Esta semana salió a la superficie una fractura que venía recorriendo por abajo al establishment argentino. Los principales empresarios coinciden en sostener el orden macroeconómico que propone Javier Milei, pero discuten si el propio Presidente sigue siendo capaz de garantizar su continuidad.
El escenario donde esa discusión dejó de ser subterránea fue la 23° edición del Council of the Americas. Desde hace más de dos décadas, una vez por año el poder económico ocupa el Alvear Palace y escucha desfilar a ministros, gobernadores, Presidentes y empresarios.
La agenda ofrecía una pista sobre la nueva jerarquía empresaria. Petróleo, gas, minería y energía tuvieron un protagonismo difícil de encontrar en ediciones anteriores. Hablaron ejecutivos de Glencore, Newmont, CGC y Southern Energy LNG. Era la vidriera de la Argentina que exporta recursos naturales y espera dólares. Pero detrás de esa vidriera también caminaron industriales, constructores, automotrices y banqueros que miran el mismo programa desde un lugar bastante menos confortable.
Entre los primeros se ubicó Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios, anfitrión junto con Susan Segal, presidenta y CEO de Americas Society y el Council of the Americas. Segal conduce la organización estadounidense y Grinman su contraparte local, la CAC.

El encuentro anual del Council no es solamente una conferencia empresarial. Es una de esas instituciones que el establishment construye como plataforma de interlocución con el poder político. Los empresarios fijan sus prioridades, los funcionarios explican qué hicieron y qué piensan hacer, y de ese intercambio salen señales bastante precisas sobre los límites de la cancha.
Alrededor de Grinman se mueve además una trama empresarial en la que tienen enorme peso Alejandro y Bettina Bulgheroni. Bettina es prosecretaria de la propia CAC y dirigente del CICyP, otro de los grandes espacios de articulación del poder económico. En esa constelación también se mueve José Luis Manzano, que mantiene desde hace años una estrecha relación con los Bulgheroni y comparte con ellos una agenda cada vez más concentrada en energía y recursos naturales.
“Las bases estructurales del optimismo”, definió un consultor que participó del encuentro. La frase sintetiza bastante bien el clima entre los sectores favorecidos por el nuevo esquema: equilibrio fiscal, desregulación, apertura, explotación de recursos naturales y condiciones especiales para las grandes inversiones. El optimismo existe. El problema es cuánto territorio económico queda afuera de esas bases.
Bettina Bulgheroni no necesitó subir al escenario para ocupar un lugar central. Sentada adelante, pasó buena parte de la jornada recibiendo y conversando con funcionarios, gobernadores y empresarios. La representación institucional del capital con asistencia perfecta: todo el Grupo de los Seis pasó por el Alvear.
El Grupo de los Seis reúne a la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina y ADEBA, que representa a los bancos privados de capital nacional. Industria, comercio, construcción, mercado de capitales, campo y bancos.
Pero en esa mesa falta una silla. El petróleo y el gas no tienen representación propia, aunque Vaca Muerta convirtió a la energía en el segundo gran complejo exportador argentino y en la principal apuesta para generar los dólares de los próximos años. La institucionalidad del establishment conserva todavía la arquitectura de una dinámica económica anterior.
Eduardo Elsztain, titular del grupo IRSA, se dejó ver durante un rato. Ricardo Markous, presidente de Tecpetrol, el brazo petrolero del grupo Techint, escuchó las exposiciones junto a David Uriburu, vicepresidente de la UIA y hombre estrechamente ligado al holding de Paolo Rocca. El salón permitía recorrer en pocos metros las distintas fracciones del capital argentino. Algunas tienen motivos para celebrar. Otras hacen números y encuentran cada vez menos razones.
Dos lados en un mismo lado
La fractura quedó expuesta desde el discurso de bienvenida. “¿De qué lado vas a estar?”, interpeló Grinman. Antes había contrapuesto el esquema actual con el regreso de un “Estado omnipresente, que todo lo regulaba, que todo lo controlaba, que todo lo decidía”. También reconoció que la mayor libertad económica tiene costos y sostuvo que el sector privado debe asumir más responsabilidades.
Una primera lectura de la interpelación de Grinman remite a una frontera conocida: Milei o el regreso del populismo y de aquel Estado omnipresente que acababa de describir. Pero en el Alvear había dos lados dentro del mismo lado.
Nadie discute el equilibrio fiscal, la apertura, la desregulación o la necesidad de preservar el orden macroeconómico. La diferencia es política. Una parte del establishment todavía considera que Milei es el mejor garante de ese orden. Otra se pregunta si hace falta construir una alternativa capaz de preservar ese orden. Si acaso no es Milei el que lo pone en riesgo.
La discusión, entonces, no es sobre el modelo sino sobre quién puede levantar el dique político que garantice su continuidad si el deterioro de la actividad, los ingresos y las condiciones de vida terminan convirtiendo a Milei en un riesgo para aquello que debía custodiar.
