Las máximas autoridades del Poder Judicial de Chubut están sumergidas en un proceso en que se articulan el deterioro institucional interno y la subordinación a la estrategia de acumulación de poder del gobernador Ignacio Torres. Contrataciones discrecionales, privilegios económicos, persecución y espionaje, aumentos exorbitantes de sus haberes y muy escasa producción jurídica, la que es siempre a la medida de las necesidades del Poder Ejecutivo.
El gobernador intenta cubrir la crisis institucional de la cúpula judicial con medidas que buscan impacto en la agenda porteña, todos guiños a la administración Milei. En junio inauguró las obras inconclusas de la ciudad judicial de Comodoro Rivadavia con invitados VIP y convocó para octubre a un plebiscito sobre los fueros establecidos por Constitución. El Ministerio Público Fiscal deberá probar su independencia ante dos denuncias penales presentadas por la Asociación de la Magistratura y el Funcionariado Judicial del Chubut. La primera, una acción de inconstitucionalidad de una ley que este año derogó los fueros (a jueces, magistrados y gremialistas). La más reciente, por el dictado de medidas secretas por parte del Superior Tribunal de Justicia (STJ) para aumentar sus haberes en violación al mecanismo de recomposición salarial fijado por ley. Además, designar funcionarios sin concursos y persecución laboral a otros dos, entre otros privilegios documentados.
Dos jueces del STJ viven en Buenos Aires, a pesar de que la sede legal del organismo es Rawson, la capital de la provincia. Para cubrir sus gastos, aprobaron por acordada secreta gastos de traslados aéreos Trelew-Buenos Aires para todxs. Otro ministro, con el aval de sus pares, contrató a su pareja sin el concurso de rigor. Todos disfrutan de las camionetas 4x4 compradas en enero, por otra acordada secreta, a una concesionaria de Comodoro Rivadavia, propiedad de un comerciante ligado a la familia judicial. El escándalo público los hizo retroceder del incremento en sus haberes que llegaría entre 14 y 18 millones de pesos mensuales en el caso de los ministros de mayor antigüedad, según estimaron dos fuentes. El valor del viático diario dispuesto equivale a una jubilación mínima. Demás está decir que las acordadas y resoluciones del Poder Judicial deben ser, obligatoriamente, públicas, pero tuvieron que reclamarlas formalmente con patrocinio legal tanto la Asociación de Magistrados como el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut.
Aún así, al menos una acordada permanece bajo siete llaves, según el cotejo entre la información publicada en medios locales y redes sociales y la respuesta del STJ.
Tanta dedicación administrativa le resta tiempo para la labor jurídica. El STJ dictó este año 16 sentencias definitivas en todos los fueros; entre ellas, cuatro del Contencioso Administrativo contra la provincia, todas en favor de la administración central, incluida una que promovió el municipio de Comodoro Rivadavia.
Supremos
Camila Banfi Saavedra, Silvia Alejandra Bustos, Javier Gastón Raidan, Mario Luis Vivas, Andrés Giacomone y Ricardo Napolitani —la totalidad de los ministros del STJ— fueron denunciados penalmente por José Raúl Heredia y Alfredo Pérez Galimberti en representación de la Asociación de Magistrados. Los hechos que reclaman investigar son:
- la generación de sobresueldos eludiendo la ley de porcentualidad que rige las remuneraciones para el sector desde 2006;
- la falta de publicidad de los actos públicos por las acordadas y resoluciones secretas acumuladas desde 2023;
- la designación de siete funcionarios públicos por fuera del régimen de concurso público y abierto fijado por ley;
- el uso de dinero estatal para beneficio propio, en el caso de la asignación fija de pasajes aéreos a Buenos Aires, fuera de la sede oficial del STJ;
- el desplazamiento forzoso de dos profesionales de carrera judicial, en circunstancias que hacen presumir el control de redes sociales privadas y persecución ideológica, y
- la contratación directa de una persona investigada judicialmente por presuntas irregularidades en la TV pública.
La presentación planteó la presunta defraudación a la administración pública mediante la administración desleal, a través de tres acordadas (dos de marzo y otra de mayo). Advirtió que en junio el STJ anuló los incrementos en los haberes por otra acordada, lo que no anula el presunto delito original, aunque en caso de restituir el dinero, aliviaría la conducta penal.
