El pañuelo no se cuelga

Se promulgó la legalización del aborto y comienza la batalla para garantizar su cumplimiento

 

El viernes amaneció con la promulgación de la Ley 27.610 en el Boletín Oficial. Ni el acartonamiento de un texto burocrático apaciguó la emoción: la tarde del jueves en el Museo del Bicentenario fue firmada por el Presidente Alberto Fernández en una ceremonia que reunió a funcionarias, diputadas, senadoras, activistas, pioneras y referentes. La Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, inauguró su intervención destacando la genealogía de la lucha por esta ley en nuestro país, definiendo la transversalidad de la victoria del pasado 29 de diciembre como “una manera feminista de hacer política”.

Esto se refleja también en hitos como los del jueves: la vía institucional dispone las cosas para que el derecho esté regulado y garantizado pero las activistas saben que todavía queda mucho por recorrer y están despiertas para hacerlo. El cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional será una lucha larga, pero la organización que logró su sanción tiene sobrados recursos para ganarla. El pañuelo no se cuelga porque hay que seguir combatiendo las obstrucciones y los obstáculos, capacitar a profesionales de la salud y la justicia, sostener la provisión de misoprostol, lograr el uso de la mifepristona y continuar la batalla por la legalización y descriminalización social de las personas que abortan. Pero las reglas del juego ahora son distintas. «El Estado contestaba con cárcel, ahora cambiamos este paradigma. El Estado va a recibir a las mujeres y las va a tratar con dignidad y con respeto. Esto nos pone en un nuevo lugar frente a la sociedad», dijo Vilma Ibarra, emocionada, durante su discurso en la promulgación.

 

 

Lo que viene

Los pasos a seguir serán muchos y en múltiples frentes: las estrategias antiderechos también contienen la circulación de información falsa acerca de los deberes y responsabilidades de los objetores dentro de los centros de salud, además de amenazas con las que pretenden instalar que no atenderán a personas gestantes por abortos en las guardias, situaciones que están contempladas en la ley. Hará falta la voluntad política de poner a disposición canales de comunicación y recursos para que la información correcta llegue a puerto y las personas gestantes en todo el país, sin importar su locación o recursos, conozcan cómo acceder a su derecho en caso de necesitarlo.

¿Qué sucederá con los casos de criminalización previos al 29 de diciembre? Natalia Saralegui, abogada y feminista, co-autora de “Dicen que tuve un bebé” (Siglo XXI) y del informe “La criminalización por aborto y otros eventos obstétricos en la Argentina”, explica que el primer eje donde habrá que poner atención es en el sub-registro. “Se asume que la justicia persigue bajo la carátula de aborto pero no es así: en nuestra investigación encontramos que hubo casos de abortos espontáneos, como el caso de Patricia, de la provincia de Buenos Aires, presa con una condena de ocho años de prisión bajo la carátula de homicidio agravado por el vínculo”, dice. Es que en los casos en los que se criminalizó a mujeres por aborto hay carátulas que no responden a esa figura penal sino a otras. El caso de Belén en Tucumán, presa durante tres años por un aborto espontáneo y absuelta por la Corte Suprema de la provincia en 2017, es uno de los más emblemáticos de esta arbitrariedad judicial. Un informe del CELS relevó 1532 causas por aborto y 37 por eventos obstétricos en 17 jurisdicciones del país, con una mayoría de mujeres provenientes de sectores vulnerables. La criminalización del aborto, como se expresó durante la lucha por la ley, tiene un sesgo racial y de clase.

El documento también analiza cómo se iniciaron las causas: violación del deber de confidencialidad, denuncia por parte de personas allegadas, confesiones forzadas, allanamientos arbitrarios y falta de acceso a una defensa eficaz. ¿En dónde entran el deseo y la elección en estas categorías? ¿Dónde queda la agencia de la persona gestante en estos forzamientos a una acción penal o una carátula que poco representa la experiencia de la interrupción de un embarazo de forma voluntaria o un evento obstétrico? Es por eso que la llegada de la ley y su promulgación deberían terminar inmediatamente con estas causas: los tratados internacionales y los principios del derecho penal, como explica Saralegui, deberían concluir en una absolución en todas las causas caratuladas con el delito del aborto por el pasaje a la inexistencia de delito. Pero la abogada entiende que llevará un tiempo, seguramente, y requerirá de la presión de las organizaciones.

En los casos etiquetados como homicidio agravado se abre un abanico de posibilidades en términos de estrategias: “las causas que identificamos como eventos obstétricos jamás deberían haber sido captadas por el derecho penal porque son acciones en los que las personas nunca tuvieron el control, no son hechos punibles, son atípicos”, dice Saralegui. “Con la modificación de la ley tienen que revisarse esos procesos en curso y tiene que haber una relectura de los procesos penales tomando en cuenta que la mujer embarazada es una persona que tiene derechos, que el Estado no puede incurrir en una violencia obstétrica o institucional”. El sistema judicial deberá evaluar las absoluciones y sobreseimientos; pero también podrán aplicarse opciones políticas como el indulto y la amnistía.

Mónica Menini, abogada e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, explica que el panorama que se inauguró luego del fallo F.A.L. de la Corte Suprema en 2012 permitió conocer a fondo las estrategias de obstaculización por parte de los sectores antiderechos y cómo afrontarlas. “Cuando una política pública se aplica, el mayor obstáculo para lograr el pleno acceso es no conocer las causas del problema para superar esas obstrucciones. Pero el camino recorrido por el movimiento en todos estos años nos ha abierto al conocimiento de cuáles son los obstáculos que utilizan los grupos antiderechos, activos sobre todo en el NOA y el NEA”.

El caudal de avances jurisprudenciales, el despliegue territorial del activismo y las alianzas estratégicas consolidadas son los bastiones fuertes con los que se luchará para garantizar el acceso al derecho del aborto y aplicación plena de la ley. Lo seguro: en la Argentina no habrá más muertes por abortos clandestinos. No es poco para empezar el año.

Si querés interrumpir un embarazo llamá al 0800-222-3444, la línea de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación.