El gobierno se ha empeñado en repetir todas las frustraciones sufridas con las privatizaciones en los últimos tiempos, con altísimos costos sociales y económicos, para desgracia nacional. El pueblo que no aprende su historia está condenado a repetirla. Pero esa condena tiene en este caso consecuencias importantes para su población y para su salud.
La decisión de privatizar AYSA, la empresa de distribución de agua potable y saneamiento más grande e importante del país, nos obliga a señalar la probable ocurrencia de un nuevo fracaso, la repetición de una experiencia que lleva inevitablemente a ese destino. La obsesión ideológica de destrucción del Estado que mueve al gobierno en todos los terrenos se involucra ahora con un servicio público de primera importancia para los 14 millones de habitantes afectados, sin medir sus consecuencias.
Me animo a escribir estas líneas con la experiencia adquirida en el tema, simultáneamente con lo que observo que ocurre aquí y en muchas partes del país y del mundo con el servicio público de agua y saneamiento.
Este proceso ya lo hizo el menemismo en las primeras privatizaciones, cuando transfirió el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) a Lyonnaise des Eaux, empresa francesa del grupo Suez, al mismo tiempo que eso ocurría con empresas de aguas provinciales, que en su origen fueron de Obras Sanitarias de la Nación. Lo sucedido en el Conurbano bonaerense y ciudad de Buenos Aires a partir de 1993 tuvo importantes contratiempos contractuales durante la concesión, lo que incluye el ingreso en el año 2000 de la también francesa Vivendi.
El contrato de concesión de esa amplia zona bonaerense la obligaba a operar y a mantener el servicio de agua potable en calidad y cantidad en el área servida. Pero también a ampliarlo a sectores suburbanos sin servicio de agua o con uno de mala calidad. También debían mantener y ampliar la infraestructura de saneamiento (cloacas) para toda el área de concesión. Como contrapartida, recibían de los usuarios una tarifa que se reajustaba periódicamente, sujeta al cumplimiento de sus obligaciones, tema que fue materia de controversias con el organismo regulador creado al efecto. El reclamo permanente de actualización de la tarifa por la empresa recién privatizada fue una de las muchas complicaciones, a pesar de que habían ganado la licitación por menor tarifa, desalojando por una pequeña diferencia a su principal contrincante.
Pero la dificultad principal de esa privatización surgió de su vocación por intensificar el servicio en las áreas de la ciudad de Buenos Aires y los sectores suburbanos aledaños (en las cuales la cobranza era sencilla) y no en los sectores alejados con urbanizaciones precarias y de menores recursos. En especial, no realizaron las inversiones necesarias para extender el servicio en las zonas a las cuales no llegaba. A ese incumplimiento esencial se sumó la carencia en la ejecución de obras básicas de agua comprometidas, especialmente las de saneamiento, situación que fue de gravedad a lo largo de toda la concesión y provocó que en 2006, luego de intensas negociaciones, fuera estatizada. Me tocó entre 2004 y 2006 participar en el grupo de asesoramiento al gobierno para adoptar aquella decisión.
En la etapa estatal se construyeron obras de infraestructura de aguas y saneamiento de magnitud, necesarias para el mejoramiento del servicio, con financiamiento público. Fue entonces que comprendí la esencia de un servicio de agua y saneamiento en grandes poblaciones, sus posibilidades y límites para una empresa privada. Ello más allá de las experiencias fallidas de ese grupo francés en otros países de América Latina y aun en Estado Unidos. Fracasos parecidos ocurrieron con otras empresas en esa época en privatizaciones de agua provinciales, una de las cuales dio origen al primer caso de demanda internacional contra el país con el respectivo arbitraje, que luego sería lo corriente. Me tocó en ese caso promover la debida defensa de nuestro país con el sabio consejo del doctor Julio Barberis.
Para llegar a la conclusión de los límites que tiene en el mundo la privatización de este tipo de servicio público puedo sumar mis vivencias como subadministrador de OSBA, la empresa estatal de agua y saneamiento de la Provincia de Buenos Aires en el período de la gobernación de Antonio Cafiero, durante los años 1988 y 1991. Esa experiencia en la gestión de una gran empresa de servicios públicos, que merece otro capítulo, agrega datos y conocimientos a las conclusiones que aquí comento.
La gestión privada de empresas como AYSA sólo puede funcionar con algún éxito si se limita a la administración y mantenimiento del servicio existente, cobrando las respectivas tarifas, dejando las obras de infraestructura correspondientes por otras vías de gestión y financiamiento. Lo que no pareciera ser el planteo del gobierno, según el decreto 494/25. En esa norma, la licitación nacional e internacional propone un “operador estratégico” a cargo del 51 % de las acciones de AYSA. Operador que tendrá la responsabilidad –según el Plan de Transición 2024-2026 aprobado por resolución 221 del Ministerio de Economía– de llevar adelante el servicio público y también las obras que lo deberán sustentar. Entre ese conjunto de obras de infraestructura se encuentran, para la realidad actual en el AMBA
- La modernización de sus instalaciones;
- La ampliación del territorio servido, que es muy importante;
- La construcción de nueva infraestructura de potabilización y transporte del agua; y
- Especialmente, la construcción de nuevas e importantes obras de saneamiento en un área de extensión geográfica de magnitud.
