El poder del ministro

Sin desafío al statu quo ni objetivos sociales colectivos

 

FueMacrI

La deuda con el FMI que solicitó Mauricio Macri no fue contraída mediante los recaudos legales que exige la legislación argentina. Obviaremos este punto, que da cuenta del elemento antidemocrático y antirrepublicano que late en el corazón cambiemita y que concierne a una lógica lesiva de la Constitución nacional, magna escritura que esa fuerza insiste en decir que es necesario “poner arriba de la mesa”, pero que persevera en ubicar abajo, para olvidarla o esconderla. Ninguna novedad: es un proceder de las fuerzas políticas antinacionales. Si se quiere saber en detalle qué normas nacionales violaron Macri, su entonces ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne y los presidentes del Banco Central, Federico Sturzenegger, Luis Caputo y Guido Sandleris, al suscribir el crédito, basta leer la investigación de la Oficina Anticorrupción de marzo de 2021. Correlativamente, el crédito fue contraído violando también los estatutos del FMI, que como toda organización compleja, cuenta con un Convenio Constitutivo de 1944, cuya última versión es de 2011 y puede consultarse aquí. En lo específico, fue transgredido el artículo VI del Convenio, “Transferencia de capital”. Ese artículo obliga al FMI a monitorear el destino de los fondos emprestados, cosa que nunca aconteció en el caso del préstamo solicitado por la Alianza Cambiemos. Además, el Fondo concedió el préstamo en plena corrida cambiaria, cuando el BCRA vendía sin límite las reservas internacionales. Ese hecho, in se, era indicativo de que la Argentina se endeudaba para posibilitar la fuga.

El inciso a) del artículo en cuestión recita: “Ningún país miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital, y el Fondo podrá pedir al país miembro que adopte medidas de control para evitar que los recursos generales del Fondo se destinen a tal fin. Si después de haber sido requerido a ese efecto, el país miembro no aplicara las medidas de control pertinentes, el Fondo podrá declararlo inhabilitado para utilizar los recursos generales del Fondo” (página 32).

 

 

La desviación

El FMI se desvió respecto de su propio Convenio Constitutivo: lesionó sus propias reglas. Este proceder tiene su lógica, que puede explicarse recurriendo a la teoría social o a la criminología crítica. Existen empresas u organizaciones complejas que, por ejemplo, declaran oficialmente creer en la libertad del mercado y por ende en la competencia, pero que en sus prácticas las niegan. En este sentido, es posible decir que toda organización responde simultáneamente a un orden normativo y a un orden fáctico. En definitiva, a un doble plexo reglamentario. El orden normativo responde a los propósitos de la organización tal como son declarados en los documentos oficiales. En cambio, el orden fáctico refiere a los objetivos que persiguen las organizaciones a través de las políticas que adoptan de hecho.

Las organizaciones, sobre todo cuando son complejas, no son estructuras estables ni fijas. Pueden modificarse, cambiar, evolucionar y, en momentos específicos, recurrir a fines y procedimientos probados extraoficialmente y que no se declararon oficialmente [1]. Las organizaciones que se desvían de las normas y de las filosofías que profesan cometen un crimen: “Su conducta refleja la tensión íntima entre sus mismos fines u objetivos, mientras que su desviación […] deja entrever canales de cambio cuando las normas oficiales de conducta se revelan insatisfactorias” [2]. Todo esto remite a ciertas manifestaciones de un poder que se autodesvía respecto de las reglas y normas que se auto otorgó: es el caso del FMI en su relación con el gobierno de la Alianza Cambiemos. Y, según Ruggiero, constituye una manifestación o conducta criminal de un crimen operativo de poder.

 

 

El poder

En el discurso de apertura de sesión plenaria de Eurolat, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió a las categorías del poder. Si obviamos las referencias concesivas al capitalismo, podemos recuperar sus pasajes más relevantes acerca del poder concentrado, económico y mediático: “Hablamos de poder cuando alguien toma, adopta una decisión y esa decisión se puede aplicar y es respetada por el conjunto de la sociedad: eso es el poder. Que te pongan una banda y te den el bastón, un poquito, es. Pero, créanme […] lo digo por experiencia”.

