En días recientes, el Presidente Donald Trump ha estado activo y desopilante. Entre varias perlas, quiere que la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino –quien en diciembre pasado inventó y le entregó un “Premio de la Paz de la FIFA”– se convierta en el próximo secretario general de las Naciones Unidas, ya que los aspirantes actuales (Michele Bachelet, Rafael Grossi, Rebeca Greenspan, entre otros) son “mediocres”. Días antes, Trump había afirmado que China llevó a cabo una campaña masiva de interferencia en 2020 que le hizo perder la elección. Sostuvo que la inteligencia de ese país obtuvo ilegalmente los datos de 220 millones de votantes estadounidenses para favorecer a Joe Biden. Ello, a pesar de que la comunidad de inteligencia de Estados Unidos concluyó formalmente en sus informes que China no desplegó esfuerzos de interferencia ni manipuló los sistemas de votación.
Más allá de estos hechos anecdóticos, Trump impuso el viernes nuevos aranceles a las importaciones realizadas por Estados Unidos a más de 60 países. El argumento esgrimido para aplicarlos consiste en penalizar a los socios comerciales que no han combatido de manera efectiva el trabajo forzado en la obtención de insumos importados en sus cadenas de producción. Esta medida tiene lugar en un escenario en el que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán está destrozando las máquinas impresoras de dólares, lo que hace inevitable rememorar la guerra con Vietnam, la consiguiente devaluación del dólar y la imposibilidad de convertirlos al cambio establecido en oro, lo que representó el fin del sistema de Bretton Woods en 1971.
Una carmelita descalza defiende el trabajo esclavo
Este nuevo paquete arancelario —una astuta pirueta legal para sustituir los aranceles establecidos el “Día de la Liberación”, que el Tribunal Supremo anuló en febrero pasado—, divide a las naciones en dos categorías según su nivel de cumplimiento de la importación de productos desde países donde se ejerce el trabajo forzado:
- Arancel de 10%: aplicado a los países que se han comprometido formalmente a adoptar y hacer cumplir prohibiciones contra el trabajo forzado. En este grupo se encuentran sus principales socios comerciales: Canadá, México, Guatemala, Honduras, El Salvador, la Argentina, Ecuador, Trindad y Tobago, la Unión Europea, India y el Reino Unido.
- Arancel del 12,5%: aplicado a las naciones que no han adoptado dichas prohibiciones comerciales. Entre los afectados bajo esta tasa más alta figuran China, Brasil, Japón, Australia, Colombia, Perú, Chile, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Venezuela, Uruguay, Nicaragua y Guyana.
La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) excluyó de estos nuevos impuestos a sectores clave como el petróleo, gas, fertilizantes, minerales críticos como el litio y el cobre, aeronaves y autos, que ya pagan otras tarifas de seguridad nacional.
Los aranceles que Trump impuso a todo el mundo el “Día de la Liberación” —2 de abril de 2025— tuvieron un efecto desastroso y fueron anulados y declarados ilegales por el Tribunal Supremo el 22 de febrero de este año, por considerar que el Presidente había abusado de sus poderes ejecutivos de emergencia, toda vez que los aranceles requieren de la aprobación del Congreso. En aquella oportunidad se obligó al gobierno a devolver los aranceles a las empresas importadoras, por un monto de 167.000 millones de dólares, aunque una parte importante de ellos fue trasladada a los precios que pagan los consumidores, lo que ha contribuido a que la inflación bordee entre el 3,8 y el 4% anual, casi el doble de la norma del 2% establecida por la Reserva Federal (FED).
Las medidas no han caído nada bien en la región, inclusive en países alineados con el gobierno de Trump, como es el caso de Chile. Brasil calificó la decisión como “completamente arbitraria e injustificada” y advirtió que activará su Ley de Reciprocidad comercial para imponer contraaranceles a los productos de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno argentino está desconcertado, pero al ser gravado con 10%, y no con 12,5%, agradece su magnífica sintonía con Washington. Varios importadores en Estados Unidos están presionando a empresas latinoamericanas para que asuman el costo del nuevo arancel, para evitar que el sobrecosto se traslade al precio de venta del consumidor estadounidense.
