El súper Mario Bros de Vidal

 

Las cárceles federales no fueron las únicas monitoreadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani. En la provincia de Buenos Aires, la Agencia puso micrófonos y cámaras en la alcaidía 3 de Melchor Romero. El encargado de esa tarea fue un propio agente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) mandado en comisión a la AFI y que funcionaba bajo las órdenes de Alan Ruiz. Acusado por el espionaje a los Moyano, será uno de los 24 indagados por el juez Juan Pablo Augé, a pedido de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide.

La alcaidía de Melchor Romero fue la primera dependencia carcelaria que se allanó en la causa de espionaje que tramita en Lomas de Zamora. Lo hizo el juez que entonces estaba a cargo de la investigación, Federico Villena. En el expediente, se pudo reconstruir que entre julio y agosto de 2018, la AFI montó una operación en esa unidad que consistió en cablearla e instalar cámaras incluso en la sala de abogados. Los espías encargados de esa misión llegaron a la Unidad con el visto bueno del Ministerio de Justicia provincial que entonces estaba al mando de Gustavo Ferrari.

 

Dejalos pasar

La directora de la alcaidía 3 de Melchor Romero recibió una comunicación para julio de 2018: iban a declarar en La Plata los hermanos Martín y Cristian Lanatta y Victor Schillaci y querían trasladarlos a su unidad. Debían tomarse todos los recaudos después de la fuga cinematográfica que protagonizó el trío en diciembre de 2015 como regalo de bienvenida a la gestión de María Eugenia Vidal.

La directora, una abogada recibida en la Universidad Católica (UCA) de La Plata, no recuerda específicamente quién le dio la noticia, si fue el entonces subsecretario de Política Penitenciaria Juan José Baric –hoy juez federal en La Pampa– o Leandro Borghetti, director provincial de alcaidías. La historia de Baric estaba inevitablemente atada a la triple fuga. Había rechazado una oferta inicial de sumarse al Ministerio por parte de Carlos Mahiques, pero sólo aceptó integrar su gabinete después de la crisis que desataron los Lanatta y Schillaci, y así se mudó desde La Pampa a Buenos Aires.

La orden que recibió la directora consistía en alojarlos en un pabellón con cámaras en los patios. Ese pabellón debía vaciarse exclusivamente para ellos. Se eligió que fuera el 6. La mujer tenía dudas. Un día tarde, le mandó un mensaje a Baric. Le parecía que no era una buena idea que estuvieran solos. Proponía poner a presos “confiables”, probablemente confidentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), para tenerlos controlados. Baric la tranquilizó, le dijo que después lo analizarían. Todo el intercambio figura en la causa.

Cuando el pabellón estaba vacío, Baric fue a verla con un asesor del Ministerio, Fernando Manzanares, según declaró la mujer. Le dijo que se iba a presentar una empresa –que mandaba el gobierno nacional— para instalar más cámaras de seguridad. “Me avisa que iba a venir esta gente y me pidieron que le agilizara el ingreso, que no preguntáramos de dónde venían y que pasaran. Obviamente fue una orden, es mi subsecretario”, declaró la directora en el juzgado de Lomas.

 

 

El enviado

La AFI puso el asunto en manos de Andrés Rodríguez, que acababa de sumarse a la ex SIDE. Venía de más de quince años de trabajo en el SPB e incluso había revistado en la Unidad 3 de Melchor Romero varios años antes.

Alan Ruiz fue quien tentó a Rodríguez con sumarse a la AFI. Se habían conocido cuando Ruiz dirigía el Comando Unificado Federal de Recaptura de Evadidos (CUFRE). Patricia Bullrich había creado el CUFRE el 31 de diciembre de 2015 en plena crisis por la triple fuga y había dispuesto que el programa dependiera de Darío Oroquieta, a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad e Intervención Federal. Ruiz por entonces estaba de director de Inteligencia Criminal y Estadísticas en el Ministerio de Seguridad pampeano. Al tiempo, abandonó La Pampa y se sumó a la gestión de Bullrich. Allí retomó contacto, por ejemplo, con Jorge Sáez, a quien había conocido en la Policía Metropolitana.

Cuando le tocó su turno de ir a la AFI como director de operaciones especiales, Ruiz se acordó de Rodríguez. Le preguntó si le interesaba. Rodríguez se entusiasmó. “Era como bajarse un karting para subirse a una Ferrari”, contó en Lomas cuando lo indagaron por el espionaje. Fue a la Agencia a hacer una serie de entrevistas y también para someterse al polígrafo. Mientras esperaba una respuesta, su jefa en la Dirección de Trabajo del SPB le anunció que no podía registrar las horas que había trabajado allí porque figuraba que ahora dependía del Departamento de Coordinación y Gestión de Recursos del SPB. Fue a consultar. De ese departamento dependían todos los que estaban en comisión. Alguien ya había decidido su pase.