La Vicepresidenta volvió sobre el asunto en la ceremonia de entrega del doctorado honoris causa de la Universidad Nacional del Chaco Austral: “Hoy no hay ninguna parte del mundo que no esté definitivamente asociado a lo mediático para crear sentido común y hacerle creer a la gente cosas que no son. […] Lo vemos todos los días en todas partes. Desde las redes sociales, desde los grandes medios de comunicación. Hoy, cuando se habla de poder […] en la Argentina, en el mundo, se habla de un poder económico, mediático, concentrado. Pero, en la Argentina ese poder mediático está más concentrado que en ninguna otra parte”.

Apostilla: los medios masivos –que en la Argentina configuran una mediaticidad monopólica– constituyen un poder que crea subordinación porque operan sobre los pensamientos y los comportamientos de sujetxs involucradxs en sus interacciones ordinarias. Es necesario comprender la subordinación en su sentido material, como constitución de lxs sujetxs. Lo que crea subordinación –y por ende dominación– es el monopolio de la producción de “verdad”. La trifecta mediática (ahora ampliada) tiene poder de gobierno, puesto que logra delimitar nuestro campo de conocimiento, de conciencia y de acción. Todo lo que se hurta o se resiste a ese monopolio está luchando por un sentido comunicacional popular.

 

 

Guzmán

El poder se tensa entre varios sujetos. O más bien, circula entre sujetos. Así lo explicaron algunas de las grandes corrientes filosóficas del siglo XX. No se queda estacionado aquí o allí ni se concentra en las manos de alguien. El poder nunca es poseído como una mercadería o un bien. Si lo aceptamos como una relación social, podemos decir que las relaciones de poder comportan la habilidad de unxs de trazar límites a las acciones de otrxs.

Es lo que podría haber hecho el ministro de Economía, Martín Guzmán. No lo hizo, pues su pensamiento económico (¿heterodoxo moderado?) no parecería responder a una tradición de lucha popular y nacional. Habría podido pararse de manos, elaborar políticas para condicionar un poder criminal y la riqueza obscena y concentrada que a través de sus representantes políticos reclamó la presencia del organismo multilateral en la Argentina: Fue MacrI. Podría haberlo hecho también frente a los actores de poder económico concentrado nacional. Su habilidad, la del ministro, parecería proyectarse –en cambio– contra el campo popular y nacional.

Sectores sociales nacionales más o menos amplios carecen del derecho a nutrirse, del derecho a preservar su integridad física, del derecho a acceder a fuentes para una alimentación sana, del derecho a una habitación y a otros bienes materiales primarios. Esos sectores sociales no cuentan con un razonable reaseguro económico que exprese la idea de que la existencia popular tiene sentido. Los sectores sociales nacionales a los que me refiero son aquellos que recorren un arco lingüístico que va del “¿Tiene algo para dar?” al “¿Me da algo para comer?”. Es el arco que va de la sobra a la nada y la lengua es una manifestación de vida, que en este caso se especifica bajo la forma del dolor y la necesidad. Son navajazos que escuchamos a diario en las calles de los barrios, en las estaciones de trenes, desde el portero de nuestras casas y en las adyacencias de la Feria del Libro. La habilidad del ministro expresa una concepción de poder: sin desafío al statu quo, sin desafío a la distribución de la riqueza, sin objetivos sociales colectivos. ¿Es necesario decir que esa concepción del poder es particularmente cara a los poderosos y a aquellos que estos emplean para defender y promover su poder? [3].

Si el poder –en tanto proveedor de servicios– no genera beneficios para las grandes mayorías populares y nacionales, se vuelve moralmente apropiado y políticamente imperativo exigir a quien ha elaborado esas políticas que rinda cuentas. Y atribuirle la responsabilidad de las consecuencias producidas.

Guzmán, desde ya, es una metonimia.

 

 

 

[1] Parsons, Talcott, On institutions and social evolution, University of Chicago Press, Chicago, 1982.
[2] Ruggiero, Vincenzo, Perché i potenti delinquono, Feltrinelli, Milán, 2005, página 32.
[3] Lukes, Steven (ed.), Power, Basil Blackwell, Oxford, 1986.

 

 

 

 

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