El siglo XXI no es una etapa más de la globalización. Es una transición histórico-espacial en la que se redefine la estructura de poder del sistema internacional: un pasaje prolongado, conflictivo y “desordenado” donde la economía política global se reacomoda alrededor de nuevos polos, nuevas redes y formas de confrontación. En ese marco, el orden liberal construido bajo primacía estadounidense atraviesa una crisis de autoridad y enfrenta una disputa estructural por el control de la producción, la tecnología, las finanzas y las reglas del comercio mundial. Lo que está en cuestión no es solo el liderazgo de una potencia, sino la arquitectura misma de la jerarquía internacional: quién manda, bajo qué reglas y con qué instrumentos se sostiene esa autoridad.
Durante décadas, la globalización fue diseñada, regulada y disciplinada desde el norte global. Estados Unidos no solo ejerció primacía militar, sino que estructuró la arquitectura normativa, financiera y tecnológica del sistema internacional. Lejos de configurarse como un ámbito anárquico de competencia entre iguales, el orden mundial funcionó como una jerarquía en la que la autoridad del centro se tradujo en capacidad de definir reglas, establecer estándares y condicionar trayectorias de desarrollo.
Esa jerarquía no se sostuvo únicamente en la coerción directa, sino en mecanismos más sofisticados de dominación estructural: control de la moneda de reserva, centralidad de las infraestructuras financieras, regulación de los flujos de capital, definición de estándares tecnológicos y régimen de propiedad intelectual. La provisión de “estabilidad” y “orden” operó simultáneamente como mecanismo de disciplina. Los actores subordinados aceptaron —por cálculo, necesidad o presión— un conjunto de asimetrías que limitaban su autonomía estratégica.
De este modo, la globalización no eliminó las relaciones de poder: las institucionalizó. La centralidad del dólar, las reglas del comercio y la inversión y la arquitectura tecnológica global consolidaron un entramado en el que el núcleo del sistema conservó la capacidad de mando estructural. Mientras tanto, amplias regiones del mundo quedaron integradas en condiciones que reproducían dependencia financiera, vulnerabilidad productiva y subordinación normativa.
Hoy esa legitimidad está en crisis. Y en esa crisis, el sur global deja de ser periferia pasiva para convertirse en espacio estratégico donde se dirime la reorganización del poder mundial. La competencia ya no se expresa únicamente en términos militares o diplomáticos clásicos, sino en la economía como campo central de disputa. La geoeconomía se ha convertido en instrumento directo de poder: sanciones financieras, restricciones tecnológicas, controles de inversión, regulación de flujos de capital, subsidios industriales y definición de estándares funcionan como mecanismos de presión estructural.
La interdependencia contemporánea, lejos de garantizar estabilidad, puede transformarse en arma cuando el control de los “cuellos de botella” —infraestructura financiera global, sistemas de pago, insumos críticos, plataformas tecnológicas, nodos logísticos— queda concentrado en manos de un actor dominante. La coerción ya no necesita tanques ni bloqueos navales; puede ejercerse mediante la arquitectura misma del sistema financiero y tecnológico mundial. La disciplina se desplaza desde el plano militar hacia el control de las redes que sostienen la producción y el comercio global.
Por eso, ya no se trata simplemente de crecimiento económico o de expansión demográfica en Asia, África o América Latina. La cuestión central es quién define las reglas del desarrollo, quién controla las infraestructuras críticas y quién establece los estándares tecnológicos que organizan la economía mundial. Se trata, en última instancia, de soberanía material y de poder estructural.
Lo que está en juego no es una redistribución marginal de cuotas de mercado, sino la dirección del orden internacional. La transición en curso puede derivar en una recomposición de la jerarquía bajo nuevas modalidades de disciplina —más tecnológicas, más financieras, más reguladoras— o puede abrir una multipolaridad relativa donde el sur global amplíe márgenes reales de decisión. Pero en cualquier caso, el escenario ya no es el de una globalización neutral: es el de una competencia sistémica atravesada por conflictos híbridos, disputas tecnológicas y reconfiguración de la arquitectura del poder mundial.
De Bandung al pivote estratégico: el sur global en la crisis de la jerarquía mundial
Si hoy la interdependencia se convierte en campo de disputa y el control de los puntos críticos del sistema financiero y tecnológico funciona como instrumento de presión, ello no constituye una anomalía histórica, sino la manifestación contemporánea de una tensión de larga duración. La reconfiguración actual del sistema mundial no surge de manera abrupta ni desconectada del pasado. Tiene raíces profundas en los intentos históricos del sur por disputar los términos de su inserción internacional.
