Transferencia
La desaceleración de la inflación le dio al gobierno algo más que un alivio estadístico. Le dio un argumento político. El Índice de Precios al Consumidor de abril marcó 2,6%, bastante por debajo del 3,4% de marzo, y le dio aire a la narrativa oficial de una inflación en descenso tras haber anotado diez meses consecutivos al alza. La inflación acumulada quedó en 12,3% en el primer cuatrimestre del año y la interanual en 32,4%.
El dato tuvo además un componente simbólico para el gobierno. Permitió volver a perforar el umbral psicológico del 3%. En la Casa Rosada lo leyeron como una señal de estabilización, en medio de un escenario cargado de tensiones por tarifas, dólar y actividad económica.
La desaceleración estuvo impulsada principalmente por alimentos y bebidas no alcohólicas, que registraron una suba de apenas 1,5%, el nivel más bajo entre las divisiones relevadas por el INDEC. También recreación y cultura mostró una variación reducida de 1%.
Pero por abajo del promedio se observa otra dinámica. La inflación aflojó en bienes y se desplazó, cada vez más, hacia los servicios. El propio informe del INDEC mostró que los regulados subieron 4,7%, casi el doble del nivel general, empujados por transporte y electricidad.
Transporte encabezó las subas mensuales con 4,4%, producto del aumento de combustibles. Educación avanzó 4,2%, comunicación 4,1% y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles trepó 3,5%.
La estructura del índice muestra la tensión. Si bien en abril los bienes aumentaron 2,5% y los servicios 2,6% en promedio, en la comparación interanual la brecha es mucho más marcada: los bienes acumulan 27,4% contra 43,1% de los servicios.
Los números regionales también reflejaron el peso de las tarifas y el transporte. El Gran Buenos Aires registró la inflación más alta del país, con 2,8%. Le siguieron Noreste, con 2,7%; Patagonia igual al promedio nacional, con 2,6%; y Cuyo, con 2,1%.
En todas las regiones, los grupos con mayores subas estuvieron directamente vinculados a servicios regulados. En Patagonia, el alquiler de vivienda y gastos conexos saltó 11,5%, mientras que transporte subió 10,8%. En Gran Buenos Aires, electricidad, gas y otros combustibles avanzaron 8%. En el Noreste, los servicios recreativos y culturales treparon 5%, y el transporte llegó a 10,6%.
El dato refuerza las advertencias sobre el impacto de las tarifas en el costo de vida. Y en mayo corren nuevos incrementos en electricidad, gas, agua, transporte y combustibles, sea cual fuere el promedio general del IPC. Y según su manual, el gobierno todavía tiene por delante la parte más sensible de la corrección tarifaria.
Lo concreto es que la inflación ya no avanza como un incendio uniforme sobre toda la economía. Se parece más a esas brasas que parecen apagadas en la superficie pero siguen encendidas debajo.
Por debajo del festejo oficial, arden los precios regulados, mientras los salarios quedaron muy por detrás del proceso de recomposición de márgenes de rentabilidad. El gobierno consiguió enfriar una parte importante de la nominalidad, pero no terminó de resolver las tensiones estructurales.
Porque aunque el promedio de inflación desacelere, si los salarios siguen congelados o cada vez más atrás de los precios, el poder adquisitivo continúa deteriorándose. La inflación se desacelera, pero el más mínimo ritmo de aumento de precios promedio se deglute una porción cada vez mayor de los ingresos.
Por eso la desaceleración nominal no necesariamente implica alivio sobre el bolsillo. Con salarios pisados, cada aumento de tarifas pesa más y reduce todavía más la capacidad de consumo. El problema ya no es sólo cuánto suben los precios, sino cómo se distribuye el ingreso: con salarios contenidos y tarifas en alza, el poder adquisitivo sigue cayendo incluso con menor inflación.
La lectura del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA) apunta justamente a eso: la desaceleración inflacionaria convive con un cambio profundo en la composición del gasto de los hogares. Cada vez una porción más grande del salario se va en tarifas, transporte, alquileres y servicios esenciales. Y cuanto más ingreso absorben esos rubros, menos margen queda para consumir otra cosa.
