EL MILAGRO de cristina

 

La semana transcurrida ha constituido un momento de inflexión en el actual ciclo político nacional. Frente a un nuevo hito en la persecución de la lideresa del movimiento nacional, popular y democrático, concretada en el pedido de un fiscal a una condena de 12 años para la Vicepresidenta y su proscripción política, irrumpió una ola creciente de movilización popular que demuestra la vocación de resistencia de las mayorías nacionales al intento represivo sobre quien aprecian como portadora de la voluntad y la capacidad para representar sus intereses y atender a sus necesidades desde los lugares que ha ocupado, ocupa y ocupará en los espacios de gobierno. Inmediatamente surgieron los apoyos de organizaciones sindicales, sociales, políticas e intelectuales que se sumaron a impedir ese acto punitivo sin justicia. Porque ese es el dramatismo que vive hoy el país, en que se despliega una política destructiva de la democracia y de la propia República. La gravísima condición de un Poder Judicial cuyos núcleos centrales se han sometido y, también, han sido sometidos por el poder fáctico del empresariado concentrado articulado con los oligopolios de la comunicación, que ha abandonado el rol de impartir justicia y lo ha sustituido por la asunción de la misión de desarticular a la fuerza política que ponga en riesgo el despliegue del neoliberalismo en la Argentina, es una situación inusitada y muy peligrosa.

El año que viene se cumplirán cuatro décadas sin golpes militares en el país. Pero han sido cuatro décadas en que la dictadura terrorista ha dejado sus marcas, y en las cuales la oligarquía que se valía de la cancelación de la vida institucional para cerrar el camino a  proyectos populares, ha bregado permanentemente por limitar el despliegue democrático para concretar una nación independiente y una sociedad con justicia social. Nuevamente hay una amenaza de una República Perdida. Los acontecimientos del juicio llevado a cabo por la causa “Vialidad” hacen recordar hechos históricos como el caso Dreyfus; sin pruebas y para obtener un efecto decisivo sobre el futuro político nacional, Cristina Fernández es sometida a una parodia judicial para quitarle la ciudadanía política, parodia en la que no están ausentes –sino más bien presentes— los reflejos antiperonistas de los poderosos que se creen dueños del país. Esa parodia es un punto de llegada de la destrucción del Poder Judicial que viene desplegando la actual Corte Suprema, que pretende ejercer el poder político como representante de una triple alianza que se propone compartir junto al gran empresariado y los grandes medios de comunicación, convirtiendo la vida institucional del país en una cuasi-ficción en la que los gobierno electos por el pueblo sólo sean administradores de una política permanente decidida por las minorías detentadoras de grandes fortunas. El empeño de ese trípode logró la construcción del Rejunte para el Cambio, tropa política que se le subordina y representa sus intereses.

El ataque a Cristina Fernández de Kirchner es porque ella representa la esperanza de políticas transformadoras que favorezcan a las mayorías. Y esa expectativa que impulsa a la movilización popular se basa en las acciones de gobierno que el kirchnerismo desplegó en sus doce años de gobierno.

 

 

Sinceramente

En este libro Cristina enuncia muchas de las políticas destacables llevadas a cabo en sus gobiernos y el de Néstor, la cancelación de la deuda con el FMI, la excelente reestructuración de la deuda externa, la política de ampliación del empleo y mejora sustantiva de los salarios reales, la inclusión jubilatoria, la estatización del sistema previsional, la asunción de la mayoría accionaria de YPF por parte del Estado, el Procrear, el régimen especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares, la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, la Ley del mercado de capitales, el Programa Ellas Hacen, la estatización de los servicios que ahora presta AYSA, la asignación universal por hijo, la ley de movilidad de la AUH y las asignaciones familiares, la Ley de agricultura familiar y otras muchas más. Pero la batalla paradigmática que emprendió la lideresa del movimiento popular fue la de la Resolución 125 que con las retenciones móviles pretendía redistribuir parte de la renta agraria. El objetivo no se pudo lograr porque hubo deserciones en las propias filas oficialistas, pero la vocación de confrontar con los poderosos definió en aquél momento que el kirchnerismo no era una propuesta de administración con matices diferentes pero con la idea de compartir un proyecto único de país determinado por el posibilismo y el statu quo, sino que representaba un proyecto de transformación al servicio del pueblo y la nación.

En ese libro la actual Vicepresidenta ya advertía y caracterizaba que “hoy me enfrento a fiscales y jueces que me acusan sólo para satisfacer las demandas de quienes me quieren fuera del circuito político argentino. Fiscales y jueces sin escrúpulos que dejan cráteres en la meseta patagónica buscando el dinero que jamás tuve. Fiscales y jueces que ajustan sus dictámenes según la temperatura mediática que impera. Fiscales y jueces que me acusan de corrupción mientras ni ellos ni sus familias pueden explicar sus viajes y sus altos niveles de vida con los ingresos que perciben. Tengo claro que quienes gobernamos pensando en las necesidades y en las postergaciones que sufren los más humildes y en los intereses nacionales debemos sufrir el calvario de ver mancillados nuestro nombre y el de nuestros hijos. Tengo claro también cual es precio que debo afrontar por ser Cristina”.

Otro de los aspectos centrales de la política del kirchnerismo fue el logro del 10 de septiembre de 2015. En esa fecha Argentina logró la aprobación en la ONU de dar un “marco legal a nueve principios básicos a los procesos de reestructuración de deuda soberana  que establecía mecanismos para restringir el accionar de los fondos buitre”. Las grandes potencias de la financiarización no se hicieron cargo de esta resolución, y el proceso judicial que los fondos buitre llevaron contra la Argentina en Estados Unidos, siguió avanzando. Cristina Fernández nunca accedió a las pretensiones de los magnates de la usura. Sí lo hizo luego el gobierno de Juntos por el Cambio con el apoyo del voto de legisladores opositores. Así se pavimentó el camino a la apertura financiera que concluiría con el endeudamiento más grande que tuvo el país con el FMI.

