El peronismo y las formas republicanas

El peronismo siempre accedió al poder mediante el voto popular en comicios transparentes.

 

Un lugar común en el discurso de la derecha es acusar al peronismo de no respetar las formas republicanas. La imputación se agudiza en épocas electorales. Hoy persiste como parte de la estrategia de Cambiemos y los medios que lo sostienen de presentar al Frente de Todos como una coalición frágil. Para ellos el sector más cercano a CFK sería muy poco republicano y el de Alberto Fernández más o menos republicano.

El peronismo siempre accedió al poder mediante el voto popular, en comicios transparentes. Las elecciones de 1946, 1952, 1973, 1989, 2003, 2007 y 2011 lo demuestran. Siempre que perdió lo aceptó sin cuestionar el resultado. En 1983 fue sorpresivo, y ningún dirigente relevante hizo un planteo. Lo mismo ocurrió en 1999 y aun en 2015 en un balotaje decidido por una diferencia mínima. Perdió dos elecciones de medio término en 2009 y 2013. Como corresponde, reconoció el resultado sin que nadie haya hablado seriamente de algún intento de desconocerlo. El episodio protocolar respecto del lugar del traspaso de mando fue evitable por Presidentes entrante y saliente. Judicializar ese asunto no fue bueno, y la solución “jurídica” de interpretar la Constitución con el código de derecho privado dio un resultado absurdo, que supone que en cada final de mandato se producen unas horas de acefalía.

En cambio, hasta 1983 la colección de golpes de Estado en contra de gobiernos peronistas (o a causa de triunfos electorales peronistas), en algunos casos precedidos de bombardeos y atentados terroristas y casi siempre seguidos de proscripción y persecución hasta la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, es historia conocida; pero no por ello deja de ser omitida por los que se jactan de pureza republicana.

 

La acordada de 1930

La relación con la Corte Suprema es otro punto que se invoca, argumentando que el antiperonismo tuvo una conducta más apegada a las reglas para exhibir.

Durante el primer gobierno (1946-1955), la Corte conservadora, con orígenes en fines de los años ’20, se transformó en un obstáculo a las políticas del gobierno de Perón. Por ejemplo, a las vinculadas a los tribunales del trabajo y demás leyes sociales. Perón promovió su remoción mediante el juicio político parlamentario, que es un proceso que requiere una súper mayoría de dos tercios de presentes de cada cámara. Mayoría que conlleva una garantía de estabilidad al imputado pues solo con un consenso parlamentario tan amplio en las dos cámaras se puede lograr la remoción. Quien se tome el trabajo de leer los diarios de sesiones (Diario de Sesiones del Senado Constituido en Tribunal, 1946, p. 11) verá los extensos cargos, de diverso mérito, entre los que se destaca el de haber adoptado la decisión política de convalidar el golpe de estado de Uriburu de 1930 que dio inicio a la desgraciada saga que culminó con el de 1976. Pudo haber sido un llamado de atención. No lo fue.

 

La Corte del ’30:  Antonio Sagarna, José Figueroa Alcorta, Ricardo Lavalle, Roberto Repetto y Horacio Rodríguez Larreta.

 

La derecha liberal usa ese juicio político como ejemplo de autoritarismo. Pero no puede imputar ninguna violación de las normas constitucionales. ¿Cuál es la objeción? El mérito y oportunidad. Y eso es privativo del Congreso. Por eso es un proceso que la Constitución encarga a los políticos.

La nueva Corte nombrada por Perón tal vez fue menos intelectual y más cercana a ideas confesionales. Pero su legitimidad constitucional no puede ponerse en tela de juicio. ¿Cuál fue su final? Los “republicanos” los echaron por medio del decreto 318 de 1955, firmado por el presidente de facto Eduardo Lonardi. No hubo juicio político ni garantía de dos tercios de cada cámara, ni mucho menos derecho de defensa. En los considerandos se exponen las razones, que se centran en lo que los jueces removidos habían expresado en las declaraciones de Fallos 223:107 y 225:27, que no son otra cosa que las condolencias ante la muerte de Eva Perón, la colocación de un recuerdo en la sala del tribunal y la adhesión a un homenaje. Puede discutirse si esos homenajes eran función de la Corte o su tono, pero de ahí a transformarlos en causal de remoción y echar a los jueces sin derecho de defensa es insostenible desde una postura republicana. (Las citadas declaraciones fueron refrendadas por los secretarios Imaz y Rey; Imaz en 1960 fue designado en la Corte por Frondizi.)

