EL MAL MENOR

 

El gobierno anunció con alivio que el Fondo Monetario Internacional había aprobado la segunda revisión del año de las metas comprometidas en el Acuerdo de Facilidades Extendidas por el que se refinanció la deuda de 44.500 millones de dólares contraída durante la gestión de Maurizio Macrì, y en consecuencia liberaría los 3.800 millones de dólares que el país debe pagarle al propio FMI.

Mientras el ministro de Economía Sergio Massa asistía a la asamblea conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washington, la agencia oficial de noticias Telam celebró que, según el Fondo, el déficit fiscal de la Argentina, que en 2021 fue del 4,3% del Producto Interno Bruto, será este año del 3,5%, “cifra menor al promedio de todos los países de ingresos medios”, que se estima en 6,2%. Y en 2023 será de 3,3%, es decir una escalera descendente, aun más pronunciada que las metas comprometidas en el programa de marzo con el FMI para este año y los dos próximos. El acuerdo contemplaba alcanzar el déficit cero en 2025, pero los resultados que ahora anunció el FMI indican que ese año habrá un superávit del 0,5%, celebró Telam. Este es un juego de suma cero: cuanto menor es el déficit, mayor será el sacrificio. Más apropiada que la metáfora del escalón descendente del déficit puede ser la de los agujeros del cinturón. Cada año, hay que ceñir uno más.

 

 

 

What are you saying?

El informe del equipo técnico del FMI sobre la anuencia del organismo a la segunda revisión de este año tiene 109 fojas, de las cuales más de la mitad son anexos y apéndices. El FMI sólo lo difundió en inglés, que no es el idioma oficial de la Argentina. Funcionarios del equipo económico dicen que el Fondo nunca traduce esos informes en los que los técnicos opinan, no deciden. Mejor que no se lea, se entienda ni se debata.

 

Si no se entiende, mejor.

 

 

Comienza con una declaración de la directora gerente Kristalina Georgieva, quien afirma que la agenda de reformas estructurales sigue siendo fundamental para manejar desafíos económicos muy arraigados. Al referirse al contexto, el documento menciona la corrida cambiaria de julio que siguió a la renuncia de Mr. MaGoo, y encomia las duras medidas que adoptó el nuevo ministro Sergio Massa para aplicar el programa aprobado por el Fondo y alcanzar sus metas. “Pero la situación sigue siendo frágil y los riesgos muy elevados”, y “es probable que se incrementen a medida que se aproximan las elecciones presidenciales”. Esto se debe a “las constantes diferencias sobre la dirección de la política económica dentro de la coalición gobernante”. Las fuertes medidas fiscales adoptadas permitieron reducir el crecimiento del gasto público, del 14% interanual en mayo al 7% en agosto. Pero las reservas netas sólo son de 2.000 millones de dólares, lo cual es algo menos que un mes de importaciones, y las líquidas están “en terreno negativo”. Los créditos bancarios al sector privado son de apenas el 6,8% del PIB, mientras su exposición al sector público ha llegado a la mitad de todos los activos del sistema, principalmente en Leliqs. El presupuesto 2023 enviado al Congreso, sigue diciendo el FMI, incluye un conjunto de políticas hasta lograr una reducción del déficit del 0,9% del PIB, por medio de

  • Reducción de subsidios (-0,5% del PIB) principalmente en el sector energético. El esquema de segmentación tarifaria adoptado es mucho más amplio que el del anuncio previo;
  • Racionalización de la asistencia social (-0,7% del PIB), eliminando ayudas de emergencia, reduciendo la superposición de beneficios e incentivando el ingreso al mercado de trabajo formal. Con la colaboración de varias universidades se están evaluando los distintos programas, cuyas conclusiones se postergaron de diciembre para marzo;
  • Reducción de los salarios estatales, las transferencias a las provincias y empresas del Estado y la indexación de haberes previsionales. El Ministerio de Trabajo está estudiando opciones de reforma para fortalecer la equidad y sustentabilidad financiera del sistema.

