A Manuel Jorge Molina, por mantener viva la llama de la memoria.
La señora habla de igual a igual con generales y almirantes. Desde las bombas en Plaza de Mayo y el derrocamiento de Perón, su diario es vocero de golpistas y antiperonistas. Suele visitar a altos mandos en Puerto Belgrano y el Cuerpo V de Ejército, donde amanecen con La Nueva Provincia, pero ese viernes de junio de 1976 le ordena a su chofer dirigirse al barrio Palihue, calle Las Huertas 85, donde tiene su residencia el jefe del comando.
Pasaron tres meses desde el golpe de Estado, el “exterminio de la subversión” avanza, pero un problema que obsesiona a su núcleo íntimo la llevó a pedir una entrevista con el general que digita vidas y muertes en el pago chico. Del cónclave participa el segundo comandante, pionero del terrorismo de Estado en Tucumán. Su superior le pidió que estuviera presente y ambos se disponen a escuchar.
La señora se explaya sobre subversivos en su empresa. Habla de soviets, de marxistas infiltrados, de obreros que tuvieron el descaro de enfrentarla. Admite que los conflictos terminaron hace rato, no niega el placer del 24 de marzo, cuando paseó con sus hijos por el taller con la bandera argentina y desafió a los gráficos a parar, pero no logra que renuncien, le resulta inconcebible tener que indemnizarlos y está ahí para reclamar una solución de fondo.
—El problema no es de incumbencia militar, ni tiene relación con la lucha contra la subversión —dice el segundo comandante, que se reivindica peronista.
Su jefe, que antes le pidió opinión, lo invita a retirarse. Mientras camina hacia la puerta, alcanza a escuchar el pedido de la señora, que no tiene grado militar pero habla en primera persona del plural:
—Osvaldo, no vamos a tener otro remedio que chuparlos por izquierda.
Diez años después, en el verano de 1987, tras las condenas a Videla, Massera & Cía. y mientras el gobierno de Raúl Alfonsín hace malabares para frenar un proceso de justicia que amenaza con desestabilizarlo, Adel Vilas recuerda las palabras con las que Diana Julio de Massot, directora de La Nueva Provincia, se dirigió al general Osvaldo Azpitarte, comandante del Cuerpo V.
La Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó la prisión preventiva de Vilas, que cumple en la casa de huéspedes del comando. A las nueve de la mañana, vestido de civil, concurre día tras día a la asesoría jurídica y cuenta historias. Mauricio Gutiérrez es el más joven de los abogados presentes. Sus jefes se cansaron de escuchar al general, pero él no tiene más remedio: Vilas se sienta junto a su mesa y no para de hablar.
27 años después, en 2014, mientras defiende a sus pares acusados por delitos de lesa humanidad, Gutiérrez descubre que una ex compañera de trabajo es hermana de uno de los obreros gráficos que la señora encomendó chupar por izquierda, se replantea su silencio ante la impunidad de la familia más poderosa de Bahía Blanca y reproduce el relato de Vilas ante el fiscal general Miguel Palazzani.
El desafío de la organización gremial
La Nueva Provincia es a principios de los ‘70 la nave insignia de un monopolio de medios que incluye la radio LU2 y el Canal 9. Tiene más de 200 empleados, incluidos casi 50 gráficos. La niña que se sentaba en las rodillas de los linotipistas y comía con los obreros en el diario del abuelo es desde 1959 su directora. La señora, como la llaman con reverencia, impone un vínculo paternalista, ve con espanto a peronistas y sindicalistas, que concibe como sinónimos, e impide con éxito los intentos de organización gremial.
En ese contexto, con Perón en el exilio, un grupo de jóvenes del taller se aboca a afiliar a sus compañeros al Sindicato de Artes Gráficas (SAG). Los de La Nueva Provincia fueron expulsados en 1966 por no acatar huelgas e ir a las asambleas a defender los intereses de la empresa. Logran que los reincorporen y organizan la elección de Comisión Interna. Corre 1971 y gobierna de facto el general Lanusse cuando asumen como delegados Enrique Heinrich, maquinista de 26 años, y Miguel Ángel Loyola, estereotipista de 23. Ambos peronistas. Junto con el armador Manuel Molina, entre otros, encabezan reclamos por recategorizaciones e incumplimientos del convenio colectivo.
1973 marca un quiebre en el país y en el diario. En los primeros meses, el coronel Juan Jaime Cesio se entera de que el Ejército destina una docena de hombres para custodiar el multimedio. Con el visto bueno del general Jorge Carcagno, comandante del Cuerpo V, ordena que abandonen ese servicio a privados. La señora se lo reprochará.
Ante el retorno del peronismo, el diario se lamenta por “la cruda realidad electoral” (18.3.73) que erigió a Héctor Cámpora como presidente, e interpela a las fuerzas armadas: “¿Qué esperan nuestros hombres de armas para reconocer que la Argentina vive un clima de guerra interna y proceder en consecuencia sin contemplaciones ni concesiones?” (2.5.73).
El 25 de mayo el pueblo peronista celebra el fin de 18 años de proscripción. En Bahía Blanca, un obrero de la rotativa, tío de Heinrich, participa de los festejos frente al diario, donde cantan la marcha peronista. La señora lo cita a su despacho y le comunica que está despedido. A un redactor que debe entrevistar a Jorge Paladino, ex delegado de Perón, le ordena “apriételo, que diga si el peronismo es o no marxista”. Al informativo de LU2 baja la orden de no nombrar “teniente general” a Perón cuando le restituyen el grado militar. “La libertad de expresión es para mí, no para ustedes”, le explica al redactor que osó invocarla.
La mano derecha de Diana Julio es su hijo mayor, Federico Massot, un señorito que sigue de cerca a los delegados y que a cada planteo responde “voy a consultar a mamá”. El segundo, Vicente Massot, vive en Buenos Aires, estudia en la Universidad del Salvador, es un activo militante del nacionalismo católico y con plata de la madre acaba de sacar el primer número de la revista Cabildo, desde donde expresa su admiración por el fascismo y trabaja para desgastar al gobierno democrático.
En diciembre de 1973 la familia sella un acuerdo político con José López Rega, ministro de Bienestar Social, que hará público años después un director de la agencia Télam. El oscuro personaje que pasará a la historia como fundador de la Alianza Anticomunista Argentina se compromete a incluir al diario en la pauta de publicidad oficial, a cambio de que se elogie el carácter “nacionalista” de su gestión.
Los gráficos cobran por entonces uno de los salarios más bajos del país. Los de La Nueva Provincia reclaman un aumento desde hace ocho meses. La Federación Argentina de Trabajadores de Imprenta (FATI) resuelve iniciar un plan de lucha.
—Hay que sacar al gremio del pozo —explica Heinrich.
La asamblea decide iniciar quites de colaboración, que retrasan la impresión. La empresa intenta reemplazar a los gráficos con personal externo o con jerárquicos de otras secciones, que aceptan oficiar de carneros pero no conocen el oficio. En enero de 1974 el diario sale con menos páginas, mal diagramado y con manchas de tinta. La señora necesita la mano de obra especializada de los gráficos, pero no cede al reclamo.