Ahí aparece una de las claves del actual esquema económico. La inflación baja en parte porque amplios sectores de la sociedad directamente dejaron de poder convalidar ciertos consumos. El salario ya no alcanza para sostener simultáneamente alimentos, bienes durables, ropa, ocio y servicios. Entonces el ajuste del bolsillo funciona como ancla sobre buena parte de los bienes de consumo masivo.
“Más que desaparecer, la inflación se desplazó”, sintetizó CIFRA. La entidad sostuvo que el ancla cambiaria, la recesión y el deterioro del salario real contienen buena parte de los precios de bienes, mientras los servicios siguen recomponiendo precios y rentabilidad.
Y ahí aparece otro punto central de la interpretación: buena parte de esos sectores que hoy siguen liderando aumentos son actividades cuya rentabilidad depende directa o indirectamente del Estado. Energía, transporte, comunicaciones y servicios públicos operan sobre concesiones, marcos regulatorios o infraestructura construida históricamente con inversión estatal.
En este esquema, el ajuste sobre salarios y consumo convive con una fuerte recomposición de ingresos en sectores que utilizan redes, gasoductos, tendidos eléctricos, rutas, subsidios o sistemas financiados durante décadas por el sector público. El Estado se retira del ingreso de los trabajadores pero sigue funcionando como plataforma de rentabilidad privada.
La consecuencia es una economía partida. De un lado, góndolas más frías, consumo retraído y empresas de bienes masivos con dificultades para remarcar porque la demanda no responde. Del otro, tarifas, alquileres, transporte y servicios regulados que continúan absorbiendo ingresos familiares a un ritmo mucho más acelerado.
En esa dinámica, el salario funciona como ancla. Lo que se destina a cubrir electricidad, gas, transporte, medicina prepaga o alquiler deja afuera otros consumos. La desaceleración inflacionaria aparece entonces menos asociada a una expansión de oferta monetaria y más vinculada a una transferencia de ingresos hacia sectores con capacidad regulatoria, posición dominante o protección estatal indirecta.
Por eso, CIFRA marcó que la inflación residual se concentra en actividades con mayor capacidad de trasladar aumentos aun en un contexto de actividad debilitada y consumo estancado. La economía se enfría, pero ciertos engranajes siguen girando impulsados por mecanismos de actualización que permanecen atados al Estado y no al nivel real de demanda.
No hay nada en todo esto que se parezca a aquello que estrictamente definen como un sinceramiento de precios.
Regulados
En medio de esta transferencia de ingresos desde el consumo hacia los sectores regulados, la secretaria de Energía María Tettamanti tuvo que salir este miércoles a defender en el Congreso el proyecto de la ley de “medidas energéticas” que el oficialismo no logró colar en el Presupuesto y que ahora vuelve a empujar por separado.
El proyecto tiene dos capítulos de consecuencias imprevisibles. El primero es la modificación del régimen de zonas frías, un esquema que subsidia tarifas de gas en provincias de bajas temperaturas y que el gobierno considera fiscalmente inviable. El segundo es el perdón de deuda a las distribuidoras eléctricas con Cammesa por 1.842 millones de dólares.
La defensa quedó en manos de la funcionaria que tuvo que explicar por qué el Estado debería aliviar financieramente a empresas privadas en un contexto donde las tarifas vienen creciendo muy por encima de los salarios, en la zona del 700% desde que asumió Milei.
El argumento oficial sostiene que el sistema eléctrico arrastra desequilibrios históricos producto de años de congelamiento tarifario. Pero la discusión es bastante más compleja. Porque esos congelamientos nunca se constituyeron como una deuda con las empresas. Fueron una herramienta de política económica para moderar inflación y sostener ingresos, tanto tras el estallido de la convertibilidad como durante la cuarentena producto de la pandemia.