EL FMI también reclama mejorar la capacidad exportadora de sectores estratégicos, como hidrocarburos, minería, agroindustria, automotriz, hidrógeno y biotecnologías. Afirma que en reuniones con interesados relevantes e inversores internacionales se intensificó el trabajo para sancionar legislación y regulaciones que alienten la inversión y la exportación de esos sectores estratégicos, reduciendo las exigencias fiscales y regulatorias.

Un rubro poco atendido pero caudaloso es el de los intereses que la Argentina debe pagarle al organismo por la refinanciación gusmaniosa, crecientes con cada aumento de la tasa de interés que impone la Reserva Federal estadounidense, por razones de política interna que afectan a todo el mundo. Un paper confidencial analiza este aspecto en términos técnicos contundentes:

  • Cuando comenzaron las negociaciones, la suma de los intereses, cargos y sobretasas implicaba unos 75 millones de dólares anuales.
  • Al firmarse el acuerdo, en marzo de este año, había ascendido a 142 millones.
  • Pero ahora llegan a un promedio anual de 762 millones, que representan un 41% de los costos totales del préstamo.
  • Con los tipos de interés vigentes a octubre, los cargos totales promedios del préstamo con el fondo ya representan 1800 millones de dólares, una cifra que equivale a más de 33 millones de Asignaciones Universales por Hijo.
  • Pero esto amaga ser peor. Si los tipos de interés internacionales volviesen al promedio vigente entre 1975 y 2000 (por encima del 5% anual) la Argentina terminaría pagando 1.700 millones anuales en concepto de intereses que, más las sobretasas, sumarían 2.760 millones anuales, una cifra cercana al 1% del PIB anual.

 

 

Massa con la subdirectora del FMI. Cuestión de Gita.

 

 

Massa no ha permanecido pasivo ante esta situación.

 

Si cliqueas, podés leer el hilo, o si preferís, escucharlo en su propia voz:

 

 

 

Massa cree que conseguirá que el FMI excluya de la pauta fiscal el gasto extraordinario de la guerra que valuó en 5.000 millones de dólares, y confía en la ampliación de la base imponible por el acuerdo con Estados Unidos para conocer todas las cuentas allí de argentinos que no las declararon aquí. Avala su optimismo que la Argentina sea uno de los pocos países que menciona en forma positiva la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que el Presidente Joe Biden firmó el martes 12 de octubre y que podés leer aquí.

 

 

 

 

Manos de tijera

Si estas expectativas no se cumplieran y si el presupuesto que contiene las exigencias del Fondo transitara sin complicaciones por el Congreso o si las superara con los mismos alineamientos de marzo, cuando la oposición cambiante votó el acuerdo con el FMI que motivó la renuncia de Máximo Kirchner a presidir el bloque oficialista de diputados, las nuevas ministras que salieron de la galera presidencial, como Victoria Tolosa Paz, la puntana Ayelén Mazzina y Raquel Kismer, a) Kelly Olmos, no portarán ni un pan bajo el brazo, ni una varita mágica ni un conejo, sino una tijera filosa, y la conflictividad social dejará de ser la menor desde que se lleva el registro, en 2006.

Desde diciembre de 2010, la Vicepresidenta CFK viene exigiendo la alineación de salarios y jubilaciones con precios, señalando la inconveniencia de que el crecimiento de la economía se lo lleven cuatro vivos y advirtiendo que con el castigo a la base social de la coalición se perderían las elecciones. Todas sus predicciones se cumplieron, cuatro millones de votos desertaron de la boleta del FdT en las elecciones de medio término. Cuando Mr. MaGoo apuñaló por la espalda al Presidente que lo había sostenido pese a los cuestionamientos del kirchnerismo, todos esos factores se agudizaron. Cristina apoyó entonces la designación de Sergio Massa como Ministro de Economía e incluso toleró la de su injuriante segundón, Gabriel Rubinstein, en una actitud que no condice con la imagen inflexible y cruel que se ha construido de ella.

