El sapucai de D'Alessio y Pichetto

 

Yo he sido víctima de una extorsión encubierta que ha perjudicado no sólo mi salud, sino también mi desempeño como juez en el tiempo que me quedó. Y le voy a decir otra cosa, de acuerdo a un informe psiquiátrico, de una psiquiatra que me atendió, la primera que lo hizo me habló hasta de una pérdida de capacidad intelectual por ese shock emocional en el cual me sumergieron ante la sociedad. Y el dolor, el dolor indescriptible en el alma que me han causado.

Carlos Soto Dávila se presentó en el juzgado de Dolores para pedir ser querellante en las causas que investigan la organización para estatal integrada por Marcelo D'Alessio. Fue juez federal y electoral de Corrientes durante 22 años. Entre diciembre y febrero de este año, el juez Sergio Torres lo procesó y lo detuvo como jefe de una asociación ilícita que incluyó a dos sus secretarios por cobrar bonos con un piso de 30.000 pesos para proteger de la cárcel a integrantes de tres organizaciones de contrabando de marihuana en la localidad correntina de Itatí. El caso es conocido como Operativo Sapucai. Soto Dávila debía haber atravesado el proceso de remoción de su cargo para ser detenido a través del siempre pantanoso espacio del Consejo de la Magistratura. Pero no hizo falta. Luego de una intervención de D'Alessio como invitado experto en un programa del prime-time televisivo de Canal 13 en diciembre de 2018, recibió dos llamados del Consejo de la Magistratura. Le sugirieron que renuncie. Y renunció.

Aquí se narrará el rol del senador Miguel Ángel Pichetto en la extorsión al ex juez correntino.

 

 

 

La salida

"En el caso de este doctor, Soto Dávila, recordemos que dos años antes nosotros teníamos datos", dijo Marcelo D'Alessio el 4 de diciembre de 2018. Todavía presentado como abogado experto en narcotráfico, se sentó como invitado en el noticiero Telenoche central, explicó la historia de contrabando en Itatí y, luego de ese nosotros inclusivo, recordó un dato que a Soto Dávila aún le da vueltas. Dijo que sabía que dos años antes el hermano del vice-intendente había sido detenido por 60 kilos de marihuana, que el hombre estuvo 24 horas preso y Soto Dávila lo liberó.

 

 

 

¿Por qué sabía un dato de 2017? ¿Por qué habló de un nosotros inclusivo? ¿A nombre de quién hablaba D'Alessio?, preguntó en su declaración de Dolores.

Soto Dávila no goza de prestigio en el fuero judicial. Torres lo consideró pieza clave de un sistema del que participaba un intendente, su segundo, fuerzas de seguridad, abogados y hombres dedicados al contrabando. La causa es una de las más importantes sobre contrabando de los últimos tiempos. Tuvo tres etapas. La primera, con 41 condenados. La segunda, ahora en juicio oral con 28 personas, y otra en instrucción en la que está el juez en cuestión. En la investigación que se originó en 2014 intervinieron distintas agencias del Estado. Torres, el fiscal Carlos Stornelli y la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal. Un área dirigida por el fiscal Diego Iglesias, que desde la salida de Alejandra Gils Carbó trabaja con recursos, colaboración y la agenda de la DEA, a través de su agregado adjunto local, Michael Tooley. El proceso fue seguido de cerca por el ministerio de Seguridad. Y la ministra Patricia Bullrich estuvo en Itatí para celebrar hace dos años las detenciones como un éxito.

El problema que ahora abre la presentación de Soto Dávila no es sobre su rol, cuya investigación estuvo en manos de Torres. El problema es D'Alessio. El espía aparece en los momentos en los que se difundía el nombre del ex juez por televisión. Pero lo más importante es que también aparece como una sombra constante en la investigación que se hizo en la provincia desde 2017.

