En la Argentina, la enajenación de componentes fundamentales del patrimonio social por parte de gobiernos que representan a sectores económicamente poderosos es una de esas constantes históricas que, de tanto repetirse, han generado cierta indiferencia en una parte significativa de la población. Procesos que, con idénticas (in)justificaciones discursivas y ocultando los verdaderos objetivos perseguidos, han ido apagando la conciencia popular sobre su decisiva trascendencia. Deterioran las condiciones de vida de la mayoría y las capacidades nacionales. Además, constituyen uno de los dispositivos que explican la indefensión de la sociedad frente al poder de los grupos económicos beneficiados. El gobierno de Javier Milei ha concretado y está ejecutando privatizaciones de empresas pertenecientes a sectores determinantes del drama nacional: no es posible exagerar la incidencia de la energía nuclear, los servicios públicos esenciales, la infraestructura para las comunicaciones y el transporte, etc.; me referiré a algunos casos, no a todos.
Desde una perspectiva popular y democrática, se considera que servicios como el eléctrico, de agua potable y gas son esenciales por definición: hoy prácticamente no se puede vivir sin ellos, constituyen un bien social y un derecho humano. Esto quiere decir que el kWh, el litro de agua potable y el metro cúbico de gas para consumos residenciales no deben ser considerados una mercancía: es necesario asegurar su provisión universal adaptando tarifas al nivel de ingresos de cada quien, objetivos que no contemplan los gobiernos neoliberales. De aquellas premisas y de la experiencia acumulada desde los '90 del siglo pasado surge que no son convenientes las prestaciones privadas de estos servicios, por cuanto, aun con regulaciones, termina imponiéndose la razón de ser de cualquier empresa, que es maximizar la tasa de ganancia: consideran que todo lo que producen o distribuyen es una mercancía. Así, surgen los problemas señalados más arriba, que varían —pero no desaparecen— según la concepción de los gobiernos.
Distribuidoras: historia y presente
Las leyes 24.065 y 24.076 que impulsó el menemismo, promulgadas en enero y junio de 1992 respectivamente, rigen la prestación de los servicios de electricidad y gas: los gobiernos de la derecha dejan huellas difíciles de borrar. Simplificando para una mayor comprensión, el sistema eléctrico es contemplado como la integración de tres subsistemas físicos —el esquema del gas es similar—: generación, transporte en alta tensión (Sistema Argentino de Interconexión, SADI) y distribución en media y baja tensión bajo jurisdicciones provinciales, excepto en los casos de las distribuidoras Edenor y Edesur, que prestan el servicio en CABA y parte de la provincia de Buenos Aires, pero están bajo jurisdicción nacional. En función de este esquema físico, la ley definió cuestiones como la configuración institucional, es decir, la incumbencia de las distintas jurisdicciones y organismos estatales de control, y la participación del sector privado; pero también el régimen tarifario. El monto final de cada boleta que llega a un domicilio se obtiene de la suma de los costos de generación, transporte y distribución que se asignan a cada kWh.
En enero de 2014, el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De Vido, después de tres años de auditorías externas en Edesur y Edenor y de 30 años de concesión, propuso designar interventores auditores —con facultades de fiscalización y de tomar decisiones— en esas empresas. El propósito era el de asumir el control estatal por reiterados incumplimientos contractuales. La propuesta contemplaba un esquema semejante al empleado en el caso de Aguas Argentinas —ahora AySA— en marzo de 2006, que no fue expropiación, sino rescisión del contrato de concesión con buenos resultados, después de una lamentable gestión privada. La idea encontró la oposición del ministro de Economía, Axel Kicillof, cuyo viceministro y hombre de confianza, Emmanuel Álvarez Agis, era director por el Estado en Edenor —en representación de las acciones de ANSES tras la estatización de las AFJP—, aunque por momentos parecía el representante de Marcelo Mindlin —entonces CEO de Edenor— ante el gobierno. Kicillof logró imponer su criterio.
El 24 de septiembre pasado, el Senado nacional convirtió en ley una reducción territorial y de subsidios a beneficiarios residenciales de la tarifa de gas natural para consumo residencial en zonas frías; además, se estableció que la bonificación dejará de ser automática para aquellas zonas en las que se mantiene: “Se faculta al Poder Ejecutivo a determinar el alcance y las modalidades del beneficio”. El régimen beneficiaba a unos tres millones de hogares en distintas provincias. Tenía un esquema de financiamiento superavitario a través del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas. Este esquema estaba integrado con un recargo de hasta el 7,5% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). Es un tarifazo que afectará a millones de usuarios en zonas de comprobados inviernos duros y prolongados.