Se resignó a optar como sector hegemónico del gobierno del Frente de Todos por los grupos económicos locales, que formaron parte del primer kirchnerismo, pero que desembarcaron cuando Cristina profundizó un giro nacional y popular. La política que se está siguiendo desde entonces no es la de la Vicepresidenta, y permite que los críticos más triviales digan que Cristina apoya medidas más duras de las que aplicaba MaGoo. Esto es ignorar que por el momento se trata de administrar las consecuencias de lo que se hizo y de lo que se dejó de hacer antes. En eso residen la solidez y los límites de su respaldo a Massa. The Economist lo dijo el jueves con otras palabras: ella “debe saber que Massa es lo único que se interpone entre la Argentina y el caos”. En la hoja de ruta que le marcó el Fondo, su próxima escala debe ser en París, para cerrar la renegociación de la deuda con los gobiernos europeos que hace siete décadas formaron un club de países para prestarle a la dictadura de los militares Pedro Aramburu e Isaac Rojas. En Washington, Massa avanzó en el acuerdo con el presidente del club de París y ministro de finanzas de Francia, Emmanuel Moulin.

 

 

 

 

Cuando regrese, tiene pendiente una reunión con Máximo, quien con alta probabilidad planteará algunos cambios en los acuerdos con el Fondo que honra el presupuesto, con ampliaciones por unos 400.000 millones de pesos. Por lo pronto, la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados recibió pedidos de audiencias de los médicos Daniel Gollán y Rossana Chahla, «para realizar un aporte desde la temática de Acción Social y Salud Pública»; de Marisa Uceda y Daniel Arroyo sobre las prestaciones sociales; de Blanca Osuna, acerca de la inversión en educación; y de Paola Vessvessian e Hilda Aguirre, respecto de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Massa responderá que tiene un plan para disponer de fondos adicionales en el año electoral y mencionará la propuesta de un gravamen sobre la renta inesperada, al que le pondrá otro nombre para ignorar a Mr. MaGoo, lo cual tiene lógica porque tanto su proyecto como el de su predecesor responden a una iniciativa del propio FMI.

En su discurso al cierre del coloquio de Idea, Alberto Fernández hizo una encendida defensa de su gestión, en insistente primera persona. Según la información oficial de la presidencia, lo hizo así:

 

 

El tramo que mayor repercusión tuvo en los medios de comunicación (tal como el Presidente lo había previsto) incluyó una referencia elíptica pero indisimulable a sus predecesores:

 

 

Esta fue su alocución completa:

 

 

 

Como el propio Alberto sabe, este crecimiento no se ha repartido en forma equitativa y ha dado lugar a propuestas divergentes de la CGT, que sólo admite aumentos acordados en paritarias, y Cristina, quien reclama un incremento de suma fija, que obraría como un piso para lo que cada gremio obtuviera en la negociación con las respectivas patronales y atenuaría la heterogeneidad salarial. En cuanto asumió en diciembre de 2019 el actual gobierno concedió un aumento general de 3.000 pesos y otro de 4.000 a partir de febrero de 2020, cuyo efecto fue una recuperación del 9% del poder adquisitivo del salario de la mitad de los trabajadores privados registrados peor remunerados (lo que en estadística se llama la mediana de una población).  A partir de la pandemia, la brecha entre la mediana y el promedio se ensanchó, y la suma fija sería la manera de remediarlo. Esta noche, el Centro de Economía Política distribuirá dos estudios sobre el tema. Respecto de la suma fija, proponen cuatro opciones de aumentos a partir de octubre, que van desde

  • 13.850 pesos, equivalentes a los 3.000 de diciembre de 2019, en octubre. En este caso, la mediana seguiría 14,4% debajo del promedio de 2015; hasta
  • 40.400 pesos, con lo cual se volvería al promedio salarial de 2015.

El achatamiento de la pirámide que temen algunos dirigentes sindicales es mínimo en comparación con el efecto benéfico general que tendría. En tres gremios importantes, como Comercio, Sanidad y Alimentación, que están  representados en la mesa chica de la CGT, la suma fija de 13.850 pesos,  se observa que, en promedio, el diferencial de categorías sólo se reduciría en 9,5%.