La Conferencia de Bandung y el posterior Movimiento de Países No Alineados constituyeron uno de los primeros momentos de articulación política colectiva de Asia, África y América Latina frente a un orden estructurado por grandes potencias. Allí no se planteó únicamente una posición equidistante entre Washington y Moscú. Se afirmó algo más profundo: que el desarrollo no debía subordinarse a las lógicas estratégicas, económicas y militares de los centros de poder.
Bandung no fue solo un gesto diplomático ni un episodio romántico del tercer mundo. Fue una impugnación temprana de la jerarquía internacional emergente tras la Segunda Guerra Mundial. La demanda de soberanía política se articuló con la exigencia de autonomía económica, cooperación sur-sur y control nacional de recursos estratégicos. En ese sentido, aquella agenda partía de una intuición central: la estructura del sistema mundial condiciona las trayectorias de desarrollo y, sin capacidad de decisión sobre las reglas del intercambio, la independencia formal resulta incompleta.
Sin embargo, ese impulso chocó con límites estructurales severos. La Guerra Fría rigidizó alineamientos y redujo márgenes de maniobra. Paralelamente, la arquitectura financiera internacional —desde Bretton Woods hasta la consolidación de la hegemonía del dólar— instituyó mecanismos de disciplina que encuadraron las opciones de política económica en la periferia. Las instituciones multilaterales, los flujos de capital y las reglas comerciales consolidaron un orden jerárquico en el que el centro definía estándares, marcos regulatorios y condiciones de acceso, mientras la periferia negociaba espacios acotados dentro de esa estructura.
La jerarquía no operó exclusivamente a través de la coerción directa. Funcionó mediante la internalización de reglas, la dependencia financiera, la primarización productiva y la inserción subordinada en cadenas de valor donde los segmentos de mayor renta permanecían concentrados en el núcleo del sistema. De este modo, la globalización de fines del siglo XX no eliminó la jerarquía: la sofisticó. La volvió más compleja, más interdependiente, pero no menos desigual. La interdependencia existía, pero era estructuralmente asimétrica.
Hoy esa arquitectura está en crisis. La transición histórico-espacial en curso erosiona los fundamentos de ese orden de dominación y reabre una disputa estructural por el control de los nodos centrales del capitalismo contemporáneo: finanzas, tecnología, estándares productivos, infraestructura crítica y cadenas de suministro. La interdependencia, antes presentada como garantía de estabilidad, se revela como potencial instrumento de coerción cuando el control de segmentos decisivos de la red financiera y tecnológica global se convierte en herramienta de presión geopolítica. La economía deja de ser un ámbito neutral y se consolida como instrumento de poder estructural.
En este nuevo escenario, el sur global deja de ser periferia funcional para transformarse en pivote estratégico de la reorganización sistémica. Ya no es simplemente un conjunto de economías emergentes que buscan integrarse mejor al mercado mundial; es el espacio donde se define la viabilidad de un orden multipolar o la recomposición de la jerarquía bajo nuevas modalidades. El sur ya no es solo objeto de disciplina: se convierte en variable decisiva del equilibrio global.
Esta transformación se expresa institucionalmente en estructuras como la Unión Africana, la ASEAN, la Organización de Cooperación de Shanghái, la CELAC y los BRICS ampliados. Estos espacios no son meros foros diplomáticos ni ejercicios simbólicos de cooperación sur-sur. Funcionan como plataformas de coordinación en un contexto de fragmentación del orden liberal y competencia estructural entre grandes potencias.
En ellos se experimenta con financiamiento alternativo, uso de monedas locales, acuerdos energéticos estratégicos, infraestructura logística, cooperación tecnológica y diversificación de cadenas de suministro. No se trata de negar la interdependencia global, sino de administrarla en condiciones menos vulnerables. La lógica ya no es inserción pasiva, sino gestión estratégica de la exposición externa. No se trata de ruptura con el mercado mundial, sino de redefinición de la posición relativa dentro de él.