Una indignación similar ha surgido en la Unión Europea, lo que ha llevado a la jefa de la diplomacia, Kaja Kallas, a calificar de infundada la justificación de la Casa Blanca. Algunos gobiernos, como el de Francia, exigen que la Comisión Europea aplique contraaranceles inmediatos a las exportaciones estadounidenses, ya que consideran que Washington no puede utilizar el comercio como un arma geopolítica de coacción. La región cuenta ya con un Reglamento sobre el trabajo forzoso, pero su fase de aplicación general obligatoria y los controles severos en aduanas entrarán en vigor el 14 de diciembre de 2027. El 26 de junio pasado la Comisión Europea cumplió con el plazo legal de publicar las directrices oficiales de orientación para las empresas, pero el gobierno estadounidense ha aprovechado precisamente este lapso de transición para imponer su tasa aduanera bajo el argumento de que el mercado europeo sigue desprotegido.
En el frente diplomático, el gobierno chino acusa a Estados Unidos de “falsa moralidad” al manipular políticamente los derechos laborales. Señala, también, que aplicará represalias comerciales inmediatas si suspenden las importaciones de China y sancionarán a las empresas extranjeras que dejen de comprar componentes o rompan contratos con proveedores chinos alegando el cumplimiento de las normas instrumentadas por Trump. La empresa que ceda ante Estados Unidos perderá el derecho de vender y operar dentro del mercado interno de China.
La entrada en vigor de los aranceles el viernes ha desatado temores sobre un rebrote inflacionario. La presión económica sobre los hogares se ha vuelto insostenible debido a la volatilidad del conflicto. La reciente escalada militar en el Golfo Pérsico ha vuelto a disparar el barril de crudo por encima de los 100 dólares, empujando la gasolina nuevamente a la barrera de los 4 dólares por galón. Como consecuencia de este encarecimiento energético, un 37% de los ciudadanos reconoce haber aumentado el uso de tarjetas de crédito para cubrir necesidades básicas, profundizando un pesimismo financiero que la Reserva Federal planea contener con nuevas subidas de tasas de interés en septiembre, lo que podría conllevar la pérdida de empleos locales. Aunque Trump argumenta que encarecer los insumos importados que las fábricas estadounidenses necesitan para trabajar protege el empleo, muchas empresas locales pierden competitividad y se ven obligadas a recortar personal. Los líderes del Partido Demócrata han lanzado una ofensiva política y legal contra los aranceles de Donald Trump, calificando la medida como un “impuesto masivo y encubierto a la clase media estadounidense”.
Las grietas abiertas de la gran América
A pesar de la megalomanía del Presidente Trump cuando se refiere a su país, las cifras no son las mejores. La tasa oficial de desempleo en Estados Unidos ronda actualmente el 4,1%, lo que el gobierno llama “pleno empleo”. Sin embargo, esa cifra oculta que la mayoría de los empleos que se crean son de tiempo parcial en el sector servicios y mal pagados; y que las industrias clave —como la manufactura, los empleos administrativos y la tecnología— están congeladas debido al alza de costos por los aranceles y la gasolina. En la práctica, el mercado laboral está paralizado.
Por otro lado, la situación fiscal de Estados Unidos es insostenible: la deuda pública bordea los 40 billones de dólares y solo el pago de intereses supera el presupuesto anual de todo el sistema de salud pública del país. El déficit fiscal para este año bordea los 2 billones de dólares, lo que representa un alarmante 6% del PBI. La política de gastos es absolutamente favorable a las corporaciones a las que les baja los impuestos y, en cambio, incrementa el gasto militar para financiar el despliegue de portaviones, misiles, primero durante medio año frente a las costas de Venezuela y desde febrero en Irán.
Por otro lado, los bonos del Tesoro de Estados Unidos están pagando tasas de interés muy altas (entre 4,7% a diez años y 5,19% a treinta años), lo que atrae a los inversionistas, a pesar de la vulnerabilidad del dólar, en detrimento temporal del oro y la plata, que vienen registrando caídas en sus precios. El escenario incierto que imprime la guerra, la política arancelaria y el temor a una recesión global dan lugar también a la caída de los precios de cobre, zinc y otros minerales, toda vez que se anticipa menos construcción de infraestructura y menos fabricación de bienes.
