En la causa conocida como “El villazo”, que juzga crímenes contra 57 personas, víctimas de la represión cometida contra trabajadores vinculados a la Seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y militantes-simpatizantes de la lista Marrón de esa organización sindical, la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Rosario solicitó prisión perpetua para dos ex-directivos de la metalúrgica Acindar de la ciudad de Villa Constitución.
En su alegato, el fiscal general Adolfo Villatte, titular de la unidad fiscal, junto con los auxiliares fiscales Juan Patricio Murray y Álvaro Baella, consideraron a los ex-directivos responsables de homicidios, secuestros y tormentos cometidos contra trabajadores metalúrgicos y ferroviarios durante la represión desatada a partir del 20 de marzo de 1975 en la zona industrial. Además, solicitaron penas que van de los diez a los 25 años para 15 ex policías federales y un ex policía provincial.
La exposición de la fiscalía, de 824 páginas, describe —sobre la base de trabajos de historiadores, sociólogos y economistas— diversos aspectos de la industria siderúrgica. Como la creación de la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (Somisa), emplazada en Ramallo, creada por el general Manuel Savio, presidente de Fabricaciones Militares. Puntualizan que entre los socios accionistas integrantes del capital privado de la sociedad mixta con mayor porcentaje figura Arturo Acevedo, quien había sido el gestor en 1942 de la sociedad Aceros Industriales Argentinos (ACINDAR).
Surgimiento y crecimiento con beneficios
Acindar había comenzado a operar en 1943 en su planta en Rosario, provincia de Santa Fe, para la producción de acero, ausente en el mercado nacional. Se inició desarrollando etapas finales del proceso de laminación y fundición del acero. En 1951 logró una nueva planta en Villa Constitución, óptima ubicación por su infraestructura ferroviaria y vial con posibilidad de construir un puerto. Pero sobre todo, por su cercanía a Somisa, proveedora de la palanquilla (pieza de metal semiacabada de acero que se utiliza como materia prima en la fabricación de otros productos siderúrgicos).
En los años siguientes, las pujas en el sector siderúrgico se vieron atravesadas por procesos de centralización y concentración de capital a través de la intervención estatal. Esto posibilitó el ascenso de unas pocas empresas diversificadas. En 1968, tras la muerte del ingeniero y empresario fundador de Acindar, Arturo Acevedo, sus herederos dejaron la presidencia del directorio en manos de José Alfredo Martínez de Hoz, que se desempeñaba como síndico de la empresa.
La relación del grupo Acindar con el Estado le permitió notables beneficios; para dar cuenta de ello, desde la fiscalía consignan cómo ocuparon cargos. Arturo Acevedo fue el primer director privado de la empresa Somisa, y Acindar fue también su accionista privada. Acevedo fue designado ministro de Obras y Servicios Públicos en 1961. Carlos Carrera, que era director de Acindar, fue secretario de Hacienda de Adalbert Krieger Vassena en el año 1967 y José Alfredo Martínez de Hoz fue designado ministro de Economía en 1976.
La fiscalía señala lo expresado por la testigo experta, la investigadora, profesora y licenciada en Historia Victoria Basualdo. En su aporte para el juicio expuso sobre la transformación económica de Acindar, que consideró que estuvo directamente vinculada al proceso represivo. Lo argumentó con la relación de Acindar con el gobierno de María Estela Martínez de Perón, cuando obtuvo la autorización para la integración vertical de su producción, consolidada en la inauguración de la planta integrada en agosto de 1978. También, consiguió la ruptura del plan Savio, que dejaba sólo en manos de la acería estatal la producción de la materia prima para la elaboración de aceros planos y no planos.
La absorción por parte de Acindar de una serie de empresas medianas como Santa Rosa, Gurmendi, Genaro Grasso, provocó un crecimiento brutal del grupo y una transformación drástica de su posición. Fue otro aspecto señalado por Victoria Basualdo al explicar su expansión y las ventajas obtenidas durante la dictadura con la estatización de su deuda privada y los beneficios de las políticas de promoción industrial de la época.
Principalmente —sostuvo Basualdo—, todo ello ocurrió durante la gestión de José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, que articulaba la relación entre sectores empresariales y las Fuerzas Armadas como participantes del proceso que derivó en el golpe de Estado. Acindar tuvo un papel emblemático en este marco y Alcides López Aufranc, una figura muy importante en el contexto de las Fuerzas Armadas de la Argentina —instructor de la doctrina francesa de guerra revolucionaria— sucedió a Martínez de Hoz en la presidencia de la empresa cuando este último asumió su cargo de ministro de Economía de la dictadura de Videla, en abril de 1976.