 

Eduardo Lonardi, la Corte removida por decreto.

 

En su reemplazo el gobierno del golpe y luego Frondizi nombraron en la Corte a jueces que fueron funcionales a los intereses del gobierno de facto y al que lo sucedió. Algunos fueron finos juristas y de talento, pero ejercieron un rol político poco republicano al convalidar no solo la proscripción del partido mayoritario sino también otros actos aberrantes, como la aplicación del Código de Justicia Militar a los obreros ferroviarios huelguistas, por ejemplo en el caso de Fallos 243:306 (“Pucci”) donde, con disidencia de Orgaz, admitieron que un consejo de guerra le aplicara dos años de prision a un obrero soldador de autógena por adherir a una huelga, luego de un proceso donde ni siquiera pudo designar a su abogado; o el rechazo de hábeas corpus a civiles sometidos a la justicia militar cuya detención era ordenada por consejos de guerra (Fallos 250:585, “Dobarro”). Un caso olvidado de esas Cortes “republicanas” es el de Fallos 256:54 (“Spangenberg”), cuando ante el reclamo de los diputados electos por el cierre del Congreso dispuesto por decreto por Guido, luego de un triunfo electoral del peronismo y la caída de Frondizi, la Corte rechazó el recurso por un tema formal. Guido había cerrado el Congreso y la Corte miraba formalidades.

No es preciso recordar que la Corte nombrada en 1973 fue removida por decreto por Videla en 1976.

 

El juicio político fallido

En 2002 el Presidente interino Duhalde intentó hacerse cargo de la situación de la Corte que Menem había creado, y promovió la remoción de la “mayoría automática”. La acusación la lideró Sergio Acevedo en una comisión que incluyó radicales, socialistas y hasta a Elisa Carrió. No pudo conseguir los dos tercios en Diputados. En verdad, Duhalde se sintió sin fuerza política y dividió el bloque justicialista en la votación. En 2003 el Presidente Kirchner lo reimpulsó con el liderazgo en la comisión acusadora del recordado Ricardo Falú. Por renuncias o veredictos del Senado fue removida esa mayoría automática tan desprestigiada. Maqueda ya había sido designado por Duhalde. Kirchner completó las designaciones y se conformó una Corte en la que estaba aún Belluscio que, presidida en una primera etapa por Petracchi, dio buenos frutos a la República. Más allá de gustos, el tribunal cumplió su rol durante todo el gobierno de NK y los dos de CFK. (Un dato más entre peronismo y Corte: si hay que elegir al mejor juez —lato sensu— de la historia de la Corte, personalmente miro a Petracchi, nombrado por Alfonsín).

Otro lugar común es atacar la reforma de 1949, escrita en gran parte por Sampay, un gran jurist que estableció la jurisdicción del Estado Nacional sobre los hidrocarburos, idea que se atribuye a Yrigoyen y que dio causa al golpe de 1930 alentado por las multinacionales del petróleo. (Esa decisión fue abandonada en la reforma de 1994 con la sanción del artículo 124, hoy lamentablemente vigente).

 

 

 

 

¿Cuál fue la queja? Una discusión técnica (o leguleya) en la interpretación del artículo que regula la declaración de necesidad de la reforma en el punto que establece la mayoría necesaria: si los dos tercios requeridos se cuentan sobre miembros presentes o totales. Debate que Sampay denominó «la beatería de la Constitución». Las posteriores elecciones de constituyentes fueron ganadas por el Justicialismo y la UCR opositora se retiró de la Convención con el argumento de los dos tercios de los presentes y totales. La reforma en 1949 incorporó derechos sociales, la nacionalización de las fuentes de energía y la reelección presidencial.

¿Qué hizo el golpe de Estado? Anuló la reforma con un bando militar con formas de decreto titulado “Proclama del 27 de Abril de 1956” (sic) firmada por Aramburu, Rojas, Alsogaray y otros republicanos que integraban el gabinete de facto. El argumento fue insólito. Sostuvieron que el gobierno de Perón se había caracterizado por la presión y que solo de ese modo pudo arribarse a la reforma que, dicen, no fue producto de la libre discusión y por ello fruto de la autodeterminación. Parece que era más respetuoso de la autodeterminación del pueblo una proclama militar que la decisión de las dos cámaras con el voto de dos tercios de presentes, la expresión del cuerpo electoral y luego de la convención constituyente.

Finalizo con dos hechos políticos del último peronismo en el gobierno: la ley de medios y la expropiación del paquete accionario de control de YPF S.A. Ambos criticados desde el republicanismo.

La privatización de YPF fue, a mi modo de ver, una de las peores medidas que tomó un gobierno democrático. La recuperación mediante la expropiación del paquete accionario de control fue una medida adecuada. Los “republicanos”, por ignorancia o venalidad, usaban la palabra “confiscación” en lugar de “expropiación”. La primera es una suerte de medida penal infamante, autoritaria, propia de un estado de guerra o de venganza, prohibida por la Constitución, que consiste en apropiarse de la propiedad privada sin pago. La segunda, la expropiación, es —para simplificar— una venta forzada a precio real, con posibilidad de discusión judicial del valor, de un bien cuya necesidad pública es declarada por ley. Los “republicanos” defensores de Repsol decían que era una confiscación porque el Estado había tomado posesión de la cosa expropiada antes de pagar la indemnización o precio. Como si ese acto fuera propio de un gobierno leninista. Sin embargo, el Código Civil del gran Vélez Sarsfield, entonces vigente, en su artículo 2512 iba más allá y prescribía: “Cuando la urgencia de la expropiación tenga un carácter de necesidad, de tal manera imperiosa que sea imposible ninguna forma de procedimiento, la autoridad pública puede disponer inmediatamente de la propiedad privada, bajo su responsabilidad”. Vélez cita a Demolombe. Ambos, previos a Lenín, y con prestigio como juristas.

La ley de servicios de comunicación audiovisual (LSCA) fue presentada como un ataque a la propiedad privada y a la libertad de expresión. En esencia, no fue más que un conjunto de reglas antimonopólicas para un sector específico: los medios de comunicación audiovisuales. El proyecto fue sometido a asambleas y críticas de los sectores que quisieron expresarse. El debate en la sociedad y el Congreso fue amplio. La sanción de la ley fue indiscutible. Las críticas al procedimiento parlamentario fueron insólitas, pero llevadas a juicio admitidas cautelarmente por los tribunales federales de Mendoza. Tuvo que intervenir la Corte para revocarlas en Fallos 333:1023 (“Thomas”). Luego se cuestionó el contenido de la ley. La Corte en Fallos 336:1774 (“Grupo Clarín S.A.”), luego de largos años de pleito con suspensión cautelar de la ley, reconoció la obvia facultad del Congreso de fijar reglas antimonopólicas para un sector específico. Luego de tanto debate pre-legislativo, en el Congreso y luego en la academia y tribunales, los “republicanos” derogaron el fruto de ese debate con la sola firma de Macri y sus ministros en el decreto 267/2015 de diciembre de ese año: era obvio que no había urgencia, salvo para algún privado.

Hecho el relevamiento, queda claro quién respetó la esencia de la República, y quien hace gárgaras con sus principios. Los inversores que escuchan tanto a los analistas “republicanos” deberían tomar nota, y estudiar un poco más la historia argentina antes de asustarse con fantasmas anticapitalistas. Cuando realicen ese estudio, también verán quiénes son los que tomaron deuda, y quiénes los que la pagaron.

