EL MITO DEL INDIO MALO
La mentira de un pueblo mapuche invasor y violento
Por su complejidad, el conflicto desatado en Río Negro debe ser abordado desde múltiples perspectivas, todas ellas complementarias y necesarias. Decenas de organizaciones de todo el país se vienen pronunciando para poner fin a la represión y al cerco sufridos por la comunidad mapuche de la Lof Quemquemtreu en particular, y alertando ante la escalada de discursos racistas en general.
Tiempo cero: el registro arqueológico demuestra que los Andes patagónicos no fueron una barrera para el flujo de población de un lado al otro de la cordillera. La presencia de los mismos rasgos culturales (cestería, platería, cerámica) a ambos lados del cordón andino demuestra un uso amplio del espacio durante miles de años por parte de grupos relacionados en torno a redes de intercambio de bienes materiales. Es recién con la consolidación de los Estados Nación Chile y Argentina que el paso inter-cordillerano se vuelve una frontera formal y dificulta (aunque no interrumpe) el flujo de personas y bienes de un lado al otro.
De manera complementaria, estudios genéticos realizados tanto en restos antiguos como en poblaciones modernas respaldan un escenario similar: no hay ni una sola evidencia en las secuencias de ADN que respalde una pretendida “invasión” de grupos habitantes de Chile a territorio argentino ni durante los siglos XVIII y XIX, ni antes, ni después. Al contrario, el dato genético es coincidente con el arqueológico, y demuestra que el contacto fluido entre pueblos a un lado y al otro de los Andes no fue la excepción, sino la norma.
La historiografía, etnografía, y lingüística también evidencian la presencia de rasgos culturales y lingüísticos mapuche no sólo en la Patagonia, sino en el centro Argentino, claramente anteriores y bien consolidados al momento del contacto con los europeos. Lo que se intenta simplificar bajo las etiquetas mapuche/tehuelche es, en realidad, un sistema de redes poblacionales complejas y dinámicas, basadas en el parentesco, y encadenadas una a otra a lo largo del territorio patagónico, preexistente a la llegada de los europeos, y de miles de años de antigüedad.
La ciencia antropológica es, en este sentido, concluyente, quedando la versión del “mapuche invasor” sólo en boca de comentaristas mediáticos, humoristas que juegan con muñequitos Playmobil, y tuiteros varios.
¿Por qué entonces el aparato mediático, y ciertos sectores de la política y el empresariado local siguen repitiendo la mentira de un pueblo mapuche invasor y violento?
Porque ese relato forma parte de una corriente política, cultural, e histórica hegemónica, que sólo en ocasiones de anomalía histórica ha sido cuestionada de manera concreta.
Y porque esa tradición es funcional a intereses mucho más terrenales que la investigación antropológica, más vale.
Luego de la política de pactos (no exenta de experiencias punitivistas) con las naciones del centro sur chileno y argentino, instaurada por la autoridad virreinal, continuada por la Revolución de Mayo, y enfatizada más tarde por Rosas, se establece en nuestro país una serie de acciones del Estado tendientes a conquistar ocupar y someter a la población indígena de la Patagonia.
Las expediciones militares desde 1868 en adelante, con clímax en la campaña del desierto de Roca en 1879, y las conquistas militares posteriores (hasta 1885) jalonan lo que podríamos denominar una tradición política y militar de expansión de las fronteras hacia el sur, en territorios que ni siquiera el propio estado cartografiaba como propios, y fundamentada desde lo intelectual por figuras como Estanislao Zeballos en su libro El viaje de quince mil leguas, entre otros escritos. “Quitar a los pampas el caballo y la lanza y obligarlos a cultivar la tierra, con el Remington al pecho diariamente: he ahí el único medio de resolver con éxito el problema social que entraña la sumisión de estos bandidos”, decía Zeballos. Este proyecto político no sólo apuntó a la invasión de los territorios indígenas de Pampa y Patagonia, sino que rompió la lógica del pacto entre naciones e instauró la figura del “indio malo”, violento e invasor. Que hoy esa misma lógica de pensamiento estigmatizador y racista y acción punitiva-militar sea enarbolada una vez más por figuras de la política y el empresariado no es novedoso. Entreverar el accionar de unos pocos, aún no investigado por la Justicia, con los reclamos tan históricos como desatendidos de una de las comunidades originarias más arraigadas y queridas de la Patagonia no es algo casual: responde a un plan.
A esta tradición racista y punitivista se le contrapone la lógica de pactos, ya sea en el marco de tensiones que se resolvieron belicosamente (por ejemplo durante el gobierno de Rosas), o bien ya al abrigo de la tradición democrática post-1983 y atravesada por las luchas por los Derechos Humanos en nuestro país. En este sentido, vista en perspectiva histórica, la constitución del ‘94 da pie al más genuino de los diálogos interculturales con las naciones indígenas de la historia argentina, pues es precisamente en el texto de la Carta Magna donde se reconoce el carácter preexistente de los pueblos indígenas (art. 75. inc. 17).