Alcides López Aufranc, que nació en Venado Tuerto, Santa Fe, en 1921, falleció impune a los 93 años en 2015. Fue militar represor y empresario. Oficial del Ejército que alcanzó rango de general de división. Se desempeñó como subjefe de Estado Mayor del Ejército, comandante del III Cuerpo y jefe del Estado Mayor a principios de los ‘70. El 20 de marzo de 1975, cuando se llevó adelante la huelga de metalúrgicos en Acindar, su presidente de ese entonces, José Alfredo Martínez de Hoz, le pidió ayuda, y López Aufranc lanzó el operativo represivo Serpiente Roja del Paraná.
Nadie mejor para combatir los intereses de los trabajadores bien representados por aquella dirigencia sindical que defendía adecuadamente sus derechos.
Empresas y represión, nada nuevo bajo el sol
La fiscalía en su presentación destacó cuatro procesos históricos de estrecha relación entre grandes empresas y fuerzas represivas:
- Los conflictos que se desarrollaron entre 1918-1922 en grandes empresas como Talleres Vasena, estancias del grupo Braun Menéndez, La Forestal Co. o Ingenio Las Palmas, y en los que actuaron regimientos de línea, policías locales y grupos para-estatales.
- Las masacres étnicas de 1924 y 1947; en esos casos, los conflictos aparecen vinculados a grandes ingenios, e intervienen el Ejército, la Policía y la Gendarmería.
- La represión posterior al golpe de 1930, cuando en el gabinete de Uriburu figuraban conspicuos representantes de grandes empresas extranjeras.
- El golpe de 1955, apoyado por poderosas empresas (grupo Bemberg, Bunge y Born y otros).
Sostuvieron en su alegato que “nada distinto ocurrió a partir del 24 de marzo de 1976 y en los conflictos previos a la escalada represiva que se despliegan a partir de 1973 y hasta mediados de 1975”. Explicaron que la represión planificada y sistemática contra el movimiento obrero tuvo tres fases claras. Una primera que se dio en 1973 y 1974 cuando se produjeron algunos atentados contra dirigentes sindicales y activistas de base perpetrados por grupos para-estatales como la Triple A. En esta etapa, la intensidad de la represión aumentó luego de la muerte del Presidente Juan Domingo Perón. En la segunda mitad de 1974 se produjeron asesinatos en Córdoba y Tucumán.
Enmarcan la segunda fase “durante 1975 y principios de 1976, caracterizada por la intensificación de la represión para-estatal y el desarrollo de algunos operativos conjuntos dirigidos por el Ejército, como el operativo Independencia en Tucumán y el operativo Serpiente Roja en Villa Constitución”. Este último resultó paradigmático, pues allí se elaboró la doctrina de la subversión industrial y se comenzaron a conocer los primeros centros clandestinos de detención”.
Como una tercera, califican la fase que llegó a partir del 24 de marzo de 1976, cuando se perfeccionó la “metodología del secuestro masivo de trabajadores por el Ejército en las puertas e interior de las fábricas”. En esta fase, la represión se hizo más sistemática y actuaron directamente distintas fuerzas de seguridad.
Consideraron que “las acciones emprendidas por el Estado terrorista en Acindar pueden ser conceptualizadas como un banco de prueba para lo que a partir del 24 de marzo de 1976 ocurriría en toda la extensión del territorio nacional”.
Describen que “el enroque producido entre José Alfredo Martínez de Hoz, quien de presidente de Acindar pasó a ser ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, y el general de División Alcides López Aufranc, quien de teórico y ejecutor de la doctrina de la guerra contrarrevolucionaria francesa pasó a la presidencia de dicha empresa, no es un hecho meramente casual”. Y que la evidencia consta en “las propias memorias y libros de Acindar”, donde “han quedado los registros de cómo, además de los favores del Estado —en su crecimiento económico que la llevaron a una monumental concentración del mercado—, se produjo entre estos dos entes una simbiosis profunda que marca un paralelismo a escala de lo ocurrido en Villa Constitución entre 1975-76 y lo que más adelante acontecería en el país”.
Para analizar la represión del 20 de marzo de 1975, les interesó explicar que “en la década del ‘70 varios obreros conformaron las agrupaciones sindicales GODA (Grupo de Obreros de Acindar), GOCA (Grupo Obrero Combativo de Acindar) y luego el Movimiento de Recuperación Sindical para más tarde fundar la Lista Marrón, que tenía por fin enfrentar las injusticias que sufrían los trabajadores por parte de la empresa y del sindicato que, hasta ese momento, no representaba sus intereses”. Entre los reclamos había pedidos de mejoras en salud (prácticamente no tenían obra social ni ambulancia), mejoras salariales y de seguridad en el trabajo, que era peligroso e insalubre, además de luchar por recuperar la seccional, que estaba intervenida.
