El ministerio clandestino

 

Durante la campaña Macri tomó un relato instalado por la crítica mediática a la gestión peronista. Se fundaba en que era necesaria la recuperación de la (supuestamente perdida) pureza institucional y republicana. El programa consistía  en una agenda institucional y de gestión profesional empresaria que, unida al prestigio en el capital del que se jactaba Macri, producirían el rápido despegue del país, sumido en la inflación solo por la desprolijidad, venalidad y torpeza de los peronistas. Cambiemos sería la contracara: eficiencia y transparencia.

Por eso la inflación era fácil de corregir. Lloverían las inversiones. No habría déficit ni deuda. Hasta seguiría Fútbol para Todos. Nada de eso pasó. A diario se leen los horribles resultados de la economía, peores que los que el más pesimista economista heterodoxo hubiera imaginado.

Pasados tres años de fracasos, en el tramo final del mandato la agenda de Cambiemos es ya puramente electoral. Mediática y pensada en el bombardeo de mensajes seleccionados para cada público, usando toda la tecnología posible de penetración en los usuarios de redes de Internet. Una práctica violatoria de la privacidad de los datos personales colectados por las empresas de Internet y por el Estado que le permite a un único sector del gobierno afirmar que su fracaso no ha sido aún declarado.

En economía, justicia, seguridad, transparencia, fuerzas armadas, deporte, etc. el fiasco de la gestión es indiscutible. Pero queda todavía el mito de la invencibilidad de la parte del gobierno que se dedica a la propaganda vía Internet con fines electorales por Facebook, WhatsApp, Twitter y mail.

Es curioso que el único sector del gobierno nacional que no haya fracasado sea un grupo que todos saben que existe, cuyo prestigio profesional no es cuestionado, pero que es clandestino. Más curioso resulta si se trata del movimiento político que invocaba transparencia e institucionalidad.

 

El orgullo de la casa

Debería ser escandaloso, pero es el orgullo de Cambiemos.

Periodistas vinculados a la jefatura de gabinete dicen sin ponerse colorados que Marcos Peña ya se dedica casi a tiempo completo a estas tareas. De “ejercer la administración general del país” (art. 100 inc. 1, Constitución Nacional) parece que no se ocupa más. Para eso está el Fondo Monetario.

Existe pues un ministerio de propaganda electoral, clandestino. No se sabe cómo se remunera al ministro en las sombras, Durán Barba, ni a todo el equipo de profesionales y empleados. ¿Está oculto en el presupuesto del déficit cero, o es financiado en negro para contribuir al gran objetivo nacional, el déficit cero?

Como es clandestino, no se ajusta a leyes ni reglamentos. No rigen la ética pública, la transparencia en las licitaciones. Puede contratar con sociedades extranjeras como Twitter que ni siquiera ha constituido sede en la Argentina para ejercer el comercio como exige la ley de sociedades. O abusar de la violación de la privacidad e intimidad vía esas empresas y acceder a sus bases de datos, y a las del Estado.

Que lo único en lo que Cambiemos no fracasó sea clandestino es un dato preocupante.

El ministerio de propaganda instala temas que tienen una doble función. Por un lado, identificar con cualquier afirmación –aun falsa— al gobierno con sensaciones, sentimientos o convicciones de los electores. Y, por el otro, tapar los hechos desfavorables al macrismo.

Su moralidad no les impide usar para estos fines un tema delicado como la seguridad. Así instaló el uso de armas por las fuerzas de seguridad sin reflexión ni consenso.

El modo de presentación del protocolo Bullrich (Resolución 956/18, Ministerio de Seguridad) es la antítesis perfecta de lo que debería ser una política de Estado. Un paradigma de la mala gestión y el uso propagandístico en un asunto que pone en cuestión la vida de las personas.

 

Un tipo penal modificado por resolución ministerial

El Protocolo presenta problemas políticos y jurídicos. Señalo algunos.

Como el obrar en cumplimiento de un deber constituye una causal de inimputabilidad, de justificación, el cambio del reglamento modifica el tipo penal. Ciertas conductas dejan de estar penadas. Se trata de un supuesto excepcional mediante el cual las reglamentaciones locales modifican lo que, por regla, la Constitución prescribe que debe ser uniforme en todo el país. Me refiero al código penal, al derecho de fondo. Esto también se da, por ejemplo, cuando el delito remite a reglamentos sanitarios, etc. En estos supuestos las provincias y la Nación pueden dictar reglamentos diferentes para el uso de las armas de fuego y, al modificar el “deber” o el “ejercicio de su… autoridad o cargo” (art. 34, inc. 4 Cód. Penal), establecen qué es permitido o prohibido en el uso de armas.

Pero hay un matiz. El exceso en el cumplimiento del deber es punible. Surge del artículo 35 del Código Penal, que incorpora un concepto general que puede verse como un elemento que unifica más allá de la diversidad de reglamentos, pues sanciona al que obra excediendo los límites impuestos por la “necesidad”.

Así pues, habrá diferentes deberes, conductas y sanciones según cuál sea la fuerza actuante. ¿Es bueno esto? No tengo una respuesta, pero sí puedo afirmar que no parece haber sido pensado, ni mucho menos debatido democráticamente.