La patronal más antiperonista del país invoca el Pacto Social del peronismo, por el que se congelaron precios y salarios. “Sería negarse a apuntalar la política de Reconstrucción Nacional”, ironiza el contador Mario Marra. Los delegados le recuerdan que el reclamo es anterior al Pacto y que ningún diario de provincia paga sueldos tan bajos.
La conciliación fracasa y vuelven a parar. El Ministerio intima a la FATI a levantar las medidas, pero el paro sigue hasta el 28 de enero de 1974, cuando reciben la notificación formal. El mismo día, La Nueva Provincia despide a 41 obreros gráficos, incluidos los delegados. La Federación intercede y consigue reincorporarlos, pero la vendetta contra los rebeldes se pone en marcha.
Pedir sangre
“Si los periodistas hubieran acompañado a los gráficos, otro hubiera sido el cantar (…) Ni la regional de la CGT ni el Sindicato de Prensa les ofreció la más mínima ayuda”, informa la revista Militancia, que, sin abandonar su identidad peronista, pero desde una perspectiva clasista y antiburocrática, enfrenta a los sectores de derecha que rodean a Perón.
“Ésta toda la vida se la pasó putiando (sic) a Perón y ahora que gobierna el peronismo está más agarrada que nunca”, cita a un obrero, que habla de Diana Julio y su uso del acuerdo entre el gobierno, la CGT y la Confederación General Económica (CGE). “Pero no importa, aprendimos muchas cosas. Aprendimos que si no nos organizamos y apechugamos nosotros, desde abajo y peleando como sea, no te salva ni Dios”.
El artículo se titula “La Nueva Provincia. A veces comediante, pero nunca mártir”. Repasa su furioso gorilismo aunque advierte un cambio tras los 49 días de Cámpora y su reemplazo por el yerno de López Rega. La empresa se convirtió entonces en “férrea defensora de Perón contra los ‘infiltrados’ y el ‘extremismo’”, por considerar que “las autoridades han comprendido que el mayor enemigo del país se encuentra representado por el activismo marxista” (11.10.73).
La ideología con la que el diario “infecta las casas bahienses” no es “decididamente liberal” ni “resueltamente fascista”, explica Militancia. “El nacionalismo ultrafascistoide le brotó a La Nueva Provincia cuando uno de sus nenes (el que está con el fino humor de Cabildo) comenzó a incursionar en el periodismo”, apunta sobre Vicente Massot.
Su línea editorial es “descaradamente reaccionaria”, siente “asco ante todo lo que tenga sabor a pueblo”. “Culturalmente es vocero de la tilinguería pseudoculta que se arrodilla ante lo extranjero, cómicamente arrogante y despreciativa por el arte y la cultura del pueblo”. “Políticamente representa sin ocultarlo a la más rancia oligarquía”, es “amante de la más sanguínea represión” y “no repara en pedir sangre a las autoridades”.
La dirección de Militancia, que encuadra la relación entre Diana Julio & Hijos y el peronismo en el “merengue de romances insólitos y reconciliaciones sorprendentes” de esa etapa, está a cargo de Rodolfo Ortega Peña y Eduardo Luis Duhalde. El artículo se publica el 7 de marzo de 1974. En abril el gobierno clausura la revista. Tres meses después, la Triple A asesina a Ortega Peña.
Lucha gremial en la boca del lobo
En marzo de 1974 el Sindicato de Artes Gráficas renueva su comisión directiva: Heinrich asume como secretario general, Loyola como tesorero. El Servicio de Informaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires (SIPBA) registra sus movimientos. Su hombre en la empresa es José Héctor Ramos. Tiene 36 años pero su apellido circula hace rato en la militancia por su ferocidad en los interrogatorios. Durante los quites de colaboración se para en el fondo del taller, pone el revólver sobre la mesa y juega con las balas para amedrentar. De traje y mocasines, el jefe de los vigilantes recorre cada rincón de La Nueva Provincia en busca de datos y rumores, que comparte con patrones y gerentes, y apunta por escrito.
El Pacto Social vence en junio de 1974 pero la inflación afecta antes el equilibrio alcanzado entre gobierno, sindicatos y empresarios. Las luchas gremiales logran arrancar aumentos y las empresas remarcan. Un día después de que Perón echa a Montoneros de Plaza de Mayo, el precio del diario pasa de 90 centavos a 1,50.
Sus empleados deciden retomar los reclamos, esta vez unidos: trabajadores gráficos y de prensa presentan un petitorio conjunto. Ante la falta de respuestas, el 10 de junio lanzan un paro sorpresivo, con alta adhesión: 196 sobre 216 empleados, contabiliza Ramos. Al día siguiente la asamblea incorpora a compañeros de la radio y del canal. La empresa ofrece aumentos escalonados y en negro. La propuesta se rechaza. Alternan medidas y pausas. Por debajo de la mesa, un directivo ofrece plata para que el conflicto se radicalice. Pretende que se declare ilegal y poder despedir con causa a delegados y dirigentes.
El 22 y el 23 de junio el diario no sale. Cuando el Ministerio los intima a cesar con las medidas y amenaza con quitarles la personería, retoman el trabajo a reglamento. Pero los periodistas se quiebran. Los gráficos, más combativos, quedan solos. En un volante titulado “Héroes de La Nueva Provincia” exponen a “algunos de los serviles arrastrados y matones que defienden más a la empresa que a sus hijos”. La lista la encabezan los vigilantes e incluye a redactores, porteros, choferes y abogados. Poco después vuelven a parar y consiguen un aumento. Un pequeño triunfo en un contexto cada vez más sombrío: el 1º de julio murió Juan Domingo Perón.
Fines políticos inconfesos
La asunción de la viuda de Perón, en un marco de creciente violencia política, implica el fin del diálogo social y el inicio de una política económica ortodoxa que en pocos meses duplica la inflación. En abril de 1975, con conflictos salariales en todo el país, los gráficos vuelven a reclamar un aumento. Tras dos semanas sin respuestas, votan un paro sorpresivo.
Federico Massot, en una nota al Ministerio de Trabajo, enmarca la medida en “la nueva táctica de las agrupaciones extremistas, dirigida a crear el caos dentro de las empresas”. El secretario de redacción escribe en mayúsculas los nombres de dirigentes y delegados, y alerta sobre “fines políticos inconfesos”. En otro escrito apunta a Heinrich. Lo acusa de “mala fe, falta de colaboración y fines ocultos”.
El 1º de junio de 1975 empieza a regir el convenio 85/75, negociado por la FATI a nivel nacional. Tres días después llega el Rodrigazo, el plan de ajuste que el gobierno de Isabel pretende cargar sobre los trabajadores, que derivará en el primer paro general contra un gobierno peronista.
La Nueva Provincia firma el convenio, pero se resiste a respetar algunos puntos, como el que establece un franco cada cuatro días de trabajo, 4x1. Los Massot imponen 5x1. Los gráficos retoman las medidas, con apoyo del Sindicato de Prensa. Se inician quites de colaboración y el 22 de junio votan un paro por tiempo indeterminado, que incluye a gráficos, prensa y administración. Durante cinco días el diario no sale a la calle.
A la demonización de los gremialistas, la empresa suma sus críticas a las autoridades locales de Ministerio de Trabajo, que intima a los huelguistas a levantar las medidas. Acatan, pero se declaran en estado de asamblea permanente. El clima interno se oscurece cada vez más, con amenazas a quienes encabezan las luchas y protagonismo creciente de la guardia armada de la empresa.
El retoño empoderado
El 18 de julio de 1975, Diana Julio le encomienda a su hijo Vicente Massot ponerse al frente del conflicto gremial. Firma un poder ante escribano para delegarle los asuntos relacionados con el personal, “en especial los motivados por cuestiones laborales, pudiendo suspender, despedir, o cualquier otra sanción con respecto al mismo”.
El flamante interlocutor de los obreros tiene 23 años y está vinculado al diario desde los 18. Es licenciado en ciencia política aunque su formación inicial es hogareña: por su casa pasaron golpistas de diversos pelajes y, a medida que crecieron, la señora incorporó a sus tres hijos a esas charlas íntimas. Desde hace dos años, cuando fundó Cabildo, tejió lazos y estrechó los heredados con militares y servicios de inteligencia del país y del Cono Sur, como el chileno Enrique Arancibia Clavel, agente de la DINA de Augusto Pinochet, dictador admirado por la señora, que tiene su foto con dedicatoria en el despacho.
Massot se mueve por Bahía Blanca en un Rambler Ambassador con vidrios polarizados, del que sube y baja con una Ithaka en sus manos. Es fanático de las armas desde la infancia. Pero la organización gremial logra que los empleados no se dejen amedrentar. A fines de julio vuelven a unir fuerzas gráficos y periodistas. Paran por secciones y por turnos. El diario se imprime tarde y durante cuatro días no se publica. Las medidas en las narices de los custodios armados tensan la relación con los rompehuelgas.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) denuncia “la intransigencia” del multimedio. “Su actitud contraria a los intereses de los trabajadores y a las leyes laborales no está limitada a quienes trabajan en la empresa. Desde sus editoriales ha mantenido permanentemente una oposición a los intereses nacionales, expresada en condenas abiertas al movimiento obrero organizado, a los cuerpos orgánicos de la CGT y las 62 Organizaciones y a sus dirigentes, alentando posiciones políticas que sólo pretenden el enfrentamiento entre argentinos”, explica. “La FATPREN, junto con sus 33 filiales en todo el país, ratifica su solidaridad con los compañeros del Sindicato de Prensa de Bahía Blanca”.
Los Massot le responden desde un editorial. Señalan “la mala intención, propia de la lógica marxista”, que adjudican a la FATPREN, y responsabilizan a la delegación local del Ministerio de Trabajo por no impedir medidas de fuerza y “desmedidos pedidos de aumentos”. “Transitamos dos años de continuos conflictos, orquestados por el marxismo, infiltrado en nuestra empresa como en todos los lugares de trabajo del país, y en la Universidad local”, añaden. “FATPREN nos denuncia por no allanarnos a las amenazas de sus delegados. Nosotros denunciaremos ante quienes tienen el deber de asumir sus responsabilidades la subversión orquestada por FATPREN”.
En agosto el plan de lucha se profundiza. Diana Julio convoca a su familia a trabajar: tías mayores, hijos y sobrinos tratan de reemplazar a periodistas y obreros gráficos que exigen el cumplimiento de los convenios. Pero no pueden suplantar a la mano de obra calificada de los talleres. El intento fracasa y las amenazas no surten efecto. Esa espina perdurará.
La empresa opta entonces por exigir a cada empleado que se comprometa ante escribano a trabajar “con todo esmero, eficiencia y dedicación, sin realizar paros ni trabajo a reglamento”. Los gráficos se niegan. El 7 de agosto, rodeada de sus matones armados, la señora desaloja del edificio a los obreros del turno mañana. Comienza el lock out patronal: suspende a 200 empleados como represalia por los paros. La Nueva Provincia no se publica durante las siguientes tres semanas.
Quiebre con Ponce
El diario reaparece el 1º de septiembre con un editorial furibundo. La familia reivindica su intransigencia, señala que el movimiento obrero es víctima de “la infiltración más radicalizada”, que adjudica al “peronismo de base”, y agrega que “esta empresa también conoce el ‘soviet’ que aún usufructúa y aprovecha dentro de nuestra propia casa el desorden generado por un Estado en descomposición”. Cuestiona “la actitud provocadora de FATPREN” y la “labor disociadora de algunos delegados obreros, cuyos fueros parecieran hacerles creer temerariamente que constituyen en verdad una nueva raza invulnerable de por vida”.
El Sindicato de Artes Gráficas repudia el editorial. Advierte que es la empresa y no ellos quien tiene “matones a sueldo”, que los cargos de dirigentes y delegados no son rentados y les descuentan el día si no trabajan. “Sabe la señora de Massot que dentro de su personal gráfico no hay ‘infiltrados’ de ideologías antinacionales, sino verdaderos trabajadores que pretenden el cumplimiento del Convenio Nacional”.
La CGT y las 62 Organizaciones, encabezadas a nivel local por el diputado Rodolfo Ponce, que hasta entonces no apoyaban la lucha de los gráficos y que coinciden con La Nueva Provincia en demonizar al “marxismo apátrida”, también rechazan el editorial. Pretende entremezclar a dirigentes gremiales “con ideologías foráneas, ajenas al sentir nacional, humanista y cristiano de la inmensa mayoría del pueblo”, cuestionan.
La aparición en escena de Ponce marca un quiebre en la relación con la empresa. El diputado despotricaba cada tanto contra la señora, pero había logrado pisar las alfombras del diario y hasta visitarla en su piso porteño de calle Cerrito. Para la militancia bahiense, el titular de la CGT local era, junto con Remus Tetu, interventor nazi de la Universidad Nacional del Sur, la cara visible de la Triple A en el sur bonaerense, de estrechos lazos con la inteligencia naval y con el Destacamento 181 del Ejército. El primero la había nutrido con matones de la Unión de Recibidores de Granos, el segundo los había conchabado como agentes de seguridad de la UNS. El terror que infundían y los asesinatos contra activistas o intelectuales de izquierda del último año no habían ameritado una línea de repudio de La Nueva Provincia, que reproducía los informes de los servicios pero omitía los datos sobre las militancias de las víctimas.
El 3 de septiembre, un día después del rechazo de Ponce al editorial, el matrimonio por conveniencia entra en crisis: los Massot mencionan por primera vez a “la fiambrera”, el Fiat 125 en el que la patota de la Triple A hacía ostentación de armas y estacionaba en la puerta de la CGT, en Mitre y Rodríguez. El diario acusa recibo de la “ola de crímenes y atentados cometidos con total impunidad” y, sin nombrarlo, hace propia una frase del gobernador Victorio Calabró destinada a Ponce: “señores que usufructuando el poder que el pueblo les ha dado para legislar están haciendo toda clase de fechorías para beneficio propio y no de la comunidad”. Apunta que la ciudad “ha visto cómo el tristemente célebre automóvil azul sin chapas —bautizado ‘la fiambrera’ por el ingenio popular— ya no sale de noche a cumplir su tétrica recorrida”, y anticipa “una acción de limpieza que demandará, sin lugar a dudas, dinero, tiempo y vidas humanas”. Días después, en otro editorial, le sugieren a Ponce que “además de denunciar verbalmente al ‘marxismo apátrida’, actitud que nos parece excelente”, se aboque a “instrumentar un método que sea capaz de combatirlo con eficacia”.