Esta dinámica no implica homogeneidad de intereses ni convergencia automática entre actores heterogéneos. El sur global no constituye un bloque compacto. Sin embargo, comparte una experiencia histórica común: haber sido incorporado al sistema mundial en posiciones subordinadas y haber visto condicionadas sus trayectorias de desarrollo por una estructura de poder que concentró la capacidad normativa, financiera y tecnológica en el norte global. Esa inserción desigual limitó márgenes de decisión y consolidó dependencias persistentes. Hoy, esa memoria estructural se traduce en una búsqueda explícita de mayor autonomía sistémica.
La transición actual reactualiza, bajo nuevas condiciones, la pregunta que Bandung dejó abierta: ¿quién define las reglas del desarrollo en un mundo profundamente interdependiente? La diferencia es que hoy esa interdependencia es más compleja, más tecnológica y más concentrada en puntos de decisión estratégicos. Precisamente por ello, la disputa se vuelve más estructural: no gira en torno al acceso al comercio, sino a la capacidad de incidir en la arquitectura que organiza la producción y el poder a escala global.
El sur global se convierte así en variable decisiva del nuevo equilibrio internacional. Concentra recursos energéticos estratégicos, minerales críticos para la transición tecnológica, mercados dinámicos y posiciones logísticas fundamentales. Su alineamiento o diversificación altera la capacidad disciplinadora del centro tradicional. No necesariamente por confrontación directa, sino por ampliación de opciones. En este sentido, la crisis de la jerarquía no es solo un conflicto entre grandes potencias. Es también la reapertura de una disputa histórica por la autonomía estructural de las periferias. Bandung fue el primer momento articulado de esa impugnación. La transición multipolar actual la devuelve al centro del sistema.
Y en esa reaparición, el sur global ya no espera ser integrado bajo condiciones definidas externamente. Comienza —con tensiones, contradicciones y límites— a disputar la arquitectura misma del orden mundial.
De la globalización disciplinada a la economía como campo de batalla
La globalización de fines del siglo XX fue presentada como un proceso técnico, inevitable y políticamente neutro de integración creciente. Sin embargo, la economía internacional nunca fue neutral. La apertura comercial, la financiarización y la expansión de las cadenas globales de valor consolidaron un orden geoeconómico. En este, los puntos decisivos del sistema —moneda de reserva, infraestructura financiera, estándares tecnológicos, propiedad intelectual y reglas del comercio— permanecieron concentrados en el núcleo occidental, con Estados Unidos como centro articulador.
La interdependencia era real, pero no simétrica. Operaba dentro de una estructura de poder que distribuía de manera desigual la capacidad de fijar reglas, definir estándares y condicionar trayectorias de desarrollo. Las economías del sur crecieron, pero con frecuencia lo hicieron en posiciones de bajo valor agregado, dependientes de capital externo y expuestas a la volatilidad financiera. La promesa de convergencia ocultó la persistencia de dependencias estructurales. El mercado global asignaba recursos; la autoridad para definir sus reglas permanecía concentrada.
El capitalismo contemporáneo no emergió como resultado espontáneo de la eficiencia económica, sino como producto de procesos geopolíticos prolongados en los que poder económico y poder político se reforzaron mutuamente. La estructura centro-periferia no fue un desvío histórico, sino la expresión de una configuración hegemónica que articuló supremacía monetaria, liderazgo tecnológico y capacidad normativa en un mismo núcleo de poder.
La crisis financiera de 2008 marcó un punto de inflexión. No fue solo una recesión global, sino una señal de agotamiento de esa configuración. Puso en evidencia que el corazón financiero del sistema podía colapsar sin que se alteraran sus fundamentos. Se rescataron bancos, se socializaron pérdidas, pero no se reformó la arquitectura estructural. El mensaje fue claro: los costos pueden distribuirse; la capacidad de decisión no.
Desde entonces, la primacía estadounidense comenzó a apoyarse de manera más explícita en instrumentos de presión económica. Sanciones financieras, restricciones tecnológicas, controles de inversión y regulación de infraestructuras estratégicas pasaron a ocupar un lugar central en la política internacional. La interdependencia dejó de presentarse como garantía automática de estabilidad y comenzó a percibirse como un entramado de vulnerabilidades explotables.
La guerra en Ucrania profundizó esta tendencia. La congelación de reservas soberanas, la exclusión de actores del sistema financiero internacional y la reconfiguración forzada de flujos energéticos evidenciaron que el orden liberal podía fragmentarse en bloques funcionales. La economía dejó de ser simplemente un espacio regido por normas compartidas y se convirtió en un escenario directo de confrontación estratégica.