La norma contempla también un mecanismo para “determinar y compensar las diferencias de ingresos que distribuidoras y transportistas dejaron de percibir como consecuencia de leyes de emergencia tarifaria”. La “compensación” es una condonación de deudas de las distribuidoras con CAMESSA, de 1.842 millones. A las transportistas se las “compensa” por multas que no pagaron. Es importante destacar que, si la ley se hubiese limitado a quitar subsidios —inalterable exigencia del FMI—, el resultado para las empresas hubiese sido neutro: los usuarios pagarían lo que deja de pagar el Estado y lo que recibiría la empresa no variaría. En cambio, la maniobra, que ya había sido ensayada por el macrismo y denunciada por el ENRE durante el gobierno de Alberto Fernández, implica reconocer un aumento de tarifa por presuntos retrasos en base a cálculos manipulados, que redunda en mayores ingresos e incremento del valor de las acciones de las empresas: se entiende el lobby empresario por la eliminación de subsidios. Se trata de un enriquecimiento plus que hoy favorece a Rogelio Pagano —distribuidoras en provincia de Buenos Aires— y Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti —Edenor—, entre otros.
Extranjerizando y desindustrializando
En febrero de 2025, el gobierno nacional y su aliado de Mendoza vendieron la empresa IMPSA al fondo estadounidense Industrial Acquisitions Fund, cuyo socio principal es ARC Energy, por 27 millones de dólares, después del último rescate estatal de marzo de 2021, cuando aún estaba bajo control de la famiglia Pescarmona, eficientes manos privadas —para fugar divisas—, que históricamente recibieron favores de los Estados nacional y provincial. La empresa fabrica y exporta componentes para generación hidroeléctrica y eólica de alto valor agregado.
Paisajes norpatagónicos
En diciembre de 2025 se firmaron nuevos contratos de concesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Alicurá; Chocón-Arroyito; Piedra del Águila y Cerros Colorados en Planicie Banderita son cuatro unidades ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén, con una potencia instalada total de 4.170 megavatios (MW), que equivale a aproximadamente el 8% de la matriz de oferta energética total y alrededor del 30% de la generación hidráulica argentina. Las concesiones originales —por 30 años— habían vencido en 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández, que no las resolvió. Al transferir de hecho al gobierno que iba a sucederlo una decisión estratégicamente trascendente, AF desaprovechó la oportunidad histórica de recuperar el complejo para la operación estatal con las mismas normas que había impuesto y lo había entregado el menemismo. Se entiende aquel reclamo: “Alberto, usá la lapicera”. Los hechos muestran que la inoperancia —no los reclamos— fue lo que le hizo el juego a la derecha, que ahora profundiza procesos que inició en los '90. La lapicera tampoco funcionó para tomar el control de la Vía Navegable Troncal —río Paraná—, cuya concesión venció en 2021 y se renovó a mediados de este año.
El gobierno de Milei llamó a licitación para la venta del 100% de las acciones de las empresas operadoras de las centrales por resolución 1200/2025, publicada en el Boletín Oficial, sin fijar en los pliegos un precio base, con lo que el valor total recibido, de 706,885 millones de dólares según cuadro adjunto, oscila entre un 15% y un 20% del que corresponde si se considera la inversión inicial que realizó íntegramente el Estado y la depreciación por más de 30 años de explotación.
Asimismo, se dolariza la remuneración que percibirá cada concesionario, que se actualizará por la inflación de los Estados Unidos, entre otras disposiciones. Cabe consignar que se trata de energía limpia y renovable y que estos emprendimientos se caracterizan por un costo de operación y mantenimiento bajo respecto de la inversión inicial. En otras palabras, serán altamente rentables para quienes las operarán y más si se considera que los pliegos no exigieron inversiones en infraestructura. Los hermanos Juan y Patricio Neuss controlan Edison Inversiones S.A.U. y también son accionistas de Central Puerto S.A.; su amplia, repentina y santiagocaputísima participación en el sector eléctrico no deja de sorprender.
Licitación con altas tensiones
En abril de 2026 se dio a conocer el resultado de las ofertas por la venta del 100% de la participación estatal en Citelec S.A., controlante de Transener —principal transportista del SADI— con el 52,65% de las acciones. El Estado controlaba el 50% de Citelec a través de Enarsa; el otro 50% está en poder de Pampa Energía de Marcelo Mindlin; la ANSES conserva el 19,57% a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); el resto cotiza en bolsa. En mayo de 2026, el Ministerio de Economía concretó la adjudicación mediante resolución 673/2026 por 356 millones de dólares a Edison Energía (de los Neuss y Cía.) y Genneia (con participación del banquero y aspirante a precandidato presidencial Jorge Brito). La apertura de ofertas había generado sospechas porque la mejor fue la de Central Puerto que, después de una “caída” del sistema, fue superada por Edison Energía. La venta de acciones del Estado en Transener fue espontánea: no se produjo en el contexto de una concesión vencida e implica desprenderse de la participación en una empresa superavitaria. Los pliegos incluían un precio base que, curiosamente, estableció el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), como cuenta la diputada nacional de Unión por la Patria, Julia Strada. A partir del inaccesible informe del BICE, la Secretaría de Energía estableció ese valor mínimo en 206 millones de dólares. Según los balances de Transener, durante el primer semestre de 2026 la empresa obtuvo ganancias por 93 millones de dólares, resultado que puede duplicarse en el año, con lo que se llega a un monto cercano al precio base fijado para la licitación.