Ambos trabajos de CEPA podés leerlos aquí y aquí.

 

 

Las dos preguntas

Ante este cuadro hay dos preguntas candentes que es inevitable hacerse:

  • ¿Massa logrará estabilizar la situación?, y, en tal caso,
  • ¿Será posible reorientar la política económica en un sentido más favorable a los trabajadores? O dicho en otros términos: ¿Cristina podrá personificar una alternativa diferente, con viabilidad electoral?

Massa prefiere la cautela. Cuando Alberto se reunió con la mesa chica de la CGT y comenzó la discusión sobre el o los actos de mañana por el Día de la Lealtad, ni Cristina ni Massa fueron consultados. “No me voy a aburrir con esas minucias. Tenemos quilombos más serios”, respondió el Ministro ante una consulta para esta nota.

—¿Cuáles?

La inflación, la distribución del ingreso, las reservas, la velocidad de rotación de los pesos. Acá todos creen que el quilombo terminó. Y sólo paramos el infarto.

Por supuesto, CFK no está dentro de ese “todos”. No es ella quien niega los hechos evidentes, y sabe mejor que nadie que el gobierno pisa un terreno movedizo, lo cual incluyó la lapidación de su despacho en el Senado y un intento fallido de asesinarla. Esta semana se confirmaron los vínculos económicos que El Cohete viene investigando desde agosto entre Jonathan Morel, el carpintero creador de Revolución Federal y de las horcas con que amenazó a Cristina y la familia de Nicolás y Luis Caputo.

Massa teme que se intente una nueva corrida en noviembre, antes de que comience el campeonato de fútbol en tierras árabes, y se prepara para resistirla, entre otras cosas con un plan de estabilización que incluya un acuerdo de precios y salarios hasta la finalización del verano.

Ante la segunda pregunta, la perspectiva de una reanudación de los experimentos sobre seres vivos del neoliberalismo hace aparecer al tricéfalo Frente de Todos como el mal menor. Pero ninguna modificación en las relaciones de fuerza y en la orientación de las políticas provendrá sólo de los juegos de cúpulas y sus combinaciones electorales.  Por eso es tan importante la movilización sobre la Plaza de Mayo, que mañana realizarán las fuerzas sindicales que resistieron al macrismo en su apogeo: la Corriente Sindical Federal y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, ambas dentro de la CGT, y la CTA, a las que se suma el Partido Justicialista bonaerense que preside Máximo Kirchner. Pablo Moyano lo fundamentó con precisión: «Más allá de las posibles diferencias vamos a defender a nuestro gobierno hasta el último día de su mandato, y más teniendo en cuenta que enfrente está este personaje siniestro que nos gobernó cuatro años y que provocó la profunda crisis que hoy sufren millones de argentinos».

Se refería, claro, al ex Presidente Maurizio Macrì, quien anunció la publicación de un libro. Pero por la difusión que le dio a unas pocas páginas, parecería que su propósito no es vender el opúsculo que pergeñaron Hernán Iglesias Illa y Pablo Avelluto, sino encuadrar al precandidato presidencial de su fuerza, quien sólo puede confiar en milagros.

 

 

Algunas definiciones de Macrì:

  • “El gradualismo fue producto de nuestra debilidad y no de nuestra vocación. El próximo gobierno será más fuerte y su fortaleza requerirá que las reformas estructurales se sancionen en las primeras horas. Debemos tener la valentía de terminar de inmediato con legislaciones obsoletas en materia laboral, sindical, previsional y fiscal”.
  • “La reducción drástica del gasto público deberá estar entre las medidas iniciales. Cada Ministerio, cada área, cada repartición pública deberá impulsar todas las reducciones que sean necesarias de manera urgente e inmediata”.
  • “Nuestras industrias tienen que saber que su tiempo para ser competitivas está llegando a su fin. El nuevo gobierno no estará en condiciones de seguir defendiendo el proteccionismo”.
  • “Existe una larga lista de empresas públicas que deberán pasar a ser gestionadas por el sector privado sin excepciones, o que deberán ser eliminadas”.
  • “En materia de políticas sociales, deberemos terminar para siempre con los extorsionadores de la paz social. La intermediación parasitaria en materia de distribución de ayuda tiene que terminarse. Por su parte, aquellos que reciban la ayuda solidaria del resto de los argentinos deberán saber que su duración en el tiempo será limitada. Deberán capacitarse para estar en condiciones de ingresar lo más rápido posible en el mercado laboral formal”.
  • “No existe ninguna posibilidad de que continuemos asistiendo al triste espectáculo de fuerzas de seguridad que no actúan. Las calles son de todos los ciudadanos y todos tienen derecho a transitarlas. El derecho de protesta debe encontrar un límite cuando perjudica a terceros”.