El poder ya no se ejerce únicamente a través de la superioridad militar o diplomática, sino mediante el control de infraestructuras críticas, redes financieras, plataformas tecnológicas y segmentos estratégicos de las cadenas de suministro. La competencia se desplaza hacia los estándares industriales, los sistemas de pago y los componentes tecnológicos avanzados. En este contexto, la economía se consolida como el principal instrumento de poder estructural.
Lo que emerge no es el colapso inmediato de una hegemonía, sino una transición prolongada y conflictiva en la que la autoridad del centro pierde capacidad de mando indiscutido y se ve obligada a combinar liderazgo con coerción. Es en ese escenario donde el sur global enfrenta una decisión histórica: aceptar la recomposición del orden bajo nuevas modalidades de disciplina o aprovechar la fragmentación en curso para ampliar márgenes de autonomía y redefinir su inserción internacional.
La disputa ya no gira en torno al simple acceso a los mercados. Se trata de quién controla la arquitectura que organiza la producción, el financiamiento y el desarrollo a escala mundial.
América Latina en la transición: del hemisferio protegido al tablero en disputa
Durante casi dos siglos, América Latina fue concebida como espacio de influencia privilegiada de Estados Unidos. Desde la doctrina Monroe hasta el Consenso de Washington, el hemisferio occidental operó bajo una premisa constante: ninguna potencia extrahemisférica debía disputar el control estratégico del área. Esa lógica combinó intervención directa, condicionamiento financiero, disciplina macroeconómica y alineamientos diplomáticos funcionales a la primacía estadounidense.
El resultado fue una inserción estructuralmente condicionada. La región se integró al mercado mundial como proveedora de materias primas, receptora de capital externo y usuaria de estándares regulatorios diseñados fuera de su ámbito de decisión. La soberanía política formal coexistía con márgenes estratégicos estrechos.
La novedad del momento actual es que esa lógica hemisférica ya no funciona sin fricciones. La presencia china en América Latina dejó de ser marginal o exclusivamente comercial. Se expresa en financiamiento soberano, obras de infraestructura, energía, minería estratégica, telecomunicaciones y logística portuaria. La región ya no es un espacio de autoridad incuestionada, sino un terreno de competencia estructural, y la reacción estadounidense frente a esa transformación revela la profundidad del cambio.
El retorno de Donald Trump a la presidencia trajo consigo una reformulación explícita de la vieja doctrina hemisférica, bautizada por analistas como “Doctrina Donroe”. El mensaje es claro: el hemisferio vuelve a ser considerado zona de interés vital y de competencia directa por recursos estratégicos.
La operación en Venezuela no puede leerse únicamente en clave ideológica o democrática. La dimensión energética es central, pero no es la única. Asegurar acceso a crudo implica también garantizar que esos flujos energéticos se comercialicen dentro del circuito financiero dominado por el dólar. El control sobre recursos estratégicos y el control sobre la moneda de liquidación del comercio internacional son dimensiones inseparables del mismo problema de poder.
El petróleo no es solo energía; es también arquitectura monetaria. Mientras el comercio energético se liquide en dólares, la demanda global por esa moneda se sostiene y, con ella, la capacidad de Estados Unidos de financiar su déficit externo, proyectar poder financiero y ejercer sanciones con alcance extraterritorial. Cuando actores energéticos relevantes buscan diversificar monedas de intercambio o mecanismos de compensación, no desafían únicamente un contrato comercial: cuestionan el pilar monetario de la primacía estadounidense.
En esa lógica debe leerse también el interés renovado por Groenlandia. Más allá de su ubicación estratégica en el Ártico y sus reservas de minerales críticos para la transición tecnológica, lo que está en juego es el acceso asegurado a insumos clave y a rutas futuras que estructurarán el comercio global. Controlar recursos y corredores no es solo una cuestión extractiva; es una forma de garantizar que las cadenas de suministro y los flujos comerciales permanezcan dentro de un sistema financiero cuya liquidez y regulación siguen orbitando en torno al dólar.