Las obras que estaban en curso fueron paralizadas en parte por “falta de presupuesto”. Pero en el plan de transición se prevén para este año ingentes gastos de modernización administrativa ¡que se supone beneficiarán al eventual operador estratégico!
No existen en el mundo empresas privadas con trayectoria exitosa en la operación de servicios de esta magnitud geográfica y de usuarios.
Por lo tanto, se supone que el nuevo operador tendrá a su cargo no sólo el mantenimiento del servicio, sino también la administración y ejecución del plan de obras que detalla el mencionado Plan de Transición.
Es imposible que esto último sea pagado por la tarifa de los usuarios. Empeñarse en lo contrario llevará al fracaso de una concesión de este tipo. Es por ello que habitualmente se separan estas últimas actividades de la simple administración del servicio. Y en general quedan a cargo del Estado, o de algún sistema de financiamiento en el cual el garante sea el Estado.
Por eso llama la atención que se pretenda el financiamiento de esa infraestructura por parte de los usuarios, que apenas pueden pagar un buen servicio con el acceso al agua potable y el saneamiento en sus hogares, hoy considerado un Derecho Humano por los documentos internacionales de Naciones Unidas.
Estamos hablando del acceso al agua en un ambiente urbanizado, una de las principales condiciones de la vida civilizada en el mundo actual, y por lo tanto reglamentado como un derecho básico de los habitantes.
En la propuesta del gobierno, de repetir el proceso frustrado, se intenta involucrar a los usuarios en el repago de las obras de infraestructura –que en importante magnitud exige el AMBA–, incluyendo la finalización de las iniciadas. Ello llevaría el costo de la tarifa a montos superiores a cualquier nivel razonable, que no se corresponden con ninguno de los sectores sociales del país, especialmente con el de la población vulnerable.
En el Plan de Transición que es parte de este proceso se describen las escasas obras que permitirá la coyuntura económica, que serán financiadas con la tarifa de los usuarios. La finalidad parece ser otorgar el centro del negocio que implica esta privatización a un privado que administre no sólo la operación y mantenimiento de las instalaciones actuales sino también las obras de infraestructura con una tarifa creciente, superior a la actual. Con el reaseguro del corte del servicio en caso de falta de pago: un enorme mercado, seguro, sin riesgos.
La morosidad en el pago de la tarifa se castiga en todo el mundo disminuyendo el servicio a un suministro mínimo, suficiente para la sustentabilidad de la vida digna, no con su corte. Otro criterio sólo servirá para la judicialización del servicio público. En el esquema eventual que propone este proyecto, el resultado más probable es de conflictividad permanente, fundada en los derechos constitucionales al servicio y la jurisprudencia pacífica al respecto de nuestro más alto tribunal.
El empeño y quizás la posibilidad de concreción del deseo gubernativo no se puede entender si no es en el contexto de la entrega en marcha de nuestros recursos naturales a la avidez de las potencias extranjeras. En cuyo camino el agua, el principal recurso natural del planeta, es uno de los motivos centrales de disputa local y global.
En el país ya comienza a percibirse que la privatización de AYSA no puede desligarse de esa puja universal por el agua, que se desarrolla en todos los países del globo, en especial en los que es abundante y disponible, como el nuestro.
También se aprecia que, en esa pelea, el agua comienza a ser considerada en algunos países como un objeto comercial y, por lo tanto, que amerita su valorización y consecuente comercialización, abandonando su carácter de recurso participativo en la evolución necesaria e imprescindible de la vida.
Retornado entonces al pasado y sus experiencias, no puedo dejar de comentar lo que vengo escuchando en los medios respecto de los interesados en esta jugosa privatización, que de paso tiene el apoyo del gremio respectivo, y de los que no puedo hacerme cargo: se dice que estarían interesados en ella el empresario Mauricio Filiberti, el “rey del cloro”, uno de los principales insumos de la potabilización del agua. Pero también se menciona a la empresa israelí Mekorot, con amplia trayectoria en el tema en su país. Ocurre que Mekorot es actualmente asesora de numerosas provincias argentinas, a raíz de la promoción realizada oportunamente por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En esas provincias ha obtenido contratos para el estudio del agua en sus territorios y la posibilidad de asesorarlas en planes de desarrollo del recurso. Los respectivos contratos, a los que no es fácil acceder, contendrían cláusulas reservadas de carácter confidencial.
Es por ello que el subtítulo de esta nota dice “sobre la privatización del agua”, en el cual la de AYSA es sólo un paso.
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