El político y las decisiones

 

Luego del remezón del domingo 29, Alberto Fernández retomó la línea de la política de Estado evitando las confrontaciones. Que esa política de Estado sea compartida por todos aquellos con responsabilidad de gestión es un dato auspicioso. Gobernadores e intendentes de ambas alianzas electorales suscriben el trazo grueso de la decisión del aislamiento con asistencia social.

La presencia de Fernández con los médicos y científicos del Malbrán y luego, en Lanús, con el intendente Grindetti, expresan esa línea de acción.

La intención presidencial de evitar confrontaciones se advierte en la paciencia ante los actos de, entre otras provincias, Tierra del Fuego y Catamarca, que interrumpen la circulación de personas y bienes en contra de las decisiones del Gobierno federal y las disposiciones de la Constitución Nacional  (artículos 9, 10, 11, 14, 75 inciso 13, 126 y 128). La actuación de las fuerzas federales o aún una demanda de la Nación contra esas provincias ante la Corte Suprema procederían indiscutiblemente. Pero la razonable apuesta parece ser a que esos conflictos se vayan resolviendo por la persuasión.

Fuera de ese universo, queda un sector de la oposición liderado públicamente por Patricia Bullrich que, sin muchos pruritos, pretende representar al sector minoritario que jamás aprobaría nada de un gobierno peronista, aunque descubriera la vacuna contra el coronavirus. Si Macri alienta ese sector, hoy marginal, no es una certeza. Sí lo es que el protagonismo de Horacio Rodríguez Larreta lo lleva a la irrelevancia. Dicho en otras palabras, si a Larreta le va bien, muy probablemente Macri fue.

Ese consenso social y político le permite al Gobierno sobrellevar tropiezos de gestión, evitables, que revelan la situación de un Estado que década tras década pierde calidad en su burocracia técnica. Y, a la par, pone de manifiesto la necesidad de repensar los sistemas y las normas que reglan el modo en que el Estado se vincula con el sector privado, no solo para adquirir bienes y servicios, sino también como regulador de servicios públicos, tanto los así declarados y reconocidos (agua, energía, transporte, etc.) como los que deberían serlo (servicios financieros). Ese estado de cosas que los funcionarios políticos deben conocer exige un celo mayor en cada acto.

 

 

El rol del político

El político no es el que domina todos los saberes vinculados al Estado, sino el que los entrelaza con un fin social y ético. El talento del gobernante está en conformar ese tejido, dice Platón en El Político.

Fernández debe tomar las decisiones, entrelazando los consejos y conclusiones de sanitaristas, economistas —productivistas y fiscalistas—, los intereses y presiones de empresarios y sindicalistas y las necesidades de los trabajadores formales, informales y desocupados. Casi nada.

Además debe preparar y educar en pocas semanas a una sociedad que deberá convivir con el virus. Con situaciones que pueden producir restricciones de derechos que, hasta ahora, ni imaginábamos.

Un ejemplo, que no por desagradable deja de ser un llamado de atención. Las muertes no son sólo un dato estadístico para medir el avance de la pandemia, y el éxito o fracaso de medidas gubernamentales. Si, lamentablemente, llegara a producirse un pico de fallecimientos, no sería improbable que las autoridades (en principio, la nacional, pero según el caso pueden ser las locales) deban adoptar medidas que restrinjan el derecho de las personas o sus parientes a disponer el modo de realizar la inhumación que hoy reconoce el Código Civil y Comercial (artículo 61). Entiendo que el modo de realizar las exequias ya fue afectado. Las recomendaciones de los sanitaristas pueden colisionar con prácticas, derechos y aun convicciones religiosas, y se debe estar preparado para afrontarlo. Ojalá sea un conflicto abstracto y el éxito social haga que jamás se concretice. Muchas sociedades ya lo sufren. Por ahora, la urgencia en la Argentina se vincula a ciertos dilemas en la asistencia social, la economía y el manejo monetario.

 

 

Economía y aislamiento

No es novedad que el éxito del programa de aislamiento en la contención de la pandemia se contrapone con efectos nocivos sobre los ingresos de las empresas, los trabajadores y el fisco nacional, provincial y municipal.

Mientras vivamos en un sistema capitalista, la unidad de producción son las empresas que organizan el trabajo y el capital con un fin productivo. En todos los países del mundo donde eso funciona razonablemente bien, lo hacen en base a programas de desarrollo previstos y pensados desde o con el Estado, a largo, mediano y corto plazo.

El modo en que deben ser protegidas esas unidades de producción en esta emergencia genera tensiones evidentes. Se expresan en las opiniones y en los intereses involucrados en derredor de dos grandes puntos.

Uno es en la continuidad del aislamiento o su relajación para permitir una mayor actividad económica, con el riesgo de que repercuta en la transmisión del virus. Cuál es el grado de disciplina social para cumplir las reglas sanitarias y cuál la infraestructura existente para que esas reglas puedan ser cumplidas son las incógnitas que el gobierno y la comunidad deben develar.

El segundo punto es cómo se afrontan en los días, semanas y meses de aislamiento los costos de las empresas por la prohibición de producir y comerciar. Vista desde la situación patrimonial de cada empresario frente al Estado es, obviamente, una discusión por dinero. Desde el punto de vista del gobernante, debe serlo sobre la subsistencia del aparato productivo y de cada trabajador que espera el cobro de su salario. Impedir el corte de la cadena de pagos es esencial.

