El laberinto de Villa Mascardi

Sigue abierto el conflicto por tierras en la Patagonia que le costó la vida a Rafael Nahuel

 

Tres años después del asesinato de Rafael Nahuel a manos del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina tras el desalojo a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, la situación en el predio ubicado a 35 kilómetros de Bariloche es de una tensa calma. El gobierno de Mauricio Macri con Patricia Bullrich a cargo del Ministerio de Seguridad generó las condiciones para un conflicto en el que no escatimó violencia pero que no logró resolver. Ahora desde la oposición se intenta dinamitar las instancias de diálogo y fogonear el enfrentamiento con reuniones y fotos junto a Diego Frutos, uno de los referentes anti-mapuches en la zona. El Ministerio de Ambiente debe definir si mantiene o retira la querella por “usurpación” que inició la trama, con motivaciones contradictorias: si lo hace, sería un buen gesto hacia los reclamos del Lof y los organismos de Derechos Humanos, pero quedaría el Ministerio Público Fiscal como único interlocutor estatal en la causa.

Fueron las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi, dependiente del Ministerio de Ambiente, quienes presentaron la denuncia en noviembre de 2017, horas después de que la comunidad se asentara en el territorio señalado como sitio sagrado por la machi (guía espiritual) Betiana Colhuan. Luego de unas pocas semanas, el juez federal Gustavo Villanueva ordenó el desalojo pedido por la fiscal Sylvia Little, quien lleva adelante la causa hasta el día de hoy. El violento operativo fallido de la Policía Federal Argentina tuvo como consecuencia la detención de cinco mujeres junto con cuatro niños y generó una dispersión de los mapuches perseguidos hacia arriba de la montaña. Dos días después, el 25 de noviembre, entraron al territorio los integrantes del grupo Albatros, incluido el cabo Francisco Javier Pintos, autor del disparo que terminó con la vida de Rafael Nahuel.

En diciembre del año pasado hubo una reunión de los ministerios de Seguridad, Justicia y Ambiente con organismos de Derechos Humanos como el CELS, APDH, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH), entre otros, que reclamaron al ministro Juan Cabandié el retiro de la querella.

Esa acción sería un gesto importante, tanto hacia los organismos como para la Justicia, pero el Poder Ejecutivo dejaría de tener participación dentro de la causa. Entonces el Ministerio Público Fiscal podría seguir adelante como única voz dentro del expediente –además de la defensa de los acusados plasmada en la Gremial de Abogados– con Little a la cabeza. Se trata de la misma fiscal que, además de haber sido la responsable institucional del operativo que terminó con el asesinato de Nahuel, sigue sosteniendo la tesis del enfrentamiento con armas entre mapuches y Albatros, y fue quien montó el dispositivo represivo de alrededor de un centenar de agentes el último 16 de diciembre en el territorio de la Lof para realizar una inspección ocular. Fuentes que participaron de ese último operativo aseguraron a El Cohete a la Luna que “estaba dispuesta a forzar una situación de flagrancia para lograr el desalojo de la comunidad”.

Otra posibilidad es que Parques Nacionales pida una nueva instancia de diálogo político institucional dentro de la causa. Sería convocada por el juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Zapata, podría incluir a representantes de los distintos sectores y complementaría el trabajo de la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos Territoriales con los Pueblos Originarios que encabezan las ministras Marcela Losardo y Sabina Frederic. El pedido también podría venir desde los organismos mediante su presentación como amicus curiae ante el juzgado de Bariloche, independientemente del accionar del Ministerio de Ambiente. Desde la LADH afinan los detalles para proponerle al CELS y APDH hacerlo de manera conjunta.

Esto iría en línea con el último fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el procesamiento de Johana y Cristian Colhuan, dos de los mapuches que ingresaron con Rafael Nahuel para llevar ropa y comida a quienes quedaban en la montaña después del primer desalojo y que fueron atacados luego por el grupo Albatros. El juez Diego Barroetaveña invocó en su voto el artículo 22 del nuevo Código Procesal Penal Federal que dispone que “tanto los jueces como los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia de un hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”. Esa mesa política sería un esfuerzo más por agotar las instancias posibles de diálogo y también una oportunidad para ganar tiempo de cara al desalojo por el cual presionan a los vecinos de la zona y la oposición al Gobierno, entre otros actores.

Cuando era gobierno, el PRO se ocupó de criminalizar los procesos de recuperación de tierras mapuches sin dejar de aumentar los niveles de conflictividad. En los años siguientes al asesinato de Rafael Nahuel, la gestión Bullrich abordó el asunto desde la lógica de la estigmatización basada en la construcción del Pueblo Mapuche como un enemigo interno de la Nación, expresada en el denominado “Informe RAM”. Hoy desde la oposición, sus referentes siguen alimentando ese esquema e intentan minar los intentos de una resolución política y pacífica a través de distintos mecanismos.

Uno de ellos es el vínculo con la Junta Vecinal de Villa Mascardi, cuyos miembros agitan el desalojo violento y rechazan toda instancia de diálogo planteada por el Gobierno Nacional. Su presidente, Diego Frutos, un empresario dueño del predio La Cristalina a pocos metros de la Lafken Winkul Mapu, denunció que miembros de la comunidad quemaron su casa en agosto del año pasado. En consecuencia, después de participar de un zoom con referentes patagónicos de Juntos por el Cambio titulado “Toma de Tierras. El silencio del Poder Ejecutivo”, fue recibido por Bullrich el 18 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Ese día la presidenta del PRO subió a sus redes sociales una foto del convite y dijo: “Parques Nacionales, el obispado, y miles de personas como Diego Frutos, que ahorraron toda su vida, vieron cómo les usurpaban y quemaban sus propiedades en Villa Mascardi. El gobierno avaló esas usurpaciones y generó más caos. Yo estoy del lado de las víctimas, siempre”.