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 250/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

5 Comentarios
  1. Luis Juan dice

    Estimado Enrique:
    Está demasiado claro para algunos el accionar de los republicanos, que siempre se confunden (por formar parte) con el poder dominante (genocida y saqueador), que siempre hizo honor a su genética desde los tiempos revolucionarios de esta patria inconclusa, tal como lo describió Jorge Abelardo Ramos en su libro “Las Masas y las Lanzas”.
    Si los republicanos reconocieran a la democracia como el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, un accionar idéntico pero en el sentido inverso, a través de todas las garantías constitucionales y el debido proceso hubiese hecho tronar el escarmiento, a través de la destitución de los traidores, mucho antes que genocidios y latrocinios se produjesen.
    Claro está que aún, con la ausencia de tal reconocimiento por parte de los republicanos, hubiese sido suficiente con un Poder Judicial -especialmente su Corte Suprema- apegado a la constitucionalidad, la defensa del ciudadano en el más amplio sentido y la soberanía del país. Pero nunca fue ese el objetivo… por cierto en ningún país del mundo. Representan la garantía final del statu quo.
    Los multimedios monopólicos u oligopólicos ocupándose de informar sólo la verdad y únicamente la verdad, apegados a una ética periodística desaparecida o, temerosos de resultar condenados a perder credibilidad y cuantiosas multas por recurrir al engaño; bajo el juzgamiento de prestigiosos organismos nacionales e internacionales que, aferrados al reconocimiento de la verdad objetiva como patrimonio de la humanidad velaran por ello; también hubiesen impedido las destrucciones genocidas de un país para beneficio de unos pocos o de intereses internacionales. Un contrafáctico jamás tan evidenciado.
    Un ejército y las fuerzas de seguridad todas sólo ocupándose dentro de la más absoluta legalidad a cumplir el rol para el que fueron creadas. Defender a la Patria, la vida de sus ciudadanos y los bienes públicos y privados de la nación, combatiendo con todos los medios a su alcance al crimen organizado y al delito en sus distintas formas, especialmente el de guantes blancos, a través de unidades de investigación especiales. La isla de la fantasía, por cierto.
    Los monopolios u oligopolios formadores de precios dando a conocer de forma transparente su estructura de costos, reuniéndose de manera corporativa a los solos efectos de acordar con sus pares y el gobierno de turno elegido por el pueblo: de que manera sus márgenes de ganancias se mantendrán en los niveles del primer mundo que añoran; de qué manera invertirán sus ganancias en la patria que se las posibilitó, dando trabajo y salarios dignos a sus empleados y/o incorporando cada vez más trabajadores a sus fábricas, industrias o tierras; comprometiéndose a que nunca más evadirán impuestos, lavarán dinero y lo fugarán al exterior; porque además, existirán tribunales y agencias internacionales, velando que ello no ocurra, porque el genocidio social que conllevan es algo que fue incorporado al derecho internacional como “delitos de lesa humanidad”. Perdón por el dislate.
    Ningún ciudadano que haya infringido cuanto menos uno solo de cualesquiera de los delitos que taxativamente contemple la nueva constitución y los códigos nacionales, que importaran perjuicio a las arcas públicas o lesionare derechos de privacidad e intimidad o al honor de sus ciudadanos, podrá acceder a ningún cargo en la función pública, de por vida. El país del nunca jamás.
    La tierra es redonda dijo el marinero. ¡No! dijo la Corte, más allá del horizonte están las fieras, las figuras ciclópeas.
    León Felipe seguramente observó estas cosas cuando escribió “Se todos los cuentos”, e Italo Calvino en su “Alegoría del hombre honesto” da una pista impecable para que el lector pueda continuarla y configurar casi de manera indiscutible la formalidad de los poderes fácticos desde su génesis.
    El mundo parece un partido de truco entre tahúres.
    G. Bevione escribió en 1911 sobre nosotros (respecto de lo que vio cuando nos visitó en 1910). Una de sus frases fue: “Un país donde el Poder Judicial no tiene independencia y el Poder Ejecutivo no tiene frenos”.
    Jacinto Benavente en 1922 nos dijo: “Armen la única palabra posible con las letras que componen la palabra argentino” y la única palabra que podemos construir es …Ignorante.