Esta sinceridad brutal sobre lo que se proponen hacer si la sociedad olvida quiénes son y qué hicieron cuando tuvieron la oportunidad, se combina con el insidioso cinismo que hizo posible que en 2015 amarillearan la Casa Rosada y que crean posible repetirlo, con frases como esta:

  • “Juntos por el Cambio debe volver al poder con el objetivo de construir un capitalismo verdadero en la Argentina. Un lugar de oportunidades para emprender en un marco de estabilidad. Con menos impuestos y con mejores servicios públicos. Con un servicio de justicia independiente y profesional, alejado de los vaivenes de la política. Con fuerzas de seguridad reconocidas y capacitadas, dedicadas a dar un combate sin cuartel contra el narcotráfico”.

Es decir, todo lo contrario de lo que hicieron cuando estuvieron al mando. Cuando falta un año para las elecciones ya han comenzado a abrumar al Congreso con proyectos de ley contra derechos de los trabajadores y su representación gremial. Por ejemplo:

  • Martín Tetaz, María Eugenia Vidal, Hernán Lombardi, Graciela Ocaña, Rodrigo de Loredo, entre otros, reclaman el consentimiento expreso de los trabajadores no afiliados a un sindicato para que se les descuenten aportes para la organización sindical.
  • Ricardo López Murphy presentó otro sobre el mismo tema, que directamente suprime la contribución para los no afiliados.
  • Gerardo Milman, Cristian Ritondo, Waldo Wolff,  Fernando Iglesias, entre otros, pidieron al Poder Ejecutivo la cancelación de la personería gremial de Camioneros.
  • Vidal, Ritondo, De Loredo, López Murphy, Tetaz, más Maximiliano Ferraro, Karina Banfi, Diego Santilli, Alejandro Finocchiaro, Paula Oliveto, entre otros, sólo admiten dos mandatos consecutivos de cuatro años para integrar la dirección de un sindicato de trabajadores. También exigen una declaración jurada patrimonial. No enviarla sería motivo de cancelación de la personería.
  • Alejandro Finocchiario, Soher El Zukaria, Vidal, Ritondo, Pablo Torello, Alfredo Schiavoni se proponen prohibir por ley el bloqueo de plantas como método de protesta sindical y penarlo con la pérdida de la personería gremial.
  • A ello, Carolina Losada, Guadalupe Tagliaferri, Luis P. Naidenoff y Alfredo V. Cornejo, entre otros, le agregan una pena de prisión de hasta seis años a quien impida, estorbe, entorpezca el normal funcionamiento de un establecimiento comercial o industrial o de servicios, bloqueando por cualquier medio el libre acceso y salida de personas y vehículos de dichas empresas o de otras empresas y de inhabilitación por un lapso doble si fuera dirigente sindical.

Se acercan a tildar de asociaciones ilícitas a los sindicatos de trabajadores, como ocurría un siglo atrás. Una característica de estos proyectos (que no son los únicos) es su transversalidad: los firman representantes de todas las fuerzas de la coalición cambiante. Hasta Rodríguez Larreta anunció en el coloquio de Idea que está trabajando con Gerardo Morales en «un proyecto de ley que baje la litigiosidad laboral. Hay que modernizar el sistema laboral, nos quedamos con sistemas laborales de hace décadas. Hay otro problema: hay mucha gente que hoy prefiere no tener un trabajo porque tiene un plan social».

