El Sapucai de Pichetto

El efecto disciplinador de la llamada guerra contra las drogas

 

Los avales políticos del Consejo de la Magistratura suelen jugarse en las sombras con acuerdos expresados a través de los votos. En diciembre Miguel Angel Pichetto se escondió detrás de las sombras para conseguir la renuncia de un juez federal correntino. Renunciá ya, andate, le dijo uno de sus colegas enviado por el entonces presidente del bloque del PJ. El correntino tenía orden de detención en Buenos Aires por cobrar coimas a los acusados de contrabando ilegal de marihuana. Su renuncia evitaba el comienzo del proceso de remoción en el Consejo y la detención inmediata coronaba el éxito del mayor operativo de drogas celebrado por el gobierno con el nombre del grito chamamecero de Sapucai. El juez renunció. Pichetto realizó, entonces, una última gestión: escribió su firma en un aval a su reemplazante. El escrito llamó la atención. En ese mundo de acuerdos en secreto, esa firma lo sacó de las sombras. Pero era indispensable. Miguel, el hombre de la disciplina partidaria, garantizaba avales ante el rechazo del nombramiento de parte del Frente para la Victoria.

El gancho de Miguel no consistió sólo en un aval para los nombres en juego. El Operativo Sapucai hoy puede verse como una de las mayores prácticas de intervención del gobierno nacional a los poderes de una provincia de radicales díscolos. En dos años pasaron por Itatí la jefa del ministerio de Seguridad,  el espía Marcelo D’Alessio, la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) del Ministerio Público Fiscal que se llevó las causas de drogas a Buenos Aires, se descabezó al juzgado federal más importante, el único con competencia electoral y competencia en el fuero penal económico y delitos financieros y dejó tan disciplinado al resto de los jueces que hoy, con las cárceles paupérrimas, desbordadas de pobres, tienen miedo de anular prisiones preventivas porque luego los acusan de narcos.

La única persona del poder político provincial tocada por las esquirlas del Sapucai pero finalmente ilesa fue el ex gobernador Ricardo Colombi. Aquel juez corrido dijo que eso le llamó la atención. «El juez tenía connivencia política. ¿Cuál es la connivencia política que se me atribuye? El jefe acá, de acuerdo a este organigrama, era el doctor Ricardo Colombi. Y hay una flecha hacia abajo que dice juez federal Soto Dávila«, declaró Carlos Soto Dávila en el juzgado de Dolores. Colombi efectivamente apareció en el centro de un mapa del delito sobre drogas elaborado con membrete del ministerio de Seguridad, y difundido en la largada de la campaña a la gobernación de 2017. El ministerio de Seguridad desmintió inmediatamente su autoría en ese mapa que hoy parece haber sido elaborado por D’Alessio. Pero Colombi no pudo desmentir a la ministra a la que se le escapó el nombre del entonces gobernador en un fallido. La firma de Pichetto parece haber coronado ese proceso de aprietes y perdones: el juez avalado se llama Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda y es uno de los más abiertos amigos de Colombi.

 

 

 

 

 

El pedido

Señor presidente del Consejo de la Magistratura, Ricardo Recondo, escribió Pichetto el 18 de marzo. «Me dirijo a usted a los efectos de prestar conformidad con la solicitud de traslado formulada ante este Cuerpo por el doctor Gustavo Fresneda del Juzgado Federal de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes —del que es titular— hacia el Juzgado Federal N°1 de la ciudad homónima. Avalan el pedido los motivos expresados por el doctor Fresneda en su presentación, en particular la circunstancia de haberse desempeñado durante más de treinta años como Secretario de tribunal al que solicita el traslado y encontrarse dentro de la misma jurisdicción».

Fresneda no podía asumir como juez de Corrientes porque su designación contrariaba dos principios del Reglamento 155/2000 de Traslado de jueces del Consejo de la Magistratura. No tenía experiencia en la competencia electoral. Y no cumplía con el requisito de tener un mínimo de cuatro años de antigüedad como juez de su juzgado porque había asumido en Paso de los Libres el 4 de febrero de 2019, es decir sólo unos pocos días antes.

