A qué estamos jugando (dímelo) yo no lo sé (no, no lo sé).
Damos vueltas y vueltas, con un no me despiertas cuando al fin te abracé.
Los Náufragos
Intentaré a continuación abordar el conflicto de la ley de financiamiento universitario desde el punto de vista de las jugadas de los actores, con la ayuda conceptual y analítica de la teoría de juegos. Mi tesis es que el gobierno no ganó el juego judicial: lo reemplazó por otro. Tenía perdido el subjuego en los tribunales —la causa estaba en condiciones de obligar a la Corte a fallar a favor de las universidades— y, en lugar de jugar ese juego, lo cambió por uno de negociación con pagos selectivos. Con ese movimiento transformó la fuerza colectiva del adversario (un millón y medio de personas en la calle, una ley vigente, una cautelar firme) en una serie de deserciones individualmente racionales. La maniobra no se entiende como una victoria de fuerza, sino como un rediseño de los incentivos del otro lado. Y ese rediseño es, a su vez, una jugada dentro de un meta juego más grande: la erosión de derechos como guerra de desgaste secuencial.
Los jugadores y sus funciones de pago
Conviene empezar por las preferencias, porque toda la lógica estratégica se deduce de ellas.
El gobierno. Maximiza tres cosas a la vez: ahorro fiscal (el "déficit cero" como ancla), debilita a los actores colectivos capaces de resistirlo y elude sentar precedentes adversos (un fallo de la Corte que fije límites a su poder de no ejecutar leyes). Su orden de preferencias es la siguiente: no pagar y no sentar precedente > pagar poco desactivando el conflicto > pagar lo que manda la ley > perder en la Corte con un fallo que lo obligue.
El CIN (rectores). Maximiza la supervivencia operativa de sus instituciones y la gobernabilidad interna. Para un rector, una universidad que no puede pagar la luz es una catástrofe inmediata; el salario docente es, en su función de pago, un objetivo de segundo orden. Esa jerarquía lo vuelve comprable con fondos de funcionamiento.
Las conducciones gremiales firmantes. Maximizan la supervivencia organizativa (fondos sindicales, cuota, estructura, obras sociales) y la posibilidad de exhibir un "resultado" a sus afiliados. Un aumento magro firmado vale más, en su función de pago, que una victoria mayor cuyo crédito podrían capitalizar otros.
Los gremios disidentes (CONADU Histórica, básicamente). Maximizan el cumplimiento de la ley y, simultáneamente, la diferenciación competitiva frente a los firmantes: rechazar el acuerdo les disputa la lealtad de las bases. Son el único actor cuyo pago no fue capturado por la oferta del gobierno.
Las bases (docentes, no docentes, estudiantes). Maximizamos recomposición salarial y cumplimiento de la ley. Somos los principales agentes en relación a nuestros representantes, y también los que pagamos el costo de cualquier mala jugada que ellos realicen.
La Corte Suprema. Es otro actor político. No maximiza "justicia" en abstracto: minimiza su propio costo institucional. Le pesa fallar contra el Ejecutivo (riesgo de confrontación, de desobediencia, de represalias) y también fallar contra una ley clara (costo de legitimidad). Su resultado preferido no es ninguno de los dos: es no tener qué puestos escoger.
El Congreso ya jugó su movida (sancionó la ley, rechazó el veto) y quedó, por ahora, como jugador fuera de turno. Como ha cambiado su composición desde las últimas elecciones, es probable que arriesgue a futuro jugar la carta de una “nueva ley” favorable a su política de ajuste permanente.
Tres juegos anidados
El conflicto no es un juego, sino tres, encastrados.
El judicial (la escotilla). La metáfora la empleó en diversos foros la abogada y docente cordobesa, Mariela Puga. Por inducción hacia atrás, la causa había llegado a un nodo donde la mejor respuesta de la Corte estaba acorralada: con la ley vigente, el decreto 759 declarado prima facie inconstitucional y la cautelar firme, su jugada de menor costo era ratificar lo dictado. Ese nodo era un movimiento forzado.
El juego de negociación (divide y vencerás). El gobierno abrió, en paralelo, el juego que mejor juega y que más le gusta: un juego cooperativo donde podía repartir pagos laterales (oxígeno presupuestario al Consejo Interuniversitario Nacional, fondos a los gremios). La clave técnica: esos pagos no son parte de un juego dado, sino que el gobierno eligió introducirlos para alterar los incentivos del otro lado.
