EL NEGOCIO DEL HAMBRE

El gobierno porteño paga casi el doble de lo que la canasta cuesta en un almacén

 

La emergencia alimentaria en la Ciudad de Buenos Aires no comenzó con el Covid-19. En el distrito más rico del país, y con un presupuesto per cápita cercano al de la ciudad de Madrid, aproximadamente 110.000 habitantes recibían, al inicio de la pandemia, diariamente asistencia alimentaria en forma de almuerzos, meriendas y cenas a través de comedores comunitarios en los barrios más humildes.

El programa de Atención a Grupos Comunitarios del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, a través de empresas concesionarias, asiste a los comedores comunitarios con la entrega de raciones crudas. Las trabajadoras comunitarias, sin que su trabajo sea jerarquizado y reconocido salarialmente con plenos derechos laborales, se encargan todos los días de recibir los alimentos manipularlos, cocinarlos y entregarlos según la modalidad de vianda o habilitando el espacio comunitario para que las familias puedan almorzar, merendar y cenar.

El avance de la pandemia profundizó dramáticamente la crisis alimentaria. En este contexto, diferentes organismos de la Ciudad, con competencias distintas, de manera improvisada, sin protocolos adecuados ni criterios unificados, comenzaron a ocuparse de la asistencia alimentaria.

 

 

El Instituto de la Vivienda y la Asistencia alimentaria en villas

Así fue como el Instituto de Vivienda de la Ciudad, organismo creado por la Ley N° 1.251 cuya competencia son las políticas habitacionales porteñas, el 23 de junio de 2020 contrató a la empresa Sano y Bueno Catering S.A. para proveerse de 10.000 bolsones de alimentos por la suma de $12.000.000. La misma contratación establecía el contenido de cada bolsón:

 

 

El GCBA pagó por cada bolsón $1.200, sin embargo, el cálculo de cada producto a precio minorista evidencia que el bolsón comprado en un almacén de barrio cuesta alrededor de $660, es decir aproximadamente la mitad.

La empresa entrega los bolsones en un único punto, y una vez más son las trabajadoras comunitarias quienes deben retirar los alimentos del centro de acopio, trasladarlos a los espacios comunitarios barriales y desarrollar la logística necesaria para entregar los bolsones de alimento, puerta a puerta.

Todo esto sin recibir elementos adecuados de protección, ayuda económica que permita sostener la logística de entrega ni ningún tipo de reconocimiento salarial por la tarea realizada. Cada familia beneficiada recibe 1 (un) bolsón cada 15 días.

El negocio del hambre, utilizando empresas intermediarias “fleteras” de alimentos, no sólo sobrecarga de tareas a las mujeres voluntarias, sino que condena a miles de familias a una alimentación de muy baja calidad nutricional. La propia lógica de la asistencia alimentaria ha impedido resolver la emergencia alimentaria que decenas de miles de familias atraviesan en nuestra ciudad.

 

 

El servicio público de alimentación en las escuelas

Una situación análoga ocurre con el servicio público de alimentación que se presta en las escuelas públicas del GCBA.

En la Ciudad de Buenos Aires el Servicio de Alimentación, destinado a alumnos de los establecimientos educativos de gestión estatal, se encuentra privatizado hace más de 20 años. Esta continuidad, lejos de basarse en la excelencia del servicio brindado por las empresas, responde a un entramado legal e institucional elaborado por el propio gobierno porteño que les garantiza impunidad frente a las denuncias de las cooperadoras, y la seguridad de quedarse con cada renovación de la concesión. El resultado es un mercado cautivo de estómagos que mueve más de $2.000 millones de pesos por año.

Con la crisis del coronavirus y la suspensión de clases en la Ciudad de Buenos Aires, la Ministra de Educación informó que las familias ahora debían retirar de las escuelas las viandas para comer en sus casas. Es decir, el almuerzo brindado a través de la modalidad de Comedor pasó a ser brindado a través de la modalidad de Vianda.

