El gobierno de Milei ha impulsado una reconfiguración significativa del sector cultural y de la protección del patrimonio en nuestro país, fundamentada en principios de desregulación económica y reducción del tamaño del Estado. Este enfoque se inscribe en una estrategia más amplia que el gobierno denomina "batalla cultural", liderada por la Secretaría General de la Presidencia, que da más importancia a la lógica y libertad de mercado que al valor que tienen nuestros bienes comunes, en el caso que abordaremos, el patrimonio histórico-cultural del país.
Esta orientación no constituye una medida económica superficial, sino una redefinición filosófica del valor de la cultura. Desde la lógica anarcocapitalista, el valor del trabajo artístico se determina exclusivamente por las preferencias subjetivas de los individuos en un "mercado libre". Desde esta perspectiva, desaparece el valor intrínseco, no monetario y colectivo, del patrimonio cultural, y que por su naturaleza de bien público requiere protección y financiación estatal.
Esta redefinición transforma el patrimonio cultural de una responsabilidad pública compartida en una mercancía sujeta a las dinámicas del mercado. El marco ideológico resultante favorece políticas que priorizan el recorte de gastos y la privatización de nuestro patrimonio por encima de su preservación y uso común. Esto conduce a su desprotección para favorecer intereses económicos, principalmente los de la especulación inmobiliaria, o su explotación comercial.
Desaparición de la Comisión
La Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (CNMHyBH), un organismo clave en la protección del patrimonio, ha sido objeto de modificaciones sustanciales que alteran su estructura, su autonomía y su capacidad de acción a través del decreto N.° 345/2025.
La CNMHyBH fue creada por la ley N.° 12.665 en el año 1940. En el año 2014, con la sanción de la ley N° 27.103, se ampliaron sus facultades y se reforzó su descentralización y su jerarquía burocrática y técnica.
Ahora, con este nuevo decreto, la Comisión fue reconfigurada como una "unidad organizativa dependiente" —una especie de grupo de trabajo— de la Secretaría de Cultura, perdiendo su “independencia” y quedando toda decisión en manos del secretario de Cultura.
La Comisión no fue la única que siguió este destino. En el mismo decreto se transforman como “unidad organizativa dependiente” el Instituto Yirigoyeneano (ley N.° 26.040), el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas (decreto N° 26/97 y ley N° 25.529), el Instituto Nacional del Teatro (ley N.° 24.800), el Instituto Nacional Sanmartiniano (decreto-ley N.° 1368), el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón y la Comisión Protectora de las Bibliotecas Populares (ley N.° 23.351).
La reestructuración de la CNMHyBH, junto con otras entidades culturales, como una "unidad organizativa dependiente", representa un alejamiento deliberado de la gobernanza especializada descentralizada hacia un control centralizado bajo la Secretaría de Cultura. Es la pérdida total de la autonomía institucional de la que gozaba la Comisión.
El decreto 345/2025 (art. 20) derogó la estructura colegiada de la Comisión que estaba formada por un presidente y diez vocales designados por el Poder Ejecutivo por seis años para ser reemplazada por un Consejo integrado por un máximo de diez expertos que actuarán con carácter ad honorem como órgano asesor de carácter vinculante de la unidad organizativa (art. 15).
Los integrantes de esta Comisión serán designados por el secretario de Cultura; por lo tanto, serán títeres de este y el número no mayor a diez también será decidido por el secretario, quien podría, por ejemplo, designar tan solo a uno o dos asesores. En definitiva, Leonardo Cifelli, actual secretario de Cultura, tendrá el poder absoluto sobre el patrimonio histórico del país.
El debilitamiento institucional de la Comisión no sólo se refleja en su nueva naturaleza administrativa, sino también en el recorte de funciones. De las 18 atribuciones incorporadas por la ley N.° 27.103, solo quedaron cinco: la de superintendencia, la de intervenir con carácter previo en toda venta, la de aprobar o rechazar toda intervención material en bienes protegidos, la de llevar un registro público y la de dictaminar de forma previa al tratamiento de una iniciativa en el Congreso para declarar un bien.
El decreto eliminó atribuciones importantísimas para la protección del patrimonio, como:
- Proponer al Poder Ejecutivo la declaratoria de monumentos, lugares y bienes históricos nacionales.
- Establecer “áreas de amortiguación” en el entorno de los monumentos.
- Establecer los alcances y límites de la protección inherente a cada declaratoria.
- Establecer, revisar y actualizar criterios y pautas de selección, clasificación y valoración para los monumentos, lugares y bienes protegidos.
- Recomendar al Poder Ejecutivo que impulse ante el Congreso nacional la declaración de utilidad pública de los inmuebles que así lo ameriten.
- Proponer al Poder Ejecutivo nacional la adquisición de bienes de particulares.
- Realizar por sí o auspiciar publicaciones de las materias de su competencia.
- Organizar, auspiciar o participar en congresos, seminarios, encuentros, jornadas, programas periodísticos y toda otra actividad de difusión de sus competencias.
- Designar delegados en las provincias.
- Organizar mecanismos de representación regional y federal.
Esta centralización y sujeción de la Comisión al secretario de Cultura y la reducción de sus atribuciones allanan el camino para la explotación comercial, la adaptación de los espacios para dicha explotación y la privatización de los bienes patrimoniales del país.
