EL PODER REAL EN SANTA FE

Anatomía del círculo de poder santafesino gobierne quien gobierne

 

 

“Santa Fe es una provincia donde existe un bloque de poder muy consolidado que no deja que nadie levante la cabeza. Ni bien aparece alguien que empieza a trabajar, a investigar, a seguir la pista del dinero y a encontrar el vínculo con el círculo rojo, llegan las represalias. A esa persona la van a perseguir y le van a caer con todas sus fuerzas”, explica Enrique Font, profesor de Criminología de la Universidad Nacional de Rosario. Font invita a repasar la historia reciente de la provincia con especial atención a los casos del fiscal federal Juan Murray, el defensor público Gabriel Ganón y el recientemente destituido director del Organismo de Investigaciones (OI) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Marcelo Saín.

“Ganón llegó a Santa Fe –recuerda Font– y empezó a trabajar muy fuerte con inspecciones en los lugares de detención, realizó informes sobre cárceles y comisarías y llevó casos de violencia institucional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Seis meses antes de terminar el mandato le iniciaron un juicio político. En la misma línea está el antecedente de Murray en una época donde la violencia letal se había desmadrado. Investigó causas que probaron los vínculos con los policías y el Poder Judicial, incluso llegó hasta (Hugo) Tognoli (ex jefe de Policía de Santa Fe). Entonces empezaron los cuestionamientos y lo sacaron”.

 

El lunes 6 de diciembre, en el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 de Rosario, 19 policías comenzaron a ser juzgados por las torturas, la desaparición forzada y la muerte de Franco Casco, ocurrida en octubre de 2014. Franco tenía 20 años, era de Florencio Varela y estaba en la ciudad visitando parientes. Antes de subirse al tren que lo devolvería a Buenos Aires, un grupo de policías lo detuvo y lo llevó a la comisaría 7ª. Recién se volvió a saber de él tres semanas más tarde, cuando el cuerpo apareció en el río Paraná. “Este es un caso que ha puesto en serio compromiso la responsabilidad internacional del Estado Argentino”, fue el resumen preciso de Salvador Vera, el abogado de la familia Casco. El entonces defensor provincial Gabriel Ganón fue quien presentó la solicitud formal ante la Oficina de Gestión Judicial pidiendo la mudanza de la causa a la justicia federal, atento a las deficiencias durante la investigación. Ganón terminaría suspendido luego de que la Legislatura santafesina lo denunciara por mal desempeño de sus funciones. Además le prohibió la entrada a cualquier ambiente físico del Servicio de Defensa Pública Penal de la provincia.

“La acusación que me hicieron –dice ahora Ganón– fue absolutamente ridícula. El senador Lisandro Enrico me denunció en varias oportunidades, pero ninguna prosperó hasta que la Legislatura se llenó de radicales y de sus aliados. Las pruebas que presentaron fueron capturas de pantallas y fotos mías durante una marcha por el 24 de marzo junto al Movimiento Evita. En realidad, lo que me estaban cobrando fue haber representado como querellante a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos, sobre todo en las seis causas de desapariciones forzadas que ocurrieron en Santa Fe y en donde estaban involucrados no sólo la policía, también el Ministerio Público de la Acusación (MPA) y el Poder Judicial”.

La causa por la desaparición forzada seguida de muerte del joven Casco evidenció vínculos entre la policía, el narcotráfico y funcionarios provinciales. El 4 de agosto de 2020, el todavía ministro de Seguridad, Marcelo Saín, denunció ante la Unidad de Delitos Complejos del MPA que durante la gestión de su antecesor, Maximiliano Pullaro, la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe (hoy Agencia de Control Policial) pagó con fondos reservados los honorarios de los abogados que defendieron a cinco de los efectivos imputados. También precisó que los defensores José Manuel Alcacer y Lucas Peirone fueron funcionarios de la Secretaría de Control del Ministerio de Seguridad, tanto en la gestión de Raúl Lamberto como en la del mencionado Pullaro, por lo que tuvieron “acceso privilegiado” a información sensible mientras ejercían en el caso de Casco y en otros procesos judiciales que involucraban a bandas criminales de Rosario y alrededores. Alcacer, por dar solo un ejemplo flagrante, fue abogado de Luis Paz, padre del narco “Fantasma” y condenado como “organizador de tráfico de estupefacientes en las modalidades de comercio, tenencia con fines de comercialización y transporte, agravado por la intervención de tres o más personas en forma organizada para cometerlos –en concurso real– con el de lavado de activos”.

 

Maximiliano Pullaro se define como radical, aunque haya sido ministro de un gobierno socialista y milite en las filas de Cambiemos. Esa versatilidad lo vuelve un candidato prometedor, capaz de arrebatarle al peronismo la gobernación de Santa Fe. Si los resultados de su gestión están a la vista, también algunos de sus actos privados quedaron a consideración del público.

Una investigación por irregularidades en el manejo de las horas extras dentro de la Policía de Santa Fe desnudó, una vez más, la relación promiscua entre la política, la justicia y las fuerzas de seguridad. En una serie de escuchas ordenadas por el fiscal Roberto Apullán, el entonces ministro de Seguridad le aseguró al comisario Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad Regional V de Castellanos, que su ascenso estaba asegurado, aun cuando sus calificaciones eran insuficientes. Pullaro no pudo cumplir aquella promesa porque Rodríguez fue detenido al confirmarse las irregularidades con las horas extras. Esa circunstancia generó otra grabación escandalosa entre el propio Pullaro y el fiscal general Jorge Baclini, donde el ministro exigió explicaciones y hasta confesó que conocía la responsabilidad del jefe policial: “Me dijo (en referencia al fiscal regional Carlos Arietti) que tenía, pero que lo iban a detener después de las elecciones, a todos. No sé por qué han apurado”.

Pese a la gravedad de los hechos –la injerencia del poder ejecutivo sobre la justicia y el “arreglo” de exámenes dentro de la fuerza provincial–, el MPA desestimó la denuncia del fiscal Apullán, quien fue apartado de la causa a horas de realizar la audiencia de imputación contra Rodríguez por orden de su superior Arietti, el mismo que le había adelantado al ministro la detención de su comisario amigo.

La sociedad entre Pullaro y Baclini suele salirse con la suya. El 23 de marzo de este año, diputados y diputadas provinciales, entre los que destacaba Pullaro, le solicitaron al fiscal general Baclini que no le permita a Saín volver a su cargo al frente del Organismo de Investigaciones del MPA. En paralelo, el presidente del interbloque del Frente Progresista, Pablo Farías, presentó una denuncia contra el ex ministro ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), acusándolo de realizar “múltiples manifestaciones […] agraviando constantemente a ciudadanos, instituciones y a la comunidad santafesina en general”, a partir de la viralización de un audio, en el que se explayaba. El 29 de marzo, es decir en la misma semana, el fiscal Arietti lo denunció por presuntas faltas graves a la Auditoría General de Gestión del MPA y solicitó su suspensión preventiva. El 10 de agosto, el senador Enrico –el mismo que había pedido la cabeza de Ganón– presentó una denuncia contra Saín en la Comisión Bicameral de Acuerdos por presunta actividad proselitista y partidaria en sus redes sociales.

El 26 de noviembre se produjero los allanamientos a las oficinas  del Ministerio de Seguridad en Rosario y Santa Fe, en una investigación por presuntas maniobras ilegales en la recopilación de información estatal y que continuó el 3 de diciembre con la imputación a nueve ex funcionarios por asociación ilícita con malversación dolosa, abuso de autoridad y violación a la ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Casi en simultáneo al operativo, el multimedio de la provincia informaba sobre el secuestro de “carpetas” –algunos portales hablaron de miles– con información de políticos, empresarios y periodistas. “Yo me fui hace ocho meses del Ministerio. Si yo hubiera hecho algo así y formado una gran estructura de inteligencia, ¿hubiera dejado una oficina que está a 20 metros del ministro y el ministro convivido con todo eso durante ocho meses? Es una locura”, fue el descargo de Saín durante una entrevista con Radio 10. También se quejó del secuestro de teléfonos y dispositivos a varios miembros de su equipo y de la cobertura mediática que, junto a las declaraciones posteriores del fiscal Ezequiel Hernández –el mismo que cerró la causa de las escuchas que comprometían a Pullaro y Baclini– instalaron la idea del espionaje ilegal. Su abogado Hernán Martínez agregó que los investigadores “van de pesca” y que el operativo es “un vuelto” de la investigación del crimen del financista Hugo Oldani que destapó un circuito de “cuevas” VIP; del caso de Leonardo Peiti, el rey del juego clandestino que reveló una red de sobornos, y de la causa por Franco Casco.

“Es un lawfare a la santafesina –define Font–, que es mucho más duro que el de Comodoro Py o el que vimos en Brasil. Acá no tenés al típico modelo de un partido político que gana y sale a matar al otro; ni siquiera es un partido que quiere llegar al gobierno y se vale de todo para derrotar al oficialismo. En Santa Fe tenemos un espacio de poder muy sólido, con fuertes vínculos con los medios de comunicación, un armado que incluye a peronistas históricos, socialistas, radicales socios o no socios del PRO, que no maneja jueces, sino instituciones enteras como el Ministerio Público de la Acusación y la Legislatura. Está tan enraizado institucionalmente que este círculo de poder va a seguir estando durante muchos años más, sin importar el partido que gobierne”.

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