Las concesionarias empezaron a entregar en las escuelas las viandas para que las familias las retiren y las coman en sus casas. Sin embargo, pese a que el pliego dispone que la vianda debe tener el mismo precio y gramaje que la ración que se cocina en los comedores, las familias recibieron, durante los primeros 15 días de implementado el aislamiento social obligatorio, dos sándwiches de jamón y queso, una barrita de cereal, dos paquetes de galletitas y en algunos casos un litro de leche o una fruta. Los concesionarios denominaron «vianda» a lo que, de acuerdo al pliego de las concesiones, sólo era el Refrigerio.

Debido al reclamo de cooperadoras y sindicatos docentes, el Ministerio de Educación de la Ciudad acordó modificar el esquema y comenzar a repartir una “Canasta Escolar Nutritiva” (Bolsón) de entrega quincenal a partir del 1 de abril para cubrir 10 días hábiles escolares.

 

 

 

 

De acuerdo al nuevo precio pactado para diez días hábiles, el gobierno paga $1.575 por cada una de las Canastas Escolares Nutritivas (desayuno y almuerzo) que se reparten en las escuelas cada 10 días hábiles (2 semanas). En la estructura de costos, el propio gobierno reconoce que el costo real de la canasta, a precio minorista, no supera los $750. El resto se va en costos de distribución, de mano de obra y en las ganancias de las empresas.

El gobierno paga $1.575 por canasta, pero las familias reciben efectivamente la mitad de dicho valor en comida. ¿Quién se queda con la otra mitad? Las 19 empresas concesionarias que desde hace 30 años lucran con la comida de los estudiantes.

 

 

Desmercantilizar y desprivatizar la alimentación

El negocio de las empresas intermediarias “fleteras” de bienes y servicios esenciales, que acumulan enormes ganancias precarizando las políticas públicas, es parte del déjà vu porteño. Así es como estas empresas, por sólo trasladar agua en camiones aguateros, alimentos a granel o barbijos, generan brutales sobrecostos al Estado.

La sola decisión de comprar directo a las cooperativas y los productores de alimentos, permitiría mejorar la calidad nutricional de la asistencia alimentaria, alcanzar mayor cantidad de hogares y reconocer salarialmente el trabajo de las mujeres trabajadoras comunitarias, quienes voluntariamente se encuentran organizadas frente a la urgencia del hambre y hoy en la primera línea gestionan la pandemia en las barriadas humildes de la ciudad más rica.

 

 

 

 

4 Comentarios
  1. Juan dice

    La OMS aconsejo un ingreso minimo universal, esto tal vez arregle lo de los intermediarios.
    Lei que en el mundo se pierde un tercio de los alimentos.Podriamos buscarlos en Argentina y evitarlo.

  2. arturo Curatola dice

    en el almacen de tu barrio pagas al contado. La venta final a los Gobieros hacen que debes pagar TODOS LOS IMPUESTOS, mas las retenciones de ganancias, I.V..A. A CUENTA, INGRESOS BRUTOS A CUENTA y lo PEOr,
    CUANDO VAS A COBRAR PORQUE TENES LA FACTURA VENCIDA, te pagan con cheque a 90/120 dias.
    Cuando ya financiaste no solo el producto, sino tambien los impuestos, facturaste, pagaste el IVA, I.Brutos, y tenes que descontar el cheque ( cuando pensabas que tendrías la platita…), que haces con el o los cheques a 90/120 dias ?, vas AL BANCO Y LO INTENTAS NEGOCIAR , TASA ?? O A LA CUEVA AL 45/50% ? CALIFICAS PARA EL BANCO..? TENES LA CARPETA LISTA, LLAMASTE A TU CONTADOR ?, CUANTO TARDARAN EN DARTE EL DINERO ( SI CALIFICAS..)..esto pasa en todas las compras del estado nacional, provincial, C.A.B.A.( paga asi al vencer te dan cheques a 90/120 dias), …!!! error mirar los precios del almacén..!! o sino no te vende… y no trabajas..

  3. Nieves dice

    Pobreza en una Ciudad rica? Como se entiende? Hay una verdad que es la realidad, y la realidad es corrupción donde reina el poder dinero como fin, injusticias, muertes y más muertes, el dolor se apodera de los más débiles. Basta de desidia JUSTICIA.

  4. Guillermo dice

    Que se puede esperar de un gobierno de derecha , neoliberal,déspota,marketinero y que hace culto de la meritocracia.
    Sólo parece humano cuando no le queda otra que compartir la mesa con Alberto y Axel!!

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