Evidencias
Pruebas documentales y testimoniales le permitieron al Ministerio Público Fiscal determinar que:
- Los procedimientos realizados a partir del 20 de marzo de 1975 fueron bajo control operacional del Ejército Argentino y se ejecutaron por intermedio de la Policía Federal Argentina, Guardia Rural “Los Pumas” y la Triple A, con la información aportada por Acindar a través de Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo, quienes formaban parte del personal jerárquico de la firma metalúrgica.
- Integrantes del Ejército y fuerzas de seguridad que intervinieron conduciendo los operativos tenían un pleno conocimiento de los lugares a donde iban para dar con los blancos a secuestrar.
- Las operaciones realizadas en Villa Constitución estuvieron bajo control operacional del Primer Cuerpo del Ejército, comandado por el entonces general de División Alberto Numa Laplane, y con unidades bajo sus órdenes y del Área Militar 132, en forma conjunta con el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército y el Área Militar 211.
Penas y señalización
El Ministerio Público Fiscal requirió prisión perpetua para Roberto José Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo por ocho casos de homicidio agravado, 29 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados y por ser partícipes del delito de asociación ilícita. Para el integrante de la Policía Federal Roberto Álvarez, solicitó una pena de 25 años de prisión al considerarlo responsable de 40 casos de privación ilegal de la libertad agravada y tormentos agravados y por integrar una asociación ilícita. Misma pena exigió para el exintegrante de la Guardia Rural “Los Pumas” de la Policía de Santa Fe Amadeo Chamorro por 23 casos de privación ilegal de libertad y tormentos agravados.
También solicitaron 25 años de prisión por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de 23 víctimas, además de la comisión del delito de asociación ilícita, para los policías federales Roberto Álvarez, Roberto Raúl Squiro, Oscar Alberto Vessichio, Juan Carlos Faccendini, Emilio Hugo Marciniszyn, Aldo Ramon Gradilone, Carlos Brest, Daniel Vicente Valdes, Carmen Amanda Grosolli De Hellaid, Ricardo Antonio Burguburu y Juan Carlos Romero.
Para los policías Horacio Miguel Nardi y Juan De Jesus Martínez, la fiscalía pidió diez años de prisión por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de una víctima y por integrar la asociación ilícita.
Para Aníbal Lozano Windus requirieron una pena de 16 años de prisión por la privación de la libertad agravada y los tormentos agravados de cuatro víctimas, además de haber integrado la asociación ilícita. Por los mismos delitos —pero en perjuicio de dos víctimas— solicitaron 14 años de prisión para Oscar Roberto Giai, además de considerar que integraba también la asociación ilícita. Dentro del petitorio, se reclamó que las penas impuestas se cumplan en cárcel común y que se asegure el cumplimiento de estas mediante el encarcelamiento inmediato.
La Unidad Fiscal de Lesa Humanidad también requirió que se ordene al Poder Ejecutivo de la Nación y al Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe que señalicen como centros clandestinos de detención a la Jefatura de Policía de Villa Constitución, a la Delegación Rosario de la Policía Federal y a Prefectura Naval Argentina Rosario, prohibiendo que se los modifique.
En diálogo con El Cohete, el fiscal titular de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Rosario, Adolfo Villatte, analiza que “lo más importante para resaltar es que las víctimas no solamente fueron trabajadores, obreros de la UOM, sino también personas particulares que se solidarizaron con el movimiento sindical de la Lista Marrón, y por eso fueron víctimas”. Expresa que lo que se buscó con el operativo represivo fue “sembrar el terror sobre toda la sociedad villense”. También derrumba la intención de la defensa de vincular la lucha sindical con las organizaciones armadas.
Con respecto al papel que cumplieron las fuerzas represivas, Adolfo Villatte expresó que el Ejército tuvo un rol importante, porque era quien conocía los domicilios de las víctimas. También destaca la presencia de la Triple A, que apareció en la escena junto a fuerzas de seguridad.
El arduo trabajo del equipo de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad de Rosario antes y durante este juicio, buscando solidez probatoria para condenar a los responsables, autores de la represión villense, a fuerzas para-estatales, a representantes de las fuerzas de seguridad, pero también a los autores civiles empresariales, como los dos ex directivos de Acindar, sería valorado por Victorio Paulón, quien estuvo detenido seis años y casi cuatro meses, desde el 1.º de mayo de 1975 hasta el 21 de agosto de 1981, por ser un luchador sindical y en este medio seguía puntillosamente la lucha organizada de los trabajadores. En otro juicio, conocido como Saint Amant III, Paulón había declarado: “Si la responsabilidad empresaria fue una bisagra con la dictadura, en el aspecto económico Acindar es el perno de esa bisagra”. Como siempre, no se equivocaba.
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