El retorno del fujimontesinismo

Operativo de desestabilización de Keiko Fujimori para frustrar la proclamación de Pedro Castillo

 

Las maniobras del fujimorismo y de los partidos de derecha para impedir la proclamación de Pedro Castillo a la Presidencia de la República han estallado por los aires con la difusión de audios en los que Vladimiro Montesinos, el poderoso asesor de inteligencia del ex Presidente Alberto Fujimori, devela sus intentos “por ayudar a la chica (Keiko) porque si no, terminará presa”.

 

 

Los audios fueron presentados el jueves por el ex candidato presidencial Fernando Olivera, después de la renuncia repentina de uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Luis Arce Córdova, quien en una maniobra tendiente a demorar la nominación de Castillo y deslegitimar el origen de su mandato dejó sin quorum a la máxima entidad electoral, que tuvo que suspender el proceso de revisión de Actas. Arce Córdova está vinculado al fujimorismo e investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso Cuellos Blancos del Puerto, la más grande organización criminal de jueces y fiscales que se haya conocido en el Perú, así como por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

En los audios, Vladimiro Montesinos conspira para que Keiko Fujimori sea declarada ganadora de la segunda vuelta frente a Pedro Castillo. Para cumplir con su cometido contactó al coronel retirado Pedro Rejas, hombre de confianza de la familia Fujimori. Le dijo que quienes rodean a Keiko Fujimori “son unos huevones” y “van a perder todo por imbéciles”. Pero le explicó que había formas de influir en el JNE y que buscara a Guillermo Sendón –un operador que ha desfilado por varios partidos políticos–, quien supuestamente tendría acceso a los magistrados. Le dijo también que tendría que “echar un poco de gasolina” y que lo arreglara con Sendón, que “él puede ayudar bastante bien y, si se logra eso, se gana”.

En otro audio, Sendón le dice a Rejas –quien graba las conversaciones– que ya había hablado con el magistrado Arce Córdova. Se escucha a Sendón decir también que podría garantizar que tres de los cuatro miembros del órgano votarían a favor de Fujimori a cambio del pago de un millón de dólares a cada uno. El único que no estaba incluido en las previsiones de corrupción es el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas.

Montesinos cumple condenas por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita en la Base Naval del Callao y tiene las llamadas restringidas. La Marina de Guerra del Perú junto al Instituto Nacional Penitenciario han iniciado un proceso de investigación. Igualmente, a solicitud del presidente del JNE, la Fiscalía de la Nación investigará los audios que involucraran a miembros del organismo electoral con presuntos actos ilícitos. Pero el organismo electoral continuará funcionando puesto que ya ha sido nombrado un reemplazo, Víctor Rodríguez Monteza, quien también afronta una investigación penal por causas similares a las de su antecesor.

 

 

El frustrado camino para impedir el triunfo

Desde que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, tomó nota que había perdido las elecciones del 6 de junio, se buscaron tres objetivos: revertir el resultado de la elección, instalar la idea de fraude mediante una campaña de desprestigio de los miembros de los organismos del poder electoral y postergar la proclamación de Pedro Castillo como Presidente de la República.

Las primeras medidas apuntaron a revertir los 44.000 votos con los que Castillo supera a Fujimori (mayor a los 41.000 con los que Pedro Pablo Kuczynski le ganó a Keiko en 2016). El operativo se inició con un pedido de nulidad de actas de las zonas rurales y de comunidades aborígenes, las más pobres del país, donde Castillo tuvo una votación abrumadora, por un supuesto fraude electoral. Uno de los poderosos abogados de Fujimori, Julio César Castiglioni, adujo que «en la serranía han llenado las ánforas a su antojo». Pero todos los pedidos de nulidad fueron rechazados por los Jurados Electorales Especiales por falta de pruebas o por errores en su presentación. Tampoco prosperó un pedido de ampliación de plazos para la entrega de más pedidos de nulidad de actas, puesto que las reglas no pueden modificarse durante el proceso electoral.

Los defensores de la democracia y cruzados de la lucha contra el comunismo internacional sacaron entonces a relucir sus garras para desconocer los resultados. Fernando Rospigliosi, vocero de Fuerza Popular, señaló: “Aquí nadie se rinde. Vamos a pelear contra el fraude chavista planificado y ejecutado por los agentes de Cuba y Venezuela (…) No podemos permitir que se imponga una dictadura robando las elecciones y distorsionando la voluntad popular”. Se apostó entonces por entablar acciones legales dilatorias con el fin de llegar al 28 de julio, día del traspaso del mando, sin que se haya nominado a Castillo. Así, la Presidencia de la República la asumiría el almirante en retiro Jorge Montoya, a quien en su calidad de congresista electo con el mayor número de votos por el partido de extrema derecha Renovación Popular le tocaría presidir el Congreso, que tendría que convocar a nuevas elecciones.

Para dilatar el proceso de nominación, Fujimori solicitó «una auditoría informática del proceso de digitalización de actas electorales”, se interpuso un recurso de habeas data y una demanda de acción de amparo al Poder Judicial para declarar la nulidad de las elecciones de segunda vuelta. Todas fueron denegadas a pesar del coro de los medios de comunicación que vociferaban fraude electoral. Algunos periodistas de ultraderecha llegaron a incitar a la ciudadanía a tomar Palacio de Gobierno.

Asimismo, miembros retirados del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea remitieron una carta al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la que les piden desconocer los resultados electorales de la segunda vuelta, en un claro intento golpista.