También se denunció que en marzo, por otra acordada secreta, se adjudicaron 72 pasajes aéreos anuales, 12 para cada ministro, para el tramo Trelew-Buenos Aires, sin base legal. “El Poder Judicial de Chubut no tiene ninguna sede en Buenos Aires, y sólo ocasionalmente los ministros/as deben viajar a dicha ciudad a representar al STJ en alguna actividad que los convoque”, consta en la denuncia. La residencia familiar de Raidan y Napolitani está en la capital federal, por lo que viajan desde la provincia los viernes y regresan los martes, cuando no directamente trabajan vía online, relataron distintas fuentes locales. En este caso, podrían haber incurrido en el delito de peculado, ya que los hechos dan cuenta del uso indebido de recursos públicos.
La falta de publicación de las decisiones administrativas que adopta el STJ en 67 oportunidades desde setiembre de 2023 a la fecha de la denuncia es otro de los puntos de la denuncia. “Varios acuerdos no tienen fecha y tampoco firma digital de los ministros/as de los que se pueda inferir la fecha cierta de estos acuerdos. Tampoco se respeta el orden cronológico”, precisó la denuncia. “El deber de publicitar los actos de gobierno en nuestra provincia surge, básicamente, del art. 1 de la Constitución nacional y el art. 1º de la Constitución provincial, en tanto es exigencia de todo sistema republicano de gobierno la publicación íntegra del acto administrativo de que se trate. Tal es la trascendencia de la obligación, que son nulas aquellas publicaciones parciales, que omiten parte de ellos o sus anexos”, se argumentó en la denuncia, con un pormenorizado análisis en favor de los derechos de la ciudadanía al respecto.
Por la prensa local se conoció la incorporación sin concurso de algunos funcionarios. Ante eso, en abril el Colegio de Abogados de Puerto Madryn presentó un pedido de informes al STJ que jamás respondió. Luego, la Asociación de Magistrados hizo lo propio, pero el STJ “no corrigió las deficiencias de publicidad que se advierten y ha sostenido su decisión de no publicitarlas”. Uno de los ingresados sin concurso fue quien respondió en junio, fuera del plazo legal de diez días que establece la ley.
La norma local establece que la obligación de dar a publicidad los actos administrativos recae en el presidente del STJ, lo que involucra a los ministros Banfi Saavedra, Bustos y Raidán, quienes ejercieran sucesivamente la presidencia. “El incumplimiento de sus deberes debe reputarse doloso, por cuanto la falta de publicidad de los Acuerdos respondió a la necesidad de ocultamiento de las prebendas dispuestas en los actos administrativos no dados a publicidad”.
Por la claraboya
La designación de funcionarios por fuera del régimen de concurso público está detallada y fue la punta del iceberg que se conoció cuando el propio Poder Judicial publicó las fotos de sus juramentos y puesta en funciones. La denuncia penal puntualiza, entre otros, los casos de:
- Natalia Obregón, antropóloga, designada secretaria privada de Giacomone, su pareja. Este ministro juró en el cargo en marzo de este año, a propuesta del gobernador, después de haberse desempeñado como Fiscal de Estado.
Uds que saben tanto.
Cúando fue el concurso de ingreso para el STJ? pic.twitter.com/qHobaIvSC8— VICTORIA (@vicky_victorial) June 10, 2025
- Gustavo José Aguilera, arquitecto, ex ministro de Infraestructura de la gestión de Mariano Arcioni. Crearon a su medida la Secretaría de Infraestructura Judicial, a la que accedió sin concurso;
- José Ferreyra, hijo del secretario penal homónimo, que firma los fallos del STJ.
La denuncia identifica siete casos, aunque en una copia extraoficial a la que accedimos son al menos 20 las designaciones sin concurso.
En ejercicio de la presidencia, en mayo de este año, Raidan hizo un contrato directo por seis meses por 5,728 millones de pesos, cuando ya eran públicos los reclamos de los colegios de Abogados de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Sarmiento, del sindicato de los judiciales y de la Asociación de Magistrados por los sobresueldos y las Toyotas cero km. Contrató a Roberto Gambuzza, el gerente de Prensa y Relaciones Institucionales de la TVP, investigado por la Fiscalía de Guillermo Marijuán por los delitos de enriquecimiento ilícito y defraudación al Estado. La resolución no incluye ninguna precisión sobre funciones ni prestación de servicios, ni tampoco antecedentes profesionales del contratado. En la TVP, durante tres años percibió salarios por 826.500 de pesos y nunca cumplió tareas específicas.
