El juego de Ginóbili junto al lago Correntoso

El prestigio de Manu bajo el que buscan cobijarse los especuladores

 

En 2004, cuando el basquetbolista Emanuel Ginóbili apareció como inversor en tierras en la cordillera patagónica, los actores regionales del mercado inmobiliario buscaron cobijarse bajo el prestigio del jugador como estrategia para limpiar la imagen de la actividad económica más depredadora y desregulada que, junto con la construcción, mueve la economía real y la política de Villa La Angostura, en el sur de Neuquén. Los gobiernos volcados a las políticas neoliberales junto con inmobiliarias, estudios de arquitectura y urbanizadoras, abogados y escribanos, vieron en este nuevo inversor la oportunidad de tomar oxígeno para confrontar contra el reclamo de la comunidad mapuche Paisil-Antreao por el derecho a recuperar su territorio tradicional.

 

 

El jugador emblema del San Antonio Spurs fue, para los apropiadores del antiguo lote 9 que reivindica esta comunidad, una oportunidad de lifting del mercado de la tierra, conflicto estructural desde la creación del Estado independiente que se respira a diario en esta parte del territorio. La urbanización dentro de un bosque y la preservación de ese bosque están en tensión, siendo el nervio tensor las tasas de ganancia exprimidas a los bienes de la naturaleza por parte del capital privado y los discursos de inversión para el desarrollo por parte de los gobiernos.

El último mes pudimos documentar —y publicar por este medio— el daño ambiental provocado por un fideicomiso integrado por capitales ligados al macrismo para abrir un camino sobre la ladera oeste del cerro filo Belvedere, junto al lago Correntoso y con vista al Nahuel Huapi y la cordillera de los Andes. El desmonte para 900 metros de camino hecho es un anticipo del tipo y magnitud de la intervención que pretende el proyecto de urbanización de 87 hectáreas de bosque nativo, hasta ahora intacto y protegido por la legislación vigente. Lindero y con las mismas restricciones legales está ubicado el predio que compró Ginóbili en 2004, único acceso por tierra al sector del conflicto desatado por el desmonte. Ambos campos son parte del antiguo lote 9 de la colonia agrícola-pastoril Nahuel Huapi que fue propiedad en condominio de Paisil y Antrea o en 1903, ambos comprendidos también por la ley 26160 de emergencia de los territorios indígenas que fue prorrogada por el Congreso nacional el año pasado.

El domingo 15 de abril la Paisil-Antreao instaló un resguardo en el ingreso del predio comprado por Ginóbili para impedir la continuidad de la obra vial en el predio vecino, que requiere de modo imprescindible usar ese camino interno para ingresar la maquinaria pesada y el personal. Alberto Rossi, uno de los fiduciarios, denunció ante la justicia una presunta turbación al uso de ese camino interno. A su vez, la Paisil-Antreao presentó un hábeas corpus preventivo porque la policía del Neuquén desplegó medidas de restricción al uso del territorio tradicional en el cerro Belvedere, obstaculizando la vida cotidiana y derechos ciudadanos básicos. La Fiscalía de la IV Circunscripción hizo un enroque y transformó una audiencia de testimoniales en el marco del hábeas corpus en una audiencia de conciliación a la que faltó el capital privado. Tal como lo requirió el apoderado legal de la comunidad y la Confederación Mapuche del Neuquén, la Fiscalía ordenó el retiro del lugar del personal de la comisaría 28 de La Angostura y del cuerpo especial GEOP que controlaban la identidad de las personas y los vehículos, lo que se concretó el viernes pasado, poco después de la audiencia de conciliación. Además la Fiscalía se comprometió a iniciar una investigación para determinar las aparentes ilegalidades que acumularía la apertura de esta futura calle pública que empieza y termina dentro de un lote privado para una urbanización de 21 viviendas VIP.

Así, en una semana, el conflicto por el desmonte abrió aún más el escenario, cuyo desarrollo y desenlace dependerá en buena parte de cómo los actores de mayor poder articulen y acumulen sus fuerzas, así como en el sentido que lo hagan, habiendo tenido todo el aparato de estado trabajando para ellos hasta el momento.