Ruiz lo citó en una estación de servicio frente a la sede de Tecnópolis, donde tenía su base el área de Contrainteligencia de la AFI. Le dijo que todavía no estaba autorizado a entrar pero que pronto lo iba a hacer ingresar. Le aconsejó que fuera en transporte público a su nuevo lugar de trabajo. Al poco tiempo le asignó un auto, un Volkswagen Gol Trend, para ir y venir desde La Plata hasta Villa Martelli.

Ruiz lo agregó al grupo de WhatsApp Súper Mario Bros. Leandro Araque lo tenía registrado como Andrés Sosa. Rodríguez dijo no saber por qué lo tenía con ese apellido. Dentro de la base de Contrainteligencia conoció a los técnicos que lo acompañaron a la penitenciaría de Melchor Romero a poner las cámaras y micrófonos. Él fue el enlace con la directora de la unidad. Ninguno de los otros agentes registró su nombre real al momento de ingresar. Rodríguez era un viejo conocido del SPB, incluso hubo penitenciarios que lo recordaban de su paso por la unidad.

Todos se presentaron como enviados de la empresa Donaide SA. Esa misma empresa fue la que quiso instalar cámaras en noviembre de 2018 frente al departamento de Cristina Fernández de Kirchner a las tres de la mañana. Cuando lo advirtió la custodia de la ex Presidenta, los operarios se subieron a la camioneta sin identificación que tenían y se fueron. Habían pasado tan solo tres meses desde el episodio del espionaje en el Instituto Patria.

 

 

Los cables

El 16 de agosto de 2018, la directora de la Unidad le envió un mensaje al subsecretario Baric: “Vinieron a poner las cámaras”. Él contestó rápido: “Excelente. Un problema menos”. La directora estaba nerviosa. Así lo percibió Andrés Rodríguez y se lo dijo a Alan Ruiz.

Después de la instalación, el personal de requisa del SPB descubrió un cable pintado que recorría los techos desde la parte trasera del pabellón 6, pasando por las oficinas del jefe de asistencia hasta llegar al locutorio para abogados, donde también habían instalado una pared de durlock con equipos para el monitoreo. A la directora se lo advirtió el jefe de Asistencia de la Unidad.

—Mirá que este cable parece para micrófonos –le dijo el penitenciario.

La mujer fue a ver a Baric. Le dijo que no quería quedar pegada en nada. Él se comprometió a gestionar que retiraran los cables.

El 25 de agosto de 2018, a las 8:09 de la mañana, Baric le escribió a la directora: “Buen día. ¿Sacaron ayer los cables putos esos?" Ella le respondió que habían retirado el cableado de los techos y dejado únicamente las cámaras en el Pabellón 6.

A los Lanatta y a Schillaci jamás los mandaron al Pabellón 6 de la Unidad 3 de Melchor Romero. El 1 de diciembre de ese mismo año, Baric renunció a la subsecretaría de Política Criminal para asumir como juez federal en La Pampa.

 

 

Las conexiones

Alan Ruiz reconoció que la AFI instaló equipos de video de vigilancia en la alcaidía de Melchor Romero. Según él, fue a pedido del Ministerio de Justicia provincial ante un eventual traslado de integrantes de la banda de Los Monos.

Las tareas se coordinaron con el subsecretario Baric, dijo, después de una reunión que mantuvieron Gustavo Arribas y Silvia Majdalani con el ministro Ferrari. Según Ruiz, las imágenes se iban a almacenar en el penal, pero las filmaciones iban a ser observadas tanto por la propia AFI como por el SPB.

Otro de los agentes que estuvo a su cargo, Emiliano Matta, contó en la indagatoria que Ruiz tenía un fuerte vínculo con un juez federal, con quienes se conocían desde La Pampa.

—¿Baric? –le preguntó la fiscal Incardona.

—Sí.

 

 

Escuchar a los propios

Facundo Melo lo conoció a Alan Ruiz en el velatorio del suegro del Turco Sáez. Como no era policía como Sáez o Leandro Araque, no se había cruzado antes con el Colo Ruiz. No fue justamente una buena impresión la que se llevó de Ruiz en el sepelio. Le molestó porque gablaba sin parar del trabajo en la Agencia. Melo no había cultivado gran gusto por el trabajo en el espionaje. Ya había pasado por el proyecto AMBA y terminado en el grupo que comandaba su amigo Sáez.

La segunda vez que se encontraron fue en el departamento de la calle Pilar en Mataderos. A Ruiz le interesaba Melo por una única razón: era el abogado de Damián Lagaronne, uno de los dirigentes de la barrabrava de Independiente detenidos en una causa que apuntaba contra Hugo y Pablo Moyano – un caso que habían seguido con obsesión el Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y la AFI. Ruiz era la conjunción de esas dos agencias y de esos intereses.  Por eso, le pidió tres cosas a Melo. Primero, que le informara cualquier avance en la causa. Segundo, que le dijera qué opinaba de la investigación. Tercero, que direccionara la declaración de Lagaronne hacia los Moyano.

