alberto Fernández: te arma un proyecto para prohibir el negacionismo mientras autoriza el ingreso de tropas extranjeras y apoya al genocida Netanyahu” (número de orden 68, correspondiente a al 12 de febrero de 2020, página 245);
  • Se denunció el siguiente comentario realizado por un periodista en Twitter: “Netanyahu nazi” (número de orden 188, correspondiente al 12 de mayo de 2019, página 263);
  • Nota del diario La Arena de La Pampa: “Racismo y represión made in USA e Israel” (de La Pampa, número de orden 281, correspondiente al 8 de junio de 2019, página 279).

También son consideradas como discriminatorias aquellas publicaciones que recriminan a la AMIA/DAIA el rol persecutorio asumido en relación con Cristina Fernández de Kirchner y Héctor Timerman, entre otros:

  • “Ustedes no tienen autoridad MORAL, ¿qué pasó en la AMIA?, no levantaron ni un gramo de piedad y compasión por Héctor Timerman, él si se merece un homenaje por patriota, buen hombre y gran canciller, fue brutal lo que le hicieron” (número de orden 261, correspondiente al 20 de febrero de 2019, página 139).

Ambas atribuciones de supuesto antisemitismo dejan en claro que no es sólo la judeofobia lo que les preocupa: defienden todas las políticas de Israel, sin miramientos, incluso aquellas que la propia oposición política israelí considera como repudiables, como la ocupación neocolonial de territorios palestinos y la normativa militarizada –sin derecho a defensa– que rige en Cisjordania.

Una detallada lectura del informe sólo puede dejar en evidencia la sistemática articulación de inconsistencias y decisiones metodológicas insostenibles para cualquier cientista social que se dedique a analizar el informe. Dichos desatinos tienen dos orígenes detectables. Por un lado, la ampulosa afirmación –estipulada en el prólogo del texto– de que “la DAIA es la entidad representativa de la comunidad judía argentina”. Por el otro en la necesidad de asociar la identidad judía con las políticas de los gobiernos israelíes.

La autoasignada representatividad –homogénea, univoca y totalizadora– no puede ser validada en su trayectoria histórica, ni en los Estatutos de la entidad, ni en su capacidad de movilizar voluntades. Sólo se exteriorizan a sí mismos con una profecía autocumplida: ensayan –con ayuda de los poderes concentrados y sus propaladoras comunicacionales– una curiosa tautología amplificada de su propia existencia institucional.

 

 

Reunión de consorcio

 

Presentación del Informe en la embajada de Grecia. De izquierda a derecha, Jorge Knoblovits, la embajadora Elisabeth Fotiadou y el presidente de ADEPA, Martín Etchevers.

 

 

En términos fácticos, sólo pueden exhibir la voluntad de alrededor de los 60 sufragistas que, cada tres años, concurren a una asamblea electoral, espacio en el que se reparten los 28 cargos que conforman su Consejo Directivo. Si a estos últimos se le suman los 15 invitados permanentes, el procedimiento electoral deriva en que los sufragistas se votan a sí mismos, tal como sucede desde que rige en 2003 el primer y único estatuto de esa entidad. Los 60 electores, además, son negociados sin consideración alguna de las entidades de origen, logrando convertir las elecciones trianuales en una auténtica reunión de consorcio con la que luego piden reuniones con los ministros para sobre-representar su misión borrosa e imprecisa.

En esa misma línea de mistificación de representatividad, los editores del Informe de Antisemitismo en Argentina 2019-2020 pretenden legitimarse –en la introducción del documento–, afirmando que expresan la voluntad de 140 instituciones comunitarias. Sin embargo, un análisis detallado y minucioso expone evidencias algo diferentes: más de la mitad de esas supuestas instituciones adheridas carecen de existencia real desde hace medio siglo. Son sellos vacíos: instituciones que han anunciado su cierre definitivo y han dejado de ofrecer actividades.

Una gran parte de ellas, sin embargo, se despierta del letargo en los meses previos a cada votación trianual para empoderar a activistas que asuman la tarea de participar en la asamblea electoral en nombre de instituciones que no existen. Un reconocido dirigente de la AMIA, que formó parte de su dirección de diferentes periodos, denominó a esta configuración como “la cáscara vacía que sirve como plataforma para que las autoridades de la DAIA interactúen con Presidentes y potentados empresarios”.

La DAIA es una organización que se postula, ante la sociedad, como expresión medular de los 300.000 integrantes de la colectividad judeo-argentina. Para justificar esa falacia, la entidad que posee sus oficinas en Pasteur 633 dispone del auxilio comunicacional de la consabida trifecta mediática. De ahí la presencia estelar de uno de los máximos mascarones de proa del establishment corporativo local, el presidente de ADEPA, quien acompaña en forma permanente las iniciativas de esa institución comprometida con los valores cambiemitas y antipopulares. Para evitar que la identidad plural y heterogénea de la colectividad judeo-argentina quede expuesta frente a la sociedad –y pierdan capacidad de lobby ante el sistema político, la sociedad civil y el Estado–, promueven dos tipos de fraudes paralelos.

Por un lado, el que remite a la generalización de la particularidad, consistente en hacerle creer a la sociedad que sus posturas provienen de una voluntad unívoca y homogénea. Sus acciones persecutorias hacia Cristina Fernández de Kirchner, por ejemplo, buscan transformarse en una plataforma de estigma internacional que luego es retomada a nivel geopolítico por los fondos buitres u otras instancias internacionales que se encargarán de señalar al movimiento nacional y popular como autoritario, fascista o antisemita, tal como lo intentó instaurar Spruille Braden en 1945.

 

 

La grieta

 

Leonard Cohen.

 

Mediante estos dispositivos –que incluyen sin duda al informe de marras– se busca ocultar la verdadera ubicación: la de ser la fracción más reaccionaria y neoliberal del heterogéneo mosaico de esa colectividad, orientado básicamente a resguardar los intereses de los sectores del privilegio más que a encarnar una identidad o salvaguardar a un colectivo. El informe de antisemitismo se inscribe en esa operación destinada a utilizar la lucha contra la discriminación para –desde ahí– lograr una legitimidad convincente para cumplir sus dos misiones fundamentales: la de inflar su representatividad real y la de ponerla al servicio de los sectores del privilegio.

Un siglo atrás, las oligarquías locales, agrupadas en la Sociedad Rural Argentina, despreciaban a los judíos y les prohibían ser parte de sus ágapes o asociaciones. Apenas 50 años atrás empresarios como Pérez Companc, ligados al Opus Dei, impedían a miembros de esa colectividad ser parte de sus empresas. Durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica, responsable de la desaparición de 30.000 compatriotas, lxs detenidos judíos eran tratados igual que en los campos de exterminio nazi, con la anuencia de los empresarios protegidos por las políticas neoliberales conducidas por José Alfredo Martínez de Hoz. Hoy los directivos de la DAIA se desesperan por ser invitados a los ágapes donde los descendientes de quienes los escupieron celebran el odio y el desprecio a los sectores populares, los humildes, los carentes de todo.

No hay una única forma de ser judío –como intenta imponer autoritariamente la DAIA–. Tampoco hay una manera unívoca de ser cristiano, musulmán, homosexual o hincha de Boca. Dentro de todos esos colectivos habitan sujetos crueles, obnubilados por los brillos del poder, y también sujetos (individuales y colectivos) que transitan la vida con compasión y solidaridad. En el tema Himno, de Leonard Cohen, hay una frase sugerente para entender esta pluralidad que supone una bifurcación: “Hay una grieta en todo / Así es como entra la luz”.

 

 

 

 

 

 

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