    Recordé que el cúmulo de conocimientos laboriosamente conseguidos por Descartes no fue para él, la sabiduría, sino justamente la plenitud de conciencia de su ignorancia. Me quedé más tranquilo.
    Como catarsis alguna vez escribí, el sueño: “…De pronto me encontré como descendiendo desde el espacio hacia mi país, La Argentina, cuando toqué tierra firme me di cuenta de que en derredor estaba todo desierto, nada quedaba de lo que conocía, es como si todo, absolutamente todo hubiera desaparecido. Todo era un erial.
    Muy a la distancia, casi al fin del horizonte, divisaba algo así como montañas. Me dije entonces, menos mal, debo estar en una región desconocida de mi querido país y allá se encuentra la civilización. Luego de caminar dos días, llegué. Para mi asombro, efectivamente eran montañas, pero como cuevas, grandes cavernas, cuyo interior me animé a transitar.
    Había inscripciones en las paredes: ¡Los argentinos somos derechos y humanos!; ¿quién nos desapareció y desapareció a nuestros hijos? ¡Juicio y Castigo a los genocidas!; ¡Con la democracia se come, se cura, se educa!; ¡Punto final, Obediencia Debida e Indulto!; un afiche pegado sobre la roca, con logo presidencial que rezaba: ¡No a los juicios sobre la verdad!; un grafiti con pintura luminosa decía: ¡Las Malvinas volvieron a nuestras manos, pero ya no importa!, otro más allá se preguntaba ¿quién mató a los muertos de la AMIA?, a la salida de la caverna, observé una leyenda que no había percibido antes: ¿quién fue el responsable del genocidio social?. A esta altura del recorrido estaba totalmente atormentado, no obstante, me impuse seguir y descubrir que estaba ocurriendo o había ocurrido.
    En otra caverna y tras recorrer varios grafitis, pintadas y afiches, entre ellos: ¡Revolución productiva y salariazo!, ¡qué estables son los cementerios!, ¡Alguien quiere seguir con esto!, ¡Ciencia y Teconología para qué!; me encuentro con un gran cristal empotrado en la roca, a un costado, un teclado digital enorme. Accioné power. Las imágenes que allí ví, me parecieron espantosas. Vi el rostro desgarrador del hambre, la miseria en su máxima expresión. Vi distintas provincias del país como nunca las había sabido apreciar antes. Pocos, muy pocos, viviendo como señores feudales y muchos, demasiados, en inmensas villas. El recorrido por cada provincia pretendía demostrar lo que el país en su conjunto era. Luego una leyenda ocupaba la pantalla: ¡Robo para la Corona!…”.
    Ciertamente no sé cual es la forma de salir de este laberinto circular, son demasiadas las cosas que hay que cambiar, comenzando por la propia constitución que no pudo impedir nada de lo ocurrido, determinando con meridiana precisión para no dejar intersticios luego de tanta experiencia: el rol del poder judicial y la selección de los jueces; la progresividad de los impuestos; la inviolabilidad de los derechos; los mecanismos de salvaguarda que tendrá el soberano cuando, a través de una petición firmada por un porcentaje de ciudadanos elevada a los legisladores y de trato preferencial e inmediato, pueda frenar cualquier intento de atropello contra los intereses del pueblo o en defensa de la patria o su soberanía, imponiendo el juicio político y la destitución a quien osare su intento. Ese artículo 29 debidamente redactado y explícito, expeditivo y categórico, para evitar interpretaciones eufemísticas o sofismas leguleyos.
    Séneca, le escribió a Lucilio: “…Persuádete que es tal como te lo estoy escribiendo: unas horas nos han sido tomadas, otras nos han sido robadas, otras nos han huido. Todas las cosas, Lucilio, en realidad nos son extrañas, sólo el tiempo es bien nuestro: la Naturaleza nos puso en posesión de esta única cosa, fugaz, resbaladiza, de la cual todo aquel que se lo propone puede desposeernos. Y es tanta la estulticia de los mortales, que todos nos creemos obligados al agradecimiento por aquellas cosas pequeñas y despreciables, de cuya pérdida nos podemos recuperar, pero no nos creemos en deuda por haber recibido el tiempo que es la única que, ni agradeciéndola, podríamos ganar de nuevo…”
    Mientras esperamos…el tiempo sigue su paso.

  2. Gabriel Martin dice

    Gracias Enrique..!! Soberbio compilado histórico..

  3. Manso dice

    Brillante

  4. gerardo senderowicz dice

    excelente recopilación histórica de hechos.

  5. Manso dice

    Brillante.
    Manso

Dejá tu comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada.