El riesgo de la pobreza energética

Una realidad que ya sucede en Europa y que debemos evitar en la Argentina

 

Todos los habitantes del planeta consumimos energía y es por eso que debería considerarse un derecho humano. Hablamos de pobreza energética cuando personas que tienen acceso potencial no pueden pagarla: tienen que decidir entre calentar sus casas o poner comida en la mesa. Esto ya está ocurriendo en Europa y debemos evitar que ocurra en la Argentina, un país donde 4 de cada 10 personas son pobres (INDEC).

Desde las últimas décadas hasta hoy, la problemática del acceso a servicios públicos de calidad y eficientes fue y es una constante. La Ley de Reforma del Estado 23.696 de 1989 estableció que los servicios públicos contengan tres sujetos: el Estado (como concedente del servicio y regulador); el concesionario (encargado de prestar el servicio); y el usuario (consumidor a quien se destina el servicio).

El plan económico de la convertibilidad incentivó a empresas extranjeras a hacerse cargo de estos servicios, dolarizando las tarifas. Para los servicios de agua y gas, la construcción de la tarifa constaba de tres elementos: el costo de la producción, el transporte y el costo de la distribución. El costo de producción quedaba a merced de las reglas del libre mercado, y el transporte y la distribución debían ser regulados por el Estado.

Este sistema fue rentable para las empresas extranjeras y para los usuarios hasta el fin de la convertibilidad que terminó con la crisis sociopolítica de 2001, haciendo necesaria la Ley de Emergencia Pública 25.561, que permitió la pesificación.

Sin embargo, el decreto 120 permitió al Ejecutivo disponer que hasta que concluya el proceso de renegociación de los contratos de las concesiones y licencias de servicios públicos, podía intervenir realizando revisiones o adecuaciones tarifarias para los contratos para intentar garantizar la continuidad, seguridad y calidad de las prestaciones.

El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que las autoridades deben velar por la protección de los derechos de los consumidores y usuarios a recibir servicios públicos de calidad y eficiencia. Jurisprudencialmente se estableció que:

  • Es responsabilidad indelegable del Estado velar por las condiciones necesarias que garanticen la prestación de los servicios públicos a la población.
  • El Estado tiene la potestad de fijar las tarifas de servicios públicos.

Durante décadas, las tarifas mantuvieron su valor en pesos gracias a que el Estado subsidiaba la diferencia en dólares, garantizando ganancias extraordinarias a las empresas concesionarias de energía. Sin embargo, nunca revelaron los costos reales de producir la energía ni realizaban las inversiones necesarias para asegurar la calidad de servicio. Como es tradición en nuestro país, las únicas que ganan son las empresas, atentando contra el conjunto de los consumidores.

En 2008, esta política se volvió insostenible y por eso el gobierno lanzó la recordada y poco exitosa campaña de renuncia voluntaria a los subsidios. Durante 2016, el gobierno macrista impuso los escandalosos tarifazos, con aumentos entre 3.500% y 5.500% en la electricidad y entre 1.500% y 1.900% en el gas. Siguiendo la política acostumbrada de la presidencia de Mauricio Macri de gobernar como si las leyes no existieran, los brutales tarifazos no pasaron por las audiencias públicas que exige la ley 24.076.

Esta situación llevó al CEPIS (Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad) a presentar un amparo colectivo en el que solicitó la nulidad, que fue concedida para los usuarios residenciales, y pidiendo al Ejecutivo que realice de las audiencias.

Pero eso no es todo. En junio de 2018, Macri vetó la ley 27.443, que retrotraía las tarifas de luz, agua y gas a los valores de noviembre de 2017 y establecía que se actualicen por el índice de precios mayoristas del INDEC y la evolución de los salarios.

 

 

“Basta de tarifazos”, Escobar, 2018.

 

 

Finalmente, al mejor gobierno de los últimos 50 años también le debemos el regreso del FMI a nuestro país, que limita una solución soberana a este inconveniente.

 

 

 

Un gobierno entre coyunturas externas e internas

El gobierno actual hizo campaña y ganó la Presidencia de la Nación denunciando tarifazos y otros ataques económicos hacia la población. La propia Vicepresidenta sostuvo en una entrevista periodística que bajar las tarifas resultaba indispensable por el bien de la población. Al mismo tiempo, rechazó la segmentación y consideró injusto que haya una tarifa diferenciada por barrios. Y en plena campaña, el actual Presidente prometió desdolarizar las tarifas de servicios públicos.

Nada de eso ocurrió, excepto nuevos golpes a los bolsillos, que ya estaban vacíos por los tarifazos históricos de 2016.

Alberto Fernández asumió sabiendo que tendría que seguir “actualizando” el esquema tarifario, como parte del acuerdo con el FMI. Sin embargo, “pasaron cosas” y recién comenzado su mandato estableció un congelamiento de emergencia por la pandemia de Covid-19 que rigió hasta marzo de 2021.

En 2022, el gobierno empezó a discutir cómo sería el esquema de actualizaciones tarifarias, empujado por otra coyuntura difícil: la guerra entre Rusia y Ucrania generó un aumento del precio del gas que nuestro país importa de Bolivia. El acuerdo firmado en abril prevé un esquema por el que la Argentina paga el actual valor vigente entre US$ 7 y US$ 9 por millón de BTU por un primer volumen de hasta 8 a 10 MMm3 por día. Mientras que pagará US$ 19.8 por millón de BTU por el resto el gas adicional.

Todo el esquema arroja un precio promedio de US$ 12,18 por millón de BTU, es decir, entre 3 y 5 dólares adicionales por millón. El esquema diagramado por el gobierno establece una segmentación de tarifas en tres categorías, según los ingresos mensuales y propiedades de las personas o grupos familiares:

  • Luz y gas Nivel 1: Sector de mayores ingresos que perderá el subsidio en su totalidad.
  • Luz y gas Nivel 2: Se mantendrá con el mismo subsidio que tiene hasta ahora.
  • Luz y gas Nivel 3: Sector de ingresos medios (mantendrán una parte del subsidio y la quita será paulatina).

Sin embargo, aquellos que tengan un consumo superior a 400 kilowatts perderán parte del subsidio, a pesar de estar dentro de un grupo considerado no medio.

  • Gas nivel 2: Se mantendrá con el mismo subsidio que tiene hasta ahora.
  • Gas Nivel 1: El precio (sin contar transporte y distribución) aumentará 167%, con aumentos bimestrales en el caso de la quita total de los subsidios. El promedio de facturación para este sector pasará a ser de $1.650 (junio 2022) a $1.988 en septiembre, $2.456 en noviembre y $3.105 en enero. Es decir que en el último semestre del año el aumento para este segmento será de 88%.
  • Gas nivel 3: Para los sectores de ingresos medios, el subsidio se reducirá a 70% del actual y pasará de un promedio de $1.650 a $2.146 en enero de 2023, contemplando tres aumentos bimestrales de $115, $160 y $221 respectivamente.
  • Luz nivel 2: Se mantendrá con el mismo subsidio que tiene hasta ahora.
  • Luz niveles 1 y 3: En base a una tarifa promedio de $1.467 (Edesur), el aumento mensual será de 55,7%, alcanzando $2.285 en septiembre. Asimismo, si se toma como referencia la tarifa promedio de EPESF (Santa Fe) de $3.249 o de EPEC (Córdoba), que es de $3.592, el aumento será de 24,7% y 22,7%, alcanzando el próximo mes tarifas de $4.053 y $4.411, respectivamente.

Para identificar correctamente a los usuarios de cada categoría, se creó un registro voluntario. Si no se completa el formulario de inscripción, el Estado aumentará las tarifas a los usuarios que queden afuera del subsidio de manera escalonada, hasta alcanzar el valor total del 100% de la tarifa plena en la factura de luz y gas.

 

 

 

Fríos números, problemas calientes

En Europa, más de 35 millones de ciudadanos no pudieron mantener sus hogares calientes en invierno. Eso equivale a toda la población de Grecia, Portugal, Hungría e Irlanda junta. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que casi 2.000 personas murieron producto de la ola de calor en la Península Ibérica este verano. Pobreza económica, pobreza energética, personas sin poder refrigerarse en plena ola de calor y calefaccionarse en el más crudo invierno ya son una realidad.

Europa fue nuestro espejo anticipatorio durante la pandemia de 2020. La Argentina, ¿de vuelta será espejo de Europa?

 

 

 

 

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