No se trata necesariamente de anexión territorial clásica. Se trata de asegurar acceso, influencia y capacidad de extracción, pero también de preservar la centralidad monetaria. El objetivo no siempre es controlar formalmente el territorio, sino garantizar disponibilidad de recursos, infraestructura crítica y posicionamiento geoestratégico, de modo que la arquitectura del comercio internacional continúe apoyándose en un sistema de pagos y financiamiento bajo predominio estadounidense.
Esta dimensión monetaria es crucial para América Latina. Las economías de la región mantienen reservas mayoritariamente denominadas en dólares, comercian gran parte de sus exportaciones estratégicas en esa moneda y dependen del acceso a financiamiento internacional condicionado por esa estructura. La disciplina financiera no se ejerce únicamente a través de instituciones multilaterales; también opera mediante la vulnerabilidad cambiaria, la necesidad de divisas y la exposición a ciclos de liquidez global.
En un contexto donde el comercio energético y de minerales críticos se convierte también en terreno de disputa monetaria, la región enfrenta un dilema adicional: mantener una inserción plenamente dolarizada o avanzar hacia esquemas de diversificación que reduzcan la exposición a la volatilidad externa y a la coerción financiera. No se trata de una discusión técnica sobre instrumentos cambiarios, sino de una definición acerca del margen de autonomía posible en un sistema en transición.
Para la Argentina, esa discusión adquiere una densidad particular. En una economía históricamente atravesada por la restricción externa, donde la estabilidad macroeconómica depende de la disponibilidad de divisas y donde el perfil exportador se concentra en recursos estratégicos —energía, alimentos y minerales críticos como el litio—, la transformación del orden internacional incide directamente sobre sus márgenes de maniobra.
La disputa por recursos, infraestructura y monedas de intercambio redefine el entorno en el que el país negocia su inserción global. No se trata simplemente de elegir socios comerciales, sino de establecer bajo qué arquitectura financiera y productiva se estructura esa relación. La administración de flujos de divisas, la composición de reservas y las condiciones de los acuerdos de inversión dejan de ser variables puramente macroeconómicas y pasan a formar parte de una ecuación de poder.
La Argentina no es observadora de esta dinámica. Su territorio, sus recursos y su posición geográfica la colocan en el centro de tensiones que trascienden el intercambio comercial y se inscriben en una disputa más amplia por infraestructura, financiamiento y arquitectura monetaria. La transición global no asegura autonomía, pero modifica las condiciones bajo las cuales puede construirse.
En ese marco, la cuestión decisiva deja de ser con quién se comercia y pasa a ser bajo qué proyecto nacional se negocia la integración. Si las reglas del sistema están en redefinición, la capacidad de incidir en esa redefinición dependerá menos de alineamientos retóricos y más de estrategia, coordinación estatal y control sobre los vectores críticos de la economía propia.
La Argentina ante la disputa por el poder económico global
Si la economía mundial atraviesa una transición en la que recursos, infraestructura, tecnología y moneda se convierten en instrumentos explícitos de poder, la Argentina no ocupa un lugar marginal en ese proceso. No por su peso financiero ni por su capacidad militar, sino por la naturaleza estratégica de sus activos y por la estructura histórica de sus vulnerabilidades. El país combina abundancia de recursos críticos con una restricción externa persistente, una tensión estructural que —como ha mostrado la tradición estructuralista y la investigación reciente sobre la balanza de pagos y la fuga de capitales— no es coyuntural, sino constitutiva de su patrón de acumulación. Esa combinación lo convierte simultáneamente en territorio disputado y en actor potencial. La diferencia entre uno y otro rol no está predeterminada: depende del proyecto que articule esos recursos con una estrategia de desarrollo capaz de alterar los condicionamientos externos.
La energía es uno de los vectores centrales de esa definición. Vaca Muerta, el potencial gasífero y petrolero, el desarrollo de infraestructura de transporte y las energías renovables no son simplemente oportunidades exportadoras en un contexto de precios favorables. En una economía global que reorganiza sus flujos energéticos tras la guerra en Ucrania y la fragmentación geopolítica, el abastecimiento estable se ha convertido en variable estratégica. Para la Argentina, la cuestión no se reduce a generar más divisas de corto plazo, sino a decidir si esos recursos se integran a un esquema primario-exportador clásico o si se articulan con encadenamientos industriales —petroquímica, fertilizantes, siderurgia, manufacturas intensivas en energía, hidrógeno verde, servicios tecnológicos asociados— que amplíen el contenido nacional y modifiquen la estructura productiva. La energía puede ser renta transitoria o plataforma de acumulación. En un país donde la restricción externa ha operado históricamente como freno al crecimiento, esa diferencia es estructural.