La mención a “la fiambrera” deriva en un tiroteo cruzado entre los matones de la señora y los del diputado. El diario dirá que se inició cuando, de un auto a otro, le reprocharon el editorial a su vigilante, un policía apodado “Malandrín”, apuntándole a la cabeza. La CGT y la Juventud Sindical Peronista dirán que “la provocación partió de la guardia pretoriana de La Nueva Provincia”, por su necesidad de “producir hechos que desprestigien al movimiento obrero”. El intercambio de balazos, a las 5.30 de la mañana, se extiende por varias cuadras y termina frente al diario, sin heridos. La bonaerense interviene y el único detenido es Roberto Sañudo, notorio miembro de la Triple A. Un gráfico rompehuelgas lo recordará con cariño 30 años después porque lo defendió cuando lo acusaban de carnero.
¿Qué somos nosotros?
Los dirigentes y los delegados de los gráficos están en las antípodas del poder y de los métodos de ambos pesos pesados. Heinrich y Loyola viven de modestos salarios, en casas humildes, sin choferes ni guardaespaldas. Desempeñan tareas sindicales por fuera del horario de trabajo y sus interlocutores son compañeros con quienes debaten cara a cara y dirimen diferencias votando a mano alzada.
El 7 de septiembre, mientras el conflicto escala en las altas esferas, la asamblea de gráficos comienza a dividirse. La empresa no cede al 4x1 que exige el convenio. Las suspensiones y los días descontados afectan las economías familiares y derivan en cuestionamientos a la eficacia de las medidas.
—Los compañeros perdieron 22 días y no quieren perder más, los paros no son efectivos, el trabajo a reglamento es relativo. Hay que esperar que a la empresa la obliguen desde arriba —plantea un gráfico.
—No podemos pedir apoyo a la CGT o a la FATI sin luchar nosotros. De esta reunión tiene que salir un quite de colaboración bien acentuado y la aplicación del 4x1 —insiste el delegado Molina.
Las opiniones sobre el rol de la Federación y de la central obrera están divididas.
—Creo que paros por ahora son imposibles, pero ya se terminó el tiempo de los esclavos —arenga Heinrich—. Nos basurean todos los días y seguimos de brazos cruzados, esperando que nos vengan a ayudar desde arriba. Tenemos un escribano todos los días para vigilarnos y controlarnos como si fuéramos pistoleros. ¿Qué somos nosotros?
El debate se extiende. Algunos sugieren resignarse al 5x1. Heinrich recuerda que la FATI lanzará un paro si el Ministerio no se expide. Votan un compás de espera.
Al día siguiente, el conflicto se trata en un plenario de la CGT, las 62 y los 46 gremios adheridos a la regional bahiense. Deciden difundir una solicitada para repudiar “la campaña capciosa y tendenciosa” de los Massot. “Para La Nueva Provincia no cuenta la función social que cumplen los gremios”, por eso “desde delegados obreros y activistas a comisiones internas y dirigentes son blanco de las diatrabas, insultos, injurias y falsedades que vierte cotidianamente desde sus columnas editoriales”, explican. Su política con los empleados “es petulante y soberbia”. Concibe la relación obrero-patronal como “un monólogo que se debe desarrollar en un plano absolutamente paternal: ceder a los reclamos en tanto impliquen mayores compromisos y sometimiento por parte de los peticionantes. Acordarlos en calidad de dádivas o prebendas y no en razón de la justicia o de derechos adquiridos. ¡Y por supuesto! Todo pedido de mejora salarial no formulado humildemente y a título individual le parece un despropósito insólito y abusivo”. El desconocimiento de convenios colectivos, leyes laborales y sus argucias para no cumplirlas “han llevado a La Nueva Provincia a enfrentarse con todos los gremios que tienen su actividad en el ámbito de la empresa”, advierten, y se declaran en estado de alerta y sesión permanente. El texto en grandes afiches puede leerse en las paredes de la ciudad.
En asambleas y en reuniones se discute cada paso.
—Es importante que ningún gremio actúe solo frente a esta empresa, que pretende hacer pasar a los gráficos y a los de prensa como “infiltrados subversivos” —enfatiza Enrique Marano, el bahiense que es titular de la FATI.
—Esta señora se pasa las leyes por el culo —le advierte a sus compañeros Luis Martínez, ex delegado y dirigente del Sindicato, que por las amenazas se irá a vivir al sur con su familia.
El 11 de septiembre el diario no sale por un paro nacional de FATPREN y FATI. El 12, la asamblea de gráficos decide trabajar a reglamento y aplicar el 4x1. La empresa, con Vicente Massot a la cabeza, instala a su escribano Raúl Galmarini en la portería, junto a la guardia armada. A cada gráfico que llega le exigen firmar un acta con el compromiso de no adherir a medidas o bien atenerse a un despido sin indemnización. Como se niegan, les impiden ingresar.
En una nueva volanteada, hacen públicos los nombres, alias y funciones de los rompehuelgas. Esa madrugada, tras cumplir su turno de trabajo, Molina siente varios tiros mientras entra a su casa. Logra saltar un tapial y esconderse. Escucha el ruido de un Citroën Ami 8 y lo ve alejarse. Es el auto que la empresa usa para buscar al personal de la antena del Chaparral, donde funciona la repetidora de Canal 9. Del piso levanta siete plomos.
En nombre de mamá
En el momento más álgido del conflicto, Vicente Massot mantiene reuniones cara a cara con los gráficos. Los hechos que considera conveniente documentar los registra en actas ante escribano, que luego entrega a autoridades militares, a la espera de tiempos mejores.
—Mirá, hermano, es muy sencillo. El problema no lo crean los obreros, lo crean ustedes, porque quieren que el gobierno se vaya, quieren voltearlo o no sé qué diablos, y nos toman a nosotros como rehenes —le reprocha un empleado.
El 14 de septiembre a la madrugada, en medio de una retención de tareas, cita a Heinrich a la subdirección. Lo presiona para que levanten las medidas. No lo logra y el diario sale con menos páginas. Esa tarde va a la rotativa a intentar convencer a los armadores de que cubran un retiro de colaboración, pero fracasa. Las pruebas de galera las hacen socios de la empresa, el diario sale con seis páginas. El escribano apunta.
Dos días después, mientras Federico Massot comunica que “todo trato con el personal será realizado por el señor Vicente Massot, según ha resuelto la dirección de la empresa”, el escribano vuelve a instalarse con la guardia armada en el ingreso al diario para apuntar los nombres de quienes se niegan a firmar el compromiso de sumisión. Los gráficos no ceden. Heinrich también lo documenta con un escribano del Sindicato y pide que alguna autoridad del diario se haga presente. Galmarini consulta al flamante hombre fuerte de la empresa y transmite su respuesta:
—Dice que suba al segundo piso, pero usted solo.
Heinrich y Loyola denuncian el lock out patronal en un comunicado y ante el Ministerio de Trabajo. Esa madrugada, Massot mantiene varios encuentros con el secretario general de los gráficos. Discuten sobre las medidas, la distribución de tareas y el pago de horas extras, pero vuelve a fracasar: el paro se mantiene.
El sábado 20 la empresa envía telegramas a todo el personal: suspensiones por cinco días “por reiteradas injurias económicas por paros gráficos y falta de colaboración”. A la denuncia del SAG se suma el Sindicato de Prensa. Repudia que “la obcecada, reaccionaria y antisocial política” del diario “condena al hambre y a la desesperación a 150 familias”. Los periodistas cuestionan que la supuesta falta de colaboración “en rigor a la verdad consistió en negarse a una maniobra patronal que pretende que personal de prensa incursionara en el sistema offset para romper con el justo movimiento del Sindicato de Artes Gráficas, en lucha por el reconocimiento de su convenio de trabajo”. La empresa “tiene el descaro de argumentar falta de colaboración cuando ella ha impedido la concreción de nuestro convenio de trabajo, ha dilatado con chicanas legales el laudo, al cual hubo que llegar por intransigencia, ha violado toda la legislación laboral en vigencia, y ha practicado una política reñida con las más elementales normas de convivencia obrero-patronal”.
Esa tarde, luego de cuatro días sin La Nueva Provincia en la calle, empleados gráficos y de prensa se reúnen en asamblea en la sede de la Asociación Empleados de Comercio. La CGT empapela la ciudad “a fin de que nuestros conciudadanos y en especial los trabajadores” conozcan los hechos y las interpretaciones que no aparecen en las páginas del diario. Adjudica los ataques en su contra a que la empresa, “por reaccionaria, se halla imposibilitada de zanjar el diferendo que posee con cinco gremios que comprenden al personal dependiente del trust empresario, en razón de sus reiteradas negativas a todos los niveles de dar cumplimiento a las leyes vigentes y convenciones colectivas de trabajo, debidamente homologadas y en consecuencia de cumplimiento obligatorio e ineludible”.
En la madrugada del 28 de septiembre, Massot recibe varias veces a Loyola. Le informa su negativa a acceder a las demandas de los gráficos, que votan otro quite de colaboración. El escribano apunta “sabotaje”. Deciden condicionar el ingreso a los talleres al compromiso de no hacer medidas. Molina y Loyola, entre otros, se niegan a firmar. El diario no sale. Al día siguiente presiona sin éxito a trabajadores para que asuman tareas ajenas que le permitan burlar la medida de los gráficos.
Con su hermano y su madre en la ciudad, Vicente Massot toma el rol protagónico en el día a día para intentar desarticular a la organización gremial.
Gran huelga y desgaste
El diálogo entre los gremios y la intransigencia de la empresa derivan en una articulación inédita entre los trabajadores del multimedio. El 4 de octubre de 1975, por primera y única vez en su historia, los seis sindicatos que nuclean a los empleados de La Nueva Provincia, LU2 y Canal 9 votan por unanimidad un paro por tiempo indeterminado.
“La empresa La Nueva Provincia desconoce todos los convenios laborales firmados y homologados por el Ministerio de Trabajo y pretende para quebrar la unidad de los trabajadores arreglar a determinados sectores, ofreciendo sueldos más bajos y condiciones de trabajo arbitrarias”, denuncian en un volante, titulado “¿Por qué paramos?”. Además de los sindicatos Gráfico y de Prensa, lo firman el de Televisión (SAT), la Sociedad Argentina de Locutores (SAL), la rama radiodifusión de la Asociación de Radiotelegrafistas, Telegrafistas y Afines (AATRA) y el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP).
El 6 de octubre, ante el nuevo escenario, la CGT local convoca a un paro general para el 10 y Ponce se pronuncia en Diputados contra la patronal bahiense. “Hay mucha gente trabajando para el golpe desde el mismo 25 de mayo de 1973. Y esa gente está enquistada en el gobierno”, advierte.
El Ministerio intercede, reconoce la legitimidad del reclamo e intima a la empresa a pagar los días descontados en octubre. La Nueva Provincia se resiste primero pero luego se resigna a negociar un plan de pagos. Diana Julio participa de alguna audiencia en Buenos Aires, aunque en una oficina aparte: se niega a sentarse con los gremialistas. Sus representantes en esa mesa son Vicente y Alejandro Massot, el abogado Néstor Jáuregui y los contadores Domingo Marra y Héctor Pedemonte.
—Van a pagar por lo que están haciendo —promete uno de sus hijos.
Al margen del pequeño logro que implica cobrar cuatro días de paro, la prolongación del conflicto desgasta a los gráficos. El esfuerzo y los descuentos de los meses previos, que los obligan a hacer changas para completar sus ingresos, no se traducen en conquistas significativas. En asamblea comienzan a discutirse las sanciones a quienes incumplen medidas y aumentan los cuestionamientos a los dirigentes.
Hacia fin de año, una decisión de la FATI agrava el cuadro interno. Los gráficos habían pedido que, por los descuentos, no les cobraran la cuota sindical extraordinaria. La federación se niega. Los delegados del taller presentan su renuncia.
Días después, ante el estancamiento de las negociaciones para lograr un aumento de emergencia, la Federación resuelve implantar el trabajo a convenio y hacer un paro nacional el 23 de diciembre. Heinrich lo informa y varios gráficos le manifiestan que no acatarán.
—Está en la conciencia de cada uno acatar o no —les responde.
El 23, en los distintos turnos, los dirigentes se paran en el túnel de entrada del edificio e informan a cada obrero que llega sobre el paro de la FATI. Varios se escabullen y entran. El diario sale, aunque con menos páginas. En la asamblea siguiente, Heinrich insta a reflexionar a quienes no acatan.
—Le tenemos miedo a la señora —admite un gráfico—. Y nos da de comer la empresa, no el sindicato.
Varios argumentan por qué se bajan. La bronca no tiene marcha atrás.
El Sindicato, que hacía un lustro había reincorporado a los antihuelguistas, decide expulsar a 27 gráficos por no acatar el paro. Otros se desafilian, les tiran el carnet en la cara. Heinrich y Loyola, caras visibles del Sindicato de Artes Gráficas en el diario, quedan debilitados.
Un medio de difusión fundamental
“Una vez más la ciudadanía de la zona ha evidenciado fehacientemente su vocación de participar en el exterminio de la subversión apátrida que, como mala cizaña, debe ser eliminada de la tierra de los argentinos”, arenga el contralmirante Luis María Mendía en el cierre de un “adiestramiento antisubversivo” de la Armada, el Ejército, Prefectura y la policía bonaerense. El comandante de operaciones navales es uno de los interlocutores de cabecera de Diana Julio, que lo visita en Puerto Belgrano y lo recibe hasta altas horas de la madrugada en su despacho.
El 6 de diciembre de 1975, mientras avanza la cuenta regresiva hacia el golpe, la sección informaciones de Prefectura, subordinada a la Armada, concluye un informe que titula “Diario La Nueva Provincia S.R.L. (Guerrilla Sindical)”. Como causas del “avance de este singular método subversivo” menciona “la asunción del régimen ‘camporista’ al poder”, la “prédica tradicionalista y católica” del diario, “que lo convirtió en acérrimo enemigo del marxismo, tercermundismo y peronismo”, y “la infiltración que, manejada desde la Universidad Nacional del Sur y grupos marxistas del peronismo, se llevó a cabo entre el personal”.