Gran hermano
El gobernador Torres elevó el pliego de Raidan a la Legislatura, donde su mayoría automática lo convirtió en ministro del STJ. En tiempo récord, cosechó popularidad suficiente para que distintos sectores estudien su pedido de juicio político.
El viernes 6 de junio, cerca del mediodía, citó a dos judiciales de carrera a su despacho, en reuniones individuales. A los dos les reprochó haberles hecho críticas a él y al gobernador Torres en mensajes de WhatsApp, asegurándoles que los destinatarios de esos mensajes le habían proporcionado capturas de pantalla, aunque no les exhibió esa supuesta prueba. En tono elevado, les informó que los desvinculaba de sus funciones en la Dirección de Relaciones Institucionales y en la Dirección de Prensa, respectivamente. Uno trabaja en el Poder Judicial desde 2005 y otro desde 2020, sin tener jamás ni el más mínimo incidente laboral en sus legajos.
“La gravedad de la situación no se circunscribe al apartamiento de las funciones por acusaciones infundadas sin un sumario administrativo. El presidente apoyó su decisión en comunicaciones privadas de los agentes judiciales con personas de su confianza, comunicaciones que están amparadas por las Constituciones nacional y provincial y los tratados internacionales”, sostiene la denuncia.
Gabriela Huenchual, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut, describió el clima atemorizante que viven desde adentro, que excede en mucho la ruptura de la carrera laboral con las designaciones a dedo. Sus fueros son parte del objetivo del plebiscito del 26 de octubre en la provincia.
Aún con fueros, el escarnio público ya se aplica y lo encabeza el mismo gobernador. Se ensañó contra Santiago Martín Huaiquil, juez de Familia de Sarmiento, por su fallo que obligó a la obra social provincial a cubrir una cirugía. Argumentó que esa cirugía ponía al borde de la quiebra a la obra social y, a la vez, cuestionó a la persona beneficiaria de la intervención quirúrgica con un discurso binario.
NO VAMOS A PERMITIR QUE NINGÚN JUEZ DEMAGOGO FUNDA NUESTRA OBRA SOCIAL
Desde el primer día que asumimos, afrontamos el desafío de sanear nuestra obra social SEROS. Con esfuerzo, transparencia en las compras, y mucha inteligencia financiera, logramos poner en orden el Instituto y… pic.twitter.com/YVkeUcerK2
— Nacho Torres (@NachoTorresCH) April 3, 2025
Los cuestionamientos tienen poco y nada de jurídico. El año pasado increpó públicamente a María Laura Martini, jueza Penal de Rawson, que habilitó la posibilidad de suspensión de juicio a prueba para el grupo de vecinxs imputados por el incendio del edificio de la Legislatura en diciembre de 2021, durante la protesta popular contra una ley en favor de la megaminería. “Si tiene miedo, que se compre un perro”, le recomendó públicamente a Martini. Fue el STJ quien recogió el guante y en agosto del 2024 revirtió el fallo de Martini contra los defensores del agua, que obligó a realizar el juicio oral y público este año. Uno de los imputados, un muchacho, no soportó la criminalización y se quitó la vida horas antes de volver a presentarse al juicio. Mientras la sociedad velaba al joven, Torres reivindicaba la condena contra lxs manifestantes.
El proceso de descomposición del Poder Judicial de Chubut actualiza la tensión entre valor y precio. La cirugía que supuestamente pone al borde de la quiebra a la obra social cuesta 40 millones de pesos; menos de la mitad de lo que salió una de las Toyota SW4 de fabricación 2024, pagada 89.600.000 pesos, según documentos públicos.
El Ministerio Público Fiscal designó a Lucas Papini, de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, junto a lxs fiscalxs Ivana Berazategui (de Puerto Madryn) y Lucas Koltsch (de Trelew) para que investiguen la denuncia de la Asociación de Magistrados contra los seis integrantes del STJ. El gobernador Torres designó a Papini como adjunto de la Fiscalía de Estado, cargo que dejó para jurar como fiscal anticorrupción en marzo de este año. En la Fiscalía de Estado secundaba a Giacomone, uno de los que ahora debe investigar.
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