No se preguntó, ni les preguntó a los empresarios que lo aplaudieron más que a nadie, cual será la causa de esa presunta preferencia.

 

 

 

La escalada

Si en vez de la economía se pone la mira en la política de seguridad, el cuadro se repite. El ministro Aníbal Fernández respondió a las críticas de la ex ministra Elizabeth Gómez Alcorta por el operativo Mascardi. “No sé por qué se fue, si no le gustó como actuamos, actuar hay que actuar”, dijo. Su principal argumento fue que las fuerzas de seguridad actuaron a órdenes de una fiscal y una jueza federal. “Si se pretende que no le demos bola a la Constitución o a las leyes, es no saber vivir en forma republicana”. Eso es una abierta falacia. Si la jueza dispuso trasladar a las mujeres detenidas a 1.500 km de su residencia a las 3 de la madrugada, si ordenó que las requisaran varias veces y las desnudaran, si mandó que volaran esposadas, el Poder Ejecutivo no estaba obligado a convalidar esas violaciones groseras a los derechos humanos. Hasta ahora no se ha visto ninguna resolución judicial que lo establezca. Y tampoco fue iniciativa judicial la creación de un comando conjunto de fuerzas federales.

 

 

El vuelo de madrugada y esposadas, las requisas vejatorias no eran obligaciones del gobierno. (Foto Chino Leiva, Río Negro.)

 

 

Aníbal, que hasta se declaró parte de un pueblo originario, parece un profesor de Essex comparado con sus ex compañeros del peronismo tenebroso, hoy en Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Miguel Pichetto. Ambos reclamaron la enmienda de las leyes de defensa nacional y de seguridad interior, y el envío a Villa Mascardi de las Fuerzas Armadas. Aquellas leyes, junto con la de Inteligencia Nacional, son el fundamento de una política de Estado para concretar en los hechos el Nunca Más de la democracia. Fueron el producto de un acuerdo transpartidario y se sancionaron durante tres distintos gobiernos, todos anteriores al arribo del kirchnerismo, en tres décadas sucesivas: Raúl Alfonsín promulgó la de Defensa Nacional en 1988, Carlos Menem la de Seguridad Interior en 1992, y Fernando De la Rúa la de Inteligencia Nacional en 2001.

Durante su viaje a Neuquén, Alberto Fernández se reunió con representantes de organizaciones mapuche de la zona, que le reclamaron la libertad de las detenidas. El Presidente les planteó la continuidad del diálogo para la construcción multicultural. Bullrich sostuvo que eran representantes de la RAM, una organización de cuya existencia no hay más que versiones y rumores y pidió que se la declare como un “grupo de violencia extrema terrorista”. Las Fuerzas Armadas también deberían ser enviadas a Rosario, dijo. Pichetto agregó a esta lectura tendenciosa lo que llamó una “revalorización de las Fuerzas Armadas”, cuestionó los bajos sueldos que percibe un general y pidió terminar con los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad. Macri no tardó en comunicar su adhesión al reclamo de intervención militar en seguridad interior, tal como intentó en su presidencia, con escaso eco en los cuarteles. Luego de anunciar su pre-candidatura a la presidencia, Pichetto recibió en un restaurante de Puerto Madero a Eduardo Bolsonaro, el hijo del Presidente brasileño que se propone organizar una internacional de ultraderecha sobre las enseñanzas de Steve Bannon, en el mismo momento en que la comisión investigadora sobre el asalto al Congreso de Estados Unidos decidió citar al ex Presidente Donald Trump.

También el presidente UCeeReísta, Gerardo Morales, increpó al Presidente por su reunión con representantes mapuches, a quienes llamó delincuentes que deberían estar en la cárcel, y lo acusó de no utilizar dos armas de las que dispone: la Constitución y la ley. Alberto Fernández le respondió que cumplir con la Constitución es respetar la independencia de poderes, cuando «alguna provincia de nuestra patria muestra ejemplos donde la Justicia ha quedado sometida al poder político. Ha servido para estigmatizar personas, privarlas de su libertad desatendiendo las normas del debido proceso y eliminar del escenario político a opositores“.