Los acuerdos internacionales firmados por la Argentina también apuntan en esa dirección. Nuestro país ratificó en el año 2000 el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es muy claro sobre el modo en que los Estados deben relacionarse con los pueblos y respetar sus derechos.
En el siguiente capítulo de esta tradición de respeto a los pueblos originarios, encontramos la ley 26.160, sancionada a fines del año 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, por un plazo de vigencia de cuatro años, a efectos de dar respuesta a la situación de emergencia territorial de las Comunidades Indígenas del país. No debe olvidarse que es una ley de emergencia, y de orden público. Es decir, conmina a acciones rápidas y concretas. La ley declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país con personería jurídica inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, en organismo provincial competente o las preexistentes. Por otro lado, suspende los desalojos y ordena el relevamiento de los territorios en disputa. El trabajo es tan arduo y tan importante, que la 26.160 ha sido prorrogada en tres oportunidades (en los años 2009, 2013 y 2017) con el fin de alcanzar un relevamiento serio y completo en cada provincia, que promueva el debate sobre la propiedad comunitaria indígena y ofrezca respuestas estructurales, apelando al ejercicio institucional, democrático y previniendo de ese modo el escalamiento de los conflictos territoriales.
En términos concretos, el cumplimiento de la ley recae en el Consejo de Participación Indígena, las Provincias y el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Dicho trabajo articulado ha permitido avanzar en provincias como Misiones, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan, Santa Fe y Neuquén, tarea no exenta de complejidades. Se deduce entonces que las provincias son actores clave en el cumplimiento de la ley.
Como bien indica la titular del INAI, Magdalena Odarda, la 26.160 es una “política de paz social”. Lo que es inaceptable es vulnerar o desconocer las obligaciones que marca la ley, como ocurre en el caso de Río Negro.
En resumidas cuentas, a golpes y trompicones nuestra democracia ha sabido darse a sí misma instrumentos de peso para la reparación histórica en materia de propiedad comunitaria indígena de la tierra.
Ello no ha eliminado la habilidad con que los sectores concentrados, con evidentes intereses inmobiliarios, tienen para volver a erigir, una y otra vez, el discurso racista y estigmatizador para con el pueblo mapuche. En el transcurrir de la historia reciente, la expresión más lamentable de esta corriente nos dejó las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel durante la gestión Bullrich/Macri. En la actualidad, es la derecha nacional y local la que, de cara a las próximas legislativas y de la mano de funcionarios provinciales afiliados a la mano dura (como el Ministro de Seguridad chubutense, Federico Massoni) y de un empresariado xenófobo nucleado en el grupo Consenso Bariloche vuelve a reeditar el discurso anti mapuche.
La gravedad de los hechos que vienen ocurriendo en los últimos años debería hacernos comprender que, como dice el abogado especialista en Derecho Indígena, Eduardo Hualpa [1], “tratar las reivindicaciones indígenas con amenazas penales, acusaciones mediáticas irresponsables y desconocimiento de las obligaciones estatales es el peor camino, se ha intentado antes y no trae nada bueno. Señalar irresponsablemente a las comunidades Mapuche como autoras de actos que están en sus etapas iniciales de investigación, y por los que deben responder sus autores, solo daña las posibilidades de retomar el diálogo intercultural y encontrar soluciones”.
Los pueblos indígenas, en especial sus nuevas generaciones, merecen que sus demandas históricas no se vean frustradas por la coyuntura electoral o cualquier factor que simplifique las discusiones y aleje la posibilidad de pensar alternativas sostenibles en el tiempo. Las reivindicaciones territoriales se suman a otras necesidades históricas que deberían transformarse en derechos concretos, y que incluyen programas como la Educación Intercultural Bilingüe, la participación de las comunidades originarias en el funcionamiento del Estado y el diseño y gestión de políticas de acceso a la Salud, entre otras. En todas estas iniciativas, no es suficiente el impulso del Estado nacional, sino que también se requiere un involucramiento genuino de los estados provinciales.
La reparación histórica para con nuestros Pueblos Originarios es otra de las políticas que deberían unir a todo el arco político, para transformarse en un nuevo pacto civilizatorio de nuestra democracia. Pero de no hacerlo por defección de la derecha que ejerce la oposición, será el Frente de Todxs el depositario de la responsabilidad histórica de avanzar hacia el destino inclusivo, constitucional, democrático e indigenista que nuestro estado plurinacional requiere en esta coyuntura.
Entre los intereses concentrados defendidos por funcionarios de la mano dura y las infancias mapuches sitiadas de la Lof Quemquemtrew, ni la política ni el peronismo pueden dudar.
*Antropólogo Biólogo. Investigador Principal, CONICET. Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas, CENPAT, CONICET.
[1] https://twitter.com/EduardoHualpa1/status/1452341443557740549?s=20
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