Algo similar ocurre con los minerales críticos. El litio, el cobre y otros recursos estratégicos ubican a la Argentina en el corazón de la transición energética y tecnológica global. Pero la experiencia histórica latinoamericana demuestra que la mera posesión del recurso no garantiza desarrollo. La disputa internacional no se limita a la extracción: abarca el procesamiento, la fabricación de insumos intermedios, la integración en cadenas de baterías, almacenamiento y electromovilidad, y la definición de estándares industriales. Exportar carbonato sin integración tecnológica equivale a reproducir una lógica extractiva bajo un nuevo paradigma verde. Vincular esos recursos con capacidades científicas, industriales y tecnológicas propias —universidades, CONICET, empresas públicas y privadas, polos tecnológicos— permite transformar una ventaja natural en poder económico efectivo.
El complejo agroindustrial introduce otra dimensión decisiva. La Argentina no es solo proveedora de commodities agrícolas; posee una de las plataformas biotecnológicas más desarrolladas del hemisferio sur, experiencia en semillas, maquinaria agrícola, agricultura de precisión, bioinsumos y procesamiento de alimentos. En un mundo atravesado por tensiones alimentarias, cambio climático y búsqueda de seguridad en el abastecimiento, el sistema agroindustrial argentino puede convertirse en activo estratégico. Pero nuevamente, la cuestión es si se consolida como simple exportador de granos o si avanza hacia cadenas de valor más sofisticadas, alimentos procesados, bioenergía y tecnología aplicada al agro. La diferencia no es cuantitativa sino cualitativa: define la capacidad de capturar renta, generar empleo de calidad y sostener superávits comerciales menos volátiles.
A estos vectores tradicionales se suman otros sectores estratégicos que suelen quedar fuera del diagnóstico clásico. La industria manufacturera, lejos de ser un residuo del pasado, sigue siendo decisiva para la capacidad de generar divisas y reducir dependencia tecnológica. La experiencia reciente muestra que la pérdida de integración nacional y la subinversión industrial incrementan el contenido importado de la producción, agravando la restricción externa incluso en ciclos de crecimiento. Del mismo modo, la economía del conocimiento —software, servicios profesionales, tecnología satelital, industria nuclear, biotecnología— constituye un sector con potencial para generar exportaciones de alto valor agregado y menor dependencia de insumos importados. La Argentina cuenta con capacidades acumuladas en estos campos, pero su expansión requiere coordinación estatal, financiamiento y articulación productiva.
Toda esta discusión se entrelaza con una dimensión monetaria insoslayable. La restricción externa no es únicamente resultado de insuficiencia exportadora; está vinculada a la estructura del endeudamiento, a la fuga de capitales y a la dinámica de valorización financiera que ha caracterizado distintos ciclos históricos. La disponibilidad de divisas ha condicionado de manera recurrente la política económica, generando oscilaciones entre expansión y ajuste. En un sistema internacional donde el dólar continúa siendo moneda dominante, pero donde emergen intentos de diversificación —swaps, financiamiento en monedas locales, nuevos bancos de desarrollo—, la gestión de reservas, el perfil de deuda y los acuerdos financieros adquieren significado estratégico. Diversificar no implica romper con el sistema vigente, sino reducir vulnerabilidades en un contexto donde la dimensión monetaria se integra cada vez más a la competencia geoeconómica.
En este escenario, la política exterior no puede concebirse como un ámbito separado de la estructura productiva y financiera. Negociar con China, con Estados Unidos, con Europa o con otros actores emergentes no es en sí mismo garantía de desarrollo ni sinónimo automático de dependencia. Lo decisivo es la coherencia entre inserción internacional y proyecto nacional. Sin planificación sectorial, coordinación pública y definición de prioridades tecnológicas, la multipolaridad puede traducirse simplemente en competencia entre potencias por recursos locales. Con estrategia, en cambio, puede transformarse en ampliación real de márgenes de decisión.