En el epílogo del libro Cristina Kirchner advierte que con el planteo de un gobierno de Unidad Nacional nadie puede disentir pero señala que se requiere algo más y mucho más específico sobre esta cuestión que es un nuevo y verdadero contrato social que contenga “derechos pero también obligaciones, cuantificables, verificables y sobre todo exigibles y cumplibles”. La lideresa entiende que ese contrato no se debe remitir sólo a la cuestión económica sino extenderse a lo político e institucional. El nuevo contrato social deberá realizarse para construir otro orden, no sobre el viejo y postula que exigirá la participación y el compromiso de la sociedad.

En 2019 la Vicepresidenta ya mostraba su preocupación por el deterioro institucional, no sólo reflexionaba sobra la evidente descomposición del Poder Judicial. Más tarde diría que los gobiernos electos sólo tenían el 25% del poder, el resto recaía en poderes fácticos. Pero desde el acuerdo con el FMI que celebró ilegalmente el régimen de rejuntados por el Cambio no sólo se ha retrocedido en la independencia económica y la justicia social, sino que se hundió la soberanía política de la Nación. Ahora hay un organismo internacional que co-gobierna con condicionalidades convenidas con el gobierno nacional.

 

 

La destrucción del ciudadano

El fin de la época de los golpes de Estado coincide, y no casualmente, con una redefinición del ideario y los principios del liberalismo. Esa redefinición implica un nivel de concentración de la economía que permite el manejo de los mercados por parte de grandes conglomerados oligopólicos y un manejo de las finanzas por grandes fondos que actúan en economías abiertas a su entrada y salida, de manera que premian o castigan a las políticas de los gobiernos de los países periféricos. Las castigan cuando favorecen a los sectores postergados limitando la renta financiera o la oligopólica.

Pero también resulta muy valioso e interesante seguir el pensamiento de Foucault sobre la nueva época neoliberal, como hace Wendy Brown en su texto El pueblo sin atributos. Allí señala que para ese pensador el neoliberalismo no era una etapa del capitalismo, ni una estrategia de respuesta a la crisis del capitalismo sino que una “reprogramación de la gubernamentabilidad liberal”, concebida intelectualmente e implementada políticamente. La autora señala que para Foucault “las normas y principios de la racionalidad neoliberal no dictan una política económica precisa sino que plantean formas novedosas de concebir al Estado, la sociedad, la economía y el sujeto y de relacionarse con ellos, a la vez que inaugura una 'economización' [mercantilización] de esferas y empresas previamente no económicas”. El intelectual francés define al neoliberalismo como un proyecto de separación de la economía de mercado del principio político del laissez faire. El enfoque es que para el neoliberalismo no se trata de dejar sola a la economía, sino de activar al Estado en defensa de la economía, con el objeto de facilitar la competencia y el crecimiento y para 'economizar' lo social. No para intervenir ni adquirir funciones económicas, sino para constituir un “regulador de mercado general sobre la sociedad”. O sea, que el liberalismo neo propone la sustitución del sujeto-ciudadano por el sujeto de mercado. Esto supone la liquidación de la democracia, no sólo en su sentido más profundo, sino de la democracia política liberal para convertirla en el velo de un “totalitarismo” mercantil. Una sociedad de desiguales. Por eso la triple alianza y su tropa política quieren liquidar al kirchnerismo y persiguen a su lideresa. Porque la propuesta de la igualdad es subversiva de la sociedad de desiguales a la que quieren darle un carácter permanente y sistémico. Para participar de un régimen neoliberal, en la mirada foucaultiana, una fuerza popular debe sumirse en el transformismo, lo que significa abdicar de representar los intereses populares y dedicarse a matizar la administración de la sociedad del homo economicus desciudadanizado.

 

 

Kirchnerismo y democracia

La movilización para defender a Cristina y al kirchnerismo tiene la importancia de reivindicar la democracia. No sólo la sustantiva. Sino también la estrictamente política. La desaparición, proscripción y/o represión del kirchnerismo sería liquidar la posibilidad de recuperar el 50% de participación de los asalariados en el ingreso. El sostenimiento de la dignidad que significaron las conquistas en los 12 años de kirchnerismo y muchas otras conseguidas en los períodos peronistas, también del concepto de ciudadanía que sostuvieron los radicales. La proscripción de Cristina demostraría que no habrá lugar para ningún proyecto de izquierda por el cambio social. Porque es de estricta verdad la lectura de la lideresa que a ella la juzgan y la persiguen por lo que hizo y lo que es capaz de hacer para transformar la vida de la nación en favor de sus mayorías. Con Cristina presa, se instrumentaría de la peor forma el pésimo acuerdo MERCOSUR-UE que firmaran Macri y Faurie, se daría perpetuidad a las políticas de ajuste y de reducción del gasto público –cuyo tránsito en el presente merece una severa crítica—, se debilitaría la unidad regional de América Latina, de la que Presidentes y líderes políticos de muchos de sus países se solidarizaron con ella. Sin Cristina, el litio será desperdiciado sin ninguna intervención del Estado, que resulta imprescindible para que un recurso estratégico clave para el futuro global – del que el país posee ingentes reservas— genere grandes posibilidades de proveer reservas, valor agregado y empleo.

La Argentina no puede convertirse en un Jujuy ampliado. Cristina no puede seguir el calvario al que fue sometida Milagro Sala, quien debe ser liberada para comenzar a desarmar el mal ejemplo de una institucionalidad de pura ficción que hoy es el régimen de Gerardo Morales.

 

 

 

 

 

 

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