Melo no aceptó. En una siguiente reunión, según contó Melo ante la Bicameral de Inteligencia y en la indagatoria en Lomas, Ruiz le hizo escuchar una conversación suya con Lagaronne. La conversación había tenido lugar casualmente en la alcaidía de Melchor Romero.

 

 

Demasiado Netflix

—Yo me di cuenta de que Alan Ruiz divagaba mucho. Veía demasiado Netflix –contó el Turco Sáez en la Bicameral de Inteligencia el 18 de junio pasado.

Según Sáez, Ruiz se paseaba con una hoja con un dibujo. Era su boceto de una cárcel perfecta. “Yo ahora voy a preparar en Melchor Romero la cárcel para cuando vayan Pablo y Hugo”, contaba eufórico Ruiz. Hasta pensaba desde dónde les iban a gritar cuando salieran al patio.

La hipótesis es que el pabellón 6 se preparó ante una posible detención de los Moyano. Fue justo quince días antes de que dos altos mandos de la AFI visitaran al juez Luis Carzoglio para –según este– hacerle saber del interés de Mauricio Macri en la detención de los líderes sindicales. Los enviados fueron Juan Sebastián De Stefano, director administrativo de Asuntos Jurídicos, y Fernando Di Pasquale, el director operacional de Análisis.

Para mediados de 2019, Melo terminó afuera de la AFI y se presentó como denunciante ante el juez Ariel Lijo, que investiga el apriete a Carzoglio. El nombre de Alan Ruiz apareció, por primera vez, en su presentación. Dalmau Pereyra volvió de Chile para intentar mediar en el conflicto que ya se había desatado entre Ruiz y el trío Sáez, Araque y Melo. Dalmau y Martín Coste intentaron calmar los ánimos sin demasiada suerte.

Después de la denuncia de Melo, Coste lo llamó a Saéz. Le pidió que fuera, junto con Araque, a ver a Majdalani. Coste se plantó junto a su superiora – con quien ahora se sacan chispas en los tribunales. Majdalani le pidió a Sáez que convenciera a Melo de no ratificar la denuncia. Le dijo que podía volver a la Agencia, que podían arreglar pagarle unos seis sueldos.

—¿Cuánto sería eso, Martín? —le preguntó la Ocho a su director Operacional de Contrainteligencia, según relató Sáez.

No hubo caso.

 

 

Un ministerio con inteligencia

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) fue aceptada como querellante en la causa por el espionaje que tramita en Lomas en representación de las personas privadas de la libertad que fueron víctimas del espionaje. En su presentación, el organismo que preside Adolfo Pérez Esquivel explicó que durante la gestión Vidal se incorporaron diversas áreas de inteligencia tanto en el SPB como en el Ministerio de Justicia.

El 25 de noviembre de 2016, se aprobó una nueva estructura orgánica del Ministerio de Justicia provincial – que ya ocupaba Ferrari. Dentro de la Subsecretaría de Política Penitenciaria de Baric se creó, a través del decreto 1577/2016, una Dirección Provincial de Análisis de la Información Penitenciaria, dedicada a la reunión y al análisis de la información. Entre otras tareas, la Dirección tenía la función de llevar el registro del servicio confidencial y preservar la identidad de sus integrantes – es decir, de los buchones del SPB. También debía coordinar con el SPB actividades abiertas y encubiertas para contribuir a la seguridad del Servicio.

La estructura del Ministerio volvió a cambiar en 2018. La Dirección de Análisis de la Información Penitenciaria se disolvió, pero las dos áreas que la componían quedaron subsumidas directamente en la Subsecretaría de Política Penitenciaria.

 

 

 

 

Sin papeles

Los fiscales Incardona y Eyherabide pidieron información al Ministerio de Justicia provincial a cargo de Julio Alak. En la cartera ya confirmaron que la declaración de la directora de la alcaidía 3 de Melchor Romero se condice con lo que la funcionaria volcó en el sistema informático, alertando de la irregularidad del cableado.

A diferencia de lo que reveló Irina Hauser sobre la existencia de un convenio entre la AFI y el Servicio Penitenciario Federal (SPF), no hubo un acuerdo semejante con el SPB, dijeron fuentes ministeriales. La coordinación entre la AFI y el Ministerio se dio sobre vínculos o canales personales.

A Rodríguez van a volver a indagarlo, al igual que a Ruiz, Sáez, Araque y Melo, entre otros personajes de la trama del espionaje vernáculo. En su caso, le imputan haber participado en otro capítulo del espionaje contra los Moyano. Pero todo indica que va a tener que volver a contestar preguntas sobre su rol en las cárceles bonaerenses.

 

 

 

 

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