El plan pavada

 

Los anuncios realizados por el gobierno nacional en el marco del llamado Plan Alivio fueron desaprobados rápidamente por el mercado financiero. Primero, el Riesgo País de Argentina alcanzó los 825 puntos, minutos después de los anuncios. Luego, el día jueves tocó los 850 puntos, mientras los ADRs de las principales compañías argentinas registraban bruscas caídas de -7.57% en el caso de Banco Macro; Banco Frances de -7.30%, Banco Galicia del -8%. En la plaza local hubo feriado por Pascuas pero igualmente la preocupación se hizo sentir. En la serie histórica, la marcación de 850 puntos de riesgo, es la más elevada para todo el gobierno de Cambiemos.

La tasa que debería pagar hoy el país para tomar deuda en el mercado internacional, siempre y cuando estuviéramos frente a una hipótesis —poco probable— de mercados dispuestos a volcar financiamiento, ronda el 11.5% aproximadamente. La tasa interna de retorno de los bonos soberanos de Argentina a la fecha es de 15.4% para el AY24 (parte media de la curva) y de 10.1% en el tramo más largo (AC17). Esos precios evidencian que el dólar puede bajar 25, 50 centavos, 1 peso o más durante un día, pero el precio está desajustado; tarde o temprano la corrida cambiaria volverá a instalarse como el principal enemigo para los planes del gobierno. El vector de dolarización de carteras muestra un frente abierto en el que juegan los inversores y empresas de mayor peso dentro del mercado. Ese proceso no se detiene y suponiendo un incremento del riesgo país hacia los 1000 puntos básicos, veríamos escenarios de caída del precio de los bonos del orden del 60/70% aproximadamente. Esa magnitud de pérdida de valor no es desconocida por los operadores del mercado y tampoco por el gobierno, que —sin ningún cuidado— confesó que  los anuncios no son más que un pacto de caballeros, es decir que dependen de la buena voluntad y no de la autoridad regulatoria del Estado.

El gobierno cree que por disponer de un lote de 60 millones de dólares para subastar diariamente (hasta alcanzar el tope de los U$D 9.600 millones), es decir para llegar a  octubre y un pelín más —gracias al financiamiento de campaña que le brindó el FMI a espaldas del Congreso— más las ventas que el BCRA tiene permitido realizar si el tipo de cambio pasa el limite superior de la banda (U$D 150 millones diarios), no alcanza para frenar ninguna corrida, menos ahora que el techo de la zona de no intervención pronostica un límite superior fijo en 51.44 pesos. No hay tasa de política monetaria que —en este escenario— pueda cumplir algún efecto contenedor. Menos aún frente al dato de inflación de marzo, que arrojó un 4.7%, luego de seis meses del plan ultra contractivo con que se está manejando la política monetaria. El mercado sabe todo esto y además tiene en claro que la munición del Tesoro es relativa porque tiene una finalidad de financiamiento del gasto público, tal como marca la letra chica de los acuerdos con Lagarde (“The total amount of dollars sold by Treasury to the market to meet the peso obligación of the Government…).

El gobierno juega al como si hiciera algo para mitigar las urgencias sociales que provoca la crisis pero no puede ocultar que los anuncios no reflejan ninguna medida que pueda abrir un impasse para las familias argentinas que sufren el peso de la deuda privada, de la pérdida del poder adquisitivo del salario y del desempleo asociado a la recesión económica. Las medidas pensadas para contener precios de productos básicos son de alcance limitado ni bien se presta atención al radio de cobertura (2500 puntos de venta); además el gobierno carece de fuerza institucional para garantizar su efectiva vigencia, simplemente porque desmanteló las áreas de la Secretaría de Comercio que tenían por función la fiscalización sobre precios. El congelamiento de tarifas llega tarde porque las empresas ya adelantaron las subas y además, en el caso puntual del descuento del 22% para el gas, habrá que pagarlo en verano, así que el gobierno lo único que busca es generar la sensación de cierta comprensión del padecimiento social que generaron sus políticas. Por el lado de la reactivación, las medidas destinadas a aumentar el crédito ANSES (objetivo de colocación por 124 mil millones de pesos), van a provocar más endeudamiento en los jubilados, porque la tasa del 40% anual (16% más cara que el tramo de créditos ANSES que el gobierno lanzó para las elecciones de medio término), en el contexto actual también resulta impagable. Ninguna de esas medidas van a traer alivio a la población, son una burla construida sobre un diagnóstico que sigue equivocado, además de ser igual de optimista que la mirada que se tenía sobre el flujo de inversiones y el control de la inflación.

El problema estructural del país —subestimado por este gobierno, una y otra vez— sigue siendo la fuga de capitales y, al igual que en el pasado, la aplicación de políticas ortodoxas basadas en la idea del ajuste fiscal y la desregulación del mercado. Esa concepción nos está conduciendo al abismo por el camino de la pérdida de soberanía monetaria. En ese abismo muchos ganan con la volatilidad de precios que se genera en el contexto de la mayor aversión al riesgo, pero el país pierde por completo, al ver postergado una vez más el objetivo de desarrollo económico.

También en este escenario, en términos de oportunidad, ganan quienes hoy critican al gobierno por considerar que no hizo los ajustes de fondo que “la macro” requería. En ese grupo están los abanderados de la libertad económica más acérrima, que curiosamente no es compatible con la libertad política, que está en la base de las enseñanzas de los movimientos que llevaron adelante la pelea por democratizar el ejercicio del poder. Su principal punto de impugnación es la política entendida como vicio, discrecionalidad e ineficiencia frente a una idea naif en la que la iniciativa privada representa la maximización de la eficiencia y la capacidad de gestionar de la que debería aprender la administración pública. Los políticos versus los expertos. Bajo esta óptica, el riesgo mayor para nuestro país es que el desenlace de esta crisis nos conduzca hacia un tipo de respuesta política que ensamble nuevas expresiones del neoliberalismo (que aquí, en Argentina, está representado necesariamente por la oligarquía diversificada), junto a modelos de gobierno neoconservadores y autoritarios, basado en la despolitización y la censura de ideas alternativas.

De incardinarse una respuesta de ese estilo, la prepotencia del mercado financiero va a terminar fulminando definitivamente los resortes institucionales y el andamiaje normativo que el país aún retiene en términos de protección de derechos sociales y laborales. Por esa simple razón, en lo inmediato, es crucial pensar —especialmente como parte de un plan de de acción con miras a construir un camino alternativo a partir del 10 de diciembre próximo—, una respuesta distinta al problema económico financiero. Para ello se requiere de la confluencia activa del movimiento sindical, del movimiento de trabajadores y trabajadoras de la economía popular, del feminismo y del empresariado nacional, únicos actores que pueden sentar las bases para la discusión del desarrollo económico y el desendeudamiento del país. Los problemas económicos son problemas sociales, pero ante todo, de índole política. Ni la tecnocracia ni los organismos internacionales van a ayudarnos en el desafío de reconstruir las bases de la independencia nacional.

 

 

                       

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