El gobierno, de a poco, va abriendo el grifo para dar liquidez. Los decretos de necesidad y urgencia que dispusieron subsidios para el pago de salarios, que garantizaron a los bancos el recupero de los créditos que otorguen al 24 % a las pymes son pasos evidentes en esa dirección. No tengo conocimientos para afirmar si son o no suficientes. Es obvio que además de la corrección teórica de las medidas, es dirimente el modo de implementación. Militar la medida, y que el sector privado involucrado, en el caso los bancos, cumplan su función.

La conducta de los bancos obrando como si fueran los dueños del dinero es contraria a la lógica política y jurídica. El Presidente, en el reportaje publicado el domingo pasado por HV en este Cohete, expresó su disconformidad con la conducta de los bancos. Tiene toda la razón.

También manifestó un punto de vista respecto del Banco Central que puede merecer debate, en la post pandemia. El Banco Central no solo es parte del Estado, sino que también lo es del gobierno y del mismo Poder Ejecutivo. El concepto de la independencia en el cumplimiento de sus funciones no lo transforma en una institución ajena al gobierno. Otro ejemplo: expresó allí su deseo de que el ahorro público financie la obra pública, ¿no tiene el Banco Central instrumentos para dirigir el crédito hacia allí si esa es la decisión política? En definitiva, no deja de ser un crédito contra el Tesoro, al que el sistema financiero le compra títulos pues no solo toma letras del Banco Central. En este caso serían, obviamente, a plazo más largo.

Hay actitudes de los bancos que asombran y que muestran cierto grado de desconexión con la realidad por el modo en que administran el ahorro público. Uno de los principales bancos privados esta semana tomaba el dinero a plazo fijo al 20 % pero lo ofrecía al mismo cliente al 62 % (TNA). Más del triple. Habiendo tenido resultados excepcionales en los últimos años, en una situación dramática como la pandemia, promociona una donación para combatirla de $ 60 millones. Menos de un millón de dólares. El fundador de Twitter también promocionó una donación, pero de mil millones de dólares.

 

 

Liquidez y cadena de pagos

Sobre el modo de dar liquidez casi todos los economistas, aun algunos ortodoxos, afirman que debe ser provista por el Banco Central, con emisión.

Entre ellos, Carlos Leyba, que integró el equipo económico en la gestión de Gelbard en 1973 y 1974. También propone un modo de absorción posterior de esa liquidez. Mientras tanto, sugiere desarrollar un programa de control de precios, intentando lograrlo por consenso: un pacto.

Dice que “la liquidez del sistema debe ser garantizada por el Estado. Si es garantizada fluidamente existe la posibilidad de recuperar la actividad. Las nóminas salariales, los descubiertos ampliados, deben ser monetizados por redescuentos del BCRA. Y ser el BCRA el acreedor —intermediado administrativamente por el sistema financiero– de esos redescuentos que podrán ser restituidos por un mecanismo que no ahogue la recuperación. Necesitamos proteger la cuarentena sanitaria sin alarmarnos por la posible debacle de la economía que no ocurrirá si (se aporta) la liquidez necesaria para mantener vivas las empresas y remunerados los trabajadores. Los modos de posterior absorción y devolución tienen muchas alternativas. En el entretanto la custodia de la nominalidad del sistema de precios, en esta economía de guerra, solo puede administrarse con una economía de control de todos los precios y salarios, tarifas, tributos, etc.”

Advierte que “la liquidez provista de esta manera es difícil de administrar y al mismo tiempo es imprescindible. No hay discriminaciones posibles. Todas las cuentas se deben hacer a posteriori”.

Afirma que “lo que no se puede aceptar es no hacer todo lo posible para evitar que se corte la cadena de pagos, que los trabajadores no reciban sus remuneraciones y que el capital productivo precario del que disponemos en la economía nacional no se desorganice”.

Reconoce que “es difícil expresar que estos redescuentos, no basados en la capacidad de crédito de los bancos, no deban tener la contrapartida de una deuda privada formalizada. Pero no se ha generado valor: esa es la cuestión. Al igual que en el sector público no esencial. Los recursos financieros aludidos son un mecanismo de seguro público para impedir el colapso económico y la crisis social. La primera condición es que esos redescuentos se administren de modo que tengan un efecto monetario neutral, es decir, que no sumen una demanda adicional a la que generaría el pago de los salarios con la caja de las empresas. No se trata de 'agregar' liquidez sino de evitar la 'iliquidez' que luego derrumbaría al sector de los esenciales y además generaría un conflicto social inmanejable”.

Como modo de absorción posterior a la crisis propone “una congelación de la distribución de dividendos y un impuesto extraordinario, tan extraordinario como se crea necesario, a las ganancias de las empresas una vez ajustado por inflación el cálculo de las utilidades. En esas condiciones los fondos aportados por el redescuento habrían contribuido de alguna manera a generar la recuperación tributaria que los impuestos vinculados al nivel de actividad no han generado. Eso podría ser en un período suficientemente prolongado como para que las 'ganancias' de las empresas de bienes y servicios no esenciales, se hagan cargo de neutralizar la masa monetaria agregada para que la economía no desorganice el capital y no sea abolido el salario y sumemos un nuevo ejército de pagos de transferencia”. (Leyba, Carlos, 06.04.2020 “Evitar el contagio… económico”).

 

 

 

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