“El comisario Héctor José Ramos definió en reiteradas oportunidades como PERONISMO DE BASE al grupo encargado de sabotear a La Nueva Provincia. Lamentablemente, muere víctima de un atentado terrorista el 20 de marzo del corriente año, antes de concluir su labor de esclarecimiento”, apunta. (Montoneros se adjudicó la muerte de Ramos, a quien sindicó como “el más eficiente torturador que conociera nuestra ciudad”. El diario dio amplia cobertura a la noticia, pero ocultó a sus lectores el comunicado de la organización. Esa madrugada, vengaron la muerte del policía con tres asesinatos.)
El informe de Prefectura minimiza la importancia de detallar el sabotaje porque la empresa ya lo documentó “a los comandos militares y navales de la zona”. Sólo se propone consignar datos sobre el “personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL —en mayúsculas—, tal cual lo marca una efectiva acción ‘contrarrevolucionaria’ que tienda a sanear los medios preferidos por la revolución mundial para su labor de infiltración, subversión cultural y posterior victoria”.
La lista la conforman 17 empleados, comienza por los “PRINCIPALES ACTIVISTAS DEL GREMIO GRÁFICO” y la encabezan Heinrich y Loyola. Incluye sus domicilios particulares. Siguen por Molina y el resto de los delegados. Los acusan de amedrentar al “personal anti-huelguista”, difundir panfletos con los nombres del “personal leal” y presionar a canillitas. Agregan que custodios de los Massot llegaron a “encañonar con armas largas” a los ocupantes de un Falcon que pretendían impedir la salida de un vehículo con diarios hacia Punta Alta.
En el caso del Sindicato de Prensa, el primer blanco a ralear es el secretario general Néstor Larrondo, a quien consideran “el cerebro intelectual”. Concluyen con “los manejados”, que “no dejan de ser culpables e indeseables”.
Violencia ordenadora
El 22 de marzo de 1976, mientras en el cine de Puerto Belgrano el vicealmirante Mendía se explaya ante 900 oficiales navales sobre la “muerte cristiana” que se aplicará a los guerrilleros para preservar “la ideología occidental y cristiana”, el informe “estrictamente secreto y confidencial” se eleva al Servicio de Inteligencia de Prefectura. El texto es idéntico al de diciembre, sólo se eliminó una referencia a Ramos: el borrador destacaba que el proceso de “guerrilla sindical” fue “apuntado, sin equivocación alguna, por uno de los jefes de seguridad de la empresa a sus directivos”.
El 24 de marzo se produce el golpe de Estado. “Gobiernan las fuerzas armadas”, titula La Nueva Provincia. “Refundar la Patria. Si así lo hicieses que Dios lo premie, si no, que os lo demande”. Piden “abandonar el profesionalismo aséptico y establecer la primera y fundamental distinción de una política revolucionaria: la del amigo-enemigo”. “A la violencia destructora y asesina, es necesario responderle con una violencia ordenadora”, escriben.
Esa madrugada, mientras detienen a Isabel y se disponen a asumir Videla, Massera & Agosti, vehículos del Cuerpo V y de la policía invaden el centro de Bahía Blanca. A las 5.10 entran a la sede de la CGT, que los hombres de Ponce vaciaron la noche anterior. Dirigentes políticos y gremiales peronistas son arrancados de sus casas y durante días se desconocen sus paraderos. “Normal desarrollo de las actividades en nuestra ciudad”, dirá La Nueva Provincia.
Diana Julio junto con sus hijos Vicente y Alejandro Massot pasean eufóricos por los talleres y la rotativa con una bandera argentina. “¿A qué no se animan a hacer un paro ahora?”, desafían a los obreros. Por la noche la señora le pregunta a sus guardias cuál es la bicicleta de Heinrich, la aparta y le pisa los rayos hasta dejarla inutilizable.
En esos días despiden a 17 gráficos que habían acatado las resoluciones de la asamblea durante el conflicto. A los dirigentes y ex delegados, con fueros gremiales, no los despiden, aunque el maltrato se agrava: a Heinrich y Loyola los encierran varias veces en una habitación, durante horas, hasta que termina su jornada laboral.
El 29 de marzo, personal de la seccional 2ª allana el Sindicato de Artes Gráficas, donde están ambos dirigentes. Buscan armas, explosivos o “material subversivo”, pero “no se constatan novedades”, apuntan en el acta.
Sus deseos son órdenes
A mediados de junio de 1976, cinco gráficos, incluidos Heinrich, Loyola y Molina, son citados al Cuerpo V. Los hacen pasar de a uno. “Muchachos, la mano viene brava, déjense de romper las pelotas”, les advierte el capitán José Fidalgo.
El viernes 25, en la casa del comandante en el barrio Palihue, Diana Julio le propone al general Azpitarte “chupar por izquierda” a los dirigentes que no se dejan amilanar.
El miércoles 30 a las seis y media de la tarde, cuando comienza a oscurecer, un grupo de tareas integrado por hombres jóvenes, vestidos de civil, con armas largas, se instala en la casa de Loyola, en Moreno 579, la dirección que consta en el informe de Prefectura.
Miguel Ángel, de franco, está en el sindicato. Su esposa, María Cristina Taylor, con un mes y medio de embarazo, trabaja en el hotel Muñiz. En la casa hay familiares. Al cuñado, sargento del mismo Ejército que los visitantes, es al primero que esposan por la espalda, vendan y atan de pies y manos a una silla. Siguen por su mujer, empleada administrativa en el comando. Había ido a ver a su hermano y acababa de llamarlo por teléfono desde la cocina cuando la aborda uno de los secuestradores. A otra cuñada le atan las manos por adelante porque tiene a su bebé de 15 días en brazos. El cuarto es un vecino que alquila una de las habitaciones que separan la vivienda del local que da a la calle.
Al rato toca timbre un peón rural que pasa a buscar a la flamante mamá, con cuyo esposo trabajaba en una estancia. Deja la camioneta en marcha y se sorprende cuando un hombre de bigotes lo invita a pasar. Atraviesa la puerta y siente el arma en el cuello. La misma extrañeza experimenta su mujer, a punto de dar a luz, cuando un joven se acerca a la camioneta: “Dice su esposo que baje un rato, para visitar a la familia”.
En un par de horas hay siete personas secuestradas. La patota actúa sin perder la calma, entra y sale con la tranquilidad que garantiza la zona liberada.
Miguel Ángel y su esposa habían acordado ir al cine esa noche. Ella sale del Muñiz a las 20.30 y le llama la atención no verlo. Camino hacia su casa, a la altura de Colón y Viamonte, un cincuentón de bigotes le pone una revista pornográfica en la cara. Lo insulta y corre. No había salido del susto cuando atraviesa la puerta, cerca de las 21, y la reciben dos desconocidos.
—Somos amigos de Miguel Ángel, está adentro —se presenta quien lleva la voz cantante, de saco claro, guantes blancos, aspecto de dandy. La empuja y le pone un arma en la cabeza.
En el comedor se topa con un cuadro dantesco: hombres y mujeres atados, con vendas y mordazas hechas con cintos y corbatas. Antes de que le tapen los ojos con su chal y la lleven a la cocina para interrogarla, ve cinco o seis hombres jóvenes, bien vestidos. Sobre los muebles, pistolas, dos pares de esposas y el poco dinero que hay en la casa.
Desesperada, pregunta dónde está Chiche, como llama a su marido.
—¿Negro, qué pasa? —indaga al cuñado, que le aconseja callarse.