La transición global redefine el entorno en el que la Argentina produce, comercia y financia su desarrollo. Poseer energía, minerales estratégicos, capacidad agroalimentaria, base industrial y talento científico no equivale automáticamente a ejercer poder. Esos activos solo se convierten en autonomía efectiva cuando se integran en una estrategia que administre la interdependencia en lugar de padecerla. En un mundo donde la economía es instrumento de poder estructural, la verdadera disputa no es por el acceso a mercados, sino por la capacidad de decidir cómo, con quién y en qué condiciones se participa en ellos.
La diferencia entre dependencia renovada y desarrollo compartido no se resolverá en la adhesión simbólica a uno u otro polo, sino en la construcción de un Estado capaz de articular recursos, industria, tecnología y finanzas bajo una lógica de acumulación propia. La multipolaridad amplía las opciones disponibles; pero la autonomía no surge de la existencia de opciones, sino de la capacidad de utilizarlas estratégicamente.
Una decisión histórica
La globalización entra en una fase distinta porque el orden que la estructuró durante décadas pierde capacidad de mando indiscutido. Lo que se está reconfigurando no es un ciclo económico más, sino la arquitectura del poder que organizó la producción, la tecnología, las finanzas y las reglas del comercio mundial. En ese marco, el dilema ya no puede pensarse como apertura versus cierre —como si la cuestión fuera comerciar más o menos—, sino como dependencia renovada o desarrollo compartido: integración bajo disciplina externa o integración administrada con capacidad de decisión propia.
La disputa central atraviesa hoy la economía política global. La coerción no se ejerce solamente por vía militar, sino mediante instrumentos geoeconómicos y por el control de redes críticas: sistemas de pago, estándares tecnológicos, plataformas digitales, financiamiento, insumos estratégicos e infraestructura logística. La interdependencia, lejos de garantizar estabilidad, se ha convertido en un terreno donde la vulnerabilidad puede administrarse o explotarse. Por eso lo que está en juego no es una redistribución marginal de cuotas de mercado, sino quién define las reglas del desarrollo y quién controla los vectores materiales que sostienen esa autoridad.
En esa transformación, el sur global deja de ser periferia pasiva para convertirse en variable decisiva. No porque haya desaparecido la desigualdad estructural, sino porque la transición en curso debilita el monopolio de opciones del centro tradicional y abre un campo más amplio de negociación. La emergencia y densificación de mecanismos regionales y transregionales, los ensayos de financiamiento alternativo, el uso de monedas locales y la búsqueda de control sobre recursos estratégicos expresan una intuición que no es nueva —ya estaba en Bandung—, pero que hoy reaparece bajo condiciones más complejas, más tecnológicas y concentradas en puntos de decisión sistémicos.
Sin embargo, ninguna transición histórica garantiza resultados automáticos. La multipolaridad puede derivar en márgenes reales de autonomía, pero también puede desembocar en una recomposición de la dominación bajo nuevas modalidades: más financieras, más regulatorias, más tecnológicas. Lo que cambia es el escenario; no desaparece la disputa. En un mundo donde la economía es campo de batalla, la neutralidad no equivale a resguardo: suele equivaler a quedar atrapado en reglas definidas por otros.
Para América Latina —y de modo particularmente agudo para la Argentina— esa definición es inmediata. La región es disputada por sus recursos energéticos, minerales críticos, capacidad agroalimentaria e infraestructura; y la Argentina, además, enfrenta una vulnerabilidad estructural que convierte las divisas, el financiamiento y la arquitectura monetaria en parte del problema de soberanía. En este contexto, el interrogante decisivo ya no es “con quién” comerciar o invertir, sino bajo qué proyecto nacional se organiza la inserción internacional: qué se negocia, qué se protege, qué se industrializa, qué se financia y con qué instrumentos se preserva capacidad de decisión.
La hora del sur global no es una consigna retórica. Es un momento estructural en el que se redefine quién establece las reglas del sistema internacional. Pero convertir esa posibilidad en realidad exige Estado, estrategia y decisión política: capacidad de planificar, coordinar, administrar la interdependencia y transformar recursos en poder productivo y tecnológico. La historia no se mueve por inercia. Se mueve por correlaciones de poder. Y hoy, por primera vez en décadas, esa correlación está en transición; la cuestión abierta es quién sabrá convertirla en desarrollo y quién quedará, una vez más, integrado bajo condiciones definidas externamente.
*Sabino Vaca Narvaja es autor de Atento al camino. Crónicas en China (2024). Exembajador argentino en la República Popular China y Mongolia; docente-investigador (UNPAZ, UNLa).
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