Darío Faure, del estudio que representa al fideicomiso Terrazas del Correntoso de Ginóbili, aseguró que no existe ningún vínculo con el del contador Luis Alberto Obezzi que compró el lote vecino en 2010 a Radal SA. «Manu está lejos está de querer hacer algo que vaya en contra de la ley o del medio ambiente, en algo tan importante como es el tema de los bosques naturales», dijo.

Según el expediente administrativo del camino central en las 87 hectáreas, en marzo del año pasado iniciaron las obras viales que requirió la tala de bosque nativo. El kilómetro cero del camino que pretende ser calle pública parece estar dentro del predio de Ginóbili, a juzgar por la ubicación respecto al alambrado de división de los lotes. Faure aseguró que nunca fueron informados por parte de Lago Correntoso de la intención de iniciar movimiento de suelo con maquinaria pesada ingresando por allí. «No autorizamos a ninguna persona a realizar tareas en nuestro predio, excepto el paso de la energía eléctrica a los lotes linderos. De nuestra parte, no realizamos actividad alguna ni con maquinaria ni sin ella». Precisó además que «no hemos autorizado a nadie, ni nos consta que se hayan realizado acopio ni transporte para la industrialización de madera nativa en nuestro predio. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con cualquier acción que vaya en contra de la normativa vigente de bosques naturales».

Su padre, Guillermo Faure, fue quien firmó en 2005 el convenio de servidumbre de paso gratuito y sin límite de tiempo con Hernán Etcheverry en representación de Radal SA. Ante la difusión periodística del desmonte, esta semana se comunicaron con los actuales propietarios de las 87 hectáreas, quienes les informaron que al momento de instalarse el resguardo mapuche tenían dos máquinas en su lote, de las que retiraron una así como también el aserradero portátil.

 

Terrazas tiene paralizado el trámite del proyecto propio de loteo y 18 viviendas unifamiliares en el predio de 12 hectáreas en conflicto con la comunidad mapuche, comprendido en el relevamiento territorial dispuesto por organismos nacionales y demorado por la provincia de Neuquén en este caso. Las características del suelo, volcánico y de gran pendiente, así como del bosque, son exactamente las mismas del lote vecino, por lo que también está totalmente comprendido en la zona roja de la legislación protectora del bosque andino-patagónico.

«Si bien hay un plano presentado hace varios años, realizado de acuerdo a las normas establecidas y aprobado por la Municipalidad de Villa La Angostura, desde hace tiempo no pensamos realizar desarrollo inmobiliario de ningún tipo, hasta que la justicia se expida sobre la declaratoria de certeza que solicitamos y no tengamos ningún tipo de inconvenientes. Si en algún momento en el futuro hiciéramos algo, siempre será respetando la normativa, sea en cuanto a la Ley de Bosques o cualquier otra normativa para la zona». El estudio Faure respondió a un cuestionario planteado desde El Cohete a la Luna, sobre el que luego se profundizó en diálogo telefónico.

En 2007 Ginóbili inició una acción judicial declarativa de certeza, que está pendiente de resolución definitiva, por la que se busca que el Estado determine respecto a quién tiene mejor derecho, si esa propiedad privada o la demanda comunitaria mapuche.

 

 

Una prueba de la necesidad de la revisión integral de los títulos de propiedad emanados de la diáspora de la subdivisión del lote 9 es que, en este caso, la representación de Ginóbili en la justicia ofreció dos documentos que acreditan las transferencias de propiedad, uno por 16 hectáreas y otro posterior por 19, en tanto que Catastro de la provincia y los planos en sede administrativa refieren a 12.

Luego de aclarar que es contador, no abogado, Faure sostuvo que «el derecho de Ginóbili está vigente y activo, tanto en lo que respecta a la posesión como a la propiedad. Al momento de iniciar las actuaciones judiciales, la comunidad no tenía reconocimiento estatal ya que no tenía la personería que otorga el INAI». En Argentina, el reconocimiento a la preexistencia es constitucional y de carácter colectivo a los pueblos originarios dispuesto por la reforma del ’94.

 

  • Foto principal: Daniel Osovnikar

 

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