Las distribuidoras justifican la deuda con Cammesa justamente sobre ese argumento. Sostienen que durante años las tarifas reconocidas estuvieron por debajo de los costos del sistema y que eso las obligó a financiarse dejando de pagar parte de la energía que compraban en el mercado mayorista. Es decir: la deuda con el Estado aparece presentada como consecuencia directa de un atraso tarifario, justifican.
Durante el macrismo, las boletas eléctricas llegaron a registrar subas cercanas al 2.000%. La revisión tarifaria integral impulsada por Juan José Aranguren y luego continuada por Gustavo Lopetegui fue presentada como la normalización definitiva del sistema después del congelamiento kirchnerista.
Sin embargo, cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, una auditoría impulsada durante la intervención de Federico Basualdo al frente del ENRE detectó severas irregularidades en los activos reconocidos a las distribuidoras y en los costos utilizados para calcular remuneraciones.
La investigación derivó en denuncias que complicaron judicialmente a Lopetegui y golpearon uno de los pilares discursivos del macrismo energético: que el tarifazo había sido un sinceramiento técnico inevitable. Según esa auditoría, los aumentos reconocidos respondían a cálculos sobredimensionados que favorecieron a las concesionarias. La auditoría de Basualdo terminó, además, respaldada por la Auditoría General de la Nación.
Lo peor es que aun después de esa transferencia monumental de ingresos hacia las distribuidoras, los reclamos empresarios siguieron abiertos. Edenor y Edesur continuaron sosteniendo que el esquema tarifario seguía siendo insuficiente y acumulando una deuda multimillonaria con Cammesa.
El gobierno de Milei retomó el camino. Así como el macrismo había ejecutado aumentos extraordinarios para cerrar definitivamente la discusión tarifaria, la actual administración aplicó subas superiores al 600% y además acordó el esquema de una nueva revisión quinquenal tarifaria que, en teoría, debía dejar saldada la discusión sobre costos, rentabilidad e inversiones.
Por eso el nuevo proyecto generó tanto ruido dentro del sector energético. Si el gobierno ya recompuso tarifas, ya redefinió ingresos empresarios y ya concretó una nueva revisión quinquenal tarifaria, entonces resulta difícil explicar por qué las distribuidoras todavía necesitan un esquema extraordinario de alivio financiero por parte del Estado.
Ahí aparecen además las sospechas políticas alrededor del negocio. En el sector energético empezó a circular con fuerza el nombre de Damián Sanfilippo, subsecretario de energía eléctrica, como uno de los articuladores informales de las negociaciones alrededor del perdón de deuda y de la reorganización del sistema eléctrico. Las versiones sobre intereses cruzados crecieron justamente porque el proyecto implica transformar pasivos multimillonarios con el Estado en condiciones extremadamente favorables para las empresas. Sanfilippo formó parte del directorio de Desa, una de las distribuidoras beneficiadas.
El problema jurídico tampoco es menor. Especialistas en regulación energética sostienen que el esquema impulsado por la Secretaría de Energía podría enfrentar planteos de inconstitucionalidad porque involucra administración de fondos públicos y condonación de obligaciones privadas que deberían discutirse dentro del Presupuesto nacional y no mediante una ley separada. De hecho el oficialismo intenta aprobar por una vía lateral algo que no logró incorporar en la discusión presupuestaria.
El trasfondo del conflicto vuelve siempre al mismo punto. Las distribuidoras operan sobre infraestructura pública, reciben actualizaciones tarifarias extraordinarias, mantienen discusiones históricas sobre inversiones incumplidas y aun así terminan reclamando asistencia estatal para sostener su ecuación económica. Mientras tanto, los usuarios absorben aumentos permanentes en un contexto donde el salario pierde capacidad de compra y una parte creciente de los ingresos se destina simplemente a sostener servicios esenciales.
Fenómenos
La inflación no es un fenómeno uniforme. No existe una sola inflación. Cada proceso inflacionario tiene su propia anatomía, sus tensiones específicas y sus mecanismos de propagación. Por eso, aun cuando dos períodos puedan compartir niveles similares de suba de precios, las causas que empujan esos aumentos pueden ser completamente distintas.