 

 

 

Los aprietes

La primera mención de Soto Dávila en televisión fue en 2017. Su nombre apareció como parte de un mapa del delito con membrete del ministerio de Seguridad, abajo del gobernador Ricardo Colombi mientras comenzaba la campaña electoral de la provincia.

 

 

El gobierno negó la autoría de tal mapa en ese mismo momento. Pero los datos daban cuenta de la investigación de drogas que efectivamente se estaba realizando. Con el correr del tiempo, una de las cosas que cambió entre ese mapa y los resultados es que dejó de aparecer el nombre del gobernador.

Su nombre reapareció en noviembre de 2018,  en el noticiero de Canal 13 donde estuvo sentado el espía. Un día después de la emisión, Soto Dávila subió hasta el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py para ser indagado por Sergio Torres. Al mismo tiempo, la Comisión de Disciplina y Acusación presidida entonces por Miguel Ángel Pichetto lo citó para comenzar el proceso de remoción.

"Me entero de que cuando los nuevos integrantes del Consejo terminaron de jurar —dijo el ex magistrado en Dolores—, ya proceden a mi citación por el artículo 20 del Reglamento, bajo el argumento de ser de público conocimiento y difusión".

Luego recibió dos llamados. El senador correntino Carlos Camau Espíndola fue la primera de las dos personas que le pidió la renuncia.

"Me vino a ver y me dijo que yo tenía que renunciar, que él ya había hablado con el Consejo de la Magistratura”, dijo. Cuando Ramos Padilla le preguntó con quién del Consejo de la Magistratura había hablado el senador, mencionó a Pichetto.

En febrero recibió un nuevo llamado. Esta vez del juez federal de Bariloche, Leonidas Moldes. Ex Secretario de Alberto Piotti, conocido por llevar a juicio a una profesora de matemática por cortar una ruta en defensa de la escuela pública. Este año procesó a dos compañeros de Rafael Nahuel, que trasladaron su cuerpo baleado a la ruta, por usurpación y atentado a la autoridad.

"Estando acá en Buenos Aires, recibo la llamada del doctor Moldes —dijo Soto Dávila—, miembro del Consejo de la Magistratura. Me cita. Nos vemos en un café y él me vuelve a reiterar en los mismos términos la necesidad de mi renuncia".

Durante el encuentro, Moldes volvió a decirle dos o tres veces lo mismo.

—Andate ya, si vos ya tenés 70 años —dijo—. Renunciá ya. Andate.

"Es decir —continuó—, da la extraña casualidad de que varias personas alrededor de todo esto pidieron, querían, que yo renuncie. Evidentemente había un... no sé, no quiero hablar de operativo, pero era una extraña coincidencia que un conjunto de personajes pidiese mi renuncia".

Cuando el juez de Dolores le preguntó cuál sería el móvil de eso que llama persecución, dijo que su despacho era un diamante: un juzgado federal y el único de la provincia con competencia electoral. "Es claro que en este caso el móvil final era mi renuncia y la vacante de un Juzgado con competencia electoral, de los cuales, como es sabido, hay solo 24 en el país", dijo.

Soto Dávila luego hizo lo mismo que Carlos Rozanski. Llamó por teléfono a Luis María Cabral para pedirle que lo acompañe al ministerio de Justicia a presentar su renuncia. Cabral es conocido. Fue presidente de la Asociación de Magistrados, elegido a dedo y sin sorteo en la Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal de la Nación, donde permaneció cuatro años, 2011-2015, como un pernicioso ejemplo de forum shopping, lo caracterizó el entonces jefe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat. En octubre de 2016 acompañó a Rozanski a una reunión con el ministro Germán Garavano, un encuentro en el que el juez de La Plata acordó su renuncia en la frontera del panteón de los muertos. En este caso, escoltó a Soto Dávila para entregarlo en el mismo panteón.