El debate era necesario porque, como se ve, este tipo de causales de justificación no son de aplicación simple ni automática. El debate extenso sobre otra causal, como lo es la obediencia debida, dio lugar a la doctrina hoy no discutida de que no ampara órdenes aberrantes, aún en un ámbito como el militar que supone la sujeción con mayor rigor a la cadena de mandos que en una fuerza de seguridad civil. En el cumplimiento del deber, podrían darse reglamentos irrazonables, etc. y otras cuestiones que surgirían con un debate que el gobierno omitió dar.

Todo esto pone en crisis la brutal afirmación de Bullrich respecto de que con el protocolo se acaba la posibilidad de “interpretar” de los jueces. Afirmación no solo errada sino además desmentida casi en tiempo real por sus propios funcionarios.

El protocolo solo es aplicable por las fuerzas federales. Pero ellas desde la transferencia a la ciudad de parte de la Policía Federal tienen una competencia territorial muy limitada. En lo que se denomina a diario “inseguridad” su intervención es marginal.

Macri lo lanzó sin confrontar las opiniones de las otras jurisdicciones. Ni siquiera consultó a los actores políticos más relevantes de Cambiemos, como Carrió, Larreta y Vidal. Mucho menos lo sometió al debate democrático, de juristas, políticos y gobiernos provinciales.

 

El signo de la improvisación

El texto es también un signo de la improvisación, con errores o redacciones confusas como las de los art. 5. b (si era “simil” no era “letal”), art. 5. c. 2 (no cabe presumir que tiene un arma porque “trate de acceder” a un arma), o la duplicación de la regulación del uso de arma en caso de fuga (art. 2. d y art. 5. f). La autorización para usar el arma en caso de fuga de quien “represente ese peligro inminente” presenta situaciones que correspondería aclarar. Por ejemplo, ¿ordena el uso de armas ante el automóvil que no se detiene ante un funcionario federal y emprende la fuga sin respetar las reglas de tránsito por lo que constituye un peligro evidente?

Todas estas cuestiones debieron ser debatidas y estudiadas antes.

La medida, de limitada incidencia entonces, pone de manifiesto la improvisación y que es una actuación con un solo fin: vender humo sobre la inseguridad, como propaganda electoral, tomando el efecto Bolsonaro.

Curioso el efecto Bolsonaro en Macri, pues aparentemente ha decido no viajar a su asunción, sin explicar cuál es el motivo. Él es el encargado de las relaciones exteriores. ¿No va por un tema de estado o personal? Debería explicarlo.

Aunque reprochable éticamente, es entendible que Cambiemos quiera imponer temas. No solo en economía no embocan un tiro libre (el ministro Dujovne desapareció de las pantallas). El mundo empresarial se queja de la torpeza de la gestión de los CEO que licuó el valor de sus empresas y los hizo desfilar por los juzgados penales.

El periodismo oficialista no sabe ya qué inventar para proteger a Macri. Ahora es signo de orgullo nacional que el padre y hermano del Presidente sean citados a indagatorias acusados de pagar coimas. El análisis político se transforma en psicoanalítico. No es un problema de ética pública, es Edipo.

 

El único inmoral es el padre

Jorge Macri contó que su primo Gianfranco es un “oso bueno”, que tiene una relación difícil con Franco. No lo hizo en un programa de chismes, sino para justificar por qué no negó (o por qué admitió) que su padre pagó coimas. Sorprende la respuesta de mandar a la periodista a preguntar a su padre Franco si pagó coimas cuando, simultáneamente, los voceros del gobierno sostienen que no puede responder preguntas ante el juez.

La estigmatización de Franco Macri como el único inmoral del grupo fue usada cuando el presidente Mauricio Macri apareció en el directorio de sociedades off shore constituidas en paraísos fiscales.

Si, según afirman sus propios descendientes, Franco Macri hubiera sido el creador de la fortuna de todos los Macri con maniobras ilegales e inmorales como pagar coimas o eludir tributos mediante sociedades off shore no declaradas, ¿sería moral y jurídicamente aceptable que sus socios y descendientes disfruten de esa fortuna?

El caso es de interés público si uno de los beneficiarios es el Presidente.

El grupo económico del Presidente constituye un problema de Estado.

La agenda de la propaganda necesita ocultar lo que surge de los negocios del grupo.

A veces hasta nos olvidamos de que sigue sin definirse la situación de la deuda de la empresa “Correo Argentino S.A.” con el Estado. Pisado por el Procurador del Tesoro que en lugar de actuar como abogado del Estado rechazando la propuesta insultante de la empresa deudora, demora la respuesta, tal vez a la espera de que se alineen los planetas y, en alguna distracción social, intentar la aceptación de la ruinosa licuación del crédito.

O que, según el fiscal Franco Picardi en la causa 2.885/2016, Mindlin en 2017 solo adquirió un usufructo de las acciones de IECSA y no la nuda propiedad. Si esto fuera así Mindlin no sería el socio sino que solo tendría derecho a los dividendos mientras dure el usufructo. El nudo propietario, salvo pacto en contrario, seguiría ejerciendo todos los demás derechos derivados de la calidad de socio. ¿De quién es entonces IECSA?

En definitiva, el gobierno solo apuesta al éxito de su ministerio clandestino.

 

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