La comparación con 2015 sirve para ilustrarlo. El último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner cerró con niveles de inflación parecidos a los actuales, en una zona de entre 25% y 30% anual según distintas mediciones privadas. En aquel momento, el famoso IPC Congreso llegó a marcar registros mensuales en torno al 1,2%, en medio de la fuerte polémica por la intervención del INDEC durante la gestión de Guillermo Moreno. A la distancia, más de un funcionario del actual gobierno pagaría por tener hoy aquellos números. Y esa inflación fue uno de los factores que incidieron en la derrota electoral del kirchnerismo.
Pero es cierto que aparecen puntos de contacto con el presente. Uno de ellos es la intervención sobre precios sensibles de la economía. Esta semana, el presidente de YPF, Horacio Marín, anunció un aumento de apenas 1% en los combustibles, una cifra muy por debajo del salto internacional del petróleo provocado por la guerra en Medio Oriente. Es decir: YPF está utilizando el precio de la nafta como herramienta de política económica para moderar la dinámica inflacionaria local.
Eso mismo hacía el kirchnerismo con otras herramientas. El desacople de precios internos respecto de los internacionales formó parte central de su esquema económico. Las retenciones, los fondos fiduciarios o las intervenciones sobre tarifas y combustibles apuntaban justamente a evitar que una economía cuyos salarios se pagan en pesos terminara trasladando de manera directa shocks internacionales a la mesa de los argentinos.
La discusión de fondo remite a cómo se entiende la inflación. Para los ultramonetaristas, corriente extrema dentro de la tradición liberal, la inflación es “siempre y en todo lugar un fenómeno monetario”. Es decir, el aumento de precios estaría determinado exclusivamente por la cantidad de dinero en circulación. Bajo esa mirada, si suben los precios es porque sobra dinero.
Sin embargo, incluso dentro del propio liberalismo esa explicación quedó cada vez más limitada frente a fenómenos inflacionarios complejos como los de América Latina. Hoy predominan interpretaciones multicausales que entienden que la inflación surge de la interacción de distintos factores y que cada experiencia histórica se define por cómo se combinan esos componentes.
En la Argentina, uno de los factores decisivos es el tipo de cambio. No solo porque la estructura productiva depende de insumos importados, sino porque la economía argentina dolariza sistemáticamente sus excedentes. El dólar funciona como ordenador general de precios. Lo que se exporta fija referencias internas y lo que se ahorra también se piensa en dólares. Esa lógica convierte al tipo de cambio en una pieza central del proceso inflacionario.
Otro componente es la puja distributiva. En el último tramo del gobierno de Cristina, los salarios registrados corrían relativamente cerca de la inflación. Había una disputa permanente entre empresas y trabajadores por apropiarse de una mayor porción del ingreso. Esa tensión empujaba precios. En la Argentina actual ocurre lo opuesto: el ancla salarial es parte del programa.
A eso se suma el componente inercial, que hoy explica buena parte de la persistencia inflacionaria. Tarifas, alquileres, transporte y contratos privados funcionan con fórmulas de actualización que superan la inflación pasada. IPC más dos, IPC más tres. La economía se mueve mirando por el espejo retrovisor. Los agentes remarcan anticipándose a la inflación esperada y buscando cobertura frente a futuras correcciones. Ahí aparece otro elemento decisivo: el comportamiento especulativo.
Todo eso permite entender por qué las inflaciones no son iguales. La inflación del último año de Cristina Fernández estuvo asociada a un mercado interno recalentado, altos niveles de consumo, presión importadora sobre el sector energético y una fuerte puja distributiva. La inflación actual, en cambio, se desarrolla bajo el manual libertario: caída del consumo, salarios deprimidos, ajuste fiscal extremo y una economía donde la desaceleración de precios convive con recesión, tarifas liberadas y mecanismos de indexación que siguen funcionando como brasas encendidas debajo de la superficie.
La inflación desacelera, la redistribución regresiva no.
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