 

 

En respuesta a esa actitud, el Presidente Francisco Sagasti pronunció un enérgico discurso en el que informó que había remitido esa comunicación al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones necesarias para determinar posibles conductas lesivas al orden constitucional. La actitud de Sagasti fue rechazada por los uniformados, quienes se autoconvocaron en una manifestación pública en señal de protesta, el martes 22, por considerar que se les estaba conculcando la libertad de expresión.

 

 

Sablazos a Fuerza Popular

Ese mismo día el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado en el que felicitó a las autoridades peruanas “por organizar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas”, que “representan un modelo de democracia en la región”. Indubitablemente, le quitó el piso a la teoría de fraude del fujimorismo en su campaña para impedir el legítimo triunfo de Castillo. El pronunciamiento brindó también una suerte de carta de garantía a las instituciones del poder electoral para que continúen su trabajo de acuerdo a la legislación. Sus miembros han sido el blanco de la campaña de desprestigio del proceso electoral vía amedrentamiento, pedido de renuncia del presidente del JNE de parte de congresistas allegados al fujimorismo, insultos al presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) e inclusive acusaciones infundadas del ex Presidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien se atrevió a afirmar que había cuadros venezolanos infiltrados en este organismo.

El llamado a respetar los resultados provino también del Congreso estadounidense. Los legisladores Gregory W. Meeks, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, y Albio Sires, presidente del Subcomité para el Hemisferio Occidental, Seguridad Civil, Migración y Política Económica Internacional, emitieron una declaración conjunta en la que rechazaron los intentos (de Fuerza Popular) de desechar una serie de votos de las zonas rurales y pobres, y poner en riesgo una transición pacífica al poder. En una comparación implícita con el accionar de Donald Trump, expresaron que «como país que también luchó recientemente por preservar la república de candidatos decididos a socavar la democracia, Estados Unidos conoce bien los desafíos que enfrenta el Perú».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA emitió el mismo día un pronunciamiento en el que expresa preocupación ante las denuncias por actos de hostigamiento contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública en el Perú. Asimismo, denunció acoso a personas por sus opiniones políticas, que incluyen el denominado hostigamiento digital (doxing), que consiste en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios o extorsivos. Hizo un llamado al Estado a brindar las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación pudieran desempeñar su labor. La asociación de prensa extranjera acreditada en el Perú había emitido días antes un comunicado en el que denunciaba la condena, el acoso y difamación del que eran víctimas, de manera sistemática, varios corresponsales.

La bochornosa situación electoral en el Perú había recibido también la atención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, quien repudió “los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, en alusión a los calificativos utilizados por el entorno de Fujimori contra Pedro Castillo y sus seguidores en razón de su etnicidad.

Pero ninguno de estos comunicados impidió que Fuerza Popular continuara con su operativo de desestabilización. El miércoles 23 en la noche, el magistrado Luis Arce Córdova declinó a su cargo en el JNE para evitar que sus votos fueran “utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional”. Con ese paraguas, líderes políticos que respaldan a Fujimori exigieron al Presidente Sagasti que solicite una auditoría a la OEA sobre la segunda vuelta electoral “si no quiere ser cómplice de un fraude”.

La respuesta a esa exigencia provino de la mismísima Misión de Observación de la OEA, que saludó el sistema electoral peruano, señaló que cuenta con las garantías del debido proceso, y que los procedimientos empleados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) que resolvieron las actas observadas, así como las acciones de nulidad presentadas y las apelaciones ante el JNE, se realizaron con apego a la ley. Asimismo, calificó como “insólita” la renuncia del Magistrado Luis Arce Córdova al Pleno del JNE en un momento tan delicado del proceso electoral.

A continuación, la Unión Europea y sus Estados miembros en Perú emitieron otro comunicado en el que consideraron que el proceso electoral del 6 de junio fue libre y democrático. En los mismos términos se expresó la Embajada de Canadá, la del Reino Unido, la organización civil Transparencia, entre otras. El presidente del Consejo Permanente de la OEA, Sir Ronald Sanders, fue por más y señaló que “la OEA debe defender sus conclusiones y pronunciarse en contra de los intentos de sofocar la voluntad del electorado. La elección mayoritaria de Pedro Castillo debe mantenerse. Eso es democracia”.

A pesar de los mensajes de la comunidad internacional, Fujimori, al estilo Trump, intentará sacar hasta el final alguna artimaña de su galera, probablemente ya no para evitar la proclamación de Pedro Castillo sino para deslegitimar su gobierno. Fujimori no sólo tendrá que resistir a los embates derivados de los audios filtrados sino a la presión internacional.

Los peruanos esperan que voces que apoyaron con alma, corazón y vida a Fujimori, como la del Nobel de literatura, hagan un deslinde con este frustrado operativo antidemocrático. Como dice Andrés Manuel López Obrador, Mario Vargas Llosa le falta el respeto al pueblo cuando advierte que el candidato Castillo, ganador de las elecciones, representa un peligro para el país por tener un pensamiento populista o comunista. Esto le permite, dice AMLO, no reconocerlo y armar un “fraude patriótico”. Es una vergüenza, concluye, “que un hombre de su talla intelectual tenga ese pensamiento retrogrado y, lo peor, que se presente como liberal”.

Entre tanto, Fujimori continuará petardeando la institucionalidad. El frente es ahora el Congreso: pretenden censurar a su mesa directiva, modificar leyes para debilitar la posición de Castillo frente al Poder Legislativo y nombrar a toda prisa a magistrados del Tribunal Constitucional a pesar de que Fujimori dijo en campaña que debían ser designados por el nuevo Congreso.

 

 

 

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