 

 

La rosca

La revisión del Operativo Sapucai se abrió como coletazo de la investigación del caso D’Alessio. Soto Dávila se presentó en Dolores a pedir ser querellante porque encontró al espía detrás de su caso, hablando por televisión sobre la investigación que lo dejó fuera del juzgado. Eso no salva al correntino. Pero D’Alessio habló del caso con un nosotros inclusivo, un dato que sugiere una participación en el operativo, nadie sabe a cuenta de qué y de quién. Otro eje de la declaración del magistrado fueron los hechos vinculados a su renuncia. Dijo que dos personas fueron a verlo. Le pidieron que se vaya. Primero el juez Leonidas Moldes de parte de Pichetto. Y luego Carlos Camau Espíndola, uno de los senadores peronistas correntinos, ora cerca de Pichetto, ora cerca del FpV, ora de Colombi, luego no se sabe con quién.

 

De izquierda a derecha. Miguel Ángel Pichetto, Camau Espínola, Humberto Schiavoni, Ricardo Colombi y Rogelio Frigerio. (Perfil)

 

Cuando Soto Dávila declaró en Dolores, el juez Alejo Ramos Padilla le preguntó en qué fechas lo habían visitado los emisarios. Moldes lo vio en diciembre. Y Camau Espíndola en febrero. Él renunció el 22 de febrero. El 7 de marzo, el Consejo de la Magistratura abrió el expediente 24/2019 con el pedido de Fresneda para sentarse en su silla.

Señor presidente, Ricardo Recondo, me dirijo a usted en mi carácter de juez federal de Paso de los Libres a fin de solicitarle el traslado y designación como juez federal de Primera Instancia a cargo del juzgado federal N°1 de la ciudad de Corrientes, escribió. Dio cuenta de sus antecedentes de mérito: 30 años como secretario penal del juzgado al que buscaba acceder, 12 concursos en los que siempre quedó ternado, su nombramiento en Paso de los Libres y una esposa en la capital de la provincia.

Pero no dio todos los antecedentes. Su vínculo con Colombi es conocido. Fue su abogado cuando Colombi era intendente de Mercedes. E integró el Superior Tribunal de Justicia en comisión cuando Colombi asumió como gobernador. Tuvo causas en contra mientras fue secretario del juzgado de Soto Dávila. Se lo investigó, como a su jefe, por beneficiar detenidos a cambio de coimas. El dato le valió una impugnación en 2009 del entonces consejero Carlos Kunkel, cuando se postulaba para el juzgado misionero de Oberá. Ese antecedente también fue retomado recientemente cuando se presentó como aspirante para Paso de los Libres. En 2016 se lo recordó la Asociación Memoria, Verdad y Justicia de Paso de los Libres y en noviembre del año pasado se lo dijo a viva voz en el Congreso la senadora correntina del FpV Ana Almirón. El pliego para paso de los Libres se aprobó de todas maneras en el mes de noviembre del año pasado para un juzgado que estaba con sillón vacante desde hacía once años.

 

 

 

 

La designación se hacía mientras se aceleraban los últimos pasos del Sapucai. Lo que nadie advirtió, entonces, es que ese movimiento podía tener como destino final el acceso a la llave de uno de los 24 juzgados electorales del país y espacio todoterreno.

Tras la renuncia de Soto Dávila, dos jueces aspiraron a su juzgado. El titular del juzgado federal 2 de misma capital correntina, Juan Carlos Vallejos. Y Fresneda.

De acuerdo al Reglamento 155 del año 2000, un juez que quiera acceder a un cargo debe cumplir tres requisitos. Puede hacerlo si no hay concursos públicos pendientes para el cargo; debe pertenecer a la misma jurisdicción, tener la misma competencia y aspirar al mismo grado y tener como mínimo una antigüedad de cuatro años en su juzgado de origen. Esa reglamentación pretende mantener un espíritu restrictivo para los traslados, y cuando se votó tenía como propósito evitar que un juez designado en una jurisdicción para la que concursó no busque acceder a otra respecto de la cual ni siquiera se hubiese llamado a concurso.

Vallejos cumplía con los requisitos. Fresneda no. El trámite continuó su camino, entre otros elementos necesitaba la opinión de los juzgados de control: la Cámara de Apelaciones de Corrientes y la Cámara Electoral. La Cámara Electoral avaló a los dos. La Cámara de Apelaciones correntina, en cambio, aceptó a Vallejos y rechazó a Fresneda.

«Que el magistrado que pide el traslado tomó posesión del cargo del juez federal de Paso de los Libres el pasado 4 de febrero de 2019 al prestar juramento ante este tribunal. Dicho esto, evaluada la solicitud y los recaudos previstos en la norma reglamentaria, se observa que no cumple con el articulo de la Resolución 155/00 que exige una antigüedad de no menos de cuatro años». Por eso mismo, dijeron que por mayoría esta Cámara no presta conformidad al traslado.