El juego de agencia (principal–agente). Por debajo de los dos anteriores corre la divergencia entre lo que conviene a los representantes y lo que conviene a las bases. Los pagos laterales caen sobre los agentes (estructuras, instituciones, conducciones); los costos caen sobre los principales (salarios, derecho perdido). Esa brecha —el agency slack— es la palanca que todo lo demás aprovecha.
La jugada maestra: fabricar la deserción
El corazón del asunto se ve en una matriz simple. Tomemos dos bloques de la coalición —firmantes y disidentes— frente a la oferta selectiva del gobierno ya puesta sobre la mesa. Cada uno elige entre sostener la unidad (y la presión) o firmar.
Disidentes: sostener unidad Disidentes: firmar
Firmantes: sostener unidad (3, 3) — ley cumplida (1, 4)
Firmantes: firmar (4, 1) (2, 2) — acuerdo barato
Léase con cuidado. El resultado colectivamente mejor es (sostener - sostener) = (3,3): la coalición unida fuerza el cumplimiento. Pero es preciso observar los incentivos individuales: si el otro sostiene, a mí me conviene firmar (4 > 3), porque cobro el pago lateral, evito el costo de seguir movilizando y dejo que el otro cargue con el esfuerzo. Y si el otro firma, también me conviene firmar (2 > 1), para no quedar como el "tonto" que sostiene una pelea que ya nadie sostiene. Firmar se vuelve estrategia dominante para cada uno, y el juego colapsa en (2,2): un acuerdo barato, peor para todos que la unidad que abandonaron.
Esto es un dilema del prisionero, pero con un detalle decisivo: el gobierno fabricó la matriz. El "4" del desertor y el "1" del que sostiene solo no son datos de la naturaleza; son el producto de los pagos selectivos que el gobierno diseñó y de haber dejado que el costo de la movilización recayera sobre quien resistiera. Convertir un problema de coordinación (donde la unidad es alcanzable) en un dilema del prisionero (donde la deserción es dominante) es, en una línea, la técnica del divide y vencerás.
Y acá entra la capa de agencia: estos pagos son los de los agentes. Para las bases, (sostener - sostener) sigue siendo lo mejor y (firmar - firmar) lo peor. La deserción de las conducciones no expresa una preferencia de la comunidad universitaria: expresa que las conducciones jugaban su propia matriz, no la de sus representados.
La coalición desarmada
La movilización de un millón y medio era, en términos estratégicos, una amenaza creíble y una excelente opción de salida (outside option) para la coalición: aumentaba su poder de negociación. El error que transparenta el reclamo de "diálogo" desde esa posición es de manual: se pidió sentarse a la mesa en vez de comprometerse a escalar. En teoría de juegos, el poder de negociación no viene de la fuerza que se tiene, sino de la fuerza que el otro cree que estás dispuesto a usar. Como dijo un querido compañero: “Pedir diálogo desde la calle llena es revelar que no se piensa usar la calle” —es destruir el valor de la propia amenaza—.
La Corte como jugador, no como árbitro
Un compañero me hizo notar que era pura especulación pensar que la Corte iba a fallar y lo iba a hacer a favor de la ley. Es cierto, no tenemos forma de conocerlo de antemano. Pero podemos analizar racionalmente el juego y las opciones que tiene cada agente. La Corte tiene un resultado preferido por encima de todos: que el problema desaparezca antes de obligarla a elegir entre dos costos. El pacto le entrega justamente eso. Por eso, en clave estratégica, el acuerdo es un regalo del gobierno para la Corte: le restituye un nodo de salida (declarar un "hecho nuevo", dar por desaparecido el "peligro en la demora", levantar la cautelar) que el estado anterior del juego le había clausurado.
La pregunta abierta —¿la Corte participó del cónclave que diseñó la salida, o solo se beneficia de ella?— es, traducida, la pregunta de si la Corte fue jugador en la coalición que rediseñó el juego o mero beneficiario del rediseño ajeno. La diferencia es práctica: si fue solo beneficiaria, todavía existe una jugada que vuelve a acorralarla (que un actor con interés no capturado reintroduzca un movimiento forzado). Si fue jugadora, no hay tal jugada disponible.
El metajuego: la erosión de derechos como guerra de desgaste
Acá está el contexto más amplio, y conviene leerlo con rigor y con la advertencia que corresponde: la política sistemática de "pérdida de derechos" que el gobierno describe como "ordenamiento fiscal". La caracterización normativa es terreno de disputa de la batalla cultural; la mecánica estratégica, en cambio, se sostiene bajo cualquiera de los dos nombres, y es la que importa para entender por qué funciona.