La preocupación tiene dos niveles. El primero es económico. Una actividad debilitada reduce la recaudación y mete presión sobre el resultado fiscal, precisamente uno de los pilares de esas “bases estructurales del optimismo”.
“El empresariado está de acuerdo en que la macro tiene que estar ordenada. Dicho eso, cuando hablamos de la micro, tengo ciertas diferencias con el gobierno”, dijo Gustavo Weiss, uno de los rostros visibles de la construcción, un sector que cayó alrededor del 25% desde 2023 y acumula 120.000 empleos perdidos. Después completó la idea: “Si esto sigue así, volvemos al péndulo. Creo que el riesgo K existe si no se presta atención, la gente vota con el bolsillo”.
La declaración de Weiss es muy elocuente en términos políticos, pero en términos económicos esa separación entre macro y micro no existe. La micro está agujereando el ancla fiscal desde la recaudación.
El resultado fiscal perdió holgura. En julio el gobierno obtuvo un superávit primario de 2,96 billones de pesos y, después de pagar 2,71 billones de intereses, quedaron apenas 244.897 millones de superávit financiero.
En los primeros siete meses del año el resultado primario acumuló alrededor del 0,9% del PBI, cuando a esta altura del año pasado llegaba al 1,1%. El resultado financiero se angostó todavía más: pasó de aproximadamente 0,3% a 0,1% del PBI.
Hay además una pequeña trampilla contable que señaló el propio Fondo Monetario. El resultado financiero que publica el gobierno está medido base caja y no contabiliza como gasto corriente los intereses de los bonos cupón cero que se capitalizan y recién se pagan al vencimiento. El staff del FMI lo dejó escrito en una nota al pie de su último informe: si se incorporara por encima de la línea el componente real de esos intereses capitalizados, el resultado fiscal que el Fondo calculó para 2025 pasaría de equilibrio a un déficit de alrededor del 0,8% del PBI. No es una diferencia menor para un programa que convirtió el déficit cero en certificado de buena conducta.

La deuda también deja cuentas esperando en otra ventanilla. A junio, la Administración Pública Nacional acumulaba 3,9 billones de pesos de deuda flotante: gasto ya devengado que todavía no había sido pagado. Representaba el 7,3% de todo el gasto devengado durante el semestre, frente al 6,9% de un año antes.
El atraso creció especialmente en transferencias corrientes, donde pasó del 6,9% al 8,3% del gasto devengado, y en gastos de capital, del 13,7% al 16,6%. Una parte de esas transferencias está asociada a subsidios. Sólo en julio Economía informó 1,18 billones de pesos de subsidios económicos, de los cuales 874.568 millones correspondieron a energía. Patear un pago no elimina el gasto. Solamente permite que llegue más tarde a la caja.
Pero el problema más difícil de esconder está del otro lado de la cuenta. Los ingresos totales de julio aumentaron 30,4% interanual y los tributarios 29,6%, por debajo de la inflación. La debilidad ya venía siendo advertida por el propio Fondo: hasta abril la recaudación acumulaba una caída real interanual del 7%. El IVA, particularmente sensible al movimiento del consumo y la actividad, explica una parte importante del deterioro.
La segunda preocupación es política. Parte del círculo rojo observa el deterioro de las condiciones de vida de las clases medias y teme que ese malestar termine acumulándose detrás de una alternativa opositora que vuelva a poner en discusión las reglas de juego que hoy consideran favorables para sus negocios.
Los que más corcovean son, naturalmente, los perdedores. La diferencia de temperatura se hizo visible cuando José Luis Daza defendió la sustentabilidad del programa. Mientras el chileno viceministro de economía explicaba desde el escenario que el modelo es sustentable porque responde a las reglas que enseñan los libros que él estudió; Martín Rappallini, de la UIA, y Weiss, de la Construcción, cuchicheaban y sonreían entre ellos. Dos sectores que conocen otra bibliografía: balances, despidos, plantas trabajando por debajo de su capacidad y obras detenidas.
La distancia se volvió todavía menos protocolar cuando llegó Milei. Rappallini decidió que era un buen momento para tomar un café en el bar del Alvear. No estaba solo. Cerca suyo, ejecutivos automotores repasaban una caída del 20% de las ventas y del 15% de la producción. Repetían además una cifra con cierta obstinación: habían invertido alrededor de 2.500 millones de dólares sin pasar por la ventanilla del RIGI.
La disputa ya había dejado otras marcas antes del Council. La pelea del gobierno con Paolo Rocca, la confrontación con Clarín y Héctor Magnetto y las críticas crecientes de la UIA forman parte de la misma reorganización. Techint conserva una gravitación decisiva sobre la central industrial. Rappallini prepara para el Día de la Industria un mensaje crítico sobre el rumbo económico. El acto tendrá además una escenografía particular: será en una planta del grupo de Hugo Sigman.
En medio de este clima, no parece casual que el Banco Macro propiedad de Jorge Brito y Ezequiel Carballo pusiera sobre la mesa la discusión por la llamada “mora importada”: las normas del Banco Central pueden obligar a una entidad a empeorar la calificación de un cliente por incumplimientos registrados en otro banco o proveedor de crédito, aunque con ella continúe pagando.