Paradójicamente, en este escenario incierto el dólar se fortalece, no porque la economía estadounidense sea sólida. Ello se debe a la “teoría de la sonrisa del dólar” (Dollar Smile Theory), conocida en Wall Street, que explica que el dólar estadounidense tiende a fortalecerse sustancialmente en dos escenarios opuestos: el de pánico y recesión y el de crecimiento robusto (los extremos de la sonrisa), y a debilitarse en un contexto estable. Cuando el mundo entra en pánico por una guerra o por una crisis arancelaria, los inversionistas internacionales buscan liquidez inmediata (efectivo) para pagar deudas y cerrar posiciones de riesgo. El dólar sigue siendo la moneda de reserva global en la que se liquidan los contratos de petróleo y el comercio mundial. Se trata de un imperio que sobrevive financieramente obligando al planeta a refugiarse en su propia moneda moribunda a base de sembrar el caos arancelario y bélico.
Los efectos de la guerra con Vietnam se asemejan crecientemente a la de Medio Oriente en el ámbito monetario-financiero estadounidense, con condiciones más graves a las que presentaba la primera potencia mundial a principios de los ‘70. El gasto de la guerra de Vietnam dio lugar a que Estados Unidos imprimiera dólares sin el respaldo de oro suficiente. Cuando los gobiernos se dieron cuenta que no podrían cambiar el dólar por su equivalencia fijada en oro, el Presidente Richard Nixon, en 1971, confirmó esa realidad y puso fin al sistema de Bretton Woods. Desde entonces, el dólar es una moneda fiduciaria de curso legal obligatorio, salvada por el respaldo de los petrodólares y su poderío económico, hoy con varios achaques.
Esta semana, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, compareció ante el Comité de Apropiaciones del Senado y mostró que la guerra contra Irán ya le ha costado a Estados Unidos 37.500 millones de dólares. Como si la cifra no hubiera espantado, Hegseth solicitó con carácter de urgencia un fondo adicional de 67.000 millones de dólares para reponer los inventarios de municiones y sostener los bombardeos, cuya aprobación está en discusión. Todo esto ocurre mientras la Casa Blanca empuja un presupuesto militar histórico para el Pentágono que por primera vez rompe la barrera del billón de dólares.
Conclusión
La popularidad de Donald Trump, faltando cuatro meses para las cruciales elecciones legislativas de medio mandato, se encuentra en mínimos históricos. Su índice de aprobación se sitúa en un rango del 34 al 40%, mientras que su desaprobación supera el 56% y alcanza picos del 62%. Las encuestas de opinión revelan también que cerca del 70% de los estadounidenses reprueba su manejo de la inflación y una encuesta de CBS News/YouGov indica que el 78% de los estadounidenses desea el fin inmediato del conflicto con Irán. Además, el 69% de los encuestados piensa que la guerra no ha valido la pena, al considerar que las operaciones militares no han cumplido ningún objetivo estratégico.
Mientras la Casa Blanca asfixia al mundo con esta nueva farsa arancelaria y el gobierno gasta miles de millones de dólares en armamento en el Golfo Pérsico, lo único que está logrando es acelerar su propio aislamiento interno y externo. A diferencia de la guerra en Vietnam, hoy el Sur Global y algunos miembros de los BRICS observan este despliegue como los manotazos de ahogado de un gigante que se niega a aceptar que dejó de ser el único poder hegemónico. Un imperio que, ante su pérdida de competitividad real, recurre al proteccionismo arancelario y a la persecución ideológica en nuestro hemisferio, plasmada en Washington a mediados de julio bajo el nombre oficial de “Encuentro Ministerial sobre el Resurgimiento del Terrorismo Político”. Entonces, las autoridades de la Casa Blanca tendieron a meter en un mismo saco al terrorismo armado, a grupos civiles de protesta y a movimientos como el socialismo democrático. Brasil, México y Colombia declinaron formalmente asistir debido a un fuerte desacuerdo con el enfoque ideológico del encuentro, rechazo a la estigmatización de la izquierda e inconveniencia de validar una doctrina estadounidense que, a su juicio, podría abrir las puertas a intervenciones políticas o presiones unilaterales bajo el pretexto de combatir el “terrorismo de izquierda”.
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