Vino el funcionario Diego Chaher a justificar el remate de las empresas públicas. Ya vendieron Transener (a los Neuss amigos de Santiago Caputo), las hidroeléctricas, tramos de Corredores Viales y ahora van por ATUCHA, Intercargo y AYSA.
Hay que frenar este desguace que incumple… pic.twitter.com/TqQlAWrQ7O— Julia Strada (@Juli_Strada) September 23, 2026
Apenas se hicieron de las acciones, las empresas Edison Energía y Genneia retiraron 44,5 millones de dólares como parte de las ganancias que la compañía había provisionado en abril en una cuenta especial. El dato fue informado por Transener a la Comisión Nacional de Valores el pasado 27 de agosto. En la comunicación se señala que durante una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria realizada el 30 de abril, se resolvió aprobar la distribución en efectivo de dividendos por la suma de 253.535.989.514 de pesos mediante la desafectación parcial de la cuenta de reserva destinada al pago de futuros dividendos: Mindlin embolsó 44,5 millones de dólares, lo mismo que los Neuss y Genneia. Los particularísimos pliegos de la licitación, elaborados por el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo, establecen en su cláusula 2.1 que la venta de las acciones de Enarsa en Transener incluye los derechos sobre dividendos “pendientes o futuros”: probablemente la maniobra en sí no sea ilegal, pero surgen sospechas fundadas. 1) Pudo haber existido una especie de simulación, es decir, la venta de acciones para luego cobrar ese dinero a través de los dividendos: el Estado tenía el porcentaje de acciones mayoritario, por lo tanto no caben dudas de que esa ganancia le pertenecía. ¿Por qué no la retiró o invirtió antes de la venta?
2) No es necesario ser James Bond para sospechar que los compradores obtuvieron información privilegiada: habrían sabido antes de la operación que ese dinero estaba disponible y que podrían apropiárselo en el instante mismo de pisar la empresa.
Conclusiones
Podríamos continuar con AySA (Agua y Saneamientos Argentinos S.A.); Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) y otras. No es necesario. Con lo expuesto podemos sacar algunas conclusiones.
La experiencia acumulada desde 1990 hasta el presente es categórica. Muestra que las privatizaciones no contribuyeron a generar “mercados abiertos” ni reducción de tarifas, sino exactamente lo contrario: configuraron un oligopolio energético-financiero; en general, las prestadoras volcaron parte del excedente a incrementar sus carteras en fondos comunes de inversión, títulos públicos, acciones y otros instrumentos financieros, y fugaron o remitieron divisas al exterior. En algunos casos, esas tenencias representaron porcentajes muy elevados de su facturación: en lugar de mejorar estructuralmente los servicios, el esquema facilita la apropiación de excedentes por parte de grupos concentrados. Por otra parte, desde que asumió Milei, se dolarizaron las tarifas de generación y transporte y se autorizaron fuertes aumentos en distribución.
El grupo Neuss aparece como uno de los grandes ganadores del ciclo; ligado a la familia Caputo, amplió su presencia en generación, transporte y distribución eléctrica a partir de operaciones habilitadas por la Ley Bases. Entre 2023 y 2025, mientras el índice general de precios subió 334%, el rubro electricidad, gas y agua aumentó 762% mediante verdaderos tarifazos. Estos implicaron una fenomenal transferencia de ingresos de hogares, comercios y pymes al núcleo de empresas privatizadas: el ahorro fiscal caputiano se sostuvo con una transferencia de ingresos superior al recorte de subsidios. La canasta de servicios públicos esenciales ha llegado a representar más del 14% del salario promedio registrado, con un impacto mayor en los empleos precarizados.
El gobierno del topo Milei está dirimiendo en favor de antiguos y nuevos grupos económicos la disputa con el Estado argentino por imponer definitivamente un determinado modo de acumulación: todas las reformas conducen a bloquear la participación del Estado en el sector energético, impidiéndole apropiarse de la renta energética nacional y quebrando su capacidad de regular y planificar. Se está reconvirtiendo el sector energético cuando, a partir de la recuperación de YPF en 2012 por el gobierno de Cristina, se alcanzó el autoabastecimiento; en otras palabras, cuando el sector ha dejado de ser una carga y podría convertirse en motor del desarrollo nacional, se lo entrega a grupos especializados en hacer negocios privados con recursos públicos.
* Mario de Casas es ingeniero civil. Fue presidente del Ente Provincial de Regulación Eléctrica de Mendoza (EPRE) y presidente del Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE). Militante radical, asumió ese último cargo con el vicepresidente Julio Cobos, pero no acompañó su posición contra las retenciones móviles.
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