Lo que ninguno dijo es qué actividad deberían realizar los militares ante un conflicto que no es armado ni compromete a potencias extranjeras. Los países que involucraron a sus Fuerzas Armadas en la represión del narcotráfico, como México, están en una encerrona: no se ha reducido la actividad prohibida, pero se han naturalizado insoportables niveles de violencia en la sociedad y corrompido a las instituciones castrenses, que además están haciéndose cargo de funciones del sistema político, como la ejecución de la obra pública.

Estas manifestaciones encuadran dentro de lo que Facundo Manes llamó populismo institucional, para referirse a la manipulación de la Justicia durante la presidencia de Macrì.

 

 

 

Para ellos también

Los gobiernos populistas no sólo son el mal menor para los trabajadores y las clases medias. También les permiten obtener mejores resultados a las grandes empresas. Así lo atestigua un estudio del Centro de Economía Política (CEPA) que compara la rentabilidad de las 500 mayores empresas bajo los gobiernos de Kirchner, Cristina, Macrì y Fernández. El centro de investigaciones que dirigen Julia Strada y Hernán Letcher también coteja el desempeño de esas empresas con los vaticinios que hicieron en los sucesivos coloquios de IDEA y que invariablemente fueron desmentidos por la realidad.

Estas son sus conclusiones:

  •  La cúpula empresarial de las 500 más grandes de país facturó más en ventas y tuvo mayor rentabilidad durante el gobierno de CFK que durante el gobierno de Mauricio Macri.

  • La incidencia de los impuestos es baja en relación a las ventas.
  • El costo laboral no sufre grandes cambios en los últimos diez años. Para el período 2012-2019 se mantiene en 14,8% sobre ventas para la cúpula de las 500, un porcentaje que difícilmente pueda constituir un impedimento a la actividad empresarial y a la contratación laboral.
  • El costo de despido es ínfimo. El volumen de indemnizaciones sobre ventas se ubica en tan solo un 0,7% para el periodo 2016-2020.
  • Entre 2012 y hasta mediados de 2015 los empresarios consultados por el Coloquio de IDEA sostienen, en cerca del 50% de los casos, que la rentabilidad de sus empresas disminuiría en los meses venideros, bajo el gobierno de CFK. Sólo el 20% indica que aumentará su rentabilidad y otro 30% que no habría cambios.
    • A la inversa, en octubre de 2015 y ante la posibilidad de cambio de gobierno con políticas afines a sus demandas, el 50% de los empresarios respondió que su rentabilidad aumentaría en meses próximos.
    • Más cerca en el tiempo, en octubre de 2019, volvieron a predominar las expectativas negativas: el 60% consideró que se reducirían sus ganancias, ante la inminente victoria del FDT y derrota electoral de Juntos por el Cambio.
  • Si uno observa los datos de desempeño empresarial, cada uno de los pronósticos reflejados en IDEA fue refutado por los números concretos.
  • Las principales 500 empresas de la Argentina ganaron, en promedio, entre 2012 y 2015,  21.063 millones de dólares anuales, mientras que entre 2016 y 2019 ganaron 16.035 millones de dólares.
  • Bajo gobiernos populares esperaron perder rentabilidad, pero en verdad ganaron. Bajo un gobierno de derecha – y con las políticas que se reclamaban en el Coloquio de IDEA— pronosticaron ganar más, pero en verdad sus ganancias fueron menores.
  • En 2019, con un nuevo cambio de signo político, las expectativas negativas sobre el Frente de Todos. Incluso y a pesar de la pandemia de 2020, los resultados de 2022 son más que abultados: se registra una mejora de rentabilidad en dólares entre 50 y 60% en 2022 respecto de 202 para una muestra compuesta por distintos casos (tales como Arcor, Aluar, Ledesma, La Anónima, Ternium o PAE).

Aquí podés leer ese trabajo completo, mientras te gratificas con La música que escuché mientras escribía

 

 

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