 

Bullrich con el empresario Diego Frutos, a quien el Pro pretende sumar a sus filas.

 

Una semana después, el día del tercer aniversario del asesinato de Nahuel, Frutos fue atacado por un grupo de integrantes de la comunidad que se manifestaban sobre la Ruta 40, acto que fue filmado y viralizado en cuestión de minutos. Desde el Lof explicaron que tomaron como “una provocación” que se haya acercado al corte de la Ruta 40 en la fecha de la conmemoración. Frutos dijo que en realidad estaba “ayudando a unas personas que necesitaban ir al baño”, que les ofrecía el de su cabaña cuando fue emboscado y, según él, los miembros de la comunidad fueron directamente a buscarlo. A raíz del hecho Frutos denunció a la ministra Frederic y a su secretario de Articulación Federal, Gabriel Fuks, por incumplimiento de deberes de funcionario público, dada la presunta inacción de la Gendarmería en la tarea de defenderlo. Lo hizo con el patrocinio de la abogada Florencia Arietto, ex asesora de la gestión Bullrich y que también trabaja con la Junta Vecinal. Esa misma noche, la ex ministra tuiteó: “Hago responsable al gobierno por la falta de protección a los vecinos de Villa Mascardi. De una forma salvaje hoy fueron agredidos varios de ellos, entre los que estaba Diego Frutos, con quien me reuní días atrás. Si apañan a los violentos lejos estamos de solucionar el problema”.

La semana siguiente, la ministra Frederic viajó a Bariloche junto con su par de Justicia, Marcela Losardo, para llevar a cabo la Mesa de Diálogo con los vecinos en vías de acercarse a una solución pacífica frente a las ocupaciones de tierras. Por esos días se conoció un audio difundido por El Destape de otro abogado de la Junta Vecinal, Diego Bride, que llamaba a boicotear esa negociación: “Están viniendo o ya están acá Frederic y Fuks y están armando una reunión, saben que está trabajando Florencia Arietto con este tema, asesorando y llevando adelante la estrategia política, comunicacional y jurídica. Se analizó que no era conveniente dar lugar a esa reunión porque ellos lo que quieren es cubrirse de la situación ocurrida con Diego Frutos”, dijo el abogado en uno de los audios filtrados. “La recomendación es vaciar esa reunión de contenido, lo hemos hablado con la gobernadora. Frederic y Fuks son parte del problema. Lo único que van a hacer es operar esta situación, manipular a los vecinos, darle vueltas al tema, mandarlos a larga (sic) y lo único que vamos a hacer concurriendo y dándole lugar a esta reunión es de alguna manera legitimar a ambos funcionarios que son parte del problema y no de la solución», versaba el mensaje a los vecinos.

Consultado por los audios, Frutos dijo a El Cohete a La Luna que el faltazo a la reunión fue una decisión colectiva. “Como presidente de la Junta Vecinal hubiera querido ir pero los vecinos me dijeron que no”, explicó. “No fue por decisión personal sino por votación, yo quería participar pero tuve que someterme a la voluntad de la mayoría. Me dijeron ‘Diego, basta de mesas de diálogo, nos están faltando el respeto‘”, añadió.

El dueño de La Cristalina se considera “apolítico y autónomo”. Cuenta que le dijo cara a cara a Bullrich sus críticas sobre el manejo del conflicto cuando estaba a cargo de Seguridad. Sin embargo, desde la oposición no descartan que finalmente salte a la política: “Lo vemos con muy buenos ojos, sería una gran incorporación”, desliza el armador del PRO Río Negro que gestionó el café que Frutos compartió con Bullrich. “No es fácil que acepte pero lo estamos sondeando, vamos a reunirnos en las próximas semanas”, anticipa.

El rol del Gobierno provincial durante el último año fue fluctuante. Si bien la gobernadora Arabella Carreras, se reunió con la ministra Frederic en los primeros días del mandato del Frente de Todos para diseñar mecanismos de diálogo y promover soluciones integrales, por momentos se fue alejando de esa posición y quedó alineada con los planteos de estos vecinos más beligerantes. Muchos de ellos, querellantes dentro del fuero provincial, exigen el desalojo. Sin embargo, aunque la justicia local lo ordenó para el caso del predio del Obispado de San Isidro, esa acción no fue realizada hasta el momento por las fuerzas de seguridad rionegrinas.

La tensión principal se da alrededor de la Ley 26.160, de relevamiento territorial de las comunidades indígenas, que la Gobernadora no aplica satisfactoriamente según denunciaron distintas organizaciones mapuches y de Derechos Humanos. Además, Carreras había adherido en un principio a la Mesa de Resolución Alternativa de Conflictos pero el día de la última convocatoria en Bariloche – la que el abogado Bride llamaba a “vaciar” en el audio – casualmente decidió reunirse dos horas antes con el grupo de Frutos y la Junta Vecinal, lo que despertó las críticas del Ejecutivo Nacional.

El camino para una resolución política del “conflicto mapuche” de Villa Mascardi, que provocó una polarización en la población de Bariloche y múltiples episodios violentos en la zona, parece sinuoso. Desde la comunidad Lafken Winkul Mapu exigen que se reconozca su historia y su territorio. Reclaman justicia por Rafael Nahuel. En los últimos meses no hubo diálogo con el Poder Ejecutivo, más allá de algunas comunicaciones indirectas mediante intermediarios. Las presiones de la oposición buscan condicionar el accionar del Gobierno Nacional y de la Justicia para que la fuerza represiva sea el vehículo hacia una solución definitiva, por ahora sin éxito. Todavía hay plazos suficientes para buscar caminos alternativos que destraben la situación judicial.