La protección del patrimonio ha sido uno de los principales obstáculos para la especulación inmobiliaria. Ahora ya no habrá entidad que esté ocupada, por ejemplo, en definir las áreas de amortiguación alrededor de los bienes protegidos, liberando extensas áreas a la sobreconstrucción en detrimento del patrimonio cultural.
El patrimonio histórico del país ha quedado desguarnecido frente a un gobierno para el que todo es una mercancía y sólo tiene valor lo que genera ganancias económicas.
Este gobierno reactivó el plan sistemático de venta de tierras públicas iniciado por la gestión del ex Presidente Mauricio Macri cuyo brazo ejecutor es la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Ahora habrá una sintonía absoluta entre la Comisión y la AABE para despojarnos de nuestro patrimonio.
A principios de este año, la gestión de Milei intentó privatizar el complejo hotelero de Chapadmalal y Embalse. Uno de los escollos que encontró para avanzar con su venta fue que estos complejos turísticos fueron declarados monumento histórico nacional por el decreto N° 784/2013. No nos sorprendería que, habiendo desarmado la Comisión, se vuelvan a impulsar estas privatizaciones y aparezcan otras nuevas iniciativas privatizadoras del patrimonio nacional.
Disolución de institutos culturales
En el marco de esta reestructuración, mediante el decreto N° 346/2025, el gobierno nacional estableció la disolución de varios institutos públicos. Específicamente, el Instituto Nacional Browniano, el Instituto Nacional Belgraniano, el Instituto Nacional Newberiano, el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas Juan Domingo Perón y la Comisión Permanente Nacional de Homenaje al Teniente Gral. Juan Domingo Perón fueron eliminados. Las responsabilidades y obligaciones que antes recaían en estas entidades disueltas son ahora asumidas por la Secretaría de Cultura o el Ministerio de Capital Humano.
La disolución de estos institutos históricos, aunque presentada como "optimización" y "centralización", representa una profunda reconfiguración de la memoria nacional y las narrativas históricas. Esta acción conlleva el potencial de que el gobierno ejerza un mayor control sobre la interpretación y difusión de la historia argentina, favoreciendo ciertas figuras o períodos históricos en detrimento de otros. El cambio de institutos de investigación especializados a unidades internas o museos sugiere un paso de la investigación y promoción histórica activa a un papel más estático y centrado en la exhibición. Esto generará una pérdida de conocimiento especializado, capacidad de investigación y perspectivas diversas sobre el pasado de la nación. Esta es una acción cuestionable porque impacta el tejido mismo de la identidad nacional y la comprensión histórica, yendo más allá de la mera eficiencia administrativa.
Por otra parte, en esta decisión nuevamente aparece la sombra de la especulación inmobiliaria con nuestros bienes públicos.
El art. 9 del decreto transfiere a la Agencia de Administración de Bienes del Estado la totalidad de los inmuebles de estos institutos. Más bienes que quedarán a merced de la naturaleza privatizadora de esta gestión.
Por último, este decreto también transforma en “unidades organizativas” dependientes de la Secretaría de Cultura al Museo Nacional de Bellas Artes, al Parque Tecnópolis, al del Bicentenario y al Palacio Libertad Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento (ex CCK).
Ley de bases de destrucción del patrimonio
Ambos decretos fueron dictados por Milei en ejercicio de las facultades otorgadas por los artículos 3, incisos a y b, de la ley N.° 27.742, conocida como ley Bases.
Este artículo faculta al Ejecutivo nacional a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada:
- La modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades dispuestas legalmente cuyo mantenimiento resulte innecesario; y
- La reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial.
Toda ley de delegación de facultades del Congreso en el Ejecutivo debe establecer un marco de actuación y ejercicio de dichas facultades delegadas.
Así, la ley N.° 27742 dispuso como bases de las delegaciones legislativas para la reorganización administrativa las siguientes:
- Mejorar el funcionamiento del Estado para lograr una gestión pública transparente, ágil, eficiente, eficaz y de calidad en la atención del bien común.
- Reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit, transparentar el gasto y equilibrar las cuentas públicas.
- Asegurar el efectivo control interno de la administración pública nacional con el objeto de garantizar la transparencia en la administración de las finanzas públicas.
Resulta muy difícil encontrar argumentos para considerar que esta reestructuración de organismos culturales está orientada al “bien común”. Ahora será responsabilidad de los diputados y senadores aceptar o rechazar este decreto durante su trámite pertinente en el Congreso.
La gestión de Leonardo Cifelli como secretario de Cultura, caracterizada por severos recortes presupuestarios, centralización estructural y una retórica confrontativa, representa un alejamiento radical de la política cultural establecida en la Argentina. Aunque oficialmente enmarcadas como medidas necesarias de austeridad y eficiencia, estas acciones son un ataque ideológico destinado a desmantelar el apoyo estatal a la cultura, controlar las narrativas y avanzar hacia un modelo impulsado por el mercado. El efecto acumulativo es un profundo debilitamiento del ecosistema cultural, que amenaza su diversidad, accesibilidad y capacidad de producción independiente.
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