La protesta regulatoria existe, pero detrás hay algo que ninguna recalificación puede explicar. Según los datos recientes publicados por el CEPA, la mora bancaria total llegó al 7,6%, contra apenas 1,5% en octubre de 2024. Entre las familias trepó del 2,5% al 12,8% en ese mismo período y entre las empresas, del 0,7% al 3,5%. En los préstamos personales la irregularidad llegó al 15,9% y en tarjetas al 13,1%.
El problema es todavía más profundo fuera de los bancos. La mora con billeteras y proveedores no financieros llegó al 30,1%. Casi 21 millones de personas tenían algún tipo de deuda y alrededor de 5,9 millones registraban atrasos.
La incomodidad cruza las puertas del Alvear. En Nueva York, algunos inversores salieron poco entusiasmados de una reunión en la que Daza volvió a asegurar que la Argentina no buscará financiamiento adicional en el mercado internacional.
El Presidente contó con los dólares de afuera desde el minuto uno. Antes de asumir, en una entrevista televisiva, Alejandro Fantino le preguntó si los tenía asegurados. Milei levantó el teléfono y respondió: “Los tengo acá. ¿Querés ver?” Era la promesa de que los contactos, la confianza del mercado y el cambio de régimen alcanzarían para abrir Wall Street. La puerta nunca se abrió.
Desde entonces, Luis Caputo fue construyendo puentes colgantes. Primero fue la devaluación y la ventaja cambiaria inicial para acelerar la liquidación del agro. Después llegaron el blanqueo, los desembolsos de los organismos internacionales, el regreso al Fondo Monetario, los repos con bancos, los préstamos garantizados y hasta las operaciones con el oro del Banco Central como respaldo para conseguir liquidez. Cada puente permitió llegar hasta el siguiente. Ninguno consiguió abrir Wall Street.
Esta semana el riesgo país llegó a 532 puntos básicos, su máximo en tres meses, después de 14 ruedas consecutivas de suba y de acumular alrededor del 24% en agosto. Cada punto que sube aleja a la Argentina de ese paraíso prometido.
La dificultad argentina coincide, además, con una tormenta en el centro del sistema. Scott Bessent desembolsó 4.000 millones de dólares para la recompra de bonos largos del Tesoro para intentar contener las tasas, pero el alivio duró poco. El rendimiento del Treasury a diez años volvió al 4,69% y el de treinta años superó el 5%. El costo del financiamiento de Occidente está en su nivel más alto en dos décadas.
Entonces, si el “orden macroeconómico” consiste en equilibrio fiscal y deuda sostenible, no sobra demasiado orden en la economía que debe financiar al resto del mundo para sostener su hegemonía. Estados Unidos proyecta para 2026 un déficit de 1,9 billones de dólares, equivalente al 5,8% del PBI, frente a un promedio de 3,8% durante los últimos cincuenta años. La deuda en manos del público ya equivale al 101% del PBI y los intereses netos restan otro 3,3% del producto.
Un significante vacío
El “orden macroeconómico” aparece, sin embargo, como lo único que nadie discute. Aunque nadie termine de explicar qué significa. No parece ser un dólar inmóvil, porque los mismos empresarios reclaman competitividad cambiaria. Tampoco alcanza con el superávit fiscal, porque industriales y constructores piden obra pública, actividad y una recuperación de la demanda que, entre otras cosas, vuelva a alimentar la recaudación del IVA. Ni siquiera puede reducirse al acceso al crédito, porque Wall Street continúa cerrado. La expresión funciona mejor cuanto menos se la define. Es un significante vacío que permite reunir intereses distintos y hasta contradictorios bajo una misma bandera. Quizás por eso la discusión sobre su contenido permanece blindada: orden macroeconómico termina llamándose al modelo capaz de garantizar los negocios de quienes tienen capacidad para definir qué significa el orden.
Desde ese mismo establishment que blinda la discusión respecto a qué es el orden macroeconómico, predomina una interpretación: se adelantó la conversación electoral. El mercado, sostienen, comenzó a incorporar el riesgo político de 2027 y a preguntarse por la continuidad del programa.
Pero existe otra lectura posible, más concreta. Lo que se está achicando es el flujo de divisas que permitió sostener el modelo económico.
Pasó el grueso de la cosecha y una parte de los granos que permanecen en silobolsas espera mejores precios, lo que también quiere decir un tipo de cambio más conveniente.
Perdió además fuerza el impulso extraordinario del petróleo. El barril retrocedió hacia la zona de los 90 dólares después de haber tocado los 115, un precio que había multiplicado el ingreso de divisas por las exportaciones energéticas.
A eso se suma que los dólares financieros y del endeudamiento privado entran con menor intensidad.
Del otro lado, la demanda se mantiene extraordinariamente alta. En seis meses sumaron casi 16.900 millones de dólares. La cobertura crece. Y la pregunta es: ¿se adelantó la disputa electoral o estamos ante un límite material del modelo?
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