El programa libertario no procede por asalto frontal, y por una razón estratégica precisa: un ataque simultáneo a todos los sectores generaría su única amenaza real, una gran coalición intersectorial (universidades + jubilados + salud + trabajadores + obra pública). Para evitarla, la estrategia óptima del gobierno es triple:
- Tácticas de salame (sin alusiones personales, entiéndase). Cortar los derechos en tajadas lo bastante finas para que ninguna, por sí sola, justifique la resistencia máxima de su sector. Cada recorte individual deja a cada sector ante el cálculo "esto solo no vale una guerra", y así nunca se llega a la guerra.
- Divide y vencerás secuencial. Resolver los frentes de a uno, en momentos distintos, impidiendo que coincidan en el tiempo. Desactivar el frente del Garrahan antes que el universitario y el universitario antes de las elecciones no es solo ahorro: es romper un nodo de la red de resistencia para que la coalición intersectorial no llegue a formarse.
- Reputación en el juego repetido. El gobierno es un jugador de larga vida que construye una reputación de dureza. Cada sector que arregla barato le enseña que el conflicto es barato, y baja la expectativa de pago de todos los sectores que vendrán después. Las conducciones universitarias, al optimizar su juego de etapa (un resultado para mostrar, ya), degradaron la reputación colectiva para todas las rondas futuras. Esa es la traducción técnica de "vendieron rápido y barato": no perdieron una negociación, deterioraron las relaciones de fuerza del campo entero.
- El resultado agregado es una tragedia de la acción colectiva donde el bien común erosionado es la propia capacidad de resistir. Cada sector se comporta racionalmente al arreglar por separado, y precisamente por eso el conjunto produce un desenlace colectivamente irracional: la erosión generalizada de derechos que ninguno quería y que todos, sumados, podrían haber frenado.
Las jugadas que quedan disponibles
El gobierno. Pedir a la Corte el levantamiento de la cautelar invocando el pacto (ya lo hizo hace un par de días); correr el reloj con el efecto suspensivo de las apelaciones; secuenciar el próximo frente; administrar el calendario electoral (y eventualmente acompañar la desactivación con gestos en otros sectores aliados). Su posición es de iniciativa.
Los firmantes (CIN y federaciones sindicales ). Quedaron en un equilibrio del que es costoso salir: desdecirse implicaría admitir el error y resignar los pagos ya capturados. El reciente “pedido de desglose” del gobierno de incorporar el acuerdo como “elemento nuevo” en la cautelar ante la SCJ es una jugada en ese sentido. Su jugada realista es administrar el costo reputacional frente a las bases. Movilidad estratégica: baja.
Los disidentes (CONADU Histórica, gremios de base, etc.). Tienen la jugada más interesante, porque su pago no fue capturado. Pueden sumarse a la causa invocando intereses diferenciados y reintroducir el movimiento forzado que vuelve a acorralar a la Corte; pueden disputar la conducción del campo; pueden intentar reconstruir la amenaza creíble. Su límite es un problema de acción colectiva propio: re-movilizar a una base ya desmovilizada.
Las bases. Disponemos de las herramientas del principal frente al agente: voz (exigir cuentas, condicionar conducciones), rotación (reemplazar representantes en las próximas elecciones gremiales) y salida (construir y fortalecer estructuras disidentes). Y disponemos de la jugada que ningún acta puede firmar por ellas: convertir el enojo en organización intersectorial, y la organización en lucha, que es lo único que cambia el metajuego.
La Corte. Ratificar la salida que el pacto le ofreció, o —si fue beneficiaria y no jugadora— volver a quedar acorralada, si los disidentes reactivan el caso.
Conclusión
La lección estructural es incómoda y excede por mucho al conflicto universitario. Los derechos no se pierden en una batalla: se pierden en una secuencia diseñada para impedir que se forme lo único que podría detenerla —una coalición amplia, intersectorial, con compromiso creíble de sostener el conflicto—. La racionalidad individual de cada sector que arregla por separado es, justamente, el mecanismo de la derrota colectiva.
Por eso, sostengo, el contramovimiento no es, en el fondo, jurídico (lo que no quiere decir abandonar la arena judicial ). Pero la mejor litigación apenas recupera una tajada; lo que está en juego es la capacidad de jugar el juego repetido. Reconstruir esa capacidad —pasar del reivindicacionalismo de etapa a una perspectiva de poder que modifique las relaciones de fuerza— es la única jugada que altera la matriz, en lugar de aceptarla. El acuerdo del 10 de junio fue malo no por su cifra, sino porque jugó la etapa y entregó el repetido. Dicho de otro modo: pan para hoy y hambre para mañana.
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