Loyola llega del sindicato alrededor de las once de la noche.
—¿Chiche? —grita María Cristina, tabicada, al escuchar movimientos.
—Sí, Pety —le responde.
Ella sigue gritando y le tiran del pelo para que se calle.
—No la maltraten, está embarazada —pide Loyola.
Con la presa en sus manos, la patota se prepara para una larga espera. Saben que Heinrich trabaja en la imprenta hasta la madrugada, deben hacer tiempo hasta que llegue a su casa.
De un bargueño sacan vasos, una botella de moscato Las Armas y otra de ginebra Bols. Comen una pata de jamón que encuentran en la heladera, se tiran en los sillones y las camas. Escuchan un partido de fútbol por radio. Prenden el tocadiscos, ponen música brasileña. Entran y salen varias veces. Los vecinos ven varios Falcon, camionetas y un yeep verde en la puerta. Escuchan llantos y gritos.
El último sonido que recordarán los cautivos, avanzada la madrugada, es el cierre de un maletín. Entre los secuestradores hay un médico o enfermero militar. Uno a uno, les inyecta una droga que los duerme en profundidad. Al sargento le dan dos pinchazos, porque el primero no hizo efecto.
En plena madrugada, el grupo de tareas parte de la casa de Loyola, a seis cuadras del diario, rumbo a la de Heinrich, en Colombia 64. Barrio humilde, calle de tierra, en un borde de la ciudad, a 200 metros del canal Maldonado. “Heinrich, al fondo”, leen un cartel en la entrada. Avanzan por el pasillo lateral de la casa de los suegros, que da a la calle y está vacía.
Enrique volvió hace un par de horas de la rotativa. Duerme con su esposa, Vilma Denk, con quien se casó cuando eran pibes: 21 años él, 17 ella.
La casa está en construcción. Es chica para una familia con cinco hijos: dormitorio, cocina y baño. Los más grandes están en dos cuchetas, frente a la cama matrimonial. El chiquito, con ellos. Hay apenas un ropero y una mesa de luz.
Sienten movimientos cuando la patota salta la pared que divide los patios y un golpe seco cuando rompen la puerta. Tres hombres de civil, a cara descubierta, entran en la pieza oscura. Uno apunta con la linterna, los otros no ocultan sus ametralladoras.
—¿Heinrich?
—No —dice Enrique.
—Sí —corrige Vilma, y siente un codazo suave.
—Está el cartelito en la puerta —le recuerda quien conduce el operativo.
Le ordenan que se vista para acompañarlos. Piden una corbata. Vilma se las da y les exige que se identifiquen. “Policía Federal”, mienten.
—¿Puedo dejarle plata a mi señora?
Enrique saca los pocos pesos que tiene en el bolsillo.
Lo llevan a la cocina. Vilma se asoma, ve que lo alumbran. Lo rodean unos ocho hombres, con armas largas, algunos con uniforme.
—Métase adentro o la matamos.
Los chicos se asustan, lloran.
—¿No me van a hacer daño, no?
—Callate la boca.
Enrique le pide a su esposa que cuide a los hijos.
En la casa de Loyola, el efecto de la droga disminuye con el correr de las horas. Los cautivos recuperan el conocimiento, se desatan unos a otros, se sacan las vendas. Los secuestradores ya no están. Miguel Ángel tampoco. Por la mesa de madera descuartizada deducen que se resistió a que lo arrancaran de su casa.
El peón rompe la puerta de la habitación donde los dejaron encerrados. Desde el pasillo grita, pide auxilio. Llega la policía. Algunos son trasladados al Hospital Municipal, donde apuntan que se intoxicaron. Se cansan de esperar sin que los atiendan y salen a buscar a Loyola.
Con el sumario que la bonaerense comienza a instruir a primera hora del jueves 1º de julio, entra en escena la otra cara del Estado terrorista, legal sólo en apariencia, que no usará la información para esclarecer delitos sino para indagar qué saben los testigos de sus tropelías.
Trofeos de guerra
La noticia llega al Sindicato de Artes Gráficas y a los pasillos de La Nueva Provincia. Algunos compañeros imaginan que les darán una paliza y los liberarán. Otros piensan lo peor. El terror se expande.
El mismo jueves, cuando Vilma intenta denunciar el secuestro de Enrique en la Seccional 2ª, que intervino horas antes en casa de Loyola, se le ríen en la cara. “Esto pasa todos los días, en cualquier momento aparece”. No le toman la declaración.
Al día siguiente vuelve con su cuñado, Carlos Heinrich. “¡Manga de sinvergüenzas! ¡Es un secuestro! ¿Cómo no le van a tomar la denuncia?” Insiste hasta que la reciben. “Deja constancia que su marido se encontraba trabajando en La Nueva Provincia desde hace unos 12 o 13 años a la fecha, siendo el mismo Secretario General de los Gráficos”, apuntan. La declaración con que se inicia el sumario policial registra al único enemigo que tenían.
De ahí van al diario, para avisar que no iría a trabajar. En la portería se les burlan: “Seguro en tres días aparece”.
Ese viernes, con los dos gráficos en cautiverio en un lugar desconocido, la bonaerense inspecciona la casa de Heinrich, toma nota de la precariedad, de la puerta rota, y dibuja un croquis. Vilma y Carlos buscan a Enrique por cielo y tierra, de día y de noche, hasta en los zanjones.
Molina junto con un ex maestro del colegio La Piedad, donde se había formado con Loyola, van a la curia a pedirle ayuda al arzobispo Jorge Mayer. La respuesta es la misma que escuchan padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos. “En algo andarán”.
María Cristina ve helicópteros e imagina, ingenua, que están buscando a Chiche. Carlos Heinrich la acompaña a ver a Mayer. No los ayuda, sólo atina a decir “los buenos no son para esta tierra, seguramente su marido no es para esta tierra”.
La noticia circula entre los trabajadores de La Nueva Provincia pero no aparece en sus páginas. Durante casi cuatro días, Heinrich y Loyola permanecen desaparecidos.
El silencio es salud
Un hombre corta cardos junto a sus hijos, un nene de siete años y una nena de seis, en un campo en las afueras de Bahía Blanca. De pronto, una ráfaga de tiros los paraliza. El padre les ordena tirarse al suelo y hacer silencio, con el índice sobre sus labios. Sienten el ruido de un vehículo que se aleja. Pasado un tiempo prudencial, caminan hacia la loma de donde provenían los disparos. Desde la altura observan los cuerpos inmóviles de dos hombres, boca abajo, con las manos atadas y sangre a su alrededor. La imagen terrorífica los acompañará por el resto de sus días.
El paraje se conoce como la Cueva de los Leones, donde Leopoldo Torre Nilsson filmó Martín Fierro con colimbas como extras en 1968 y donde mataba y abandonaba los cuerpos la Triple A. Pero la banda parapolicial no se instalaba en las casas durante horas, no inyectaba somníferos a los testigos de sus secuestros, no usaba guantes ni mantenía a sus víctimas en cautiverio para exponerlas ante ningún patrón. Para julio de 1976, dirá Rodolfo Walsh, las tres A son las tres armas.