La Acordada 77/2019 se firmó el 14 de marzo. Llegó a Buenos Aires cuatro días mas tarde, el 18 de marzo. Ese mismo día, Vallejos renunció sorpresivamente a su aspiración. Y Pichetto puso el gancho.

 

 

Aval de Pichetto al nuevo juez de Corrientes.

 

Fresneda finalmente no accedió al juzgado de Soto Dávila. Su nombramiento no terminó de obtener el acuerdo directo del Consejo. La integración había cambiado. La Comisión de Selección aprobó el traslado el 6 de abril con la excepción del voto de Wado de Pedro del FpV. Pero los consejeros condicionaron el traslado a la aprobación del Poder Ejecutivo (que logró rápidamente) y a un acuerdo del Senado. Antes de las PASO, ese acuerdo parecía un trámite con Miguel como jefe político de la bancada más importante. Después de las PASO, parece inalcanzable.

Anibal Ibarra hoy defiende a uno de los secretarios del juzgado de Soto Davila, Federico Grau, también procesado en la causa. Cuando le preguntan por el caso, dice que la Procunar se autoconvenció de pruebas que no puede sostener. Al menos con su defendido. Cuando le preguntan si hubo una intención política con este arrastre, dice: «No puedo afirmar con certezas o con pruebas, pero tampoco puedo descartar que haya habido alguna intencionalidad política para tener vacante todo un juzgado federal en Corrientes».

 

 

El gancho a una política de Estado

La llamada guerra contra el narcotráfico tiene en Corrientes uno de sus peores efectos. Sin cárceles federales, las dos unidades penales provinciales con capacidad para alojar 200 detenidos cada una reciben a detenidos de causas federales que ahora duplican la capacidad con una población estimada en 1.000 personas. Uno de los lugares habilitados para alojamientos transitorios es el Escuadrón 47 de Gendarmería con capacidad para 6 personas, que aloja a 20. El 27 de agosto, la Cámara de Apelaciones correntina debió resolver un hábeas corpus presentado 90 días antes por los detenidos. Tres detenidos declararon en una audiencia.

Uno afirmó que son muchos en la unidad y que no hay espacio, lo que ocasiona peleas entre ellos. Explicó que sólo salen dos veces a la semana al patio esposados, de a grupos de cinco personas; que después de seis meses sus vidas se destruyen y pidió que se limpie el tanque de agua.

Otro detenido dijo que necesitaba espacio para rezar.

El último que están llenos de hongos por la humedad constante pese a que les dan lavandina y detergente.

El camarista Ramón Luis Gonzalez exigió en su voto prohibir el ingreso de nuevos detenidos al sistema de cárceles hasta que se resuelva la sobrepoblación y recuperar el espíritu restrictivo de las prisiones preventivas, de acuerdo a criterios constitucionales de estricta necesidad, proporcionalidad en relación a la magnitud del hecho imputado y evaluación de penas alternativas. La medida no salió votada por la mayoría pero sus dos colegas mujeres también exigieron una acción inmediata. Las juezas Selva Angélica Spessot y Mirta Sotelo de Andreau señalaron que la crisis que enfrenta el Servicio Penitenciario Federal a nivel local deja al descubierto la paupérrima situación penitenciaria y el estado de emergencia en el que se encuentra el sistema producto del aumento de internos alojados con la consecuente sobrepoblación y hacinamiento.

Uno de los factores fundamentales del incremento de los presos es esto que se llama la lucha contra las drogas, dice un magistrado correntino sobre la política criminal implementada por el gobierno con la agenda de Estados Unidos. En la región mas pobre del país, las bandas no sólo trafican mercancía ilegal sino que trafican seres humanos que son la carne de cañón para el sistema penal. A esto se suma una política pareja de la Cámara de Casación Penal de la Nación que rechaza todos los recursos de la defensa, habilita todos los recursos del Ministerio Público Fiscal, confirma todas las condenas, revoca las absoluciones y en esos casos pide hasta penas mas graves.

D’Alessio es una anécdota en todo esto. El gancho a esas políticas terminó con el llamado de Mauricio Macri para ofrecerle la candidatura a vicepresidente.

 

 

 

 

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1 comentario
  1. walter dice

    Muy buena la nota. Es la triste realidad de mi provincia contada por la Periodista.
    Walter de Corrientes.

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