"Cuando comienzan los operativos en la prensa que a mí realmente me destrozaron, yo decidí renunciar y en ese momento llamé a Luis María Cabral, que entonces trabajaba como asesor de la presidencia del Consejo de la Magistratura", dijo Soto Dávila. "Hablé con él, él me acompañó hasta el Ministerio de Justicia y, en forma extraordinaria, en cuatro días, salió el decreto de aceptación de la renuncia. Yo estaba en Buenos Aires. Creo que fue un jueves que volví a Corrientes, fui al Juzgado y creo que el viernes ya me comunicaron la aceptación de la renuncia".

Cuando Ramos Padilla le preguntó si conocía a Moldes y Cabral, dijo que sí: "Lo conocía, lo conocía, yo estuve 22 años en la Justicia".

 

Durante estos años, el gobierno sacó de juego a jueces molestos. La combinación de carpetazos, acumulación de causas y presión mediática hizo que algunos se fueran con la renuncia. Eduardo Freiler es uno de los ejemplos más interesantes: integrante de la estratégica Cámara Federal de control para los juzgados de instrucción, era un obstáculo para quienes comenzaron a usar las prisiones preventivas como mecanismo de ablandes para arrepentidos. También renunciaron otros. Norberto Oyarbide y Soto Dávila. Otros optaron por quedarse y someterse al proceso del Consejo de la Magistratura. Eso obligó a dar publicidad a los casos y blindó una defensa como sucedió con Daniel Rafecas, Sebastián Casanello, Luis Rodríguez, Ariel Lijo y Rodolfo Canicoba Corral.

Y cuando le preguntaron por qué se dijo víctima de una extorsión encubierta, respondió: "Lo que yo puedo ampliar es el escenario en el que un hombre se encuentra solo en un escenario, en el cual está recibiendo golpes de todos lados y llega un momento en que uno cree tomar la decisión más acertada, que era la renuncia e irse porque ya era absolutamente inhumano poder soportarlo. ¿Yo quería irme? No, no quería irme, si esa es la pregunta de fondo, pero tuve que tomar una decisión y me voy, renuncio, esa es la verdad ”.

 

Termínela ministra

En agosto comenzó el juicio oral por el segundo tramo de Itatí. Allí están siendo juzgados el intendente y vice intendente de esa localidad correntina. El lunes consiguieron un acuerdo de juicio abreviado: llevaban dos años detenidos, pactaron tres años de prisión y debieron asumir responsabilidades en el caso. Desde hace un mes el intendente Natividad Terán es defendido por Alejandro Rúa y Graciana Peñafort. Ellos sostuvieron que no había pruebas para imputar a un hombre que no se enriqueció, sigue viviendo en la misma casa hace veinte años y cuya imputación estuvo basada en testimonios de arrepentidos que no pudieron cotejar.

La ministra Patricia Bullrich se quejó cuando supo que el intendente dejaba la cárcel.

 

¿Juicio abreviado al intendente de Itatí? ¿3 años de prisión para alguien que fue electo para ayudar a la gente y se convirtió en uno de los capos narco más grande del país? No es justo. Por favor, señores Jueces, no lo firmen. Si no, ser narco y funcionario es fácil en Argentina.

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) September 17, 2019

 

Rúa le contestó a través de un twitter una sola frase que dejó a la ministra en silencio. En la frase, le nombraba a Marcelo D'Alessio.

 

Terminela Ministra, no tenían nada y es todo armado suyo con doctor D’Alessio https://t.co/K94qCug7xt

— Alejandro Rúa (@AleRuaTwit) September 17, 2019

 

 

La intervención

A diferencia de otros hechos, el juzgado de Dolores cree que este caso no tiene prueba pura. Es decir, no hay un documento en la computadora de D'Alessio específico sobre el Operativo Sapucai o Itatí. Pero hay indicios. Un testimonio del espía Rolando Barreiro que menciona la participación de D'Alessio en la Operación Sapucai. Un testimonio de Camau Espíndola que dice lo mismo, y luego el análisis de sus archivos sobre Rosario. Allí aparece haciendo tareas de control de narcotráfico para el ministerio de Seguridad. Un dato que también surgió de un reporte a un usuario llamado Patricia BullrichS6.