Hacer cagar a los rojos
El domingo 4 de julio de 1976 a las 14.10, el Comando Radioeléctrico le avisa a la Seccional 2ª del hallazgo de dos NN en la Cueva de los Leones, en el kilómetro 11 de la ruta 33. Están en un desnivel pronunciado, a cien metros de la tranquera que Diana Julio e hijos ven a su izquierda cada vez que viajan a su estancia en Tornquist.
Primero identifican a Heinrich: en el bolsillo del saco tiene la libreta de enrolamiento, un carnet del Sindicato de Artes Gráficas y la liquidación de la primera quincena de mayo como “2do. Maquinista” en la sección “impresión” de La Nueva Provincia.
Alrededor de los cuerpos hay 35 plomos y 52 vainas calibre 9 milímetros. La pericia dirá que son de varias armas, que les dispararon desde atrás, a 50 centímetros de distancia. Heinrich tiene 45 impactos, la ropa destruida, sólo las botas no están agujereadas. 29 orificios cuentan en los restos de Loyola. Tienen las manos atadas por la espalda, nudos prolijos con soga blanca. A pocos metros, la huella de un vehículo.
A las once de la noche, Vilma se sobresalta por golpes en la puerta.
—Somos la policía.
—¿Y cómo sé que son la policía? Los otros dijeron lo mismo.
—Tiene que acompañarnos.
—¿Lo encontraron?
No le contestan. La suben a una estanciera, con su hijo de dos años en brazos. En la Seccional 2ª, un militar habla con el comisario, que se le acerca y titubea.
—Deje de dar vueltas. ¿Está muerto?
Le dice que lo encontraron compañeros de sus hijos de la Escuela 63, a las tres de la tarde.
Esa misma noche, un llamado alerta al “Vasco” Larrondo, el secretario del Sindicato de Prensa que encabeza la lista de trabajadores de prensa a ser “raleados” del informe de Prefectura.
—Ya hicimos cagar a dos rojos. El próximo sos vos.
Logra escapar de Bahía Blanca con la ayuda de Rafael Emilio Santiago, que con los años se convertirá en un reconocido columnista de LU2.
En la morgue del Municipal, el sargento reconoce a su cuñado Loyola. Carlos Heinrich, que años después se quitará la vida, reconoce a su hermano. Tienen marcas de torturas, magullones, quemaduras de picana. Los compañeros los ven desfigurados. Los velan juntos, en casa Ferrandi. Nadie habla, reina el terror.
El lunes 5, la bonaerense toma testimonios a los testigos del secuestro de Miguel Ángel. Cuando le preguntan a María Cristina “si se le ocurre sospechar de las causas de este procedimiento”, no duda: “La actividad gremial”. Era “un constante luchador en defensa de los derechos del obrero gráfico”. “Únicamente sospecha que todo esto pudiera ser una actitud de revancha o venganza de la parte patronal, más precisamente de los directivos del diario La Nueva Provincia”, declara. “En razón de la lucha gremial se ha enfrentado a la patronal, pero siempre buscando la mediación de la Secretaría o Ministerio de Trabajo y Previsión, siempre dentro de la ley”.
La viuda de Heinrich se presenta para ampliar su denuncia, describe a uno de los secuestradores y apunta a los autores intelectuales. “El motivo de este hecho podría ser la venganza llevada a cabo por la parte patronal del diario donde trabajaba mi marido, ya que en una oportunidad, o mejor dicho en el Gobierno Peronista, se desempeñó como Secretario General del Sindicato de Artes Gráficas, lo que motivaba que entre los patrones y su esposo existieran en reiteradas oportunidades discusiones y situaciones de disputa”.
La hipótesis sobre el móvil de los crímenes está escrita desde el primer momento, pero la investigación está en manos de una fuerza al servicio del terrorismo de Estado y el poder judicial es una cáscara vacía. Las causas serán sobreseídas sin la más mínima investigación, en septiembre, por los jueces Francisco Bentivegna en el caso Loyola, y Juan Alberto Graziani en el de Heinrich.
El efecto de los crímenes al interior de la empresa y del mundo gremial es aterrador. Las amenazas se hicieron realidad. Es el fin de los reclamos sindicales y de la organización gremial. El sueño de la familia Julio-Massot.
En esos días dejan la ciudad y parten al exilio los periodistas Carlos Iaquinandi, de LU3 y Canal 7, y Ángel Cappa, del informativo de LU2, que se convertirá en prestigioso director técnico de fútbol. Miembros del Sindicato de Prensa bahiense, ambos habían tenido un rol activo en las audiencias en el Ministerio de Trabajo y habían sido tildados de extremistas en una solicitada de José Román Cachero, portavoz militar en Canal 9.
La Nueva Provincia no publica la noticia tras los secuestros ni durante los días en que están en manos de sus captores. El martes 6 de julio, en veinte líneas perdidas en una hoja tamaño sábana, apunta que “las autoridades investigaban ayer el homicidio de dos dirigentes sindicales”. Menciona sus nombres, sus cargos y que “se desempeñaban en la sección talleres de este diario”. Será su primera y última publicación sobre el caso.
En el mismo ejemplar, titulan “El país sigue en guerra. La moderación con el enemigo no es un síntoma de cordura”. “No se puede pelear contra una sola forma de subversión, representada por la metralleta, mientras subsiste, incomprensible, esa otra, mucho más deletérea —por venal y corrompida—, alimentada por la izquierda intelectual e infiltrada en los medios de comunicación”.
Por aquellos días, dos periodistas le preguntan a Adel Vilas sobre los asesinatos. El segundo comandante del Cuerpo V, que montó su centro clandestino de torturas y exterminio pero había disentido en el caso de los gráficos, responde: “Hay empresas que prefieren matar a sus empleados antes que indemnizarlos”.
Durante los siguientes 49 años, La Nueva Provincia no vuelve a nombrar a los obreros que osaron enfrentar a la familia Massot. Ni siquiera publica una línea en 2014, cuando familiares y compañeros de Heinrich y Loyola declaran en un juicio oral y público a cien metros de la redacción.
Tras la construcción del enemigo, la prédica para que una conciencia colectiva alienada justifique su exterminio y la cobertura de los criminales, la última etapa de la masacre es el negacionismo, hacer desaparecer o negar la existencia de las víctimas, explican los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia, que desde el Ministerio Publico Fiscal dan pelea contra la impunidad de los asesinos.
La respuesta a la lucha tenaz de los dirigentes del Sindicato de Artes Gráficas la sintetizó en tres palabras el hombre que Vicente Massot designó al frente de la redacción a fines del siglo pasado. En 2015, cuando arrancaba la operación para disfrazar de asesinato el suicidio del fiscal Alberto Nisman, Fernando Monacelli, actual CEO del grupo La Nueva, describió una marcha contra el gobierno como “un cortejo fúnebre y entusiasta, como la despedida de un muerto malo”, pero advirtió que para terminar con el kirchnerismo “faltan aún la pala, el pozo y el olvido”. La especialidad de la casa.
* Diego Martínez es editor de El Cohete a la Luna, redactor y delegado en Página/12 por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) y autor del blog Bahía Gris, sobre el terrorismo de Estado en el sur bonaerense. Mail [email protected]
** Esta historia forma parte del libro Bahía Gris: voces a 50 años del Golpe, coordinado por el colectivo Elijo Leer de Bahía Blanca, que publica Hemisferio Derecho Ediciones y que puede adquirirse aquí.