 

 

Pero la declaración de Soto Davila introdujo un nuevo elemento que hasta ahora estaba fuera del radar de Dolores: la intervención de la Procunar. Según el ex magistrado, la Unidad de Diego Iglesias comenzó a coordinar trabajo con los fiscales correntinos para pedirle que se aparte de las investigaciones que se fueron llevando a Buenos Aires.

 

 

“Mire, yo en un determinado momento, cuando participan los fiscales, se unen, trabajan con Iglesias, los fiscales de Corrientes trabajan con Iglesias y trabajan con el doctor Torres", dijo Soto Dávila en la declaración. "Inmediatamente consiguen... me piden que yo me aparte de un montón de causas, que determine mi incompetencia y que las remita a los juzgados".

De la lectura de las crónicas de la época se entiende que Comodoro Py pidió las competencias porque Soto Dávila protegía a los malhechores. La posición del ex juez es distinta. Lo explica.

"Remití una enorme cantidad de expedientes, no me acuerdo cuántos. Procesados, detenidos, en situación de elevación a juicio, otros con investigaciones avanzadas", siguió el ex magistrado. "Yo decliné la competencia a favor del Juzgado de Capital. Así es, sí señor. No tenía absolutamente nada que ocultar, así que lo que me pedían... si querían la competencia, estaba la presión mediática en todos los medios instalada. Es decir, yo no tenía nada que ocultar, por lo tanto, declaré mi incompetencia y las remití. Considero que en base a esas causas u otras causas... son las que habrían utilizado desde el Ministerio Público para buscar incriminarme en otras cuestiones".

En Dolores preguntaron un poco más. Él dijo: "Hubo permanentes requerimientos del Ministerio Público para que yo me desprenda de un conjunto de causas. Cada vez eran mayores".

Las causas pasaron de Corrientes a Buenos Aires. Si D'Alessio decía que era hombre de la DEA y la DEA trabajaba con la Procunar, habrá ahí otra línea para investigar. ¿Habrá tenido ingresos en el edificio de Perón del ministerio público fiscal durante ese tiempo?

Conviene recordar las palabras del espía Barreiro, el socio de D'Alessio.

"No fue un operativo chiquito, fue un operativo de los más grandes, con el de Bobinas Blancas", dijo sobre Sapucai. D'Alessio participó, dijo. Alguien se lo pedía. "Él me decía que trabajaba para el Ministerio de Seguridad, aparte de su vínculo con la Embajada de Estados Unidos, decía que hacía reportes". Cuando el juzgado le preguntó cómo llegaba D'Alessio a esos procedimientos, Barreiro dijo que nunca lo vio en el territorio pero "él decía esto lo hice yo y te mostraba cosas, fotos, cuestiones. Te decía: me voy, me tengo que ir a Corrientes o tengo que ir a tal lado o a estar otro, porque hay un tema de un operativo para el Ministerio, para lo que sea y efectivamente tenía la información de lo que estaba por pasar o había pasado".

Una revisión sobre el caso Sapucai puede hacer saltar el hormiguero.

Soto Dávila está incluido en el tercer tramo de la investigación. La causa está en instrucción. Lo mismo sus dos secretarios. A diferencia del resto de los presos, tras su renuncia, estuvo sólo un mes detenido y con prisión domiciliaria. Luego la Cámara Federal lo excarceló. La fiscalía pidió elevación a juicio. Hoy su defensora Mariana Barbitta pide la nulidad de las imputaciones a Rodolfo Canicoba Corral, sucesor de Sergio Torres que ascendió a conjuez de la Corte de la Provincia de Buenos Aires luego de la investigación.

 

 

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